sábado, 26 de noviembre de 2011

NOTAS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

NOTAS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

Manuel Rojas Pérez
Trabajo a ser publicado en la Revista Análisis Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Administración Pública, Universidad de Valparaíso


Venezuela tiene unos muy altos índices de exclusión social. Fundamentalmente por razones de orden político, sea abierto una brecha en nuestro país que la hace estar entre los primeros países del mundo en materia de exclusión. La pobreza en Venezuela alcanza cifras no solo históricas sino verdaderamente alarmantes. Y no hay nadie desde el gobierno nacional que haga algo por mejorar la situación.

El presente trabajo pretende en primer lugar, hacer un diagnóstico sobre la situación venezolana, y luego presentar algunas propuestas de soluciones al respecto.

1.- Sobre la Situación de exclusión social en Venezuela:

La situación de exclusión social en Venezuela es gravé. Esta crisis viene de mitad de los años ochenta, pero se ha incrementado sistemáticamente durante los últimos diez años. Y agrava la situación el hecho que no existan cifras oficiales sistematizadas y científicamente estructuradas, sino que desde el gobierno nacional se anuncien números sobre desigualdad sin el respaldo de ningún estudio objetivo.

La exclusión aparece como la nueva cuestión social que se expresa en el alto desempleo y la precariedad laboral. De igual manera se manifiesta en el aumento de la pobreza y en una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El incremento de la desocupación no es el único problema en el mercado de trabajo latinoamericano. También creció representativamente el grupo de trabajadores que se desempeñan en el sector informal, esto es, la cantidad de gente privada de protección legal y de los beneficios de la seguridad social.

El sector de trabajadores en el mercado informal se elevó desde el 42,8% en 1990 al 46,7% en el 2003. Aquí también se aprecia que la el mundo de la informalidad durante el año 2003 . Utilizando como indicador el nivel de cobertura de una de las instituciones centrales de la política social, esto es del seguro social, es posible adquirir una imagen de la magnitud del fenómeno de inclusión/exclusión existente en la región.

Hacia 1980, México, Venezuela, Colombia, Guatemala, Perú o Bolivia no alcanzaban a brindar protección a más de 1/3 de la fuerza de trabajo. Panamá, Costa Rica, Brasil, chile y la Argentina no habían podido extender la cobertura más allá de los 2/3 de la fuerza de trabajo. Sólo Uruguay y Cuba habían podido hacerlo .

Muy importante destacar que la apropiación de recursos públicos por parte de los grupos sociales de mayor poder y la falta de voluntad o de capacidad del Estado de lograr responder a las necesidades más elementales del conjunto de la población, son factores explicativos centrales de la exclusión. El acceso diferencial a recursos de poder por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con la acción u omisión del aparato estatal, explican las enormes diferencias que se perciben en la distribución de beneficios .

1.1. Pobreza

Entrando de lleno al caso venezolano, en cuanto a la pobreza, la situación económica cada vez más deteriorada afecta a la sociedad en todos sus niveles, pero especialmente a los millones de venezolanos que viven en la línea de pobreza o más abajo. Varias organizaciones han publicado recientemente cifras sobre la pobreza en Venezuela para el año 2000. Los números varían: se calcula que de 44% a 80% de los hogares venezolanos son pobres.

En su encuesta de hogares durante el primer semestre de 2009 (última medición oficial), la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) halló que el 44,1% de los hogares venezolanos son pobres. Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, informa que la pobreza afecta al 80% de los hogares venezolanos.

El proyecto pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, que contiene estimaciones correspondientes al primer semestre de 2010, ha descubierto que más del 57% de los hogares venezolanos son pobres.

Las cifras varían tanto que Riutort y Orlando, economistas, profesores e investigadores de la UCAB, han publicado un estudio en el que explican las discrepancias. Tal como señalan en el trabajo señalado: “Las cifras de pobreza en Venezuela” varían considerablemente por dos motivos principales. En primer lugar, el uso de criterios diferentes para la selección de los hogares a ser incluidos en el sondeo y, en segundo lugar, las diversas técnicas aplicadas para la valoración de la canasta normativa de bienes y servicios .

1.2. Desocupación

Sobre la desocupación, esta subió por segundo mes seguido y cerró en 8,5% en julio de 2010 (última medición oficial), según el presidente del Instituto Nacional de Estadística .

