Benazir Bhutto y la Tragedia de la Violencia Política

Benazir Bhutto y la Tragedia de la Violencia Política

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del Caroní el 4 de enero de 2007

"Il fascismo è l'antitesi della fede politica, perché opprime tutti coloro la pensano diversamente"
Sandro Pertini

Murió Benazir Bhutto, y con ella, renace la confirmación de una tragedia mundial: la violencia política derivada de los extremismos y los fundamentalismos.
Benazir Bhutto representaba para el mundo árabe, y particularmente para Pakistan, un movimiento de cambio y oposición a sistemas radicales extremistas, tiránicos y opresores de los pueblos.
El asesinato de Benazir Bhutto nos hace recordar que la violencia política, denominada fascismo, es un mal que se encuentra muy presente en la realidad mundial.
Y es que el fascismo es la cara más fea de la política: la política que no entiende de pares, no comprende la existencia de contrincantes, y no acepta sucesores.
El fascismo ha sido el arma de destrucción masiva más importante y efectiva de la historia. El fascismo se ha escondido bajo las fórmulas más inverosímiles: Stalin y su genocida régimen no fue otra cosa que un fascista que se escudó bajo la bandera del partido comunista ruso; Allende y Franco fueron fascistas consumados; Fidel Castro, quien pretende hacerse pasar por “izquierdista”, aplica de manera directa las teorías fascistas.
El fascismo es la teoría mediante la cual solo los miembros de un grupo político determinado, son los únicos que pueden tener control del poder del Estado, con la obligación de exterminar a todas aquellas personas que no comulguen con las ideas de ese grupo político. Es la antitesis de la fe política, porque oprime a todos aquellos que piensan de forma diversa.
Pues, la violencia política fascista ha eliminado a fundamentales figuras políticas mundiales: Gaitán en Colombia, Kennedy y Martin Luther King en Estados Unidos, Ghandi en India, Aldo Moro en Italia, Remón en Panamá, Rabin en Israel, Sadat en Egipto, y ahora, Benazir Bhutto en Pakistán.
La violencia política en el mundo ha sido, y es, una gran tragedia, una verdadera desgracia, no aceptable en un mundo que se hace llamar civilizado. El mundo no se merece que sus ciudadanos desaparezcan de la manera que Benazir Bhutto se fue ayer del mundo. Sin gloria, sin despedirse, de la mano de un fanático, de un extremista que no aceptó que una mujer pudiera suplantar al presidente Muzharraf.
No es posible aceptar el chantaje al que los terroristas nos someten: o nos hacen caso o se mueren. Eso sencillamente es moralmente imposible de aceptar.
No soy ni mucho menos, un experto en materia internacional. Pero, de Benazir Bhutto puedo decir, sin temor a equivocarnos que ella se enfrentó al actual presidente de Pakistán, Pezrev Muzharraf, por una cuestión de honor y valor. Ella tenía un ideal, que era modernizar a su país, aunque ello le costara la vida. Benazir Bhutto pudo haber vivido cómodamente en Inglaterra. Pudo olvidarse de la política y de su país. Pero no lo hizo. Tuvo valor, honor y elevados ideales.
Pero el fascismo, la violencia política, no le permitió ser una idealista.
Una calamidad el atentado que causó la muerte de Benazir Bhutto. La violencia política debe acabar de una vez por todas. Todos debemos aceptar nuestras diferencias, y llegar a entendimientos y acuerdos. Y no acepar, bajo ninguna circunstancia, el chantaje del fascismo.

La Lucha por los Presos Políticos

La Lucha por los Presos Políticos

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del Caroní el 21 de diciembre de 2007

Que nadie crea que la lucha culminó el 2 de diciembre de 2007. Que nadie baje los brazos. Que nadie sienta que no hay más nada que exigir.
Por el contrario, hay una pelea clave que hay que dar en todos los terrenos, y es la de los presos políticos.
Un preso político es cualquier persona que es recluido en las zonas de detención del Estado, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.
Pues bien, pasada la celebración de la derrota de la propuesta de nueva Constitución intentada por el presidente de la República, debemos transitar de manera inmediata a un nuevo escenario de exigencia innegociable al gobierno: la liberación de nuestros presos políticos.
Son muchos, demasiados nuestros presos políticos actuales: Usón, Simonovis, Vivas, Diana Mora, Luis Rodríguez, Nixon Moreno. Y perseguidos políticos sobran: patricia Poleo, Palmar, Leocenis García, Carriles Radonsky, Carlos Ortega, Robert Alonso, Mónica Fernández…
Las historias de estas personas son ciertamente tristes. Por ejemplo, lo que le está sucediendo a la joven abogada Diana Carolina Mora es de los casos más terribles de nuestra justicia venezolana.
Esta joven abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, de apenas 28 años de edad, ha sido detenida, y se encuentra recluida en la cárcel de Los Teques, desde el 26 de abril de 2007, bajo la infundada acusación de haber colaborado en un acto terrorista, consistente en la colocación de dos artefactos explosivos llamados “Bin Laden”, en la embajada de Bolivia en Caracas.
Pues bien, como han dicho en innumerables oportunidades sus abogados defensores, no existe una sola prueba en el expediente que incrimine. En verdad, ella tiene relación laboral con otro detenido por ese caso, con Luis Rodríguez Villamizar. Solo por tener esa relación de carácter profesional, encerraron a Diana Carolina Mora. Pero, insisten sus abogados que no existe ni una sola prueba que la incrimine.
Ni hablar del caso de Nixon Moreno. Lo acusan de haber realizado actos lascivos contra una funcionaria policial en medio de una refriega con la Guardia Nacional en la Universidad de Los Andes, mientras la Guardia Nacional allanaba las instalaciones del recinto universitario, violando con ello la autonomía de dicha casa de estudios superiores.
Pues bien, se le acusa a Nixon de cometer actos lascivos contra una funcionaria. Pero, hay pruebas contundentes que Nixon estaba montado en una ambulancia, y lo llevaban a un centro hospitalario por unos perdigonazos que recibió en la cara, en el mismo momento en que supuestamente intentó cometer el delito contra la funcionaria policial en cuestión.
No se puede estar al mismo tiempo en dos sitios. Eso es una máxima de experiencia, es decir, que no hay que ser un letrado para entender eso. Si Nixon estaba montado en una ambulancia, ¿Cómo pudo cometer en ese mismo momento actos lascivos contra una persona, cuando no estaba en el sitio de los acontecimientos? Simplemente, no se puede.
Caso emblemático el del general Francisco Usón, quien fue acusado, enjuiciado y penado por una opinión que hizo en el programa de la profesora Marta Colomina. Usón afirmó en dicho programa, que los fallecidos de Fuerte Mara fueron, según su apreciación y conocimiento técnico del caso, fueron quemados con un lanzallamas. Usón sólo dijo lo que el creía.
Esto fue suficiente para que al general Usón le fuese aplicado el artículo 505 del Código de Justicia Militar, que tipifica el delito de ultraje a las Fuerzas Armadas, por injuriar, ofender o menospreciar a dicho órgano castrense.
Son muchos los casos de los presos políticos venezolanos. Estamos hablando de más de doscientos presos o perseguidos políticos. Todos y cada uno merecen nuestra máxima atención y cuidado.
A ello, somos de la opinión que debemos empezar una campaña a su favor, e intentar salidas para su situación.
Por ejemplo, para las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores, podríamos perfectamente proponerlos a ellos como candidatos a dichos cargos, y que se logre una “amnistía popular”. Estoy seguro que Nixon ganaría de calle alguna Alcaldía del estado Mérida, Henry Vivas y Forero las de Caracas, o Enrique Mendoza en la gobernación de Miranda. Sobre este punto prometo profundizar, pero si consideramos que si son ellos los candidatos para esos cargos, el pueblo los respaldaría, sería un arma política y moral con la cual defenderse.
Es nuestro trabajo defender la democracia. No se puede seguir permitiendo que la cárcel sea el desahogo gubernamental para fulminar a la oposición de este país, por lo que de allí debe nacer la iniciativa y el compromiso para que todos unidos seamos la voz de esas personas, porque es necesario comprender que en cualquier momento un allegado o nosotros mismos podemos estar en los zapatos de un preso o un perseguido político por el simple hecho de disentir.
El gobierno del presidente Chávez debe asumir que fue electo para gobernar a todos los venezolanos y no a un solo grupo de ellos, además de que no podemos olvidar que para que la democracia se mantenga sana tiene que haber lugar a las diferencias de opinión, porque eso permite que el gobierno se retroalimente de las observaciones o críticas de su adversario y active sus propios mecanismos de auto corrección, obvio que me estoy refiriendo al deber ser, por lo tanto las observaciones y discrepancias no pueden seguir siendo el motivo para transgredir la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad personal de los ciudadanos en Venezuela.
Sobre nuestros presos y perseguidos políticos solo se puede llegar a una conclusión: la justicia venezolana no es ciega. Por el contrario, tiene muy buena vista, una vista selectiva por cierto.

