jueves, 8 de diciembre de 2011

EL CAUDILLISMO COMO PROBLEMA HISTÓRICO EN VENEZUELA

EL CAUDILLISMO COMO PROBLEMA HISTÓRICO EN VENEZUELA

Manuel Rojas Pérez

…lo propio de los caudillos es no tener reparos de conciencia sobre la
legalidad y afirmar que solo responden ante Dios y ante la historia…”
Eduardo García de Enterría


La teoría del caudillismo, o del gendarme necesario, pareciera estar más vigente que nunca. Decía Vallenilla Lanz en su “Cesarismo Democrático” que “Una sociedad política, cuando llega al extremo de que sus hombres sólo ejercitan los medios de la violencia, reconoce su incapacidad para gobernarse por la sola virtud de las leyes y no encontrará reposo sino al abrigo del despotismo, y no respetará otros gobiernos que aquellos que la hieran, y no tendrá más derechos que aquellos que le conceda la voluntad del sable que la domine” .

Latinoamérica pareciera estar hoy sucumbida por el mandato de hombres y no de ideas. Particularmente Venezuela se encuentra regida por un modelo que encuentra su forma bajo la figura de una persona, y no de un proyecto predefinido. Notar que Venezuela no se rige realmente por tesis políticas estudiadas, analizadas científicamente, sino que nos debemos al llamado socialismo del siglo XXI, que según el propio presidente de la República, es el chavismo.

Luego, nuestra tendencia es a seguir a una persona, a un nombre, y no a un modelo político ideal. A esta tendencia, comúnmente se le ha denominado como caudillismo.

Hoy, pretendemos demostrar como el caudillismo en Venezuela se ha convertido en un problema de corte histórico, una delegación de pensamiento de nuestros próceres y líderes históricos, que ha socavado las bases del Estado de Derecho venezolano, al punto de mal formar y degenerar al sistema de gobierno que la Constitución establece, como lo es el presidencialismo.

I. EL CAUDILLISMO

El caudillismo es un fenómeno político que se basa en seguir a una persona y no a ideales. Básicamente se fundamenta en mantener la idea de que una persona determinada, y no las instituciones, es quien puede resolver los problemas de una sociedad, por lo que se le sigue a él, sin tener muy en cuenta los ideales sociales, económicos o políticos que éste pueda concebir.

La idea del líder, del mesías político, ha rondado la idea de los hombres desde hace muchos años. La teoría global señala que el caudillismo es un fenómeno propio del siglo XIX en Latinoamérica. Sin embargo, muchos siglos atrás, Nicolás Maquiavelo dibujó la figura del caudillo mediante su obra “El Príncipe”. Incluso, podríamos hablar de la teoría del cesarismo como verdadera génesis del caudillo. El cesarismo, tomado del Cesar, o emperador de la antigua Roma, es un concepto utilizado por algunos autores para definir un sistema de gobierno centrado en la autoridad suprema de un jefe militar, y en la fe en su capacidad personal, a la que atribuyen rasgos heroicos.

Antonio GRAMSCI al hablar del cesarismo, señalaba que esta figura “...expresa siempre la solución ‘arbitraria’, confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica” . (“Si può dire che il cesarismo esprime una situazione in cui le forze in lotta si equilibrano in modo catastrofico, cioè si equilibrano in modo che la continuazione della lotta non può concludersi che con la distruzione reciproca. Quando la forza progressiva A lotta con la forza regressiva B, può avvenire non solo che A vinca B o B vinca A, può avvenire anche che non vinca né A né B, ma si svenino reciprocamente e una terza forza C intervenga dall’esterno assoggettando ciò che resta di A e di B. Nell’Italia dopo la morte del Magnifico è appunto successo questo, com’era successo nel mondo antico con le invasioni barbariche. Ma il cesarismo, se esprime sempre la soluzione ‘arbitrale’, affidata a una grande personalità, di una situazione storico-politica caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica, non ha sempre lo stesso significato storico”. Antonio GRAMSCI. “Cuaderni di Carcele”. Einaudi. Torino, 1975. Pág. 1619.)

Este líder, surgido en momentos de inflexión política, se presenta como la alternativa para regenerar la sociedad o conjurar hipotéticos peligros internos y externos. Por esto este tipo de gobierno suele presentar elementos radicales de culto a la personalidad.

Y es que el caudillismo, se basa principalmente en el culto a la personalidad. En el seguimiento casi ciego a una persona.

Volviendo a Maquiavelo, y a su oda al cesarismo, este insistía que el príncipe debía ser el líder a quien los ciudadanos de la época siguieran, por cuanto este era el único que podía llevar a buen puerto la seguridad de la Nación. Solo esa persona era la encargada de la administración del Estado, lo cual lo hacía según su conveniencia.

Maquiavelo insistía en que los príncipes debían ser amados y odiados al mismo tiempo, para infringir en los ciudadanos una doble condición de querencia fraterna hacia el príncipe, pero a la vez de miedo, para que estos nunca desaprobaran sus dictamenes. Pero como estas relaciones raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido que amado. Fundamenta su pensamiento en que en el momento de una revolución, el pueblo puede que se olvide del amor, pero el temor siempre lo perseguirá. En consecuencia, si un soberano es temido hay menos posibilidades de que sea destronado.

De aquí podemos sacar una primera conclusión: aquel sujeto que detenta tanto poder como el príncipe, o el caudillo, se enamora del mismo, y hace lo inevitable por mantenerlo de manera eterna. Aquello de que el poder corrompe, aquí se comprueba.

Para el príncipe será mejor ser autoritario, ya que cuando se es clemente o liberal le da libertad tanto a las personas como a los hechos, en cambio cuando se es autoritario, evita los hechos que afectan a todo la población, y sólo ejecuta a unas personas, para mantener el orden y el autoritarismo. Además, estas ejecuciones sólo afectan a unos pocos individuos.

Para ello, el príncipe debe convertirse en el Estado. La voluntad de éste era la voluntad del Estado. En fin, las instituciones se concentran en una sola y única persona.

El príncipe o el gobernante total, tiene como misión la felicidad de sus súbditos y ésta sólo se puede conseguir con un Estado fuerte. Para conseguirlo tendrá que recurrir a la astucia, al engaño y, si es necesario, a la crueldad. La virtud fundamental es la prudencia, para la conveniencia del Estado. Si el interés de la patria exige traición o perjurio, se comete. “La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido”. Los medios no importan: no es necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que debe ser, sino lo que es en realidad. Política y moral son dos ámbitos distintos e incluso contradictorios. Maquiavelo quiere presentar en su obra el arquetipo de cualquier político. Su personalidad debe poseer condiciones especiales para llegar al poder y mantenerse en él:

1. Capacidad de manipular situaciones, ayudándose de cuantos medios precise mientras consiga sus fines: lo que vale es el resultado. “El que consigue el poder es el Príncipe, el que consigue el orden y la paz son los súbditos”;
2. El gobernante debe poseer seria destreza, intuición y tesón, así como habilidad para sortear obstáculos, y “moverse según soplan los vientos”;
3. Diestro en el engaño: No debe tener virtudes, solo aparentarlas.
4. Amoral, indiferencia entre el bien y el mal, debe estar por encima.

Notar que la tesis del príncipe de Maquiavelo deriva en la misma del caudillismo, es decir, en la concreción de todo el poder político de una organización social en una persona, para su fin personal, ilimitado e indefinido.

Ese maquiavelismo trasladado a España y Latinoamérica tomó forma bajo el nombre del “caudillo” durante el siglo XIX. Caudillo deriva del latín: capitellium, cabeza. Es decir, la cabeza del Estado, de la Nación, de los ciudadanos.

En cada país aparecieron líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes, que depositaban en el caudillo la expresión de los intereses del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes.

Las causas de la aparición del caudillismo en España y América Latina fueron principalmente la ausencia de consenso político y las teorías de gobierno utópicas por parte de los aristócratas. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares, deponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Después de un corto plazo, se elegía a un nuevo congreso y se convocaba a elecciones presidenciales. En las elecciones, salía elegido el caudillo que había presidido anteriormente la revolución y deposición del antiguo gobernante.

Ya decíamos que el caudillo, condición derivada del príncipe maquiaveliano, basa su forma de liderazgo en una doble condición amor-odio o miedo. Luego, el caudillo usa su conexión con las masas populares que lo aclaman junto con el temor que infunda por sus actividades despóticas y tiránicas.

El caudillo, que buscaba gloria y poder, intentaba con sus obras ganarse la simpatía de la población y desprestigiar al máximo al anterior gobernante; así, reorganizaba el gobierno a su antojo y consideraba como malo todo lo que el gobernante anterior hubiese hecho.

Hoy en día, muchos gobernantes desprestigian aquello gestado por sus antecesores y lo abandonan, buscando el propio beneficio, o tal vez como una estrategia para su obligada participación en las siguientes elecciones.

En España, por ejemplo, la figura del caudillo es de raigambre. La guerra civil española, iniciada con el alzamiento nacional de 1936, dio origen a una jefatura política representada por el caudillaje de origen circunstancial, que luego se legalizaría como una forma permanente de ejercicio del mando, sancionada por la creencia de su legitimidad.

El jefe de Estado de 1939 a 1975, Francisco Franco Bahamonde, fue conocido en su época de mayor poder como “El Caudillo, por la Gracia de Dios”. Otro personaje que recibió el título que el jefe de Estado portugués, Oliveira Salazar, que fue conocido por el sobrenombre del O Caudilho.

Para los franquistas de la época, “...Lo esencial del franquismo es el carisma, es decir, la ejemplaridad persona, la fuerza y la lealtad que concurrían en el Caudillo, y que convertían, según los expositores, su inicial potestad en poder legítimo, es decir, en auctoritas...”.

En el régimen autoritario español la figura del caudillo constituyó la suprema institución de la jerarquía política, no sólo en el orden de la representación política, sino también en el ejercicio del poder político. Los rasgos que caracterizaban la figura del jefe del Estado eran la exaltación personal del jefe y su identificación con el supuesto destino histórico del pueblo, la plenitud de poder concentrado en sus manos y la ausencia de un control institucional de su ejercicio, sólo era responsable ente Dios y la historia

En el caso de España el caudillaje era un título excepcional de autoridad individualizado, y en este sentido irrepetible que descansaba en un derecho de fundación consagrado por una proclamación y una adhesión también excepcionales. De este modo, al reconocer como no cabe sucesión normal, deben buscarse nuevas formas institucionalizadas, y no restauradas ni reinstauradas de designación o sucesión.

Visto así, el caudillo entonces detenta en primer lugar un poder omnímodo, que representa a todas las facciones del Estado, por medio de una conexión con las masas populares quienes lo siguen de manera casi absoluta, pero a la vez con una condición necesariamente tiránica para poder mantener el poder que le deberían dar las instituciones.

El caudillo puede llegar mediante mecanismos legales al poder, o puede hacerlo por la fuerza. Muchos caudillos lograron acceder a las primeras magistraturas por medio de golpes de Estado u otras formas violentas.