La tasa de desempleo registró un nuevo aumento, al situarse en 8,5% al cierre del mes de julio, lo que implica un repunte de 1,3 puntos porcentuales en el último año, según los datos que suministró el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, los datos oficiales señalan que son 1.106.929 personas que no contaban con un empleo para ese mes. Entre julio de 2008 y el mes pasado, 206.124 venezolanos perdieron sus puestos de trabajo.

El organismo estatal refiere que los nuevos desempleados son, en su mayoría, mujeres, y en el transcurso de los últimos 12 años quedaron desocupadas 107.313 féminas, mientras que el problema afectó a 98.811 hombres.


De esta forma, la desocupación alcanzaría el 12,10% al 2011.

1.3. Precariedad laboral

Sobre la precariedad laboral, se tiene que en Venezuela, las condiciones económicas del país, los problemas inflacionarios, los aciertos y desaciertos de los programas de gobierno, han provocado un giro casi total en los planes gerenciales de muchas organizaciones, que ante la imperiosa necesidad de llevar a cabo los procesos de reconversión industrial, reducen sus costos directos relativos a la mano de obra, originando un incremento en las tasas de desocupados y el florecimiento de la economía informal del país, como forma de hacer frente al desempleo.

Para el año 2000, la población informal promediaba el 42,5%, más alto que las cifras registradas para 1999, pero inferior con respecto al año 2003, donde la tasa de desocupación cerró con un 52,5% de la población ocupada.

Según estadísticas oficiales, de una población económicamente activa de 12.436.317, la población ocupada se ubica en 11.503.869 personas, con una tasa de desocupación del 7,2% para finales del 2007 .

Pero detrás de estos números se esconde un alto grado de informalidad, empleo temporal y no registrado y sobre todo índices de precariedad laboral realmente alarmantes.

Del total de trabajadores ocupados, existe una población asalariada cercana a los siete millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, excluyendo empleadores, cuentapropistas, profesionales, etc.

En Venezuela la informalidad se mide siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo: los ocupados, en relación de dependencia o no, en empresas con menos de cinco empleados, como las que se encuentran en el servicio doméstico y trabajadores por cuenta propia no profesionales.


Si bien el empleo informal bajó en los últimos años, aun en 2007 se mantenía en 44,1%, es decir, por encima del nivel del año 1990 (42,1%). Si tenemos en cuenta que durante el período 1990-2007 la masa laboral creció en 3.6 millones de trabajadores (pasó de 7.87 millones a 11.5 millones de personas), constatamos que la informalidad es un problema estructural de gran magnitud en Venezuela.

Pero la precariedad laboral no se reduce únicamente a aquellos ubicados en el sector informal sino que existe también en unidades económicas pequeñas, medianas y grandes en condiciones de precariedad laboral (contratados, tercerizados o directamente no registrados).

Basta como ejemplo, el caso de Sidor, que tiene alrededor de 9.000 obreros tercerizados, es decir, en condiciones de precariedad laboral. Pero lo que pareciera sorprendente es que también en las propias empresas del Estado y los ministerios públicos existen trabajadores contratados sin ningún tipo de beneficios, o con alta vulnerabilidad laboral. Incluso en el sector formal de la economía el 37,5% de los trabajadores y trabajadoras no percibe ningún tipo de prestación social, mientras que en el sector informal esta porción llega al 95,6%. Según datos de 2006, de un total de 11.700.000 trabajadores y trabajadoras, 7.200.000 no reciben ningún tipo de prestación social. Sólo el 35.70% (3.965.376) goza de todos los derechos laborales y sociales.

1.4.- Desigualdad Social

Por último, sobre la desigualdad social, los datos oficiales son muy difíciles de ubicar, por lo que acudimos a estudios no oficiales, los cuales tampoco hacen referencia a tiempos recientes .

El coeficiente de Gini de Venezuela en 1981 es de 0,52, veinte años más tarde el indicador varía a 0,41, lo que expresa una leve mejoría en la distribución de los ingresos del PIB.

Esta mejoría sin embargo, sigue escondiendo profundas brechas a lo interno del país, que se visibilizan al revisar este mismo coeficiente por entidades y por municipios.

Para el 2001, la entidad con los valores de desigualdad más elevados es Miranda con 0,497, lo que se explica por su heterogeneidad interna de sus municipios. Los valores más “justos” los muestra el estado Yaracuy con 0,312.

En cuanto a la distribución del ingreso en el país para el 2002, el diez por ciento más pobre obtiene el 1,4% del total de ingreso de los hogares. En oposición, el diez por ciento de los hogares más ricos percibe el 37,4 % del ingreso total.