El presidente no Reconoció su Derrota

El presidente no Reconoció su Derrota

Manuel Rojas Pérez

Publicado el 7 de diciembre de 2007 en el Correo del Caroní

No nos deja ni siquiera saborear las mieles de la victoria. No nos permite por un minuto tener paz. No quiere que tengamos por lo menos un diciembre sin incertidumbre. No. Hugo Chávez insiste en mantener al máximo la conflictividad que caracteriza a su gobierno.
Insólitamente, en un acto absolutamente inaceptable en una democracia, el presidente Chávez ha reiterado que volverá a proponer las ideas que fundamentaron su ilegítima nueva Constitución.
En su grosero discurso de la medianoche del 3 de diciembre, después que el Consejo Nacional Electoral hizo esperar a todo el país por los resultados que se conocían desde las nueve de la noche, Hugo Chávez no reconoció la victoria de la oposición como muchos han hecho creer. Se vuelve a burlar de los venezolanos, pretende pasar de nuevo por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando cínicamente dice que la reforma no pasó “por ahora”.
No aceptó Hugo Chávez su derrota, cuando habla de victoria pírrica de la oposición a su gobierno. Cuando gana el gobierno, se habla de victoria popular. Pero cuando es la oposición quien por fin gana una elección entonces se descalifica.
No ha reconocido su derrota ya que desde el gobierno se crea la matriz que perdió el chavismo por su abstención, y no porque el pueblo mayoritariamente salió a oponerse de manera valiente a un proyecto totalitario y abusivo.
Por eso, se equivocaron los políticos que salieron a aplaudir al presidente por su supuesta aceptación de los resultados electorales. ¡Pero es que Hugo Chávez estaba obligado a reconocerlos y aceptarlos! ¿Cómo es eso que lo felicitamos porque haga algo para lo cual se está obligado? No hay que aplaudir al gobierno por haber supuestamente aceptado los resultados, ya que ¡ese es su deber en democracia!
¿Acaso pretende utilizar su también inconstitucional Ley Habilitante para incluir lo propuesto en la mal llamada reforma? La respuesta definitivamente es afirmativa. Asume Hugo Chávez que las decisiones electorales no le afectan. No importa que el pueblo mayoritariamente haya dicho No a su violenta nueva Constitución. No le interesa. El pretende aplicar esos cambios como sea.
Y a ello, se suma la arbitraria posición de la ilegítima Asamblea Nacional que acaba de aprobar un Acuerdo sobre el referendo, y en uno de sus puntos, afirma que acompañarán al Ejecutivo en su disposición de mantener la propuesta de nueva Constitución.
Incluso, inauditamente, la diputada Iris Varela ha llegado al absurdo de solicitar al presidente que aplique la reforma derrotada mediante decretos hasta que “por iniciativa popular aprueben una nueva…”.
No aceptamos este planteamiento. Simplemente improponible, como diría el Tribunal Supremo de Justicia.
Por el contrario, hay que tomarle la palabra a Hugo Chávez, quien dijo, con testigos, que quien votara contra la nueva Constitución estaría votando contra él.
Pues bien, ¡el país votó contra Hugo Chávez! El país, en el plebiscito que creó el mismo Hugo Chávez, votó contra su persona, contra su figura y contra sus ideas.
Hoy, no le aplaudimos a Hugo Chávez que haya aceptado su reforma. Por el contrario, le exigimos, que llame a nuevas elecciones para la conformación de una nueva Asamblea Nacional, ya que la actual es completamente ilegítima y no representa a nadie; que esa nueva Asamblea Nacional nombre a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a un nuevo Consejo Mortal Republicano, es decir: nuevo Fiscal, nuevo Contralor y nuevo defensor del Pueblo.
También le exigimos que todos los lugares del país estén abiertos a todos los venezolanos. Y eso incluye que Venezolana de Televisión sea de nuevo, la televisión de todos los venezolanos, que podamos acceder a los servicios públicos o a cargos públicos sin importar si firmamos o no, o si nos abstuvimos o no.
Por otra parte le exigimos que devuelva la concesión ilegalmente arrebatada a RCTV.
En cualquier país serio en el mundo, cuando un presidente somete a consulta popular un cambio en la dirección de las instituciones políticas del gobierno o del Estado, y el pueblo da la espalda a esa propuesta, el presidente inmediatamente dimitiría.
Pero, como estamos en un país con un gobierno sin seriedad, Hugo Chávez no dimitirá, sino seguirá intentando burlarse de todos los venezolanos.

Gracias Estudiantes

Gracias Estudiantes

Manuel Rojas Pérez

Escribo embargado por la emoción. Hace minutos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció los resultados del referendo constitucional.
Venezuela le dijo NO al socialismo real, le dijo NO a la reelección indefinida, le dijo NO a la economía en manos de unos pocos, le dijo NO a las posturas ideológicas por encima de la igualdad política de los ciudadanos, en fin, le dijo NO al proyecto antibolivariano presentado por Hugo Chávez.
Y esto, fundamentalmente, fue gracias a los ESTUDIANTES (con mayúsculas) venezolanos), que nos dieron una lección de dignidad, de bravía, de cordura, de sensatez, de madurez política.
Yo como profesor universitario, tengo que rendirme a los pies de mis alumnos. Porque ellos tenían razón y no yo. Hasta el último momento mantuve la tesis de la abstención. Pero, ver a los estudiantes venezolanos, con su hidalguía, llamando a votar, asegurando que las mesas estarían cubiertas, me dieron la certeza que tendríamos la defensa que en todos estos años nos ha hecho falta.
La unidad fue crucial. Y esa unidad fue determinada por los estudiantes.
Hoy los profesores universitarios tenemos un reto gigante: seguir formando a muchos Yon Goicoechea, Stalin González, Ricardo Sánchez, Freddy Guevara, y tantos, tantos estudiantes de todas las universidades que asumieron lo que no le correspondía.
A ellos, a todos los estudiantes, les digo, que han sido nuestra luz en el túnel, la punta de lanza. Y por ello, que otra cosa sino darle nuestras infinitas gracias.
De aquí en adelante, por lo menos tenemos la certeza de que Hugo Chávez tiene un lapso de tiempo para gobernar. Que nuestras propiedades privadas seguirán siendo nuestras. Que los ciudadanos seguiremos estando por encima del Estado, y podremos ser los garantes de la legalidad en los poderes públicos,
Esta victoria es un triunfo de los venezolanos, de los demócratas, de los que no queremos un modelo similar al establecido por José Stalin en la Rusia bolchevique, que era justamente lo plasmado en la aberrante propuesta de nueva Constitución.
Y todo ello, insisto, gracias a los estudiantes.
Con ustedes gritamos: “Viva la U… viva la U… viva la Universidad… fuera la bo… fuera la bo… fuera la bota militar…”

Llama la Historia

Llama la historia

Editorial del Correo del Caroní del 2 de diciembre de 2007

Retando a las suspicacias que enseñan anteriores experiencias y con la convicción de que es necesario no dejar ningún espacio legítimo de participación ciudadana al arbitrio y disposición de otros, el pueblo acudirá hoy a votar y defender su pronunciamiento para decidir libremente nuestro destino.
No deben haber perturbaciones antes, durante, ni después del acto electoral.
La elección de hoy no define nombre o apellido. Se trata de algo mucho más trascendente e implicatorio. Hoy se decide la manera de vivir y convivir para todos los venezolanos. Hoy se escogerá el rumbo definitivo de la patria.
La propuesta oficial está clara: Cambiar la Constitución con términos concebidos en el siglo pasado por el "Che" Guevara y la dictadura de Fidel Castro.
Los venezolanos contamos con la fuerza espiritual, el ejemplo permanente y la brillante inspiración democrática de SIMÓN BOLÍVAR, el Libertador.
¡TODOS A VOTAR...!
¡TODOS A DEFENDER LA VOLUNTAD POPULAR...!

¡No es Reforma, es nueva Constitución!

¡No es Reforma, es nueva Constitución!

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del caroní el 14 de diciembre de 2007

La propuesta de reforma constitucional no es en verdad una reforma. El término Reforma es algo así como el nombre comercial que se le ha dado al cambio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en verdad, esto que se nos viene es una nueva Constitución.
Tan es así, que el constituyente de 1999 no hizo tantas modificaciones a los principios constitucionales, como los que pretenden hacerse por medio de esta nueva Constitución, mal llamada reforma.
Una reforma constitucional sólo tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución, sin alterar sus principios fundamentales, como lo señala el artículo 342 constitucional: “La reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”.
De modo tal, una reforma es el mecanismo de modificación de la carta magna, cuando esos cambios son parciales, y que bajo ningún supuesto modifiquen los principios constitucionales consagrados en el título primero, de los artículos 1º al 9.
Así pues, el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los principios constitucionales fundamentales: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
En consecuencia, si de alguna manera se modifican uno cualquiera de estos principios, no podría hacerse mediante el mecanismo de reforma, sino en todo caso, a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Y es que en efecto, la nueva Constitución altera prácticamente todos los principios constitucionales consagrados en el artículo 6 de la aún vigente Constitución.
El principio de la participación y la efectividad de los cargos se rompe abiertamente con el artículo 70 de la propuesta de nueva Constitución. Ese artículo 70 establece que los medios de participación política como la elección, el referendo, la revocación de mandato y en general la consulta popular, solo podrá ser utilizado para la construcción del socialismo. La consecuencia directa es de este absurdo es la discriminación política, ya que, si no se busca la construcción del socialismo, el ciudadano no tiene derecho a la participación política. Luego, una persona promotora de políticas económicas liberales, o de social democracia no tiene capacidad constitucional para ser candidato a ningún cargo de elección popular. Y los ciudadanos que pretendan votar por una propuesta de ese estilo no socialista, tampoco tienen derecho a ejercer el voto. Luego, los principios de participación y elección se modifican, se limitan.
Este mismo hecho, por supuesto, acaba con el principio de la democracia, toda vez que al no dar cabida a todos los ciudadanos a las consultas populares, sino solamente a aquellos que ejerzan su voto para la construcción del socialismo, se destruye este principio, ya que la democracia es el sistema político que busca la inclusión de todos los ciudadanos, y es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Igual caso sucede con el principio de la alternabilidad. El artículo 230 de la propuesta de nueva Constitución permite al presidente de la República reelegirse indefinidamente en el cargo. Pues resulta que el principio de alternabilidad implica por una parte la posibilidad que diversas personas puedan sucederse entre sí en el ejercicio del cargo público, pero por otra parte, la alternabilidad consagra la prohibición expresa que una misma persona se reelija continuamente, sin límite alguno. Ello, derivado de la inconveniencia que un ciudadano se perpetúe en el ejercicio del cargo y su poder aumente de tal manera que luego sea incontrolable. Por tanto, si no existe un límite en la reelección del presidente de la República, el principio de alternabilidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela queda eliminado, lo cual no puede hacerse mediante una reforma a la Constitución.
También se rompe con el principio de la responsabilidad del Estado, ya que se modifica sustancialmente, y de manera el artículo 141 de la actual Carta Magna que consagra que la Administración Pública estará al servicio de los ciudadanos, por lo que era responsable frente a los ciudadanos por su mala gestión política y administrativa. La propuesta de nueva Constitución implica la modificación de tal norma, y establece ahora que las Administraciones Públicas no están al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de los poderes públicos. Con esto, los ciudadanos no ejercen control sobre la Administración Pública, y por tanto, se pierde la responsabilidad que frente al pueblo tiene el Estado.
En definitiva, la reforma no es tal. Es una nueva Constitución. Estamos frente a un gran fraude constitucional, ya que se están utilizado los mecanismos incorrectos para la creación de una nueva Carta Magna.