Pero no necesariamente es así. Una persona puede llegar al poder mediante el ejercicio democrático del voto, pero contar con las características propias del caudillo, fundamentalmente, el pasar por encima de las instituciones políticas para mantenerse indefinidamente en el poder, otorgándosele para ello una muy fuerte, por no decir absoluta, cuota de poder, competencia y responsabilidades, que exorbitan las que detentas la otras ramas del Poder Público.

Es decir, el caudillismo siempre termina degenerando en el uso inadecuado del poder público para un beneficio personal por encima del interés colectivo o social.

El caudillo, al obtener tanto poder, por vías legítimas o no, se convierte en el Estado, en la voluntad cuasi divina que deben seguir todos los demás ciudadanos, convirtiéndose en un verdadero peligro para quien no sea si seguidor, ya que lo considera un enemigo para su poder absoluto, y busca la forma de su eliminación, política o incluso física, como sucedió con Trotski en México.

El caudillo entonces, usa todo su poder y todos los medios que tiene a su alrededor para crear miedo, a los fines de atornillarse en el poder. Es decir, echa mano de lo que los abogados llamamos una desviación del poder, es decir, usa el poder que la ley le otorga para beneficiar al bien común, para un beneficio personal.

II. EL CAUDILLISMO EN LA HISTORIA VENEZOLANA

1. EL PARTIDO CONSERVADOR Y EL PARTIDO LIBERAL. LA ASUNCIÓN DEL GENERAL PÁEZ

En el año 1830 sucedieron varios eventos que marcaron el final del período de la independencia: La muerte de Sucre y Bolívar, la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la nueva Constitución.

En 1831, José Antonio Páez, héroe de la independencia, asumió la presidencia. Este sería su primer mandato y también el principio de una serie de cambios en el poder, de un caudillo a otro. Este es el inicio del período del caudillismo venezolano.

Habían dos grandes partidos políticos: el partido conservador, al cual pertenecían Páez, José María Vargas y Carlos Soublette y por el otro el partido liberal, el cual fue fundado en 1840 por Antonio Leocadio Guzmán, y que proponía igualdad, democracia, libertad, así como la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte.

Posteriormente, entre 1847 y 1858, José Tadeo y José Gregorio Monagas se alejaron de estos partidos y gobernaron apoyados por sus propios partidarios. No había libertad de prensa, ni justicia. Inclusive el congreso perdió su libertad y debía obedecer al presidente. La esclavitud, a pesar de que había sido abolida por Bolívar, seguía existiendo y no fue finalmente suspendida sino hasta el año 1850.

La estructura social existente en esa época generó insatisfacciones que provocaron disputas y contradicciones que dieron lugar a una lucha de clases.

En los grupos urbanos, se destacaban los comerciantes que desempeñaban el papel de importadores y exportadores, conformaban la burguesía mercantil, eran partidarios de un gobierno central. En cambio los terratenientes querían un gobierno federal que les permitiera seguir con el control de sus regiones.

En ese momento el gobierno lo encabezaba Páez, quien queda con el mando de Venezuela después de la disolución de la República de Colombia. Sin embargo, Páez no ejercía una autoridad real en todo el país, era muy débil. En las provincias y regiones seguían mandando líderes regionales. Predominaban más los intereses locales y regionales que los intereses nacionales.

Cada líder regional se identificaba más con una región, antes que con el concepto de nación, el cual parecía impuesto desde la capital por los grupos aristocráticos y la burguesía comercial. Frente a la debilidad del poder nacional crecía el poder de estos líderes regionales, quienes se autodenominaron caudillos y se empeñaban en imponer su autoridad sobre otros e intentaban extender su hegemonía a otras provincias.

En resumen el proceso histórico iniciado en 1830 se caracterizó por la pugna entre los caudillos, los cuales surgieron de la guerra de independencia, la oposición entre ellos ocasionó constantes conflictos locales a veces violentos, que en algunos casos llegaron a consumarse en guerras, como terminó siendo la guerra federal. De este modo, el caudillismo se hizo presente en Venezuela producto del vacío de poder, falta de autoridades nacionales, aislamiento de las regiones y la falta de vialidad.

2. LA GUERRA FEDERAL Y LA FEDERACIÓN. LA TRANCISIÓN AL CAUDILLISMO GUBERNAMENTAL

Entre 1859 y 1863, se desató en Venezuela una guerra civil, denominada guerra federal, fundamentalmente entre los conservadores y por el otro los liberales, llamados también federalistas. Los conservadores, que pertenecían a la oligarquía como parte del mantuanaje, defendían sus derechos de casta y privilegios sociales.

Los federales, liderizados por Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán, el futuro presidente Antonio Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón, buscaban la elección popular y la caída de la oligarquía.

El país había quedado arruinado por la guerra cuando Falcón llegó al poder en 1863. Se crearon veinte estados y el país se llamó Estados Unidos de Venezuela.

Sin embargo, una nueva rebelión tumbó el gobierno de Falcón, creando lo que se llamó el “gobierno de los azules”. En efecto, los conservadores eran los rojos y los liberales los amarillos. Durante ese período hubo mucha inestabilidad por las peleas entre Domingo y José Ruperto Monagas (hijos de José Gregorio y José Tadeo Monagas), quienes querían tomar el poder. La anarquía siguió.

En abril se produjo lo que se conoce como “La revolución de Abril”, en la que Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, asumió el poder.

3. EL ILUSTRE AMERICANO Y LA LLEGADA FORMAL DEL CAUDILLISMO AL PODER

Desde 1870 y hasta 1887 gobernó en Venezuela el general Antonio Guzmán Blanco. Lo hizo en tres períodos que se denominaron: septenio (siete años: 1870-1877), el quinquenio (cinco años: 1879-1884) y la aclamación o bieno (dos: años 1886-1887).

Se centraliza el poder político y económico para llevar un mejor control y quitarle poder a posibles caudillos regionales (Se redujeron los estados de veinte a nueve).

En efecto, Guzmán Blanco logró terminar con los caudillos regionales para acrecentar su poder pleno y único. Un buen ejemplo de esto, fue el juicio y la condena a muerte de Matías Salazar, segundo vicepresidente. Otros opositores por rebelión fueron apresados en la cárcel.

Después de su primer período –el septenio- en 1877, asumió Francisco Linares Alcántara, quien tomó algunas acciones contrarias a Guzmán Blanco. Se produjeron conflictos entre los “guzmancistas” y los “alcantaristas”, y es lo que se conoce como la revolución reivindicadora. Los Guzmancistas vencieron y llegaron a Caracas. Linares Alcántara murió en 1879, con lo que Guzmán Blanco fue llamado al poder nuevamente.

En esa oportunidad estuvo cinco años en el poder –el quinquenio- al cabo de los cuales subió al poder Joaquín Crespo, fiel seguidor de Guzmán Blanco quien gobernó por el período constitucional, que había sido reducido a dos años, de 1884 a 1886. En 1886, Guzmán Blanco fue aclamado por unanimidad por el Consejo Federal, para gobernar otros dos años.

El gobierno de Guzmán Blanco se caracterizó fundamentalmente por mantener éste la hegemonía del poder. Bien él desde el gobierno, o a través de personajes interpuestos, como lo fue Joaquín Crespo, siempre mantuvo el poder por más de catorce años.

Por supuesto, en catorce años el poder corrompe y se hace presente la idea de la necesidad de perpetuidad en el poder. Durante los catorce años de mandato, Guzmán Blanco se dedicó a mandar a su antojo, eligiendo el mismo a los miembros del Poder Legislativo y Judicial, coordinando acciones para elegirse y reelegirse, para mandar por medio de otros desde París. En fin, su juego fue muy claro: mandar siempre.

4. GÓMEZ. EL GUANTE DE HIERRO

El tachirense Cipriano Castro llegó al poder, saliendo de Colombia al mando de 60 hombres y llegando a Caracas, el 22 de octubre de 1899, luego de librar varios combates, en lo que se conoció como la “Revolución Restauradora”.

Primero fue nombrado presidente provisional, hasta que se modificara la constitución en 1904 y luego fue nombrado presidente para el período 1904-1911. El vicepresidente era Juan Vicente Gómez.

Durante el tiempo que estuvo mandando, Cipriano Castro tuvo que enfrentarse a enemigos internos y externos. En Venezuela, varios de sus opositores, algunos generales latifundistas dirigidos por Manuel Antonio Matos y financiados por banqueros, emprendieron la “Revolución Libertadora”.

Esta fue la última guerra civil en Venezuela, la cual culminó con la victoria del 21 de julio de 1903, de las tropas de Cipriano Castro, bajo el mando de Juan Vicente Gómez en Ciudad Bolívar, contra el general Nicolás Rolando.

Juan Vicente Gómez, nacido el 24 de julio de 1857 en el estado Táchira, era uno del grupo de los que tomó el poder bajo el mando de Castro. Gómez fue nombrado vicepresidente y quedó encargado del ejército. En varias oportunidades también se encargó de la presidencia, cuando Castro se ausentaba del país.

En una de esas oportunidades, cuando Cipriano Castro se encontraba en París, Juan Vicente Gómez tomó el poder, prohibiéndole la entrada al país a su antiguo jefe. Eso fue el 19 de diciembre de 1908. Había consumado el golpe de estado que lo mantendría en el poder veintisiete años, hasta su muerte en diciembre de 1935.

En sus primeros años de gobierno, Juan Vicente Gómez se mostró totalmente respetuoso de la constitución y sus leyes. Promovió la reconciliación nacional, permitió el regreso de los exiliados, liberó a los presos políticos. Esto lo llevó a ser electo presidente de la república para el período constitucional 1910-1914.

Durante ese período fue consolidando un “Ejército Nacional” completamente leales al gobierno. También manejó con mucho cuidado los puestos claves, en los cuales ponía a familiares y amigos, quienes le brindaban fidelidad ciega y obtusa.

Para mantener las apariencias constitucionales, mientras el permanecía en el cargo de General en Jefe de los ejércitos de Venezuela (en la ciudad de Maracay), ocuparon la presidencia sus amigos, José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez, en distintos períodos.

Ya asegurado Gómez en el poder, todos sus críticos y enemigos fueron reprimidos brutalmente. Solo los más afortunados lograban el destierro. Son esos prisioneros políticos, con los pies engrillados, quienes trabajaron en las grandes obras públicas del período gomecista: las carreteras Caracas-La Guaira, Caracas-Petare y a los Andes.

Los adversarios que se manifestaron nos fueron muchos, debido a la fortaleza del régimen. Fueron apareciendo progresivamente, a medida que se ponía en evidencia las intenciones de Gómez de quedarse en el poder. Quizás los más conocidos fueron Román Delgado Chalbaud, quien intentó una conspiración y estuvo preso durante catorce años en la famosa cárcel de La Rotunda en Caracas.

También en la Universidad Central, los estudiantes encabezados por Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt en febrero de 1928 sostuvieron discursos, huelgas y disturbios. Esto es lo que se ha conocido como la generación del 28.