El 20% más pobre percibe el 4,4%, mientras que el 20% más rico el 54,1% de los ingresos.

La diferencia entre ambos grupos es cincuenta veces mayor. Las personas mayores de 25 años que viven en los hogares ubicados en los deciles en los deciles más bajos no alcanzan el nivel básico de educación.

El primer decil alcanza los 5,1 años de escolaridad, el segundo decil 5,8 y el tercero 6,3. Por parte de los más ricos, alcanzan niveles educativos altos, cuyos valores superan la educación media. Para el primer decil de los más ricos, el promedio es de 11 años de educación, el segundo 9,6 y el tercero 8,7 años. La brecha entre los más pobres y los más ricos es de 5,2 años.

Las bajas capacidades y oportunidades se ven reflejadas en las tasas de empleo y en el tipo de empleo.

Así se tiene que para el decil más pobre, la tasa de desempleo es de 32,4% y la tasa de empleo informal es de 79,3. Para el decil más rico, la tasa de desempleo es de 5,1 y su participación en la informalidad es de 29,4.

Más allá de las cifras y en términos cualitativos se podría describir una especie de dualidad, en la cual de una banda se encuentra hogares numerosos con una alta carga de dependientes (niños y adultos mayores) con bajo nivel educativo, ingresos bajos y con trabajos precarios. En el otro extremo, hogares pequeños con baja carga de dependientes, con altos nivel educativo, altos ingresos y trabajos en el sector formal.

Como conclusión, los índices de exclusión en Venezuela tienden a aumentar. La exclusión se ha hecho sistemática, en franco proceso, amplia y profunda.

En nuestro país, la exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva. Las políticas públicas sociales no logran llegar a la mayoría de los ciudadanos.

Si bien se han creado una serie de programas, llamadas “Misiones”, las mismas no han logrado rebasar el muro de la exclusión, y sigue sin llegar a la mayoría de las personas, especialmente a los venezolanos más pobres. En materia de educación o salud, los venezolanos seguimos sin tener acceso a un sistema equitativo.

La exclusión se ha hecho más grave con la delincuencia y con la inexistencia de políticas públicas que la ataquen. Ello excluye a los ciudadanos geográficamente, ya que los que viven en un sitio por lo general no van a otro sector por no sentirse seguros.

Frente a una situación donde la debilidad de las fuentes de ingresos de amplios sectores es nota saliente, se fundamenta la necesidad de combinar estrategias de generación de ingresos condicionales con incondicionales como el camino más adecuado para enfrentar la situación de exclusión .

2.- Propuestas de cambios culturales y socio-políticos desarrollar políticas públicas eficaces para disminuir la exclusión en Venezuela

Pareciera indispensable repensar la dirección futura del gasto social venezolano, privilegiando el aspecto social más crítico: la ausencia o insuficiencia severa de ingresos en los sectores más vulnerables, estos son, los de menores recursos . Así, una política de ingreso social que apunte a proveer un consumo básico se torna absolutamente necesaria.

Para lograr garantizar el consumo básico en una sociedad sujeta a tan significativo proceso de exclusión como la venezolana, debe realizarse una combinación de políticas que provean ingresos por un lado y brinden servicios públicamente financiados, por el otro, en forma tal que no exista individuo en la sociedad que esté desprovisto de dicho consumo.

En Venezuela pareciera posible establecer un programa de ingreso social estructurado sobre una combinación de elementos condicionales e incondicionales . Debe existir un ingreso incondicional para aquellos que no pueden ni deben insertarse en el mercado de trabajo: por ejemplo, los ancianos, por haber ya participado en él y los niños, por estar preparándose para ello.

Para la población adulta desocupada, debe existir un ingreso condicional a desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos), signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo que la realiza y la comunidad donde se realiza.

El ingreso debe ser el piso de la remuneración que reciben los que se encuentran en el mercado de trabajo. Por ello el ingreso deberá funcionar en la práctica como una suerte de salario mínimo que desalentará una explotación extrema de la fuerza de trabajo.

La manera más simple de hacer operativo este derecho es el otorgamiento de un ingreso a cambio de una labor por parte del beneficiario del ingreso. Quien esté dispuesto a realizar esta labor durante una jornada de trabajo recibirá sin más trámite el ingreso. El solo hecho de estar dispuesto a trabajar o capacitarse es un indicador automático de elegibilidad.

La combinación de ingresos condicionales e incondicionales garantizaría la existencia de individuos con un ingreso que les permita alcanzar una parte de los consumos necesarios para el bienestar . El consumo alimentario, la vestimenta, el mobiliario y enseres domésticos, deberían ser los tipos de consumos asegurados con estos ingresos.