La Trampa del Poder Popular

La trampa del Poder Popular

Manuel Rojas Pérez

Publicado el viernes 30 denoviembre en el Correo del Caroní

Ha señalado el presidente Chávez que la base esencial de la nueva constitución –que no es reforma constitucional- es la creación del Poder Popular como nuevo órgano del Poder Público.
En efecto, la propuesta de nueva Constitución establece en su artículo 136 que el Poder Público se distribuye territorialmente en Poder Popular, Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional.
Se ha dicho desde las altas esferas gubernativas que tal situación otorga más poder al pueblo. Nada más falso y engañoso.
La consagración del poder Popular como un nuevo órgano del Poder Público tiene unas implicaciones jurídicas que no solo le restan poder a los ciudadanos, sino que hinchan más de poder al Estado.
En primer lugar, el artículo 138 de la Constitución de 1999, que quedará intacto en la nueva Constitución de 2007 si permitimos su aprobación, consagra la figura de la usurpación de autoridad. Este artículo señala que toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos, lo cual significa que ninguno de los órganos del Poder Público puede inmiscuirse bajo ningún supuesto en la actividad de otro órgano. Así, si un alcalde pretende realizar una actividad para la cual es competente el Poder Público Nacional, tal actuación del alcalde es inconstitucional, y por tanto nula. Así mismo, ese alcalde no tiene ni injerencia ni posibilidades de controlar la actuación del Poder Público Nacional o Estadal.
Pues, al convertirse el Poder Popular en un nuevo órgano del Poder Público, aquel pierde toda posibilidad de injerencia y control sobre la actividad desplegada por cualquiera de los otros órganos del Poder Público.
Entiéndase bien esto: elevando el Poder Popular a rango de órgano del Poder Público, tendremos los ciudadanos prohibido expresamente por la letra constitucional el controlar e interferir en las actividades de cualquier otro órgano del Poder Público. Como a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los ciudadanos formaremos parte de un Poder Público, ya no podremos ejercer control ciudadano, o contraloría social como prefiere llamarlo el Gobierno. No podríamos tampoco ejercer nuestro derecho a revocar a un funcionario electo popularmente, ya que estaríamos usurpando e interfiriendo con la actividad de otro poder.
Un segundo punto, igual de grave y contundente, es que siendo ahora el Poder Popular un órgano del Poder Público, debe someterse al principio de la legalidad. Los órganos del Estado sólo pueden hacer lo que tengan expresamente permitido, como lo señala el artículo 137 constitucional, que también quedará intacto, mientras que los ciudadanos se rigen por el principio de la libertad, es decir, tenemos permitido hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Pero, ahora los ciudadanos al formar parte del Poder Público, se deben someter al principio de la legalidad, por lo que la libertad queda cortada de plano.
Otra trampa que contiene la consagración del Poder Popular, es que no estaría al servicio del propio pueblo. La vigente Constitución señala que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos. Pero, tal artículo es modificado sustancialmente por la nueva Constitución, ya que ahora, las Administraciones Pública estarán “…destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos para el ejercicio de sus funciones…”. Así, los ciudadanos que ahora formaremos parte todos del Poder Público no trabajaremos en función de nosotros mismos, sino a favor de los poderes públicos. Quiere decir esto que la función del Poder Popular no es darle mayor poder al pueblo. Al contrario, con esto se busca que el pueblo trabaje para el Estado.
Además, con esta consagración del Poder Popular se nos elimina la posibilidad de reclamar a los órganos del Estado por la mala gestión en sus funciones públicas, ya que nosotros pasaremos a formar parte del Estado.
En la Rusia comunista, los trabajadores eran los dueños de las empresas. Luego, estos perdieron su derecho a huelga y a manifestar contra el patrono, porque era ilógico reclamar sindicalmente contra ellos mismos.
En definitiva, es un gravísimo error el colocar al Poder Popular a la par de los otros Poderes del Estado. El pueblo, los miembros de ese Poder Popular, están siempre por encima del Poder Público, y estos se deben al pueblo. Nunca igual o al revés. El Estado no tiene porque reconocer al pueblo, ya que este es el que lo crea.
Con esta nueva Constitución, y la trampa que constituye el Poder Popular, el pueblo pierde poder, y el Estado se nutre de ese poder perdido por todos y cada uno de nosotros.

La diputada Varela y la nueva Política

La diputada Varela y la nueva Política

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del Caroní el viernes 23 de noviembre de 2007

La ejemplaridad y honradez son virtudes que deben presidir
la actuación
de los servidores públicos
Jesús González Pérez

Si algo nos demostró la diputada Iris Varela con su actitud indecorosa y pendenciera contra un periodista, es lo que nos viene si permitimos que entre en vigencia la nueva Constitución.
Lo que se vio por las cámaras de televisión, donde una diputada tomó la justicia por su propia mano, cosa expresamente prohibida a los ciudadanos, es el sinónimo más evidente del autoritarismo que se impone desde Miraflores.
Políticamente hablando, autoritarismo implica un régimen u organización política que ejerce el poder sin limitaciones. Y cuando la diputada Varela retaba al periodista Gustavo Azocar a que la demandara, se vio el más claro signo que el Estado de Derecho en Venezuela simplemente fue asesinado por los gobernantes de turno. Autoritarismo al extremo.
Lo más grave de todo esto, es que quien realizó esta acción ilegal, esa vía de hecho, es diputada de la República. Los diputados son los funcionarios elegidos popularmente para crear las leyes. Y las leyes son para respetarlas. Luego, si quien hace la ley la incumple ¿que podemos esperar los venezolanos frente a esa representación legislativa? Simplemente nada bueno.
Si la diputada Varela se sintió mancillada en su honor y reputación, si vio amenazada su integridad moral, debió acudir a las vías jurisdiccionales respectivas, y ejercer una denuncia por difamación, o una demanda por daño moral. Pero nunca, nunca, llegar a esas actitudes violentas. Para eso es la democracia, para disentir unos de otros, y poder resolver los problemas civilizadamente.
Lo que hizo la diputada Varela ayer, no es otra cosa que un delito, consagrado en los artículos 415 y siguientes del Código Penal. Y es que la diputada mediante una vía de hecho causó lesiones al periodista Gustavo Azocar, con dolo, es decir, con la intención manifiesta de causar el daño.
Por supuesto, ese delito no será sancionado mientras los poderes públicos se mantengan todos bajo el control de una sola persona, mientras el fiscal general de la República sea el mismo que antes fue vicepresidente ejecutivo de la República, con lo cual, evidentemente no hay imparcialidad. Quizás me terminen acusando a mí de difamación por escribir estas líneas.
Decíamos que ese delito no será sancionado. Y no será sancionado simplemente porque los propios colegas diputados de la diputada Varela ya se pronunciaron, y dijeron que simplemente lo que había ocurrido era por el carácter explosivo “pero justo” de la diputada. Tanto cinismo junto en verdad asquea.
Pero, lo que en verdad quiero destacar aquí, no es la actitud bochornosa de la diputada. Es el peligro que encierra la consolidación del autoritarismo por medio de la nueva Constitución que pretende aprobar el gobierno
La actitud que vimos de la diputada Varela, está íntimamente amarrado con lo que los venezolanos nos estamos jugando hoy, el 2 de diciembre y después de esa fecha.
Es claro que la nueva Constitución que pretende aprobarse fraudulentamente mediante un procedimiento de reforma constitucional que no es tal, es una Carta Magna de carácter totalitario, que rompe con todos los esquemas democráticos, y que otorga poderes superiores tanto al presidente como a los miembros de su partido político, entre ellos, por supuesto, la diputada Varela. Estos actualmente, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela actúan de manera soberbia, por encima de todas las normas, creyéndose superiores a estas.
Pues con la nueva Constitución, lo que vivió Gustavo Azocar lo viviremos todos los venezolanos todos los días, ya que la nueva Carta Magna hincha de poder a quien ya está hinchado.
¿Qué nos espera? Pues nos espera la irracionalidad de los funcionarios del gobierno que se empeñan en pasar por encima de las leyes, incluso con una Constitución garantista como la actual. Y con una nueva Constitución como la que se propone, que pretende eliminar de un tajo los principios de la alternabilidad, del sufragio libre, de los derechos políticos amplios, una Constitución que simplemente enrosca en el poder a los que ya están, con una Constitución como la que pretenden aprobar, nos esperan muchos insultos y muchas cachetadas a todos los venezolanos de parte de la diputada Varela y de los demás seguidores afectos al gobierno.

El magistrado Cabrera tampoco está de acuerdo con la Nueva Constitución

El magistrado Cabrera tampoco está de acuerdo
con la Nueva Constitución

Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el domingo 11 de noviembre de 2007

Mediante sentencia del 2 de noviembre de 2007, y con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible una pretensión de amparo constitucional intentada contra la propuesta de reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “…por pretender tramitar como Reforma, un conjunto de propuestas que modifican la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional vigente”, según palabras del solicitante del amparo.
Como dijimos, la pretensión fue declarada inadmisible, pero, llama la atención, un voto salvado del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero en ducha decisión.
Según ese voto salvado, afirma el magistrado en cuestión que los cambios propuestos en la reforma tocan aspectos fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Inicia señalando que el Estado Social de Derecho no es, ni puede ser, lo mismo que un estado Socialista. En efecto, el Estado Social de Derecho fue analizado por esa Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Cabrera, en sentencia del 24 de enero de 2002, caso Créditos Indexados, a la cual hace referencia en el voto salvado, y a nuestro criterio, la mejor sentencia que ha dictado esa Sala Constitucional en los ocho años de vida que tiene, en el cual se dijo que el Estado Social de Derecho busca el estado de bienestar de los ciudadanos, (Welfare State como decían los alemanes, creadores del principio), mediante un equilibrio (que no igualdad o comunidad) entre clases, o entre el Estado y los ciudadanos, cosa que no es el fin de un estado Socialista.
Así, el magistrado Cabrera afirma contundentemente: “…un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como lo es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el Proyecto de Reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello -en criterio del disidente- puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del Texto Constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo”.
Es decir, un estado Socialista no puede ser nunca un Estado Social de Derecho, que es el que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por eso, remata el voto salvado que, es necesario para aprobar la propuesta, una Asamblea Nacional Constituyente, y no puede hacerse mediante el mecanismo de reforma de la Constitución: “No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado Socialista. Si ello lo decide el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal logro sería distinto al que la Sala ha sostenido en el fallo de 24 de enero de 2002 (Caso: Créditos Indexados) y ello conduciría no a una reforma de la Constitución sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente Originario. Al menos, en nuestro criterio esto es la consecuencia del fallo N° 85 de 24 de enero de 2002”. Casi nada.
Mantiene este criterio, ya afirmando que pareciera que hay una modificación en la estructura del Derecho a la propiedad, y que por tanto, “…surge un cambio en la estructura de este derecho que dada su importancia, conduce a una transformación de la estructura del Estado”.
Este voto salvado del magistrado Cabrera es consecuente con las sentencias que ha dictado la Sala Constitucional en cuanto al Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ratifica lo que una muy buena parte de los ciudadanos pensamos: ¿Cómo puede la Asamblea Nacional pretender cambiar aspectos fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante una reforma? La reforma constitucional es simplemente para cambiar aspectos no esenciales de la constitución. Cuando se pretenden modificar estatutos sustanciales de la carta magna, como por ejemplo, el sistema político del Estado, o el modelo económico, o se pretende eliminar la pluralidad política de los ciudadanos, en cuanto a que solo habrán derechos políticos si es en pro del socialismo, no se pueden hacer esos cambios mediante una reforma, sino mediante una Asamblea Nacional Constituyente, tal y como lo colocaron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los mismos que hoy pretenden desconocerla.
Tal voto salvado del magistrado Cabrera no es político, y eso lo diferencia de los otros magistrados de la Sala Constitucional, salvo del magistrado Pedro Rondón Haaz quien también manifestó su voto contrario a la decisión mayoritaria de la Sala. La sentencia de la Sala, de la cual salvó el voto el magistrado Cabrera, es completamente política, no respeta los principios jurídicos a los que se debe un tribunal, sobre todo, el máximo órgano judicial de la República. Por ello, saludamos con agrado este voto salvado, ya que intenta llevar las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al cauce jurídico, de donde nunca debió haber salido.