Gómez gobernó a Venezuela de la misma forma como un hacendado manejaría su hacienda. Seleccionaba los jefes civiles, gobernadores y ministros, como quien escoge a su personal. Eso sí, ni hablar de libertades civiles y políticas.

5. RECAPITULACIÓN: LOS REYES DE LA BARAJA

Los nombres fundamentales desde 1830 a 1930 fueron tres: José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez. Entre los tres gobernaron, en presencia o mediante interregnos y personajes interpuestos, casi cien años de historia venezolana.

Así, se nos hace imperioso llamar la atención sobre la tesis del brillante médico, historiador y novelista venezolano Francisco Herrera Luque, hoy fallecido, quien decía que estos tres, junto con Rómulo Betancourt posteriormente, eran los cuatro reyes de la baraja, es decir, los cuatro personajes que habían gobernado a Venezuela desde 1830 hasta, por lo menos, final del siglo XX.

La tesis de Herrera Luque, es que estos personajes habían dejado, cada uno en su época, una tendencia tan marcada que, quienes gobernaron en sus interregnos, o posteriormente, nunca pudieron sacudirse su estampa y presión memorial e histórica.

Para muestra, Herrera Luque afirmaba que Joaquín Crespo, o el mismo Rojas Paul nunca pudieron dejar de ser una mala copia de Guzmán Blanco. O que cualquiera de los que gobernó mientras Gómez vivía en verdad nunca ejercieron como presidentes, y que los Monagas vivieron siempre bajo la sombra de Páez.

En fin, no carece de significación esta tesis, y si la amarramos con la idea del caudillismo, podemos concluir que la figura de una persona, por lo menos en Venezuela, siempre ha sido un tema de relevancia absoluta, toda vez que si en cien años solo tres personas mandaron, quiere decir que los gobiernos no fueron compuestos por instituciones, sino por personas. No por ideas sino por caras.

III. EL CAUDILLISMO Y EL PRESIDENCIALISMO

¿En que derivó todo esto? Las consecuencias del caudillismo histórico en Venezuela dejaron la noción que una persona dentro de la estructura del Poder Público debía tener mayor empoderamiento de cara a las realidades sociales y sus satisfacciones.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la necesidad de una profunda revisión y reforma del Estado venezolano. Desde hace muchos años se oye entre los ciudadanos que Venezuela necesita un cambio, un nuevo modelo de sociedad.

Sin embargo, desde el punto de vista burocrático y organizativo, el Estado venezolano sigue teniendo las mismas estructuras desde los tiempos de Eleazar López Contreras. Por supuesto, hay que tener en cuenta profundos cambios que se han generado en ciertas áreas, como es el caso de la descentralización federal. Pero más allá de eso, la estructura viene siendo prácticamente la misma .

Esa estructura ha estado basada en un régimen presidencial fuerte, con la existencia de un presidente de la República, con funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno a la vez.

Haciendo un breve paseo por las últimas constituciones que se han promulgado en Venezuela, se tiene que la Constitución aprobada el 5 de julio de 1947 por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, contuvo un marcado acento presidencialista.

En particular, el artículo 190 de esa Constitución, consagraba que el presidente de la República era el representante de la Nación, y el jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, jefe de Estado y jefe de Gobierno en un mismo órgano.

De igual manera, la derogada Constitución de 1961 establecía en su artículo 181 que “El Presidente de la República es el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional”.

La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala en su artículo 226 que “El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción de Gobierno”.

Así, Venezuela se rige por un sistema presidencial desde hace mucho tiempo. Nuestro país siempre ha tenido un sistema mediante el cual una persona detenta todo el poder, es el jefe de Estado y jefe de Gobierno, es decir, el que representa al Estado nacional e internacionalmente, quien debe detentar la jefatura de la Administración Pública Nacional, quien debe gestionar los aspectos gubernativos a favor de un grupo, pero al mismo tiempo representa la unidad nacional.

Hoy día, vemos que Venezuela se encuentra sumida en una inocultable crisis de institucionalidad. Eso demuestra que el sistema venezolano dista mucho de ser regular.

Posiblemente, el problema radique justamente en esa forma de gobierno presidencialista. Juan LINZ afirma que el sistema presidencialista está permanentemente en crisis, las cuales suelan ser graves, visibles, y parecen llevar al país que las sufre al borde de la anarquía, lo cual suele suceder cuando hay un alto nivel de inconformidad con el gobernante .

El presidencialismo es aquel sistema de gobierno representativo de separación rígida de poderes, cuyo Poder Ejecutivo está constituido por un presidente de la República, elegido por sufragio universal, quien es jefe de Estado y jefe de Gobierno, siendo los ministros nombrados y revocados por dicho presidente, el cual no es responsable políticamente ante el Parlamento .

Dicho sistema se caracteriza en particular por: (i) un jefe de Estado que es al mismo tiempo jefe de Gobierno, pues promulga las leyes, dirige la política interna y externa de la Nación y nombra a sus asesores prácticamente sin interferencia alguna de otro poder del Estado; (ii) independencia entre los órganos que desempeñan las funciones ejecutivas y legislativos, que proviene inclusive de la propia elección de los mismos por el pueblo, a través del sufragio directo; un órgano legislativo, que aprueba las leyes, pero que no tiene injerencia directo en los asuntos gubernativos, donde la cooperación con el Ejecutivo es muy puntual y sin implicar dependencia alguna.

Al presidente se le considera responsable de la administración pública, del orden público, de la orientación económica y de las relaciones exteriores. Propiamente, el presidente concentra en sí al gobierno y delega lo que juzgue conveniente, preside el Consejo de Ministros y coordina tanto al Gabinete como las relaciones con el Poder Legislativo.

El sistema presidencialista adoptado por los países latinoamericanos, fue influenciado por las tradiciones autoritarias de la monarquía absoluta de España en América, y como ejemplo de ello, el régimen de administración de las colonias de la América española, fue estructurado bajo esquemas monárquicos personalistas .

Tal situación histórica devino en la formación de una cultura política autoritaria que generó una inestabilidad en las instituciones republicanas, consistente en un reforzamiento del Poder Ejecutivo, y en específico, de la figura del presidente, con la contrapartida del debilitamiento del Poder Legislativo.

En efecto, a pesar de que las Constituciones de este continente consagraron desde hace mucho tiempo la igualdad y la separación de los poderes, la realidad histórica de América Latina muestra que el equilibrio y armonía entre los distintos órganos del Poder Público no se ha logrado; por el contrario, el Poder Ejecutivo en la mayoría de los casos ha ejercido un claro dominio sobre los otros dos órganos del Poder Público clásico .

Luego, la situación de desequilibrio a favor del Poder Ejecutivo, y en especial del presidente, es lo que ha generado el fenómeno de la preponderancia presidencial en la práctica constitucional latinoamericana.

La figura del presidente de la República en los países de América Latina se ha convertido en el centro del poder político, de la integración nacional, de la orientación del Estado y de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo ha encarnado la tradición cultural, los valores y los consensos sociales.

No existe prácticamente ninguna figura de sanción política contra el presidente, por lo que, el poder de éste sobre aquellos se acentúa sobremanera.

Otra característica, o más que ello, degeneración del sistema presidencialista, es que existe una representación únicamente de intereses y regiones en el Poder Legislativo, con la consecuente imposibilidad de formar bancadas decisorias e indisciplina partidista. Los partidos políticos no se hacen realmente fuertes, sino que se fragmentan, o son dependientes del ejecutivo, sin jerarquización ni estructura interna.

También se crea una dependencia exagerada del estado hacia el presidente, lo que aunado al clientelismo político produce gobiernos y burocracias ineficientes, corrupción y desajuste fiscal.

Desde siempre, nuestro sistema de organización del Estado ha sido de un marcado presidencialismo. El presidente de la República siempre ha tenido entre nosotros una pronunciada importancia, por encima de los otros Poderes del Poder Público. Ya la Constitución de 1961 daba cuenta de esa tendencia a otorgar al presidente de la República la toma de las decisiones más importantes para la Nación.

Ahora, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acentuó aún más el ya abultado presidencialismo. La actual Carta Magna otorga nuevas facultades al presidente de la República, que no tenía en la Constitución anterior.

Por señalar dos, podemos citar la facultad de legislar en cualquier área jurídica mediante ley habilitante, a diferencia de la Constitución anterior que solo le permitía dictar decretos leyes en materia económica y financiera , y por la otra, la posibilidad de decidir por si mismo el ascenso en la Fuerza Armada Nacional, cuando en la derogada Constitución era el Poder Legislativo quien tenia esa atribución.

Nuestra actual Constitución establece un marcado acento hacia la preeminencia del órgano Presidencia de la República sobre los otros que conforman el Poder Público Nacional.

Puede verse que el presidente de la República tiene, según el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras, potestades suficientes para dirigir la acción de gobierno, nombrar al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar tratados y acuerdos internacionales, dirigir la Fuerza Armada Nacional ejerciendo su suprema autoridad y promoviendo a sus oficiales a partir del grado de coronel, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías, dictar decretos con fuerza de ley en cualquier área jurídica, administrar la Hacienda Pública Nacional, negociar empréstitos nacionales, decretar créditos adicionales al presupuesto, formular el plan nacional de desarrollo, conceder indultos, disolver la Asamblea Nacional si ésta en tres oportunidades en un mismo período destituya al vicepresidente ejecutivo.

Como puede verse, son demasiadas atribuciones de importancia, no delegables y que generan una especie, si se quiere, de hiperpresidencialismo. Sin duda alguna, y sin que se permita lo contrario, nuestro sistema gira alrededor de la figura del presidente de la República.

En Venezuela no existe otra cosa que no sea un sistema presidencial, con ciertas particularidades propias de nuestro marco constitucional. Pero, se mantienen los rasgos característicos de la personalización del poder en esa institución que indica una clara concentración de poderes, lo cual trae resultados catastróficos como los que denuncian en Colombia sobre la figura del presidente de ese país, “…encrucijada de influencias, punto focal del Sistema Político, es además Jefe de la Fuerza Pública, Jefe de Partido (…) de lo que se deriva su influjo sobre la bancada que domina el Congreso” .

A pesar de ciertos asomos de rasgos parlamentarios que se han ido incorporando al sistema constitucional, ellos son incapaces de producir de manera cierta y real un viraje que permita flexibilizar el presidencialismo.

Por el contrario, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema presidencialista de agrandó, se hiperinfló, hasta convertirse en casi el único órgano de verdadero peso en el sistema constitucional.

En definitiva, en Venezuela tenemos un presidencialismo exagerado , que deriva de elementos como la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, la delegación legislativa en cualquier materia, lo cual no tiene precedentes en el constitucionalismo contemporáneo.

Es el presidencialismo, ya lo decíamos, la fórmula que más se asemeja al caudillismo, que es indudablemente, la vía más cercana a la arbitrariedad y la más alejada a la democracia. No en vano, el maestro don Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA dice que lo propio de los caudillos, y de allí derivan en la tiranía, es que no tienen se creen responsables frente a la Ley, sino, solamente, ante Dios y ante la historia .

