VERGUENZA LEGISLATIVA
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 20 de diciembre de 2010
No se puede calificar el espectáculo que en esta última semana los diputados salientes han dado en la Asamblea Nacional, sino como una vergüenza. Y es que estos, actuando cual borregos, decidieron acatar la orden de Chávez de terminar con el Estado de Derecho en Venezuela.
No menos de quince leyes están discutiendo y aprobando los diputados del actual parlamento, de las cuales todas, de una un otra manera, atentan contra la libertad.
El proyecto de Ley de Universidades, por poner un primer ejemplo, intenta acabar con la autonomía universitaria. Pero, no es esta la única autonomía que se quiere abolir: y es que el proyecto de Ley Orgánica del Poder Público Municipal, conjuntamente con los proyectos de Ley del Poder Popular, de las Comunas, de la Economía Popular, de la Planificación Popular y Comunal tienen como fin claro y evidente desaparecer la autonomía municipal, creando nuevas estructuras político-territoriales al mismo nivel de los municipios y transfiriendo competencias de estos a las comunas.
Más aún, pretende el chavismo acabar, nada más y nada menos, que con la autonomía del pensamiento. El proyecto de Reforma de la Ley de Partidos Políticos impone a los diputados la prohibición de expresar sus opiniones según su conciencia. Esa ley impide a los diputados votar en contra de la línea que le imponga el partido al cual pertenecen. Más aún, inhibe a cualquier diputado a separarse de su partido y hacer causa común en otro.
Esta ley, de absoluto corte estalinista, es de las leyes más radicalmente limitadoras de los derechos propios de los ciudadanos, como lo es la libertad de conciencia. Además de ello, viola abiertamente el artículo 201 de la Constitución, y demuestra la profunda desconfianza de Hugo Chávez en sus diputados.
Pero son muchas otras las leyes que, de espaldas al pueblo, van aprobando entre gallos y medianoche: Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda, Ley de Soberanía Política y Autodeterminación, Ley de Bancos, Ley de la Contraloría General de la República, Ley del Sistema Exterior. Y para que no sepamos que están cometiendo esos abusos, reforman la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Resorte, a los fines de controlar al máximo el internet y los medios de comunicación.
Sin embargo, lo más grave se enmarca dentro de la Ley Habilitante que pidió Chávez. El proyecto presentado por este para su aprobación, consta de nueve puntos que, en sí mismos, establecen prácticamente todas las potestades públicas. Quiere decirse con esto que la Ley Habilitante es de tal amplitud que permite al presidente legislar absolutamente en cualquier área, la que le de la gana.
Además de ello, la vergüenza legislativa llegó al punto de aumentar el lapso de tiempo establecido en el proyecto inicial: Chávez solicitó la habilitante por un lapso de doce meses, pero los diputados, haciendo gala de una genuflexión insólita, o quizás de una delicada operación concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo, elevaron el tiempo de vigencia de la habilitante a dieciocho meses.
Ahora bien, el panorama puede verse negro, dramático, demoledor… Sin embargo, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Desde hace tiempo venimos advirtiendo que el chavismo se radicalizaría después del 26 de septiembre, al saberse minoría electoral en el país. Que el presidente se terminaría de salir del cauce democrático para irse por donde siempre ha querido.
Pero, que en Venezuela se instaure un sistema no democrático, como el actual, no quiere decir que Hugo Chávez ha ganado. Muy por el contrario, el pueblo ha venido revelándose contra las patrañas tiránicas del chavismo. Venezuela ha demostrado que, por encima de todo, tiene una ADN profundamente democrático. Las acciones desesperadas del chavismo solo revelan lo inmensamente perdidos que se encuentran a lo interno. Por ello necesitan, para sobrevivir un poco más, radicalizarse, mostrarse como monstruos, generar terror. Pero ya hemos derrotado a ese extremismo varias veces. No hay porque pensar que no lo haremos de nuevo.
martes, 21 de diciembre de 2010
domingo, 19 de diciembre de 2010
ENTREVISTA: ABIERTO IRRESPETO A LA CONSTITUCIÓN BUSCA DESMORALIZAR A LA OPOSICIÓN
ABIERTO IRRESPETO A LA CONSTITUCIÓN BUSCA DESMORALIZAR A LA OPOSICIÓN
Entrevista a Manuel Rojas Pérez por el Correo del Caroní, domingo, 19 de diciembre de 2010
Marcos David Valverde
http://www.correodelcaroni.com/content/view/168894/112/
Manuel Rojas Pérez, profesor de Derecho Público de las universidades Monteávila y José María Vargas, no suaviza sus opiniones para agradar a todo público. Algo grave pasa con la democracia venezolana, advierte. Sin embargo, en ocasión de analizar la coyuntura nacional, el docente asegura que la Habilitante tiene un fin específico: “ejercer temor y terror en la sociedad".