Comunicado Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre caso RCTV

Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Pronunciamiento sobre la presunta extinción de la concesión de la televisora RCTV

De acuerdo con pronunciamientos públicos de sectores gubernamentales, la decisión de no renovar la concesión otorgada hace más de cincuenta años a un medio televisivo nacional, se justifica por supuestas infracciones legales, incumplimientos y hechos delictivos, en que habría incurrido este medio con ocasión de la información de los sucesos del 11 de abril del 2002 y de la paralización de las actividades petroleras. Tales circunstancias, en opinión de esos sectores, justificarían la no renovación de la concesión. Ante esas declaraciones, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con estricto apego a la Constitución y la defensa del Estado de Derecho, considera necesario exponer a la opinión pública nacional su posición jurídica y de principios.
Haciendo abstracción de las circunstancias concretas que se han planteado en cuanto al supuesto vencimiento o no de la concesión, existen aspectos objetivamente apreciables en el tratamiento del tema que no parecen haber sido puestos de relieve, a pesar de su trascendencia para el debido respeto al orden jurídico establecido en un Estado que se define como "de Derecho y de Justicia".
En relación a este proceso se observa:
- El ordenamiento jurídico venezolano no permite condenar penalmente a las personas jurídicas. En esta materia está consagrada la regla según la cual las sociedades no pueden delinquir (societas delinquere non potest) y el principio de que el delito es únicamente un acto humano. Aunque doctrinalmente existe una corriente que acepta la responsabilidad penal de la persona jurídica, eminentes autores venezolanos estiman que es indispensable, para salvaguardar el derecho penal de garantías, adoptar la solución contraria.
Para adoptar una solución distinta a la que actualmente consagra nuestra legislación penal, se deberían reformar los preceptos constitucionales y las normas del Código Penal que hacen del delito en Venezuela un acto reprochable de la persona humana y pasar por alto las importantes dificultades dogmáticas con las cuales tropieza la responsabilidad penal en sentido estricto de las personas jurídicas y de las empresas;
- Que el propio Presidente de la República y otros voceros oficiales aluden al caso, anticipando que no se renovará la concesión a la empresa concesionaria, como respuesta de la autoridad pública, a la conducta observada por la emisora durante los acontecimientos del 11-13 de abril 2002, mención ésta que en ocasiones se complementa con la referencia a otras presuntas infracciones, derivadas de la calidad de la programación, ocurridas a lo largo de la actividad realizada. Tales hechos son públicos y notorios;
- Que se ha irrespetado el principio de imparcialidad que sujeta a la Administración Pública (artículo 12 Ley Orgánica de la Administración Pública y 30 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), pues se adelanta una posición tomada, con anterioridad a la oportunidad que corresponde (que sería el momento de evaluar imparcialmente, la eventual solicitud de renovación de la concesión, si ese fuera el caso);
- Que se ha irrespetado el debido proceso (articulo 49 Const.), pues es evidente que se ha decidido anticipadamente imponer una sanción (excluir a la empresa del acceso a la concesión), sin abrir el procedimiento debido para tal fin, con lo cual se viola también el principio de igualdad (pues en caso de que concurriera a un eventual procedimiento de asignación de la concesión, ya se sabe excluida de antemano), y se evidencia el vicio de desviación de poder en la decisión, pues se emplea la potestad de atribuir la concesión, no para la finalidad que la norma persigue (administración del espectro radioeléctrico), sino para castigar (sin procedimiento y sin tener cualidad para ello);
- Que se ha irrespetado el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en cuyo desarrollo fue aprobada por la mencionada Comisión la "Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión". Esta Declaración, en su Principio 13, proclama: "… el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley….";
- Que se ha incumplido el trámite formal de transformar los títulos otorgados a RCTV con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones (publicada en Gaceta Oficial Nº 36.970 de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas 12 de junio de 2000) y, en consecuencia, se ha incumplido la obligación de otorgar a RCTV la concesión y habilitación administrativa ajustadas a los términos de la referida Ley;
- Igualmente, debe recordarse que en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela (al igual que en la Ley española, que le sirvió de inspiración), se produjo la liberalización de telecomunicaciones, con lo cual desapareció el supuesto poder discrecional del Estado en cuanto a la renovación de las habilitaciones e incluso se modificó el concepto de las telecomunicaciones como "servicios públicos";
En el supuesto de que la renovación o extensión de estas concesiones a los medios de comunicación, constituya un acto discrecional del Ministerio del ramo; su adopción, sin embargo, está sometida a limites que impiden la arbitrariedad, como el respeto a los derechos fundamentales, la proporcionalidad y el principio de igualdad y de no discriminación ante otros medios de comunicación que estén en situaciones similares de vencimiento de sus concesiones para el 27 de mayo de 2007 y respecto de su renovación o no renovación.
Como consecuencia de la consagración de la democracia como valor superior del ordenamiento jurídico nacional, la organización de los medios de comunicación en el país debe regirse por el principio del pluralismo informativo
y de libre opinión, puesto que estos medios son instrumentos de las libertades de expresión, de información y de creación cultural. Por tanto, la no renovación de las concesiones a medios radiotelevisivos por causas como las anunciadas, conducen a un desequilibrio en la información y la pérdida de la credibilidad en la comunicación social, contrarias a los valores constitucionales del pluralismo, de la libertad y de la tolerancia.
Caracas, 23 de mayo de 2007

Totalitarismo hasta en el futbol

Totalitarismo hasta en el fútbol

Manuel Rojas Pérez

Desde hace tiempo se esperaba en Venezuela el inicio de la Copa América. Sin embargo, hemos podido presenciar como el gobierno, en su ya característico totalitarismo, iba llevando el torneo deportivo al terreno político: “La Copa ahora es de todos”; “Una pasión ocho estrellas”; “La revolución de la Copa América” son tres de las tantas consignas que el gobierno ha inventado par hacernos pensar que la Copa América es gracias a la revolución chavista.
En Maracaibo, se ve la cara del alcalde de esa ciudad, en todas las propagandas alusivas al certamen. Y en los estadios, anuncios alusivos al presidente, en un claro culto a la personalidad.
Pero lo peor, a mi parecer, vino en la inauguración. En primer lugar, luego de inaugurado en torneo por parte del vicepresidente de la Conmebol, el presidente Chávez tomo la palabra. No recuerdo haber visto a la canciller de Alemania hablando en la inauguración del Mundial de Fútbol. Bush creo que nunca ha dicho unas palabras en la inauguración de la Serie Mundial. Pero Chávez no podía quedarse callado.
En segundo lugar, luego de presentados los equipos, en lo que ya es un acto exclusivamente deportivo… ¡zas! ¡otra vez Chávez! Ahora, en la cancha saludando a los jugadores, como si él fuera un jugador más.
Totalitarismo es, como su palabra lo indica, la política de Estado que tiene por finalidad abarcar la totalidad de los espacios de la población. El totalitarismo tiene como signo esencial, que el Estado debe estar en todos los sitios donde se desenvuelva la sociedad. El Estado debe estar en todos los momentos del ciudadano. Desde que se despierta hasta que se acuesta. Para el totalitarismo, el Estado debe estar hasta en nuestros sueños.
El Estado se encuentra en los servicios públicos (en el metro, en los autobuses), en la televisión (casi todos los canales se encuentran de rodillas ante el gobierno); en la radio, en las calles, avenidas y autopistas; en el Internet; en los bancos, en los seguros; ahora, el Estado se encuentra hasta en los deportes.
Siguiendo con la inauguración de la Copa América, ese mismo día, mientras veíamos los últimos minutos del juego Uruguay-Perú, nos cortaron esa señal para pasar en cadena nacional la inauguración. ¡Carajo, de verdad no hay libertad en este país! Tengo mucho tiempo diciéndolo, pero es que eso es una muestra muy clara de ello. Ya no podemos ver siquiera cualquiera de los juegos de la Copa América que queramos ver, sino solo los juegos que el gobierno quiere que veamos. Ya no es solo que se quieren agarrar el torneo para ellos, sino que además estamos obligados a ver los juegos y la programación que el gobierno quiera.
Tamaña injerencia del presidente no puede ser pasada por debajo de la mesa. Una muestra tal de desmesurado autoritarismo tuvo que ser visto por los corresponsales extranjeros que se encontraban en Venezuela para transmitir los juegos.
Otro aspecto asqueroso fue la barra amarilla que había en las gradas del estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Mientras Chávez hablaba, la barra pintaba: “Bienvenido Sr. Presidente”.
También logramos presenciar la inmensa cantidad de personas con gorras de PDVSA. ¿No que era falso que las entradas las había obtenido casi en su totalidad el gobierno?
Sin embargo, los gritos de “Libertad, Libertad” no faltaron. A pesar de todo el esfuerzo que hizo el gobierno por tener personas afectas a él, o por lo menos obligadas a gritar consignas en su contra, so pena de despidos, se escucharon gritos y abucheos en contra del totalitario presidente.
El totalitarismo es campante en Venezuela. Ejemplos nos sobran: el arbitrario cierre de RCTV (si, es cierre); la represión a los estudiantes; la orden pública a los tribunales de no dictar sentencias en contra del gobierno la promesa de eliminar la autonomía de las universidades privadas; la reforma constitucional a espalda de los ciudadanos; y ahora, el presidente en el campo de fútbol junto a nuestros jugadores de la selección.
Sin embargo, y a pesar de la vergüenza que una vez más nos hizo pasar el presidente en la inauguración de la Copa América, estoy seguro que tanto los corresponsales extranjeros como los propios jugadores y técnicos de las diversas selecciones, se dieron cuenta del estado de podredumbre y calamidad en que se encuentra nuestro sistema político, al cual no puedo llamar democracia.
Seguramente los corresponsales, técnicos y jugadores extranjeros se habrán quedado con la impresión cierta, que este es un gobierno asfixiante, totalitario, que no da válvulas de escape para el respiro de la población. Que el gobierno pretende estar en todos los ámbitos y espacios de la ciudadanía.
Seguramente comentarán eso en sus países, y en los países donde juegan.
Así, nuestro trabajo consiste en que, al ver a algún extranjero que haya venido a presenciar la Copa América, explicarles que es lo que sucede aquí en el país. Demostrarles con hechos que este es un gobierno autoritario y totalitarista.