Así, un presidencialismo exagerado es posiblemente la forma más sencilla de lograr la muerte de la democracia.

El sistema presidencialista fomenta el caudillismo y el culto al personalismo. En dicho sistema, el futuro político de un líder se labra generalmente a través de acciones y de reconocimientos meramente personales. Paga más ser una figura distinguida en los medios que ser un juicioso y disciplinado miembro de un partido político. Es mejor ser alcalde de una gran ciudad que ser un destacado parlamentario, dice Linz .

Ya lo hemos vivido en América. Pérez Jiménez, Trujillo, Pinochet, Stroessner, Fujimori, Castro, Aristide, Perón, los Somoza, Videla, Noriega, Velasco, López Arellano. Demasiados dictadores para tan poco tiempo de historia. Sin contar con los presidentes que, amparándose en un manto de legitimidad democrática de origen, realizan gobiernos autoritarios, muy cercanos a verdaderas dictaduras.

Ese caudillismo perverso debe terminar. Y el presidencialismo es el manto en la cual se esconde el caudillismo. La razón para mantener un sistema presidencial en nuestros países latinoamericanos, no es otra cosa que este sistema sea el celestino del caudillismo.

IV. VENEZUELA ACTUAL Y CAUDILLISMO: ¿UN NUEVO CESARISMO DEMOCRÁTICO?

Venezuela ha sido fértil en autócratas de gran popularidad que, han ido expandiendo y afianzando su poder mediante el control de la corrupción, de la policía y de la facultad para repartir los recursos del Estado como les conviene.

No hay mayor símbolo de cesarismo democrático que el régimen del Juan Vicente Gómez, uno de cuyos ministros, Laureano Vallenilla Lanz, estableció la validez del término en un libro de 1919. Vallenilla Lanz, un sociólogo positivista, e ideólogo de Gómez intentó argumentar que pueblos como el venezolano no estaban capacitados para respirar una atmósfera republicana; sólo “el gendarme necesario” –como definió a su modelo de César- podía sacarlos de la miseria y de la anomia, por ello, para esta tesis, es evidente que en casi todas estas naciones de América, el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aún el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Dictaminó que “el caudillo constituye la única fuerza de conservación social” y que “el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor” es una necesidad fatal “en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta”.

Vallenilla Lanz no se refiere a Gómez en su ensayo de manera directa. Se ampara en cambio en la figura tutelar de Simón Bolívar, quien propuso la presidencia vitalicia. Escribe que Bolívar “nunca abrigó la más ligera esperanza” de que “aquellas constituciones de papel” pudieran establecer el orden.

Rómulo Betancourt lo llamó “el Maquiavelo tropical empastado en papel higiénico”. Lejos de ofenderse, Vallenilla Lanz agradeció la comparación con el autor de El Príncipe.

La idea del cesariasmo democrático radica en la consecución de una misma persona en el poder mediante su legitimación en elecciones. Pero siempre bajo la necesidad que esa misma persona sea la única electa.

Venezuela, con la actual enmienda a su Constitución, ha consagrado un sistema de reelección indefinida, dirigida fundamentalmente a mantener en el poder al actual presidente de la República. Más cercano a la idea del cesarismo democrático en verdad no se puede estar.

El caso venezolano se asimila al de Luis Bonaparte, quien luego de las revoluciones de 1848, fue elegido mediante el primer voto universal en Europa como presidente de la segunda República francesa. Pero, sus constantes convocatorias a referendos desnaturalizaron la representatividad republicana y cimentaron su popularidad.

El 2 de diciembre de 1851 aplastó a la creciente oposición monárquica al llamar a un plebiscito con la pregunta “¿Queréis ser gobernados por Bonaparte? ¿Sí o No?” Un año más tarde, previa reforma constitucional, se convirtió en emperador autoritario.

La oscilación entre un proyecto autoritario de toma de control absoluto del Estado y una obsesión por conservar un barniz legalista a su acción política constituye sin duda alguna la insoluble ecuación y el laberinto propio del momento venezolano actual .

Mirar la realidad venezolana a través del prisma de la figura del César Democrático tendría como primera consecuencia quitarle el velo retórico con que se arropa su gobierno: la retórica revolucionaria.

Se trata en verdad de una toma progresiva de control del conjunto del aparato estatal venezolano, incluyendo, recientemente, la justicia.

El proyecto chavista -y eso lo reconocen, lejos de los mítines de movilización popular, los más esclarecidos entre los chavistas- no es revolucionario: es un proyecto monolítico, hipercentralista, jacobino.

El chavismo como proyecto de Estado autoritario es una realidad indiscutible; ver en él una revolución es mucho, muchísimo más discutible. A no ser que se esté hablando de una revolución de la misma índole que la que abrió el paso a los 27 años de dictadura de Juan Vicente Gómez: la Revolución Restauradora de Cipriano Castro.

No pretendemos en este trabajo de corte académico hacer énfasis en el asunto político venezolano. Pero, el estudioso de las ciencias sociales debe siempre tener presente las coyunturas históricas en las cuales se desenvuelve, para así poder determinar la realidad de sus conclusiones científicas.

V. CONCLUSIONES

Una República tiene como premisa que todos los ciudadanos son libres e iguales, por lo que en vez de líderes, hay instituciones. Cuando una Nación depende de un líder y no de las instituciones, es la voluntad y los mandatos de aquél los que guían su devenir.

Venezuela, gracias a la tendencia maligna que es el caudillismo, derivado en tiempos modernos en presidencialismo, ha tenido innumerables gobiernos autoritarios, pasando por verdaderos déspotas, los que no fueron tanto, y los que siéndolo, se hicieron pasar por demócratas. En el régimen presidencialista, la tendencia al autoritarismo se refuerza, se hace palpable.

Esta tendencia de otorgar el poder prácticamente a una sola persona, deviene del caudillismo histórico, que como tal, se hace un problema.

Un problema porque se convierte en un modelo que va en contra de las instituciones democráticas, que son, como decía Duverger, las llamadas a controlar el aparato estatal para limitar el afán arbitrario del hombre.

En definitiva, llamamos por buscar nuevas formas de gobierno para detener el caudillismo. Llamese limitación al presidencialismo, semi presidencialismo, parlamentarismo, semi parlamentarismo, es tarea necesaria el limitar la concepción unitaria del poder, para cambiarla por una concepción de ideas y concertaciones.

O utilizando una cita de Moisés Moleiro, quien se refería a un cambio de concepción de pensamiento político: “Es hora, por supuesto, de abandonar las posturas simplistas y utópicas, como recurso al juicio de la historia que escribirán nuestros nietos. Es necesario sumergirse en los procesos reales y crear en ellos –y a través de ellos- la fuerza alterna que, sembrada en las masas pueda originar un orden político, económico y social diferente ”.

LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La importancia de la Función Pública

Manuel Rojas Pérez
Publicado en "Ámbito Jurídico" número 156. Editorial Legis. Caracas, julio de 2011. Pág. 12.


Por décadas, el régimen jurídico de la función pública ha pasado por debajo de la mesa. Para el Derecho Administrativo venezolano, este era una especie de hermana pobre, más cercana al derecho laboral que al derecho público.

La organización administrativa generalmente es poco tratada en cursos y monografías. Más allá de los temas referentes a la descentralización (sobre la que si se ha escrito con cierta regularidad en Venezuela) es poca la doctrina que analiza de lleno la estructura del Estado.

Luego de la Revolución Francesa, de donde deviene el estudio científico del derecho administrativo, los juristas se vieron en la necesidad de afirmar la subordinación de la Administración a la legalidad. Ese Derecho administrativo, por tanto, dio importancia fundamental al principio de legalidad. Así, se enfocó más en la defensa de la libertad general del ciudadano frente a la Administración, que en el régimen jurídico de este. Tal fue el distanciamiento entre el estudio del principio de la legalidad de la estructura y funcionamiento de la organización administrativa, que esta se consideró en un momento con un área excluida del derecho.

Con el pasar del tiempo –desde la época de Orlando y Santi Romano- los juristas han dado la debida importancia a la organización administrativa. Ahora si era entendía como parte del derecho y estudiada desde esa perspectiva. Sin una Administración organizada, debidamente estructurada y funcionalmente eficaz, cumpliendo esta los postulados jurídicos que implica el principio de la legalidad, los ciudadanos no podrían defenderse de esta.

Así, la función pública cobra una importancia capital. La Administración Pública no trabaja sola ni automáticamente. La organización administrativa no es otra cosa que una serie de personas, de seres humanos, que le dan vida a la Administración. Los servidores públicos son en verdad, la Administración Pública.

Así, a este grupo de servidores al servicio del Estado se les establece un régimen jurídico de funcionamiento. Un estatuto con deberes, derechos y obligaciones. La juridicidad de la organización administrativa pasó a ser la esencia de la Administración, por lo que la relación de empleo entre los servidores y la Administración se rige por el derecho público.

Este punto es fundamental: los servidores públicos al prestar sus servicios a la Administración Pública, realizan una actividad de interés general, que es el elemento cardinal del derecho administrativo, su eje central. Los ´servidores públicos prestan sus servicios, no a un patrono –como erróneamente se le llama muchas veces a la Administración Pública- sino a un colectivo, a unos usuarios que son todos los ciudadanos. El interés general es entonces en sistema que determina la relación entre servidores y la Administración Pública para la cual prestan sus servicios.

De allí estriba la importancia del derecho funcionarial: este rige el estatuto de los servidores públicos que brindan sus servicios a toda una colectividad, al interés general. Para que la Administración cumpla su función al servicio de los ciudadanos, para que pueda brindar una buena administración, para que sirva objetivamente al interés general, entonces, los funcionarios públicos deben obrar bajo un régimen estatutario y por ello, abstracto y objetivo.

El derecho funcionarial consagra así los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos de manera unilateral. La Administración establece los deberes y obligaciones del funcionario público, dándole las reglas necesarias de comportamiento y los lineamientos de prestación de su servicio profesional.

También regula los derechos de los funcionarios: en especial la estabilidad y el ascenso. La Administración brinda a los funcionarios la posibilidad de escalar posiciones hasta que pueda jubilarse con un salario digno para su vejez y a la vez le permite tener la seguridad que no será retirado del ejercicio de su cargo por decisiones arbitrarias.

Con ello, se busca asegurar que la Administración Pública tenga en su seno funcionarios probos, correctos y eficaces, ya que el interés general debe ser brindado bajo esos supuestos.

Luego, la importancia del derecho funcionarial estriba en la posibilidad de coadyuvar a la mejor prestación del interés general, en beneficio del colectivo, a la buena gestión de la Administración.

SE LLAMA CARLOS ANDRÉS

Se llama Carlos Andrés

Manuel Rojas Pérez
Especial para Noticias en Caliente. Publicado el 7 de octubre de 2011.


Me tomo la libertad de llamarlo como siempre lo conocí: Carlos Andrés.