Otros componentes del consumo básico deberían estar disponibles a través de servicios públicamente financiados. En concreto, la educación, a la cual me referiré como política pública más adelante de manera concreta.

El alcance de una educación media completa debe estar al alcance no solo de los niños sino también de los adultos. Debe asegurarse una educación para todos por igual, sin discriminación en razón de la edad. Para ello es básico instaurar una política pública de concientización para crear la cultura de la educación a todo nivel y a toda edad.

A su vez, los servicios de atención a la salud deben estar disponibles a todos los que lo precisen. Estos deben estructurarse sobre bases racionales y orientados a prevenir y resolver los problemas de salud antes que ganar lucro empresario.

La provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente importantísimo de una política sanitaria adecuada. Por otra parte debe evitarse la sub-atención que muchas veces caracteriza a los servicios estructurados sobre burocracias.

Asimismo el desarrollo de una política habitacional destinada a financiar o proveer habitación pública está en el centro de una política de consumo básico por el impacto que tiene sobre el bienestar de los individuos. Esta política habitacional debe articularse con la provisión gratuita de un nivel básico de energía para uso doméstico y transporte.

Si pareciera, luego, viable, establecer una política pública que enfoque su objetivo a garantizar un consumo básico para los ciudadanos, toda vez que una sociedad que pretenda constituir una sociedad de bienestar debe romper la ecuación mayor consumo igual a mayor bienestar y aceptar que hay un consumo básico sin el cual no es posible acceder al bienestar.

Los índices de desigualdad en Venezuela son enormes, como se vio en la primera parte de este trabajo final, por lo que una política pública destinada a lograr un mínimo común de consumo, para en base en eso prestar la gestión pública, seguramente sería exitosa.

Venezuela necesita, quizás con cierta urgencia, aceptar la existencia de u núcleo básico de bienes y servicios que posibiliten la producción de bienestar, de real bienestar, así se estará en condiciones de identificar políticas públicas que pueden contribuir a asegurar y estimar los costos que e un momento y lugar determinados puedan implicar.

Por ejemplo, en Venezuela mucho se ha hablado de utilizar la renta petrolera para establecer una especie de interés per cápita de consumo básico: distribuir la renta petrolera entre cada uno de los venezolanos para garantizarle el acceso a los servicios esenciales para su bienestar.

De ahí puede garantizarse en Venezuela una política de consumo básico.

Es posible pensar en la existencia de un conjunto de elementos que constituyen el consumo básico y que son requisitos indispensables para acceder al bienestar. Incluso, se podría llegar a definir, sin pretensión de ser exhaustivo, un núcleo de necesidades de consumo sobre las que existe consenso de que deben ser cubiertas para acceder a bienestar.

Esta política que se propone, a raíz de las clases de este postgrado, se asienta sobre un componente de ingreso monetario y otro de servicios públicamente financiados. El componente ingreso a su vez se constituye con elementos incondicionales (no exigen una tarea a cambio) y condicionales.

De esta forma se pretende ir más allá de una perspectiva de reciente desarrollo en el campo de la política social que propone una política de ingreso social o ingreso ciudadano destinada a garantizar un consumo mínimo.

La falta de acceso a ese consumo básico en Venezuela debajo del cual no es posible pensar en la existencia de bienestar constituye quizás el elemento fundamental de creación de pobreza. Una sociedad que pretenda constituir una sociedad de bienestar debe romper la ecuación: mayor consumo igual a mayor bienestar y aceptar que hay un consumo básico sin el cual no es posible acceder al bienestar.

Todo ello implica un enorme cambio en el comportamiento agresivo que el mundo de los incluidos tiene por los que se quedan afuera y en la indiferencia con la que asisten a la construcción de un mundo privado de civilidad.

Considero entonces, que para lograr políticas públicas eficaces de disminución de la exclusión, Venezuela de empezar a pensar en cuáles son los elementos que conformen su consumo básico.

Creo que debería plantearse la discusión pública para lograr tener el margen de consumo mínimo y núcleo básico de bienes y servicios. Lograr determinar cuánto es la distribución de la renta petrolera venezolana per capita, para luego definir cuál es el consumo básico y con base en ello establecer a política de consumo básico aquí propuesta.

El consumo básico podría asegurar la búsqueda del bienestar de los venezolanos. Con esto se podría lograr romper con las inequidades que generan la exclusión. Pero además, y más allá de este nivel de consumo básico, otros elementos también intervienen para definir una situación de bienestar.