La Lucha por la Libertad

La lucha por la Libertad
(Editorial del diario Correo del Caroní del día miércoles, 27 junio 2007)

La libertad de expresión y los derechos humanos en general son valores y principios consagrados por la conciencia democrática de nuestro pueblo y en la Constitución.
Las naciones cuyas instituciones de poder público y ciudadano honran, respetan y defienden tales principios disfrutan de una armoniosa estabilidad que sirve de plataforma para el trabajo equilibrado de sus factores creativos en función del avance y progreso social en libertad. Es el camino idóneo hacia el desarrollo espiritual y material, por el bienestar y la mayor suma de felicidad para el pueblo.
En Venezuela, lamentablemente, estos derechos y premisas éticas ya no son respetadas ni existen para el poder dominante.
El régimen que gobierna nuestro país los ha secuestrado.
Las armas en el poder han violado flagrantemente nuestra Constitución y pretenden imponerle al pueblo reformas constitucionales para ratificar una dictadura caracterizada por el perverso estilo cubano.
Las armas en el poder han traicionado a la Patria.
La voz de protesta de las mayorías es lo que queda y se ha hecho sentir con absoluta firmeza en los últimos tiempos.
Una prioridad del régimen totalitario es callar la voz del pueblo e impedir su acceso libre a la información plural.
Ahora el descontento es masivo y manifiesto, surgido de la experiencia vivida ante el engaño reiterado y ofensivo, la corrupción, la intolerancia, la exclusión y la pobreza sin precedentes.
Ya no es reversible la indignación popular ante tanta mentira que reta a la inteligencia del pueblo y se burla cínicamente de la confianza por muchos depositada.
Por eso quieren cerrarle las vías independientes de expresión y de información a la gente.
La actual oligarquía en el poder -nacional e importada- se emplea a fondo con todos sus arteros recursos y en todos los niveles para tratar de poner a los periodistas y medios de comunicación independientes a beber en su funesta copa el ominoso brebaje de la subordinación negociada. América y el mundo ya conocen que quien dignamente rechaza la invitación a beber con el régimen puede esperar evidente o asolapada violencia, persecución, saboteo, confiscación, atropello.
Esta realidad es ahora imposible de disimular o borrar.
Pero en esta Casa de las Ideas no han mermado ni se agotarán en lo más mínimo las fuerzas de la dignidad.
El Compromiso Histórico asumido desde hace 30 años por el CORREO del CARONI, inspirado en el mensaje del CORREO del ORINOCO fundado el 27 de junio de 1818 por nuestro Libertador Simón Bolívar, se mantiene y se proyecta con toda firmeza en la acción por la justicia y un mejor futuro para Venezuela.
En esta fecha de nuestro trigésimo aniversario damos gracias a Dios por los favores recibidos, por el privilegio de permitirnos ser protagonistas en esta lucha de nuestro pueblo por la libertad. Agradecemos también y valoramos con emoción el respaldo de la gente al CORREO del CARONI y la consolidación de nuestro liderazgo en el periodismo venezolano.

Hacia la Refundación de la República venezolana: (I) Sistema de Gobierno Parlamentarista

Hacia la Refundación de la República venezolana:
(I) Sistema de Gobierno Parlamentarista
Manuel Rojas Pérez

(Un análisis más detallado de estas propuestas se hacen en Manuel Rojas Pérez. “Sobre la posibilidad de un Sistema Parlamentario en Venezuela y Otras propuestas” en “Temas Constitucionales. Planteamientos ante una eventual Reforma”. Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Caracas, 2007. Pág. 501 a 560).