Los de mi generación, que solo conocemos la elección de alcaldes y gobernadores por el voto popular y libre, los que fuimos beneficiaros del plan del vaso de leche escolar, los que vimos como muchos de nuestros conocidos, mayores que nosotros, se fueron a estudiar al exterior gracias a la Beca Gran Mariscal de Ayacucho, nosotros siempre lo hemos llamado Carlos Andrés.

A diferencia de otros a quienes se les impone, casi so pena de muerte, que llamen a sus líderes "comandante presidente", "líder del proceso", o casi Dios en la tierra, nosotros, por su cercanía, por su sencillez, lo llamamos Carlos Andrés. Simplemente Carlos Andrés.

A Carlos Andrés le debemos -expropiándole una frase al compañero Daniel Lara, de la Seccional Vargas- que no se dejara tumbar por el golpista Hugo Chávez, pero si se haya dejado tumbar por las instituciones.

Y es que Carlos Andrés nos dio el ejemplo de respeto a las instituciones democráticas, aun cuando estas actuasen injusta y arbitrariamente, como sucedió en su caso. Ese respeto que en la Venezuela de hoy no existe, ese respeto que solo un verdadero demócrata puede tener.

La obra de Carlos Andrés puede -y debe- medirse mucho más allá de sus obras gubernamentales: él continuó la impresionante obra democrática de Rómulo Betancourt. El fue quien le metió en la sangre a los venezolanos que los cargos administrativos deben elegirse por elección popular y no con dedazos acomodatícios como la triste jefa del Distrito Capital.

¿Que tuvo errores? Por supuesto. ¿Quien no los ha tenido? Pero es evidente que cuando se hace una evaluación de elementos positivos y negativos de la obra democrática de Carlos Andrés, los positivos son tremendamente superiores. Ahí está la Biblioteca Ayacucho (calificada colección de las obras maestras de las letras latinoamericanas), el ya nombrado programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, para la capacitación de millares de estudiantes venezolanos en los centros universitarios más prestigiosos del mundo, la nacionalización del Petroleo que sigue siendo hoy la punta de lanza de la economía nacional, los muchos planes sociales en pro de los más necesitados, las ayudas dadas desde Bandesir, los Hogares de Cuidado Diario. Fue Carlos Andrés el que ejecutó apenas llegó su primer mandato un programa económico, muy ambicioso y de cariz fuertemente nacionalista y social, con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, elevar y consolidar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y distribuir de una manera más equitativa la renta nacional.

A Carlos Andrés, nosotros los adecos, siempre lo recordaremos como la persona que hizo de la democracia un asunto palpable, y no solo un principio.

Hoy despedimos a carlos Andrés físicamente, pero su memoria histórica estará presente en nuestra doctrina política, porque aunque los comunistas de pacotilla se empeñen, la historia no se puede tapar y reescribir. La historia de ese gran sociademócrata que fue Carlos Andrés será siempre recordada. De eso nos encargaremos nosotros.

sábado, 3 de diciembre de 2011

LA ÉPOCA "DE SEMBRINA" DEL CHAVISMO

La época “De Sembrina” del chavismo

Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 5 de diciembre 2011

No es un error el título de este artículo. Tampoco es un chiste. Al contrario, es una realidad que duele y entristece a los que nos preocupamos por Venezuela.

Probablemente usted no vio Venezolana de Televisión el pasado primero de diciembre. Si el sistema de medios públicos es apenas visto por el cinco por ciento de los venezolanos, existe un noventa y cinco por ciento de posibilidad que usted no haya visto ese día a la señora Jacqueline Farías, quien usurpa buena parte de las funciones del Alcalde Metropolitano de Caracas, ofreciendo unas declaraciones por la llegada de la época navideña a la capital.

En esas declaraciones, en la parte baja de las pantallas, el generador de caracteres de VTV decía: “Llegada de la época ‘de Sembrina’”. Amigo lector, insisto, esto no es un chiste ni un invento.

“De Sembrina”. El gobierno insiste en tener el mejor sistema educativo de la historia de Venezuela, se jactan señalando que han minimizado casi a cero el analfabetismo, pero el generador de caracteres de la principal emisora televisiva del Estado, el llamado canal de todos los venezolanos, el que se ha encargado de hacer propaganda de manera abierta grosera y descarada al chavismo, colocaba en pantallas, para todo el país, que había llegado la época “De Sembrina”.

Pero como si fuera poco, al día siguiente, también por VTV, en medio de una jornada de registro del Polo Patriótico, el mismo generador de caracteres anunciaba que dicho evento se hacía en “Acarigua, estado Cojedes”, obviando que la ciudad de Acarigua queda en el estado Portuguesa.

Mire amigo lector. Esto puede sonar chistoso, pero no lo es. Al contrario.

El “De Sembrina” y el “Acarigua, estado Cojedes” demuestra el desastroso estado de nuestra educación. Es prueba irrefutable que este gobierno se ha encargado que perdamos todos nuestros valores del conocimiento. La misión Robinson fracasó estrepitosamente con la época “De Sembrina”. Y todo esto se debe a que no tenemos un gobierno que aplique verdaderas políticas públicas de acceso a la educación global. Solo enseñando que el Che Guevara no fue un asesino o que Rómulo Betancourt no fue el demócrata que fue, no es suficiente para educar a los venezolanos.

Pero esto demuestra otra cosa: si así están las cosas en VTV, lo están también en todos los organismos estatales manejados por el chavismo. Me explico: no hubo nadie que controlara previamente lo que iba a salir en el generador de caracteres el primero de diciembre. Pero luego de ese desastre, tampoco hubo nadie que controlara el mismo generador y dijera que Acarigua queda en el estado Portuguesa.

Si eso pasa en VTV, pasa igual en el BCV, en Cadivi, en la Policía Nacional, en la Vicepresidencia, en Miraflores. Esa falta de control que demostró el “De Sembrina” y el “Acarigua, estado Cojedes” nos hace casi asegurar que tampoco hay controles para la adjudicación de dólares preferenciales, para el regalo de dinero indiscriminado a otros países, para la compra de armamento, para el ingreso de extranjeros al país, para la detención forzosa de ciudadanos.

El “De Sembrina” y el “Acarigua, estado Cojedes” prenden las alarmas. Nuestro sistema educativo actual manejado por el chavismo es simplemente una desgracia, sin contenido, sin valores. No hay conocimientos de ortografía ni geografía en la sociedad venezolana actual. El hombre nuevo que pretende crear el chavismo, claramente nace sin conocimiento, sin educación, lo cual de por sí es una aberración política, pues como dijo Rómulo Betancourt: “La enseñanza de la inteligencia es un asunto de Estado”.

Esta pequeña muestra podrá sonar a anécdota. Pero deberíamos tomarla como el claro ejemplo de cómo el chavismo ha logrado hundir al venezolano al oscurantismo de la ignorancia intelectual, a la omisión absoluta de educación y controles.

Esa es la Venezuela que quiere Hugo Chávez. Desea un venezolano de pocas luces, que no tenga educación. Todo ello con la intención de que no se dé cuenta que la intención del presidente es acabar con el país.

Twitter:@rojasperezm

sábado, 26 de noviembre de 2011

NOTAS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

NOTAS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

Manuel Rojas Pérez
Trabajo a ser publicado en la Revista Análisis Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Administración Pública, Universidad de Valparaíso


Venezuela tiene unos muy altos índices de exclusión social. Fundamentalmente por razones de orden político, sea abierto una brecha en nuestro país que la hace estar entre los primeros países del mundo en materia de exclusión. La pobreza en Venezuela alcanza cifras no solo históricas sino verdaderamente alarmantes. Y no hay nadie desde el gobierno nacional que haga algo por mejorar la situación.

El presente trabajo pretende en primer lugar, hacer un diagnóstico sobre la situación venezolana, y luego presentar algunas propuestas de soluciones al respecto.

1.- Sobre la Situación de exclusión social en Venezuela:

La situación de exclusión social en Venezuela es gravé. Esta crisis viene de mitad de los años ochenta, pero se ha incrementado sistemáticamente durante los últimos diez años. Y agrava la situación el hecho que no existan cifras oficiales sistematizadas y científicamente estructuradas, sino que desde el gobierno nacional se anuncien números sobre desigualdad sin el respaldo de ningún estudio objetivo.

La exclusión aparece como la nueva cuestión social que se expresa en el alto desempleo y la precariedad laboral. De igual manera se manifiesta en el aumento de la pobreza y en una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El incremento de la desocupación no es el único problema en el mercado de trabajo latinoamericano. También creció representativamente el grupo de trabajadores que se desempeñan en el sector informal, esto es, la cantidad de gente privada de protección legal y de los beneficios de la seguridad social.

El sector de trabajadores en el mercado informal se elevó desde el 42,8% en 1990 al 46,7% en el 2003. Aquí también se aprecia que la el mundo de la informalidad durante el año 2003 . Utilizando como indicador el nivel de cobertura de una de las instituciones centrales de la política social, esto es del seguro social, es posible adquirir una imagen de la magnitud del fenómeno de inclusión/exclusión existente en la región.

Hacia 1980, México, Venezuela, Colombia, Guatemala, Perú o Bolivia no alcanzaban a brindar protección a más de 1/3 de la fuerza de trabajo. Panamá, Costa Rica, Brasil, chile y la Argentina no habían podido extender la cobertura más allá de los 2/3 de la fuerza de trabajo. Sólo Uruguay y Cuba habían podido hacerlo .

Muy importante destacar que la apropiación de recursos públicos por parte de los grupos sociales de mayor poder y la falta de voluntad o de capacidad del Estado de lograr responder a las necesidades más elementales del conjunto de la población, son factores explicativos centrales de la exclusión. El acceso diferencial a recursos de poder por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con la acción u omisión del aparato estatal, explican las enormes diferencias que se perciben en la distribución de beneficios .

1.1. Pobreza

Entrando de lleno al caso venezolano, en cuanto a la pobreza, la situación económica cada vez más deteriorada afecta a la sociedad en todos sus niveles, pero especialmente a los millones de venezolanos que viven en la línea de pobreza o más abajo. Varias organizaciones han publicado recientemente cifras sobre la pobreza en Venezuela para el año 2000. Los números varían: se calcula que de 44% a 80% de los hogares venezolanos son pobres.

En su encuesta de hogares durante el primer semestre de 2009 (última medición oficial), la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) halló que el 44,1% de los hogares venezolanos son pobres. Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, informa que la pobreza afecta al 80% de los hogares venezolanos.

El proyecto pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, que contiene estimaciones correspondientes al primer semestre de 2010, ha descubierto que más del 57% de los hogares venezolanos son pobres.

Las cifras varían tanto que Riutort y Orlando, economistas, profesores e investigadores de la UCAB, han publicado un estudio en el que explican las discrepancias. Tal como señalan en el trabajo señalado: “Las cifras de pobreza en Venezuela” varían considerablemente por dos motivos principales. En primer lugar, el uso de criterios diferentes para la selección de los hogares a ser incluidos en el sondeo y, en segundo lugar, las diversas técnicas aplicadas para la valoración de la canasta normativa de bienes y servicios .