Este posee por lo tanto otras dimensiones que no tratan sobre acceso a bienes y servicios sino que refieren a aspectos un tanto inmateriales donde se decide un estado humano más avanzado

Así, es muy importante que Venezuela piense seriamente en la restructuración de la educación.

La educación como principio es un elemento fundamental del progreso de las sociedades. No solo desde el elemento propio de fondo del currículo básico nacional, sino los temas anejos de la educación, como lo es la infraestructura educativa y el acceso a la alimentación de los ciudadanos.

Y es que el colapso a nivel de infraestructura que hay en estas instituciones es simplemente alarmante. Datos de la Federación Nacional de Padres y Representantes (FENASOPADRES) dan cuenta que por lo menos el 70% de las escuelas públicas están prácticamente por el suelo. Los baños no sirven, las aulas están desmoronadas, los techos cayéndose.

En las pocas escuelas públicas donde pudo iniciarse el año escolar en e año 2011 se ven problemas de salubridad como frisos mal hechos que hacen que el polvillo resultante de eso les cause problemas de asma a los alumnos.

El sistema educativo venezolano está en crisis. Eso es indudable. La principal causa de la violencia en Venezuela es el colapso del sistema educativo.

Más de 2.200.000 niños se encuentran excluíos del sistema educativo. En el 2009 hubo 63.667 alumnos inscritos en primer grado menos que en 1998. En los últimos tres años el número de estudiantes de las misiones Robinson y Ribas disminuyó en un 80%, y solo un veintiún por ciento de quienes se inscriben en esos planes se gradúa. Un 75% de la infraestructura educativa se encuentra en el más completo abandono, sin que se hagan en ellas las debidas reparaciones. Asimismo, existe un déficit de 250.000 docentes en todo el país .

Para los alumnos del sistema público de educación venezolano, se destinan apenas 1,27 bolívares diariamente para alimentación escolar (lo cual no llega a cincuenta centavos de dólar). Es decir, que del presupuesto asignado para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) al hacer una división entre la cantidad de alumnos registrados en escuelas públicas (todo esto con cifras oficiales del Ministerio de Educación y la Ley de Presupuesto para el 2011), da esa alarmante cifra .

Así, se propone una política pública específica que consiste en la creación de un fondo patrimonial del 10% de la renta petrolera y que sea invertido de manera directa en el sistema educativo, particularmente en cinco áreas: (i) mejoramiento de la infraestructura de las escuelas públicas nacionales; (ii) creación de nuevas escuelas públicas nacionales urbanas y rurales; (iii) mejora de las condiciones salariales de los docentes (iv) capacitación docente, de directivos y supervisores, así como su debida integración en los procesos administrativos y (v) becas estudiantiles .

Esto entiende a la familia como núcleo esencial de la sociedad y de la buena educación, así que sus esfuerzos también están dirigidos hacia esa área específica.

Atacando el problema del acceso y la educación, considero que Venezuela podría empezar a salir de sus graves problemas de exclusión social.

En definitiva, la alternativa a esta realidad de exclusión hay que pensarla. Aparecerá si todos pensamos y actuamos en esa dirección. Tenemos que pensar otra sociedad entre todas las personas que no nos gusta la que tenemos. Pensar duele, nos lo dice la experiencia, pero “pensar es servir”; tenemos que pensar para servir mejor .

La estrategia de actuación desde este paradigma consiste en aplicar la trilogía “opción-exploración-seducción” que es lo que nos permite queda afectados por el dolor de los excluidos. El reto pasa por construir una sociedad en la que se den condiciones de posibilidad de ciudadanía desde una lógica de inserción-inclusión, de participación, de cohesión social, de solidaridad-fraternidad.

Reto que nos apunta dos desafíos: por una parte erradicar la exclusión liberándola de aquellos factores que la provocan incluyendo todo de tipo de exclusión en la dinámica social y por la otra detener la degradación del medio ambiente físico, de la Naturaleza que nos sustenta y nos mantiene.

BIBLIOGRAFÍA

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http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp200_19.pdf

http://economia.noticias24.com/noticia/8249/206124-personas-desempleadas-en-venezuela-en-el-ultimo-ano/

www.ocei.gov.ve

1 comentario:

Anónimo dijo...

Por favor, eso es pura mentira. No se ha visto más inclusión que en este gobierno. Estoy completamente segura que ni usted ni su familia viven en Venezuela.