El Parlamentarismo como sistema político ha sido implantado, positivamente, en la gran mayoría de los países Europeos. En casi todos ellos, este sistema ha resultado eficaz, teniendo un Gobierno efectivo, responsable y sensible a los problemas sociales, así como un Parlamento respetuoso y representativo. En definitiva, un aparataje político-institucional para toda la sociedad y no para una sola parte.
Por su parte, en América, la aplicación del presidencialismo ha sido histórica. Desde los Estados Unidos hacia abajo, todos los países, con sus matices, han aplicado el sistema presidencialista. Casos como el de Perú, donde tienen un primer ministro, no los aleja del sistema presidencialista, son de la figura del presidente y su irresponsabilidad política frente al parlamento, es la característica esencial del modelo de Estado.
Venezuela en particular nunca ha tenido un sistema de gobierno distinto al presidencialista. Ya decíamos supra que el sistema presidencialista deriva, por lo menos en América Latina, de la concepción mesiánica de confiar en un caudillo y no en instituciones.
Demasiados caudillos ha tenido nuestra historia: Boves, Bolívar, Páez, Monagas, Guzmán Blanco, Crespo, Castro, Gómez, Betancourt, Pérez, Caldera, Chávez. Demasiados “lideres”. Y hemos estado eternamente en confrontaciones políticas y armadas, a pesar de nuestros líderes, de nuestros caudillos. Como lo dijo Cabrunas: “Venezuela desde la batalla de Carabobo ha vivido una constante batalla”.
Quizás el problema de Venezuela no sea el caudillo, el líder, el mesías, el presidente, sino que sea más bien un problema de falta de institucionalidad, de falta de concertación entre los factores políticos representativos de la sociedad toda.
Por tanto, puede decirse, que en Venezuela podría intentarse la aplicación de un sistema parlamentarista.
La clara decadencia del presidencialismo nos lleva a plantear la instauración de un régimen parlamentario en Venezuela. Con el presidencialismo se construyó una República democrática, pero su tiempo pasó y se agotó.
Indudablemente, la vida política de los últimos años es una demostración que el sistema presidencia conduce a la inestabilidad política y frena el desarrollo.
El régimen parlamentario implica que el Poder Ejecutivo no es orgánicamente independiente del Legislativo; surge de él y es políticamente responsable ante el Parlamento. Se crea así, un control recíproco derivado del poder de disolución del Parlamento que tiene el Gobierno, frente al poder de censura que detenta el Parlamento.
El poder político se encuentra compartido entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, lo que impide la concentración de poderes en una sola persona y a favor de un solo grupo, como se produce en el presidencialismo, conformándose una aberración política.
El sistema parlamentario pareciera entones necesario en Venezuela para acabar con el control unipersonal del poder que deviene desde hace mucho tiempo. El parlamentarismo, constituye en definitiva, una evolución del principio de separación de los poderes de Montesquieu.
Nuestra idiosincrasia política nos tiene acostumbrados a estar gobernados por un líder, y no por un grupo homogéneo de figuras que, actuando entre si, podrían llegar a soluciones globales, representándose a toda la sociedad.
¿Qué proponemos nosotros? Creemos que puede aplicarse un sistema parlamentario mediante el cual el presidente de la República sea elegido por el Parlamento, el cual deberá necesariamente volver al bicameralismo. El presidente a su vez, pueda nombrara al primer ministro, y este a su vez, a los ministros. Por supuesto, existirá, como en todo régimen parlamentario, las posibilidades de ejercer el voto de censura y eventual dimisión del Consejo de Ministros, y la disolución del Parlamento, respectivamente.
El presidente de la República, como jefe de Estado exclusivamente, fungiría como el símbolo de la unidad nacional, esa persona capaz de lograr reunir a las partes en conflicto en las inevitables crisis políticas que se generan en los estados democráticos, y lograr un consenso.
En un hipotético sistema parlamentario en Venezuela, el presidente de la República de Venezuela, deberá tener atribuciones de índole legislativa, ejecutiva y jurisdiccional.
En cuanto a la legislativa, podrá dirigir mensajes al Parlamento; convocar las elecciones de las nuevas Cámaras; autorizar la presentación de proyectos de ley emanados del Poder Ejecutivo; promulgar las leyes; dictar decretos leyes, previa ley habilitante y solo en materia económica y financiera, siempre que medien comprobadas causas de urgencia legislativa; reglamentar las leyes, y; convocar referendos.
También dijimos que tendría atribuciones propias de su cargo, como son las funciones ejecutivas: nombramiento del primer ministro, más no su destitución; acredita y recibe a los representantes diplomáticos; ratifica los tratados internacionales; tiene el mando de la Fuerza Armada Nacional, y; declara el estado de guerra, siempre bajo la aprobación del Parlamento.
Por último, este funcionario tendría funciones de tipo jurisdiccional, pudiendo conceder indultos, en los casos permitidos por una eventual Ley de Indultos.
El presidente sería, bajo estos supuestos, irresponsable políticamente ante el Parlamento.
El nombramiento del presidente de la República será elegido por el Parlamento en pleno, mediante votación secreta y con mayoría de dos tercios del Poder Legislativo. Después de la tercera votación, será suficiente la mayoría absoluta.
Creemos que las condiciones para ser elegido presidente de la República deben ser de modo tal, que solo puedan aspirar personas de muy reconocida moralidad, capacidad administrativa y gerencial, y que tenga suficiente experiencia de vida como para asumir el reto de ser nada más y nada menos que el representante de la unidad nacional.
Por ello, solo podrían ser elegidos para ese cargo, todo ciudadano que haya cumplido cincuenta años de edad, que se encentre en perfecto goce de sus derechos civiles y políticos, que no haya sido condenado mediante sentencia definitivamente firme con carácter de cosa juzgada formal y material por actos de corrupción o delitos contra personas.
El presidente de la República podrá ordenar la disolución del Parlamento cuando, en un periodo constitucional, el Consejo de Ministros sea vetado de desconfianza por tres veces, o cuando existan razones para pensar que el pueblo ha perdido confianza en el parlamento o en el Consejo de Ministros. Luego de esa disolución, se abrirá un lapso de sesenta días para hacer un llamado a elecciones del Parlamento.
Por su parte, el primer ministro sería el jefe de Gobierno, esto es, el encargado de la Administración Pública Nacional y el jefe de las relaciones interiores. Tendría evidentemente, responsabilidad política frente al Parlamento, y fundamentalmente, sería el funcionario superior jerarca de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno detentará plena autonomía con respecto al presidente de la República. Si bien éste último sería el funcionario competente para nombrar al primer ministro, el único con potestad para ordenar su salida de su cargo, previo voto de censura sería el Parlamento, y nunca el presidente, todo ello para asegurar el verdadero respeto por la autonomía del Gobierno frente al presidente.
Las funciones del primer ministro, que siempre actuará con la aprobación de sus actos por parte del Consejo de Ministros, serán fundamentalmente las de llevar la actuación gubernativa y administrativa del Estado. El primer ministro dirige la política general de gobierno, que debe ser aceptada en sus líneas esenciales por el Parlamento; mantiene la unidad de la orientación política y administrativa; promueve la actividad de los ministros; refrenda los actos presidenciales de valor legislativo; rige la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales; otorga, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los contratos relacionados con asuntos propios del Gobierno, lo cual sería ejercido por cada ministro en su cartera correspondiente.
Será el presidente de la República quien elegirá al primer ministro. A su vez, el primer ministro nombrará a los otros ministros. En este sentido, todo aquel ciudadano que tenga más de treinta años podrá ser elegido como miembro del Consejo de Estado.
La usanza en Europa, como se dijo, es que sean nombrados en el Gobierno a miembros del parlamento. Sin embargo, podríamos establecer un sistema distinto en Venezuela. Podría establecerse en nuestro ejercicio hipotético, que el primer ministro deberá emanar del Parlamento, es decir, la persona que se nombre como primer ministro deberá ser, necesariamente, parlamentario activo en el momento de nombramiento. En cuanto a los ministros, estos preferiblemente serán parlamentarios, más no sería una condición definitiva, como si lo sería con el primer ministro.
El Consejo de Ministros deberá tener la confianza del Parlamento en pleno. Dentro de los diez días de su formación, el Consejo de Ministros se presentará ante el Parlamento para obtener o no su confianza.
En cuanto a la moción de censura, que es el único medio para poder remover a l primer ministro y a los demás ministros, la misma deberá ser aprobada, al menos por mayoría de dos tercios del Parlamento, y después de la tercerea votación, será suficiente la mayoría absoluta, todo ello para garantizar que el Gobierno de turno sea siempre legítimo y representativo de los intereses de los ciudadanos.
Creemos que debe asegurarse la continuidad administrativa. Podría implementarse un sistema mediante el cual, luego de un voto de censura que obligue a la dimisión del Consejo de Ministros, no podría plantearse una nueva censura en un lapso determinado. Creemos que pudiera hablarse de un lapso de ocho meses, todo ello, para asegurar cierta estabilidad, evitar votos de censura irracionales, pero con un lapso relativamente corto para que puedan resolverse futuras crisis. O en este mismo sentido, podría establecerse que el Parlamento si podría censurar al nuevo gobierno, pero que una censura dentro de esos ocho meses implica la disolución del Parlamento.
Por su parte, el Parlamento en nuestro hipotético sistema parlamentario, como ya anunciamos, deberá necesariamente volver al sistema bicameral, para que una Cámara, la del Senado, represente a los estados, mientras que la otra Cámara, la de diputados, represente al pueblo. Con esto, también se asegura una mayor legitimidad y representatividad de la sociedad.
Para ser diputado, se requerirá tener veintiún años de edad, mientras que para ser senador, deberá tenerse por lo menos treinta años.
Evidentemente que el Parlamento tendrá como función primordial la de elaborar las leyes. Pero, como dijimos, va a tener una competencia espectacular desde el punto de vista político, como lo es el control. El Parlamento controlará políticamente al Gobierno, y podrá decretar su responsabilidad mediante el voto de censura.
Para implantar un régimen parlamentarista en Venezuela, se requiere necesariamente de una modificación de fondo del sistema electoral. Se requeriría un sistema que favorezca la representación, la participación y la lógica mayoritaria del sistema parlamentario.
Debe estructurarse entonces, un sistema de equilibrio mayoritario y limitar el régimen de representación proporcional de las minorías. El ciudadano debe sentirse representado nacional y localmente, por lo que un nuevo sistema electoral debe respetar dicha aspiración del ciudadano de ser efectivamente representado.
Como recuerda Mejía Betancourt, el régimen electoral mayoritario tiene como objeto la formación de mayorías que hagan funcionar debidamente la democracia parlamentaria, mientras que el régimen proporcional de las minorías tiene como objeto reflejar la composición del electorado. Luego, el régimen electoral que más beneficia a la concreción de un sistema parlamentario es justamente el sistema electoral mayoritario, como el que se utilizó, por ejemplo, para la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999.
Hemos tenido dictaduras, justamente por una tendencia caudillesca, una tendencia del autoritarismo, que adviene por una ausencia de ciudadanía, de conciencia ciudadana. En el régimen presidencialista, se refuerza extremadamente esa tendencia indeseable.
El régimen parlamentario sería una oportunidad para evaluar positivamente un poco más de los parlamentos, entre nosotros no pasa esto, por el contrario, la gente tiene poco interés en las elecciones parlamentarias, y mucho en las presidenciales, que es de alguna manera, un cacique, un líder caudillesco.
Por ello, a riesgo que nos llamen necios o insensatos, creemos que aplicar un sistema parlamentario en Venezuela es algo que puede ayudar a mejorar y acabar con nuestras interminables crisis política e institucional.
La incoherencia interna del sistema presidencialista y su enorme potencial para generar conflictos y bloqueos, no han podido ser resueltos mediante la introducción de figuras cuasi parlamentaras en algunos países latinoamericanos. Medidas como la posibilidad de la moción de censura, o la obligación para los partidos de actuar como bancada, no han logrado solucionar los problemas propios del sistema presidencial allí donde han sido aplicadas. En ocasiones, solo han logrado introducir más confusión al sistema.
Por estas razones, varios estudiosos han propuesto que las democracias de nuestro continente adopten el sistema parlamentario. Dicho sistema evita por naturaleza el bloqueo legislativo entre el Parlamento y el jefe de Gobierno; además, de presentarse por alguna razón tal bloqueo, o alguna otra situación que haga perder la confianza en el ejecutivo o el legislativo, el sistema parlamentario tiene mecanismos rápidos y eficaces para solucionar democráticamente la situación.
El parlamentarismo tiene una función simbólica, ideológica, esencial en democracia, que es el crear consenso político. Esto sirve para cohesionar el orden social. “Tendencialmente, el legislativo aparece como un importante subsistema de intervención y corrección de las disfunciones sociales: tiende a garantizar la producción social del consenso en el sentido de la dirección política”. Solo en el sistema parlamentario existen incentivos fuertes para la cohesión de los partidos políticos alrededor de programas e ideas. Igualmente, solo en este sistema hay incentivos para que se conforme una oposición constructiva, tipificada por excelencia en la institución del “gabinete en la sombra”.
Las consideraciones teóricas y prácticas indican que el presidencialismo fomenta relaciones políticas de confrontación, mientras el parlamentarismo es más flexible para conseguir consensos, lo que sería más conveniente si se quiere afianzar la democracia, fomentar la estabilidad y superar las crisis.
Acaso, el motivo a nuestras crisis políticas es la inexistencia de un sistema que implique la legitimidad en el tiempo de los funcionarios elegidos popularmente. Quizás deberíamos contar con una presidencia de Estado como la italiana, electa en segundo grado por lo menos con dos tercios de la totalidad de los miembros del Parlamento, con lo cual se obliga a un amplio consenso, y a una gran respetabilidad del cargo del presidente de la República. Ese consenso es necesario en nuestra Venezuela.
Necesitamos fórmulas que nos permitan salir rápidamente de las crisis institucionales y políticas en las cuales se encuentra sumergida Venezuela desde hace bastante tiempo, sin que se pueda negar la existencia de esa crisis. La promesa de modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, una constitución que, en principio, duraría más de cien año, según lo dicho por su máximo promotor, nos hace llegar a la conclusión que nos encontramos en una grave crisis constitucional, que debemos necesariamente solucionarla.
Es el presidencialismo, ya lo decíamos, la fórmula que más se asemeja al caudillismo, que es indudablemente, la vía más cercana a la arbitrariedad y la más alejada a la democracia. No en vano, el maestro García de Enterría dice: “…lo propio de los caudillos es no tener reparos de conciencia sobre la legalidad y afirmar que solo responden ante Dios y ante la historia…”. Así, el presidencialismo es posiblemente la forma más sencilla de lograr la muerte de la democracia.
El sistema presidencialista fomenta el caudillismo y el culto al personalismo. En dicho sistema, el futuro político de un líder se labra generalmente a través de acciones y de reconocimientos meramente personales. Paga más ser una figura distinguida en los medios que ser un juicioso y disciplinado miembro de un partido político. Es mejor ser alcalde de una gran ciudad que ser un destacado parlamentario.
Ya lo hemos vivido en América. Pérez Jiménez, Trujillo, Pinochet, Stroessner, Fujimori, Castro, Aristide, Perón, los Somoza, Videla, Noriega, Velasco, López Arellano. Demasiados dictadores para tan poco tiempo de historia. Sin contar con los presidentes que, amparándose en un manto de legitimidad democrática de origen, realizan gobiernos autoritarios, muy cercanos a verdaderas dictaduras.
Ese caudillismo perverso debe terminar. Y el presidencialismo es el manto en la cual se esconde el caudillismo. La razón para mantener un sistema presidencial en nuestros países latinoamericanos, no es otra cosa que este sistema sea el celestino del caudillismo.
Hay que buscar fórmulas para mejorar las condiciones de nuestro sistema constitucional. Tenemos que hacerlo. Creemos que la conversión a un régimen parlamentario en Venezuela es una vía.
Muchos se opondrán a la tesis de la aplicación del parlamentarismo en Venezuela porque dicho sistema nunca ha sido aplicado en nuestra patria. Con frecuencia, quienes ven con escepticismo esta propuesta para Venezuela, y en general para América latina, argumentan que en nuestros países no existen partidos o no existe parlamento, queriendo con ello destacar que la existencia de partidos y parlamentos sólidos y disciplinados es un prerrequisito para siquiera pensar en el sistema parlamentario. Pues tales requisitos no existían en España, cuando ese país realizó su muy exitosa transición a la democracia, luego de una historia política en la cual la experiencia democrática era incluso inferior a la de muchos países latinoamericanos.
La crisis institucional en que se encuentra sumergida Venezuela desde hace más de veinte años, por lo menos, nos obliga a innovar. Como dijo el maestro Simón Rodríguez, tan nombrado en estos días: inventamos o perecemos.
Si nuestro sistema presidencialista ha sido un rotundo fracaso, como en efecto lo ha sido, cuando menos por experimentar algo sería razonable que se adoptara un régimen que ha sido utilizado por casi todos los países desarrollados del mundo: Inglaterra, Italia, España. Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Japón, Noruega, Holanda, Suecia…
O utilizando una cita de Moisés Moleiro, quien se refería a un cambio de concepción de pensamiento político, pero que puede ser aplicado a lo que aquí señalamos: “Es hora, por supuesto, de abandonar las posturas simplistas y utópicas, como recurso al juicio de la historia que escribirán nuestros nietos. Es necesario sumergirse en los procesos reales y crear en ellos –y a través de ellos- la fuerza alterna que, sembrada en las masas pueda originar un orden político, económico y social diferente”.
Venezuela, gracias a la tendencia maligna que es el caudillismo, derivado en tiempos modernos en presidencialismo, ha tenido innumerables gobiernos autoritarios, pasando por verdaderos déspotas, los que no fueron tanto, y los que siéndolo, se hicieron pasar por demócratas. En el régimen presidencialista, la tendencia al autoritarismo se refuerza, se hace palpable.
Crisis políticas muy serias podrían tener solución en el régimen parlamentario. Cuando menos, serviría para que volviese un poco la atención para la formación real de partidos políticos para la representación verdadera de la comunidad, de lo cual actualmente carecemos.
El régimen parlamentario es, además de todo, una forma más evolucionada de la democracia, porque no es el predominio simplemente de un grupo, sino que al estar representados todos los elementos de la sociedad en el Parlamento, se tiene indefectiblemente un sistema más equilibrado.
Lo importante al final del día, es lograr un sistema de gobierno que garantice una verdadera democracia, una verdadera representatividad de todos los ciudadanos, y no de un grupo de ellos, así sea mayoritario.
En la democracia, en definitiva, está la clave, el elemento central de cualquier sistema de gobierno y de cualquier ideología política. Podemos ser socialistas, liberales, socialdemócratas, capitalistas, presidencialistas, parlamentaristas. Podemos inventar nuevas formulas nunca antes aplicadas en el mundo.
Todo ello es válido, siempre que la democracia sea el factor fundamental de los sistemas a aplicarse, pues como dijo hace algunos años el profesor boliviano Walter Montenegro: “Gracias a las instituciones democráticas (aunque fueran incipientes), el hombre adquirió una libertad y una noción de su dignidad que no había conocido nunca, salvo quizá, y en medida relativa, en Atenas. Aprendió a orientar su propio destino, sin que para ello fuera obstáculo la posición que ocupara en la sociedad. (…) Lo que importa es que tomó posesión de la materia prima de ese destino; se evadió para siempre de situaciones en que su suerte, como la de un rebaño, era barajada por otros, que para ello, invocaban poderes divinos o prerrogativas hereditarias”.