1.2. Desocupación

Sobre la desocupación, esta subió por segundo mes seguido y cerró en 8,5% en julio de 2010 (última medición oficial), según el presidente del Instituto Nacional de Estadística .

La tasa de desempleo registró un nuevo aumento, al situarse en 8,5% al cierre del mes de julio, lo que implica un repunte de 1,3 puntos porcentuales en el último año, según los datos que suministró el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, los datos oficiales señalan que son 1.106.929 personas que no contaban con un empleo para ese mes. Entre julio de 2008 y el mes pasado, 206.124 venezolanos perdieron sus puestos de trabajo.

El organismo estatal refiere que los nuevos desempleados son, en su mayoría, mujeres, y en el transcurso de los últimos 12 años quedaron desocupadas 107.313 féminas, mientras que el problema afectó a 98.811 hombres.


De esta forma, la desocupación alcanzaría el 12,10% al 2011.

1.3. Precariedad laboral

Sobre la precariedad laboral, se tiene que en Venezuela, las condiciones económicas del país, los problemas inflacionarios, los aciertos y desaciertos de los programas de gobierno, han provocado un giro casi total en los planes gerenciales de muchas organizaciones, que ante la imperiosa necesidad de llevar a cabo los procesos de reconversión industrial, reducen sus costos directos relativos a la mano de obra, originando un incremento en las tasas de desocupados y el florecimiento de la economía informal del país, como forma de hacer frente al desempleo.

Para el año 2000, la población informal promediaba el 42,5%, más alto que las cifras registradas para 1999, pero inferior con respecto al año 2003, donde la tasa de desocupación cerró con un 52,5% de la población ocupada.

Según estadísticas oficiales, de una población económicamente activa de 12.436.317, la población ocupada se ubica en 11.503.869 personas, con una tasa de desocupación del 7,2% para finales del 2007 .

Pero detrás de estos números se esconde un alto grado de informalidad, empleo temporal y no registrado y sobre todo índices de precariedad laboral realmente alarmantes.

Del total de trabajadores ocupados, existe una población asalariada cercana a los siete millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, excluyendo empleadores, cuentapropistas, profesionales, etc.

En Venezuela la informalidad se mide siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo: los ocupados, en relación de dependencia o no, en empresas con menos de cinco empleados, como las que se encuentran en el servicio doméstico y trabajadores por cuenta propia no profesionales.


Si bien el empleo informal bajó en los últimos años, aun en 2007 se mantenía en 44,1%, es decir, por encima del nivel del año 1990 (42,1%). Si tenemos en cuenta que durante el período 1990-2007 la masa laboral creció en 3.6 millones de trabajadores (pasó de 7.87 millones a 11.5 millones de personas), constatamos que la informalidad es un problema estructural de gran magnitud en Venezuela.

Pero la precariedad laboral no se reduce únicamente a aquellos ubicados en el sector informal sino que existe también en unidades económicas pequeñas, medianas y grandes en condiciones de precariedad laboral (contratados, tercerizados o directamente no registrados).

Basta como ejemplo, el caso de Sidor, que tiene alrededor de 9.000 obreros tercerizados, es decir, en condiciones de precariedad laboral. Pero lo que pareciera sorprendente es que también en las propias empresas del Estado y los ministerios públicos existen trabajadores contratados sin ningún tipo de beneficios, o con alta vulnerabilidad laboral. Incluso en el sector formal de la economía el 37,5% de los trabajadores y trabajadoras no percibe ningún tipo de prestación social, mientras que en el sector informal esta porción llega al 95,6%. Según datos de 2006, de un total de 11.700.000 trabajadores y trabajadoras, 7.200.000 no reciben ningún tipo de prestación social. Sólo el 35.70% (3.965.376) goza de todos los derechos laborales y sociales.

1.4.- Desigualdad Social

Por último, sobre la desigualdad social, los datos oficiales son muy difíciles de ubicar, por lo que acudimos a estudios no oficiales, los cuales tampoco hacen referencia a tiempos recientes .

El coeficiente de Gini de Venezuela en 1981 es de 0,52, veinte años más tarde el indicador varía a 0,41, lo que expresa una leve mejoría en la distribución de los ingresos del PIB.

Esta mejoría sin embargo, sigue escondiendo profundas brechas a lo interno del país, que se visibilizan al revisar este mismo coeficiente por entidades y por municipios.

Para el 2001, la entidad con los valores de desigualdad más elevados es Miranda con 0,497, lo que se explica por su heterogeneidad interna de sus municipios. Los valores más “justos” los muestra el estado Yaracuy con 0,312.

En cuanto a la distribución del ingreso en el país para el 2002, el diez por ciento más pobre obtiene el 1,4% del total de ingreso de los hogares. En oposición, el diez por ciento de los hogares más ricos percibe el 37,4 % del ingreso total.

El 20% más pobre percibe el 4,4%, mientras que el 20% más rico el 54,1% de los ingresos.

La diferencia entre ambos grupos es cincuenta veces mayor. Las personas mayores de 25 años que viven en los hogares ubicados en los deciles en los deciles más bajos no alcanzan el nivel básico de educación.

El primer decil alcanza los 5,1 años de escolaridad, el segundo decil 5,8 y el tercero 6,3. Por parte de los más ricos, alcanzan niveles educativos altos, cuyos valores superan la educación media. Para el primer decil de los más ricos, el promedio es de 11 años de educación, el segundo 9,6 y el tercero 8,7 años. La brecha entre los más pobres y los más ricos es de 5,2 años.

Las bajas capacidades y oportunidades se ven reflejadas en las tasas de empleo y en el tipo de empleo.

Así se tiene que para el decil más pobre, la tasa de desempleo es de 32,4% y la tasa de empleo informal es de 79,3. Para el decil más rico, la tasa de desempleo es de 5,1 y su participación en la informalidad es de 29,4.

Más allá de las cifras y en términos cualitativos se podría describir una especie de dualidad, en la cual de una banda se encuentra hogares numerosos con una alta carga de dependientes (niños y adultos mayores) con bajo nivel educativo, ingresos bajos y con trabajos precarios. En el otro extremo, hogares pequeños con baja carga de dependientes, con altos nivel educativo, altos ingresos y trabajos en el sector formal.

Como conclusión, los índices de exclusión en Venezuela tienden a aumentar. La exclusión se ha hecho sistemática, en franco proceso, amplia y profunda.

En nuestro país, la exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva. Las políticas públicas sociales no logran llegar a la mayoría de los ciudadanos.

Si bien se han creado una serie de programas, llamadas “Misiones”, las mismas no han logrado rebasar el muro de la exclusión, y sigue sin llegar a la mayoría de las personas, especialmente a los venezolanos más pobres. En materia de educación o salud, los venezolanos seguimos sin tener acceso a un sistema equitativo.

La exclusión se ha hecho más grave con la delincuencia y con la inexistencia de políticas públicas que la ataquen. Ello excluye a los ciudadanos geográficamente, ya que los que viven en un sitio por lo general no van a otro sector por no sentirse seguros.

Frente a una situación donde la debilidad de las fuentes de ingresos de amplios sectores es nota saliente, se fundamenta la necesidad de combinar estrategias de generación de ingresos condicionales con incondicionales como el camino más adecuado para enfrentar la situación de exclusión .

2.- Propuestas de cambios culturales y socio-políticos desarrollar políticas públicas eficaces para disminuir la exclusión en Venezuela

Pareciera indispensable repensar la dirección futura del gasto social venezolano, privilegiando el aspecto social más crítico: la ausencia o insuficiencia severa de ingresos en los sectores más vulnerables, estos son, los de menores recursos . Así, una política de ingreso social que apunte a proveer un consumo básico se torna absolutamente necesaria.

Para lograr garantizar el consumo básico en una sociedad sujeta a tan significativo proceso de exclusión como la venezolana, debe realizarse una combinación de políticas que provean ingresos por un lado y brinden servicios públicamente financiados, por el otro, en forma tal que no exista individuo en la sociedad que esté desprovisto de dicho consumo.

En Venezuela pareciera posible establecer un programa de ingreso social estructurado sobre una combinación de elementos condicionales e incondicionales . Debe existir un ingreso incondicional para aquellos que no pueden ni deben insertarse en el mercado de trabajo: por ejemplo, los ancianos, por haber ya participado en él y los niños, por estar preparándose para ello.

Para la población adulta desocupada, debe existir un ingreso condicional a desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos), signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo que la realiza y la comunidad donde se realiza.

El ingreso debe ser el piso de la remuneración que reciben los que se encuentran en el mercado de trabajo. Por ello el ingreso deberá funcionar en la práctica como una suerte de salario mínimo que desalentará una explotación extrema de la fuerza de trabajo.

La manera más simple de hacer operativo este derecho es el otorgamiento de un ingreso a cambio de una labor por parte del beneficiario del ingreso. Quien esté dispuesto a realizar esta labor durante una jornada de trabajo recibirá sin más trámite el ingreso. El solo hecho de estar dispuesto a trabajar o capacitarse es un indicador automático de elegibilidad.

La combinación de ingresos condicionales e incondicionales garantizaría la existencia de individuos con un ingreso que les permita alcanzar una parte de los consumos necesarios para el bienestar . El consumo alimentario, la vestimenta, el mobiliario y enseres domésticos, deberían ser los tipos de consumos asegurados con estos ingresos.

Otros componentes del consumo básico deberían estar disponibles a través de servicios públicamente financiados. En concreto, la educación, a la cual me referiré como política pública más adelante de manera concreta.

El alcance de una educación media completa debe estar al alcance no solo de los niños sino también de los adultos. Debe asegurarse una educación para todos por igual, sin discriminación en razón de la edad. Para ello es básico instaurar una política pública de concientización para crear la cultura de la educación a todo nivel y a toda edad.

A su vez, los servicios de atención a la salud deben estar disponibles a todos los que lo precisen. Estos deben estructurarse sobre bases racionales y orientados a prevenir y resolver los problemas de salud antes que ganar lucro empresario.

La provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente importantísimo de una política sanitaria adecuada. Por otra parte debe evitarse la sub-atención que muchas veces caracteriza a los servicios estructurados sobre burocracias.

Asimismo el desarrollo de una política habitacional destinada a financiar o proveer habitación pública está en el centro de una política de consumo básico por el impacto que tiene sobre el bienestar de los individuos. Esta política habitacional debe articularse con la provisión gratuita de un nivel básico de energía para uso doméstico y transporte.

Si pareciera, luego, viable, establecer una política pública que enfoque su objetivo a garantizar un consumo básico para los ciudadanos, toda vez que una sociedad que pretenda constituir una sociedad de bienestar debe romper la ecuación mayor consumo igual a mayor bienestar y aceptar que hay un consumo básico sin el cual no es posible acceder al bienestar.

Los índices de desigualdad en Venezuela son enormes, como se vio en la primera parte de este trabajo final, por lo que una política pública destinada a lograr un mínimo común de consumo, para en base en eso prestar la gestión pública, seguramente sería exitosa.