Una sentencia aberrante

Una sentencia aberrante

Si algo en todo este tiempo ha dado lastima y vergüenza, es la legitimación del delito de robo que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de este viernes 25 de mayo de 2007, en el caso de RCTV, donde ordenan la incautación de los bienes de esa televisora, y su traspaso a la televisora de servicio público que entró en la señal del canal 2.
Una sentencia grotesca, denigrante.
El Derecho de los usuarios a una televisión a nivel nacional no puede en ningún momento pasar por encima del constitucional derecho a la propiedad.
El derecho a la propiedad no es sagrado. Eso lo sabemos. Por encima está el interés general. Pero, para que el interés general sobrepase al interés particular se deben dar una serie de procedimientos jurídicos que, en este caso, no solo no se cumplieron, sino que prácticamente fueron abolidos por la fatal sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Para que un particular pierda su derecho a la propiedad a favor del colectivo, se debe iniciar un procedimiento de expropiación, única manera que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para pasar por encima del derecho a la propiedad.
Es decir, el poder legislativo debe hacer la declaración de interés público de una serie de bienes muebles o inmuebles, para que luego, la Administración pública inicie el procedimiento propiamente de expropiación, mediante el cual ofrecen al propietario del bien a expropiar, el pago justo por ese bien. Es algo así, para los que no entiendan términos jurídicos, como una venta forzada.
Luego, si no se logra un acuerdo en cuanto al precio, la Administración deberá iniciar el juicio por ante los tribunales competentes.
Pero en este lastimoso caso, ninguna de estos supuestos jurídicos, obligatorios para el Estado, han sucedido.
No hubo declaratoria de interés público por parte del poder legislativo.
Tampoco se inició el procedimiento de expropiación consagrado en la ley de Expropiación por Causa de Utilidad pública o Social, mediante el cual se le ofrecería el monto del justo precio a las empresas 1BC.
Mucho menos, hubo un juicio donde dicha empresa pudiese expresar sus alegatos para que no le revocaran el derecho a la propiedad de sus bienes.
No, lo único que hubo fue una solicitud de amparo intentada por un grupo de usuarios que, al verificar que TVES no tendría los mecanismos suficientes para salir al aire, pedían dejar sin efecto el cierre de RCTV. Solicitud que, por cierto, fue decidida al día siguiente.
¿Y que hizo la Sala? Justamente lo contrario a lo solicitado. En vez de declarar sin lugar la solicitud de amparo, procedieron a otorgarle los bienes a Teves, cosa que ¡nadie pidió en el juicio de amparo!
Aquí, la Sala Constitucional incurrió en citrapetita, es decir, otorgó algo diferente a los que se le había solicitado.
El juez constitucional, como todos los jueces en las distintas competencias jurisdiccionales, debe atenerse a lo estrictamente solicitado, excepción hecha en los casos de revisión constitucional o contencioso administrativo, en los cuales el juez puede anular un acto administrativo por razones diversas a las alegadas.
Pero, lo que no puede nunca ningún juez, en ningún área del conocimiento jurídico, es dar algo que no se pidió. Es decir, se puede anular un acto administrativo por cosas que no hayan sido alegadas en juicio, pero no se puede conceder derechos no solicitados y que no sean objeto del litigio.
Aquí, no se dio derecho a la defensa a las empresas 1BC. No se les permitió defenderse. Ni siquiera se les llamó a dicho juicio.
Y en este caso, llamar al juicio a las empresas en cuestión era algo obligatorio, toda vez que dichas sociedades mercantiles eran las propietarias de los bienes que pasaron a ser de TVES.
Esto no es un préstamo, como quieren hacer ver algunos sectores oficiales.
Esto fue una vulgar confiscación. Un asesinato del derecho a la propiedad. Una expropiación sin procedimiento alguno. Una completa arbitrariedad.
Los abogados todos los días tenemos que lidiar con la mala fama de nuestro gremio.
Pero esta aberrante sentencia denigra aún más la profesión de abogado frente a los ciudadanos.
Magistrados, ¿y nuestro Estado de Derecho?

¡No es término de concesión, es cierre!

¡No es término de concesión, es cierre!

Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el sábado 19 de mayo de 2007

Mucho se oye de parte de los voceros del oficialismo rebatir la especie del cierre de RCTV. Cuando se señala que el gobierno cerrará RCTV, sale siempre un miembro del gobierno, o afecto a él, a señalar que “no es un cierre, es el término de una concesión”.
Me propongo por medio de este artículo, a demostrar que lo que va a suceder con RCTV el 27 de mayo, es un cierre, una vulgar vía de hecho, que no tiene basamento jurídico alguno, que menoscaba principios internacionalmente reconocidos, que por tanto viloa de manera directa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y donde hablar de culminación del término de la concesión es una conclusión basada en una errónea argumentación jurídica, es decir, una falacia, por no decir una estupidez.
Una concesión es el acto jurídico mediante el cual el Estado delega en una persona una parte de su autoridad y de sus atribuciones para la prestación de una actividad de interés general, a la cual, en principio, le corresponde prestarlo al Estado. Ciertamente, las concesiones son contratos donde cada una de las partes (el Estado como concesionante y el particular como concesionario) tienen reciprocas obligaciones, y siempre está sucrito por un tiempo determinado.
Ahora bien, las concesiones pueden ser revocadas por el Estado cuando existan elementos de mérito que implique esa posibilidad, siempre que la Ley lo permita.
En nuestro caso en particular, no existe un elemento de mérito para cerrar RCTV. Cuando en derecho público se habla de cuestiones o elementos de mérito, se está refiriendo a una situación que genera beneficios para el interés general.
Así, no existe ningún elemento de merito que haga pensar que el cierre de RCTV beneficia al interés general. Por el contrario, los hechos en los cuales se basa el gobierno para cerrar RCTV son supuestos de hecho de asuntos que ocurrieron en el año 2002, cuando, por cierto, otras emisoras de televisión incurrieron también.
Esto viola el principio de la igualdad que consagra la aun vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego, una violación al constitucional principio de igualdad no puede nunca ser beneficiosa para el interés general.
En segundo lugar, las encuestas que daban ganador a Chávez en el 2006, dicen hoy que el ochenta y seis por ciento de la población está en contra del cierre de RCTV.
El interés general es la búsqueda del beneficio de todos los ciudadanos, regidos bajo sistemas democráticos. Haciendo un silogismo, si la mayoría de los venezolanos aborrecemos el arbitrario cierre de RCTV, no puede ese hecho beneficiar al interés general.
Pero por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que los tratados internacionales y los principios humanos forman parte de los derechos de rango constitucional, así no estén establecidos expresamente en dicha Constitución.
Es el caso que, la declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F, el 11 de marzo de 1994, establece una serie de principios aplicables para la libertad de prensa.
El séptimo principio señala expresamente lo siguiente: Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
Este principio es clave. El Estado debe abstenerse de utilizar sus medios de poder de imperio para sancionar a periodistas o medios de comunicación. En otras palabras, la simple amenaza a la concesión de un medio de comunicación es, de por si, un menoscabo directo a la libertad de expresión.
En nuestro caso, el del cierre de RCTV, el presidente ha señalado claramente que pretende acabar con la señal del primer canal histórico de Venezuela, porque el 11 de abril de 2002 no se apegó dicho cabal a los designios de Chávez. Al haber cortado la pantalla, -lo que, en todo caso, equivaldría quizás a una sanción por parte de Conatel- se convierte en una confesa retaliación hacia esa planta televisiva.
En definitiva, la poco pensada defensa de los miembros del Gobierno, de señalar que lo que sucede con RCTV es el término de la concesión, es errada, es una falacia.
No existen situaciones de merito que permitan no renovar la concesión; hay principios reconocidos internacionalmente que prohíben el actuar del gobierno en cuanto a RCTV.
Luego, estamos frente a un cierre, a un arbitrario cierre, sin basamentos legales para ello. Una vía de hecho.
¡No es término de concesión, es cierre!