Venezuela necesita, quizás con cierta urgencia, aceptar la existencia de u núcleo básico de bienes y servicios que posibiliten la producción de bienestar, de real bienestar, así se estará en condiciones de identificar políticas públicas que pueden contribuir a asegurar y estimar los costos que e un momento y lugar determinados puedan implicar.

Por ejemplo, en Venezuela mucho se ha hablado de utilizar la renta petrolera para establecer una especie de interés per cápita de consumo básico: distribuir la renta petrolera entre cada uno de los venezolanos para garantizarle el acceso a los servicios esenciales para su bienestar.

De ahí puede garantizarse en Venezuela una política de consumo básico.

Es posible pensar en la existencia de un conjunto de elementos que constituyen el consumo básico y que son requisitos indispensables para acceder al bienestar. Incluso, se podría llegar a definir, sin pretensión de ser exhaustivo, un núcleo de necesidades de consumo sobre las que existe consenso de que deben ser cubiertas para acceder a bienestar.

Esta política que se propone, a raíz de las clases de este postgrado, se asienta sobre un componente de ingreso monetario y otro de servicios públicamente financiados. El componente ingreso a su vez se constituye con elementos incondicionales (no exigen una tarea a cambio) y condicionales.

De esta forma se pretende ir más allá de una perspectiva de reciente desarrollo en el campo de la política social que propone una política de ingreso social o ingreso ciudadano destinada a garantizar un consumo mínimo.

La falta de acceso a ese consumo básico en Venezuela debajo del cual no es posible pensar en la existencia de bienestar constituye quizás el elemento fundamental de creación de pobreza. Una sociedad que pretenda constituir una sociedad de bienestar debe romper la ecuación: mayor consumo igual a mayor bienestar y aceptar que hay un consumo básico sin el cual no es posible acceder al bienestar.

Todo ello implica un enorme cambio en el comportamiento agresivo que el mundo de los incluidos tiene por los que se quedan afuera y en la indiferencia con la que asisten a la construcción de un mundo privado de civilidad.

Considero entonces, que para lograr políticas públicas eficaces de disminución de la exclusión, Venezuela de empezar a pensar en cuáles son los elementos que conformen su consumo básico.

Creo que debería plantearse la discusión pública para lograr tener el margen de consumo mínimo y núcleo básico de bienes y servicios. Lograr determinar cuánto es la distribución de la renta petrolera venezolana per capita, para luego definir cuál es el consumo básico y con base en ello establecer a política de consumo básico aquí propuesta.

El consumo básico podría asegurar la búsqueda del bienestar de los venezolanos. Con esto se podría lograr romper con las inequidades que generan la exclusión. Pero además, y más allá de este nivel de consumo básico, otros elementos también intervienen para definir una situación de bienestar.

Este posee por lo tanto otras dimensiones que no tratan sobre acceso a bienes y servicios sino que refieren a aspectos un tanto inmateriales donde se decide un estado humano más avanzado

Así, es muy importante que Venezuela piense seriamente en la restructuración de la educación.

La educación como principio es un elemento fundamental del progreso de las sociedades. No solo desde el elemento propio de fondo del currículo básico nacional, sino los temas anejos de la educación, como lo es la infraestructura educativa y el acceso a la alimentación de los ciudadanos.

Y es que el colapso a nivel de infraestructura que hay en estas instituciones es simplemente alarmante. Datos de la Federación Nacional de Padres y Representantes (FENASOPADRES) dan cuenta que por lo menos el 70% de las escuelas públicas están prácticamente por el suelo. Los baños no sirven, las aulas están desmoronadas, los techos cayéndose.

En las pocas escuelas públicas donde pudo iniciarse el año escolar en e año 2011 se ven problemas de salubridad como frisos mal hechos que hacen que el polvillo resultante de eso les cause problemas de asma a los alumnos.

El sistema educativo venezolano está en crisis. Eso es indudable. La principal causa de la violencia en Venezuela es el colapso del sistema educativo.

Más de 2.200.000 niños se encuentran excluíos del sistema educativo. En el 2009 hubo 63.667 alumnos inscritos en primer grado menos que en 1998. En los últimos tres años el número de estudiantes de las misiones Robinson y Ribas disminuyó en un 80%, y solo un veintiún por ciento de quienes se inscriben en esos planes se gradúa. Un 75% de la infraestructura educativa se encuentra en el más completo abandono, sin que se hagan en ellas las debidas reparaciones. Asimismo, existe un déficit de 250.000 docentes en todo el país .

Para los alumnos del sistema público de educación venezolano, se destinan apenas 1,27 bolívares diariamente para alimentación escolar (lo cual no llega a cincuenta centavos de dólar). Es decir, que del presupuesto asignado para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) al hacer una división entre la cantidad de alumnos registrados en escuelas públicas (todo esto con cifras oficiales del Ministerio de Educación y la Ley de Presupuesto para el 2011), da esa alarmante cifra .

Así, se propone una política pública específica que consiste en la creación de un fondo patrimonial del 10% de la renta petrolera y que sea invertido de manera directa en el sistema educativo, particularmente en cinco áreas: (i) mejoramiento de la infraestructura de las escuelas públicas nacionales; (ii) creación de nuevas escuelas públicas nacionales urbanas y rurales; (iii) mejora de las condiciones salariales de los docentes (iv) capacitación docente, de directivos y supervisores, así como su debida integración en los procesos administrativos y (v) becas estudiantiles .

Esto entiende a la familia como núcleo esencial de la sociedad y de la buena educación, así que sus esfuerzos también están dirigidos hacia esa área específica.

Atacando el problema del acceso y la educación, considero que Venezuela podría empezar a salir de sus graves problemas de exclusión social.

En definitiva, la alternativa a esta realidad de exclusión hay que pensarla. Aparecerá si todos pensamos y actuamos en esa dirección. Tenemos que pensar otra sociedad entre todas las personas que no nos gusta la que tenemos. Pensar duele, nos lo dice la experiencia, pero “pensar es servir”; tenemos que pensar para servir mejor .

La estrategia de actuación desde este paradigma consiste en aplicar la trilogía “opción-exploración-seducción” que es lo que nos permite queda afectados por el dolor de los excluidos. El reto pasa por construir una sociedad en la que se den condiciones de posibilidad de ciudadanía desde una lógica de inserción-inclusión, de participación, de cohesión social, de solidaridad-fraternidad.

Reto que nos apunta dos desafíos: por una parte erradicar la exclusión liberándola de aquellos factores que la provocan incluyendo todo de tipo de exclusión en la dinámica social y por la otra detener la degradación del medio ambiente físico, de la Naturaleza que nos sustenta y nos mantiene.

BIBLIOGRAFÍA

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http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp200_19.pdf

http://economia.noticias24.com/noticia/8249/206124-personas-desempleadas-en-venezuela-en-el-ultimo-ano/

www.ocei.gov.ve

POR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Por una nueva organización del Estado

Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 28 de noviembre de 2011

El 1998, el candidato Hugo Chávez señalaba que el Estado venezolano estaba híper inflado, que la burocracia nos estaba comiendo, que existían demasiados ministerios. Trece años después, el gobierno del presidente Chávez es que más ha aumentado el tamaño del Estado, hasta hacerlo tan gordo como el mismo.

Más de treinta ministerios, miles de Comisiones, Superintendencias, Institutos, Fundaciones, Empresas del Estado, Oficinas Presidenciales… y todo ello sin sentido de organización. El Estado venezolano de 2011 es amorfo. Mientras el Estado sea enorme, este se desfigura y pierde ordenación, por lo que la eficacia y la eficiencia administrativa se anulan por completo. Por esa razón, este gobierno es, a no dudar, el más inepto e incompetente de la historia de nuestro país.

Aquí tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de la Juventud. Tres órganos que, perfectamente, pudieran estar fusionados en uno solo y cumplir sus metas de una manera más ordenada. También tenemos el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y ahora inventaron la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), quienes tienen prácticamente las mismas competencias, al punto que las dos regulan el tema de la especulación, sin saber en realidad a quien le compete el combate contra este flagelo. A pesar que hay muchos otros, solo estos dos ejemplos nos dan idea de lo deforme de nuestra organización administrativa.

Todo esto se agrava cuando la visión Estatal actual es completamente centralizada. Desde Caracas se maneja absolutamente toda la gestión de los servicios públicos. Y ello hace de la Administración Pública un gran elefante. Tengamos como ejemplo el Ministerio para Asuntos Penitenciarios. En vez de permitir que cada Estado maneje las cárceles que se encuentran en sus territorios, desde Caracas se deciden los traslados de presos en Tocuyito.

Con esto queremos decir que el próximo presidente que entrará a gobernar luego de las elecciones del 7 de octubre de 2012, gobierno que será liderado por el candidato que gane las elecciones primarias, tiene un reto fundamental que no es otro que desmontar el híper Estado que ha creado el chavismo de manera absolutamente irresponsable.

Este desmontaje debe hacerse de arriba hacia abajo. Me explico: lo primero que debe hacerse es reformular los ministerios. Disminuir la cantidad de ministerios a los estrictamente necesarios. Aquellos que tengan competencias concurrentes y similares deberán fusionarse (como es el caso de los ya nombrados Ministerios de Educación, Educación Superior y Juventud). Asimismo, proceder a crear los verdaderamente necesarios, como lo es el de Fomento y que se encargue de desmontar el aparataje económico que asfixia al sector productivo patrio. También debe eliminarse esa burocracia innecesaria y absurda que son las vicepresidencias del Consejo de Ministros.

Pero, lo más importante radica en realizar un plan de acción que permita realmente descentralizar a la Administración Pública.

Esto no pasa por crear nuevas estructuras descentralizadas, sino transferir a funcionarios públicos de órganos centrales a entes locales. Es necesario establecer una verdadera pirámide donde la base de esta sea la que tenga la mayor cantidad de funcionarios al servicio de la gente.

Así, la propuesta pasa porque el poder central sea la encargada de crear líneas políticas programáticas y las entidades regionales y locales las encargadas de ejecutar dichas políticas públicas.

El gobierno nacional no puede seguir vendiendo papas en Mercal o dando clases. El Poder Nacional debe crear las políticas públicas maestras para que cada Estado y Municipio la adopte a su realidad mediante leyes estadales y ordenanzas y sean estos quienes presten el servicio de manera directa a los ciudadanos.

Esta es la manera de organizar y darle sentido a nuestra Administración Pública.

Twitter: @rojasperezm

ODIO Y REVANCHISMO

Odio y revanchismo

Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 21 de noviembre de 2011

Sábado 19 de noviembre de 2011, once de la mañana. Un grupo importante de personas se concentraban en la avenida Victoria, del populoso sector de Las Acacias, en Caracas, para encontrarse con el precandidato a las primarias de la Mesa de la Unidad, Pablo Pérez, quien había anunciado a través de su comando de campaña que haría una caminata por la avenida en cuestión.

Cuando todo estaba listo para iniciar el recorrido del precandidato, según denunció el diputado Alfonso Marquina, una moto con dos personas con uniformes militares, lanzaron al cúmulo de gente una bomba lacrimógena.

Muy importante destacar que ese acto de cobardía se produjo justamente en la subida que da al Helicoide, sede de la antigua DISIP.

Tal acto vergonzoso es una muestra más que el miedo se ha metido en los huesos del gobierno, y este en razón de ese terror a perder el poder en el 2012, actúa como un animal arrinconado: atacando.

Esa bomba lacrimógena es el resumen de lo que ha sido una semana de disparos desde el aparato comunicaciones del régimen chavista-fascista del presidente Chávez en contra de los sectores de oposición en Venezuela.

Y es que esta semana el vulgar ataque chavista ha sido particularmente desmedido. Supongo que eso tiene que ver con el debate de los precandidatos presidenciales que se produjo el lunes pasado en la Universidad Católica Andrés Bello.

El primer acto que demostró terror fue protagonizado por el mismísimo presidente de la República, quien una hora antes de que se iniciara el debate, decidió iniciar una cadena nacional de radio y televisión. Ahí, Chávez habló de absolutamente cualquier cosa: echo cuentos, cantó, casi bailó, todo para mantener la cadena luego de que culminara el debate y los venezolanos no pudiéramos verlo. Sin embargo, la presión pudo más, y tuvo que culminar la programación.

Entonces llegó el debate, que fue un rotundo éxito, no solo porque demostró a Hugo Chávez como el triste telonero de los verdaderos protagonistas, como lo fueron los precandidatos de la MUD, sino por todo lo que vino después.

Esa noche en La Hojilla, el impresentable Mario Silva acudió a los peores epítetos contra los precandidatos. Desde groserías hasta desprecios, pasando por acusaciones propias de imbéciles, como decir que un candidato se había orinado. Solo alguien sin un solo argumento puede llegar a decir tamaña estupidez. Pues Silva logró llegar esa noche a los tan altos niveles.

Luego, el canal del chavismo, Venezolana de Televisión, ha dedicado una semana entera a inventar patrañas contra los precandidatos, contra la MUD, contra los partidos políticos de oposición, contra los que votamos en contra del fascismo chavista. Que si Pablo toma ron en ferias, que si María Corina es divorciada, que si Capriles no se ha casado, que si Leopoldo es visco, que si Arria es un dandy…

Argumentos vacíos, fatuos, que solo ridiculizan a quien los dice. A eso llegó la estrategia comunicacional del gobierno. A descalificar sin tener con que.

Ya desde hace tiempo el gobierno, como se dice en términos de beisbol, perdió el home. Va como una veleta sin rumbo, perdidos, sin norte. La única vía que les queda a la mano es la del odio y el revanchismo. Tratando de montarse en la ola del rencor para causar alarma y terror en la sociedad venezolana. La estrategia política del gobierno es causar odio hacia los candidatos de la oposición.

Lastimosamente para el gobierno, en el debate de los candidatos de la oposición se demostró, a diferencia del chavismo, que si hay de este lado unidad y unos candidatos remando todos hacia un mismo lado; que si hay propuestas claras y pensadas, y no es la improvisación que ha caracterizado al gobierno durante once largos años; que si ha candidatos con profundidad de análisis y contenido social, distinto al gobierno que ha trabajado siempre en contra de los venezolanos en general y los pobres en particular.

Esa bomba lacrimógena en la avenida Victoria es el fiel reflejo del pensamiento oficial: como no podemos democráticamente, atacaremos por vías de hecho. Pero ya es muy tarde. Por más que traten, el pueblo sabe qué hacer.

Twitter: @rojasperezm

¿QUE DEBEN HACER LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS?

¿Qué deben hacer los empleados públicos?

Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 14 de noviembre de 2011

En anteriores oportunidades he venido señalando y denunciando las condiciones de desatención, menosprecio y persecución que el Gobierno Nacional tiene contra los empleados públicos. Estos, como se ha dicho, han sido objeto de los más viles mecanismos de presión para que vayan a marchas, concentraciones, se inscriban en el partido del gobierno, firmen a favor de tal o cual candidato chavista… en fin, la asechanza contra estos ha sido realmente grave.

Ante este tipo de eventos, usted amigo empleado público, tiene una serie de mecanismos de defensa a las que puede echar mano para protegerse:

1.- Reclame. Usted tiene una serie de derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Estatuto de la Función Pública. La Carta Magna señala expresamente en su artículo 145 que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna y su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Asimismo la Ley de Estatuto de la Función Pública, en el numeral 2 de su artículo 34, prohíbe expresamente a los funcionarios públicos el realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones. Luego, la legislación funcionarial ofrece una serie de principios que prohíbe a los funcionarios públicos de alta gerencia el nombrar a empleados públicos en razón de su posición política, y asimismo, no podrían, so pena de infringir la ley, coaccionar a estos a colocarse franelas de un partido u obligarlos a asistir a eventos políticos. Entonces, reclame contra ese abuso.

2.- Sindicalícese. La Ley de Estatuto de la Función Pública permite a los funcionarios públicos crear sindicatos y formar parte de estos. Actualmente, el gobierno nacional tiene muchos sindicatos secuestrados. Pues, entonces, cree su propio sindicato, para que una fuerza colectiva importante de funcionarios haga sentir su voz como un bloque compacto. Es más fácil para el gobierno fascista presionar a una sola persona que a un grupo importante de personas.

3. Pida que se abran concursos públicos. Una de las cosas más graves que sucede en la actualidad es que se contratan a profesionales para hacer el trabajo que debería hacer un funcionario público de carrera. Todo ello para poder chantajear por el estómago a ese contratado, diciéndole que si no marcha con el chavismo le rescindirán el contrato, cosa que no podría pasar con un funcionario de carrera. En ese sentido, pida, exija, que se abran los concursos públicos y participe en ellos. Esté encima de las bases del concurso, solicite que le muestren el baremo a usar y le expliquen cómo será la puntación. Presione para que el concurso sea lo más transparente posible.

3.- Demande. En caso que sus derechos sean menoscabados, demande al Estado. La Ley de Estatuto de la Función Pública consagra el procedimiento de querella funcionarial. Usted podrá alegar que la justicia en Venezuela está retenida por el chavismo, lo cual es cierto. Pero no por ello debe dejar que pisoteen sus derechos. Cada expediente abierto contra el chavismo es una rendija por donde el Estado de Derecho podrá colarse en un futuro.

4.- Vote en las elecciones por el candidato de la Unidad Democrática. Por último, vaya y vote en octubre del 2012 por el candidato que será electo en las primarias, ya que solo de esa manera puede usted asegurarse que habrá un respeto total por sus derechos como empleado público. Ya está suficientemente demostrado que el gobierno chavista usa, maltrata y humilla a los funcionarios públicos. Pues, el nuevo gobierno democrático que tomará las riendas del país, le asegura a usted que su carrera administrativa será respetada y que no será objeto de agresiones como las que se viven desde hace 12 años. Un nuevo gobierno democrático será el seguro que usted, amigo empleado público, tendrá. Solo cambiando el gobierno, como sucederá en el 2012, los derechos de los empleados públicos serán respetados y afianzados.

Twitter: @rojasperezm

lunes, 7 de noviembre de 2011

PROPUESTAS PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PROPUESTAS PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, lunes 7 de noviembre de 2011


La semana pasada hice un breve paneo sobre la alarmante situación de los funcionarios públicos en Venezuela. Denuncié no sólo los maltratos que contra éstos se causan, sino la aplicación hoy día de la lista Tascón y la persecución a la que son sometidos para cumplir fines proselitistas a favor del PSUV.

Ante ello, hoy presento un par de propuestas que pongo a disposición de la Mesa de la Unidad Democrática para que el próximo Presidente de la República, que saldrá de las filas de la oposición democrática venezolana, haga buen uso de ellas.

Lo primero que debe hacer el próximo gobierno es garantizar a los funcionarios públicos que actualmente prestan sus servicios al Estado venezolano, que éstos no serán destituidos de sus cargos. Al contrario, se les debe tender una mano, ya que quien actualmente trabaja como funcionario público en muchos casos lo hace o por necesitar el trabajo o para culminar su carrera administrativa y obtener su jubilación. Son muchísimos los casos de personas que no comulgan con las líneas del chavismo fascista, y sin embargo, tenían diez, quince, veinte años en la administración pública. Sería criminal pedirle a estas personas que se retiraran de sus puestos de trabajo por el solo hecho de no profesar adhesión a la locura del socialismo del siglo XXI. También son muchos los que, por obtener una fuente de ingresos, por necesidad, trabajan para el gobierno. Esto es absolutamente comprensible y nadie puede desmeritar eso. Otras personas laboran para la administración pública por convicción de servicio público, lo cual es de aplaudir.

A todos ellos, incluso a los chavistas, los necesitamos en el próximo gobierno, fundamentalmente porque ellos tienen el conocimiento técnico del manejo y gestión de los servicios públicos. Por ello saludamos lo dicho por el precandidato Pablo Pérez quien les tendió una mano a los funcionarios públicos actuales, y se atrevió a decir -el único que lo ha hecho- que no solo los mantendrá en sus cargos, sino que el próximo vicepresidente podría salir de la actual administración pública.

Además de ello, es clave iniciar un gran plan de acceso a los cargos públicos por medio de concursos públicos como lo establece la Constitución. Un concurso público es la manera por la cual se le da estabilidad a los funcionarios públicos y se les garantiza su independencia profesional en el ejercicio de sus cargos.

Cuando una persona ingresa por medio de un concurso público se activa su estabilidad y por tanto, este no se encuentra presionado políticamente en su trabajo, sino que lo cumple a cabalidad, con la seguridad que si no va a una marcha no será retirado de su cargo.

El tema de los concursos públicos es fundamental. Son el gran ejemplo de distancia a la política de este gobierno de amarrar por la barriga a los funcionarios públicos. Si el próximo gobierno asegura a los funcionarios que accederán a sus cargos por medio de concursos públicos, tendrá unos servidores pensando solo en su relación profesional y no en que serán botados en cualquier momento. Ello a la vez trae otra consecuencia: los servicios públicos serán prestados de manera más eficiente porque los funcionarios estarán concentrados en su trabajo y no en que si no marchan no cobrarán el mes que viene.

La propuesta pasa, entonces, por la disminución de la contratación en el sector público para ejercer funciones propias de funcionarios públicos. La contratación de personal sólo deberá hacerse para casos especiales y altamente calificados, como lo dice la Ley de Estatuto de la Función Pública.

En fin, la propuesta pasa por asegurar que no se seguirán usando los funcionarios públicos como carne de cañón ni como objetos para montarlos en un autobús y llevarlos hasta una marcha o una concentración del chavismo.

Si nuestro sector público es el más abultado laboralmente, debemos como oposición atenderlo directamente y sin ambigüedades. Los funcionarios deben saber que las políticas de la oposición están con ellos, que es falso que se les retirará cuando haya un nuevo gobierno.

Twitter: @rojasperezm