El pensamiento único y la negación de la historia

El pensamiento único y la negación de la historia

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del Caroní el 6 de abril de 2007

Lo que está planteado en la mesa del oficialismo, no es otra cosa que un pensamiento único. Sino, ¿para que quiere el comandante un partido único? Simplemente, para tener un sólo pensamiento político, un sólo carril, y pobre del que se salga del mismo.
El problema capital del pensamiento único, es que se tiene una sóla idea de las cosas, una única noción, lo cual trae como consecuencia el nacimiento de una sociedad autómata, que no ve más allá de lo que permite el líder.
Cuba, por ejemplo, o la Rusia comunista, son claros ejemplos de ello. La educación es exclusivamente impartida por el Estado. Luego, la única verdad posible es la que al Estado le conviene. Para los cubanos, el único modelo económico existente en el mundo es el comunista. Fuera de ello, lo demás no existe.
En Venezuela, se nos viene encima el pensamiento único. Ya el presidente está decidido a conformar un partido único, con aspiraciones de una sóla tendencia revolucionaria, donde no exista marxismo, trotskismo, leninismo, socialismo democrático o hasta capitalismo. No, sólo puede haber un único pensamiento: el socialismo del siglo XXI, que, ni es socialismo, ni es de este siglo.
Aquí, caemos en lo que quiero rescatar con este escrito. La historia. Siempre he dicho que este gobierno, y en particular el presidente, se ha dedicado a trastocar la historia, a reformarla, a taparla con un dedo, hasta desfigurarla por completo. Me explico con un ejemplo.
El nuevo enemigo de la revolución es el general José Antonio Páez. La historia de Páez es apasionante. El militar que, junto con un grupo de zambos alzados, con un cuerpo de caballería logró tomar siete barcos españoles, anclados en medio del río Apure; que, bajo las ordenes del Libertador recuperó militarmente a San Fernando de Apure y con ello, a los llanos venezolanos; que derrotó a Miguel de la Torre; que el 2 de abril de 1819 aplastó en las Queseras del Medio al general Pablo Morillo; que desempeñó un papel básico en la Batalla de Carabobo; que en 1823, tomó la plaza de Puerto Cabello, último refugio de los españoles en Venezuela. Páez, que desafió la autoridad de Bolívar, y se opuso a la unión de las naciones latinoamericanas en una sola.
¿Por qué entré en este tema si venía hablando del pensamiento único chavista? Bueno, justamente, porque el pensamiento único intenta alterar a la historia a la conveniencia del Estado.
En el caso de Páez, tenemos un ejemplo preciso. Reconocer la historia y la importancia del general Páez es aceptar que pueden existir contrafiguras a los símbolos históricos fundamentales. Páez se convirtió, por obra de las circunstancias, a mi parecer, en una contrafigura del Libertador, en una sombra a su grandeza. Páez, fue alguien que, si bien no restó meritos a Bolívar, si le quitó protagonismo.
Es esto lo que molesta a Chávez, quien se cree un Bolívar reeditado y hasta mejorado. Como Chávez lo entiende, Bolívar no puede tener a nadie que le reste protagonismos porque se pemitiría la existencia de una contrafigura a Chávez. La negación de Páez por parte del presidente Chávez es un llamado para todo aquel que pretenda hacerle sombra a su grandeza, a quien quiera hurtarle importancia. El pensamiento único aquí, sirve entonces para programar a la sociedad, a que no se atrevan a confrontar las ideas del comandante. A actuar como robot, como computadoras y no como seres humanos. ¿Dondes está aquí el fulano socialismo y el humanismo que dice tener la filosofía chavista?
No pretendo aquí defender o no la posición que en su momento tuvo Páez, para ello están los Herrera Luque, Morón, Manuel Alfredo Rodríguez, Carrera Damas, Uslar Pietri, Caballero. No puede ser historia lo que quiere el comandante.
Entonces, el pensamiento único chavista, ha pretendido hacernos olvidar y hasta renegar de nuestra historia. Ya Páez no hizo lo que hizo, porque al Estado no le conviene que haya hecho eso. Páez es ahora un traidor y debe ser execrado, porque al Estado le conviene no tener contrapesos.
El pensamiento único planteado, resiste la idea de confrontaciones o debates de ideas, de proyectos, de planteamientos. Para el pensamiento único, la disidencia es traición.

¿De verdad Podemos? (o crítica al pensamiento único)

¿De verdad Podemos? (o crítica al pensamiento único)

Manuel Rojas Pérez

Publicado en el Correo del Caroní el 2 de abril de 2007

Cuando escuché el discurso de Ismael García, donde anunció que Podemos no se disolvía, y criticando a su vez el pensamiento único chavista, simplemente no lo creí. Vi a Ismael, y lo sigo viendo así, como si fuese otro Arias Cárdenas, que se disfrazó de opositor para hacernos caer en su juego.
Pero, al escuchar el viernes pasado a Didalco Bolívar, oponerse a un partido único, me nació la duda si en verdad el gobierno está haciendo aguas por un costado.
No se porque ese discurso me llamó tanto la atención, como no lo hizo el de Ismael García. Quizás, porque a Didalco, hasta ahora, lo tengo como uno de los pocos chavistas serios que detentan algún cargo público. Por ello, al escuchar su arenga, no puedo menos que pensar que algo serio está pasando en las filas oficialistas, y no otro trapo rojo. Quizás, estamos frente a un temblor que puede terminar en terremoto.
El pensamiento único político pareciera que está dando golpes en las bases de la unidad chavista. Y es que no puede ser de otra manera. Dentro del chavismo hay muchas, demasiadas, doctrinas políticas, o lo que es peor, inconsistencias y hasta ignorancia de esas doctrinas. Se tiene, a los duros, a los radicales, que sin tener una tendencia de pensamiento político, más allá de seguir fielmente lo que ordene Chávez, por ejemplo, Lina Ron; o los verdaderamente marxistas-leninistas, como José Pinto y sus Tupamaros; está el histórico Partido Comunista de Venezuela y hasta Carlos Escarrá; socialistas como lo puede ser justamente Didalco; luego, los que ni son duros, ni saben de doctrinas políticas, simplemente siguen cada paso, lamen cada piso por el que camina Chávez: William Lara, Nicolás Maduro, Cilia Flores; por último, los de derecha dentro del chavismo, los capitalistas como Diosdado Cabello.
Por ello, pretender, como lo pretende el líder revolucionario, meter en un mismo saco, a juro, a todas esas tendencias, sólo parirá una gran mezcla de ideas políticas sin sentido, traería más incoherencia de la que ya existe en el régimen.
Y en política, se debe saber exactamente a que se juega. Un partido político debe tener una ideología propia, mantenida, sostenida. Un núcleo común que unifique a las bases en torno a una concepción política, y no en torno a una persona. Por no tener una clara ideología, sino muchas posiciones doctrinales adversas es que Primero Justicia murió como sociedad política. Un partido político, por esencia, es una organización que se adscribe a una ideología política determinada. Los únicos partidos que se han configurado en torno a personas y no a ideas o concepciones, dieron vida al nazismo en Alemania y al fascismo en Italia.
Luego, no extraña que el tema del partido único se haya convertido en una estaca en el zapato de Chávez.
Y claro, esta actitud de Didalco y Podemos genera controversia dentro de las filas del propio chavismo. Ya Mario Silva, dedicó casi todo un programa a Didalco, y lo convirtió en un enemigo acérrimo de la revolución. Didalco, de un día para otro, dejó de ser un revolucionario, y se convirtió en un lacayo del imperialismo, en un “parcialista” de la política, en un corrupto, en fin, en un antirrevolucionario pagado por el gobierno norteamericano. Para el gobierno, la disidencia es traición. Esto da por supuesto, un claro ejemplo que la libertad de expresión, y peor aun, de pensamiento, no es permitida ni perdonada por el gobierno autócrata que nos dirige.
Incluso, Silva llegó a afirmar que los gobernadores y alcaldes oficialistas no llegaron al poder por si mismos, sino por el portaviones Chávez. Es decir, como llegaron a esos cargos gracias al comandante, no tienen derecho a pensar, a opinar, a respirar, a suspirar, sin que el líder lo ordene. Absurdo esto.
Me sorprendió el discurso de Didalco. Me sentí asombrado, porque estoy acostumbrado a la genuflexión de los seguidores del Chavismo. Nunca, ni José Vicente ni Jesse Chacón reaccionaron ante los arbitrarios regaños del comandante. Por eso, repito, me asombró sobremanera el discurso de Didalco, quien tocó fibras, al oponerse a la orden impuesta. No me calo esta vaina, fue lo que, en definitiva, quiso decir el gobernador de Aragua. La autocracia de Chávez, al parecer, empezó a tocar a los propios chavistas.
Llegó a afirmar Didalco que en Aragua no hay presos políticos. ¿A que vino eso? ¿Es una denuncia? ¿Reconoce entonces, que el gobierno nacional si tiene presos políticos? Pareciera.
También dijo que el Consejo Nacional Electoral se había convertido en un ente “ideologizado”. Mas claro no canta un gallo.
¿Será que toda la pataleta de Didalco es porque lo vana hacer un revocatorio a él y no a otros gobernadores chavistas? ¿O esto es en serio?
¿Será, que de verdad Podemos?