“Se busca que los ciudadanos se asusten y que entreguen el país a este modelo totalitario”
Lo peor que piensa Manuel Rojas sobre Hugo Chávez no es, precisamente, ese viso monárquico con el cual lo identifica al compararlo con Luis XIV. Correcto: el “Rey Sol”, el mismo al que muchos historiadores (otros lo ponen en duda) le atribuyen la frase “el Estado soy yo”.
Más allá de eso, lo grave del asunto radica es que ese carácter que pretende atribuirse el Presidente de la República está salpicado con el modelo estalinista. Las acciones de los últimos días, asegura el abogado y profesor de Derecho Público, lo confirman.
- Con la aprobación de la Ley Habilitante, ¿la palabra dictadura pasó de ser metafórica a literal?
- En Roma, las dictaduras significaban que en momentos de crisis se le daba el poder absoluto a una persona, para que en ese lapso hiciera lo que quisiera a efectos de salvaguardar el Estado. El poder legislativo le confería a una persona todas las potestades públicas, y por eso se llamaba dictador: dictaba todas las leyes. Pudiera decirse, entonces, que sí, que en Venezuela estamos a las puertas de un gobierno de ese estilo, pues la Asamblea Nacional dio por completo sus potestades legislativas al Presidente de la República. Definitivamente, estamos en un momento en el que podemos hablar de ese término.
- El pretexto del Presidente para solicitarla fue la emergencia nacional, pero ayer (viernes) dijo: “vamos a ver cómo van a hacer leyes ahora”, en referencia a la oposición. ¿Qué viene entonces?
- Bueno, esta Ley Habilitante demuestra que lo que se ha montado es un gran fraude contra le democracia y contra la Constitución, porque su justificación es el tema de las lluvias y de la emergencia. Sin embargo, cuando uno va a estudiar de fondo cuáles son las normas que suele dictar el Presidente mediante decretos leyes, se le dio potestad para todo, al punto que está hablando de reforma del IVA (Impuesto al Valor Agregado), al débito bancario e, incluso, reformas en materia de legislación militar, cosas que no tienen nada que ver con las lluvias. Simplemente, se está aprovechando el Gobierno (dígase claro: el Presidente de la República) de la calamidad, de la emergencia y de la desgracia de unos venezolanos para él tener un poder absoluto y completo, y cuando hablo de fraude a la democracia y fraude a la Constitución, es porque evidentemente la idea es quitarle competencia a la Asamblea Nacional cuando entren los nuevos diputados de la oposición. Estamos hablando, entonces, de que aquí se está desconociendo por completo la voluntad popular.
LA CONSIGNA: LUCHAR
- ¿Deben temer los diputados opositores a perder sus potestades?
- Los diputados de oposición deben seguir haciendo su trabajo de denuncia, de estar allí para ver lo que pase y un trabajo de control. Esta es una cosa que no podemos olvidar, que todos los diputados tienen una competencia de control frente a la administración pública. Entonces, todos ellos, en primer lugar, pueden seguir ejerciendo su potestad de control, pedir documentaciones, instar a la administración pública a que cumpla su deber y, ya estando dentro de la Asamblea Nacional, tienen las potestades conferidas dentro de la propia Constitución para eso. Los diputados de la oposición no tienen nada que temer. Por el contrario, es mucho lo que hay que hacer, porque aquí hay una cosa muy importante: al Presidente de la República se le han dado las competencias legislativas, pero la Asamblea Nacional, a mi modo de ver, no pierde su competencia porque las potestades públicas son de carácter obligatorio. Lo que queda aquí es una lucha democrática por parte de los factores de oposición, particularmente de sus diputados, para presionar de manera tal que se les devuelvan sus competencias legislativas.
- ¿Esa intención de desconocimiento de la facción opositora no tendrá los efectos temidos?
- Vengo diciendo desde hace tiempo que ese tema de la Ley Habilitante lo que busca es ejercer temor y terror en la sociedad, particularmente en la oposición. ¿Qué es lo que se quiere? Que la oposición venezolana baje los brazos y diga “bueno, vale, aquí ya no se puede hacer nada”. Ante eso creo que se está logrando el efecto contrario, porque la oposición se está haciendo más dura y, de paso, tiene más temas para denunciar a nivel internacional.
- ¿Cuál debe ser la prioridad de esas denuncias antes del 5 de enero?
- Fundamentalmente, que se está haciendo un gran fraude contra la democracia venezolana, contra la voluntad de los ciudadanos y contra la propia Constitución. Que se está intentando un cierre técnico de la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante y por medio de un mensaje que se está mandando a través de ésta. Entonces, lo que debe denunciarse es, fundamentalmente, que el Presidente de la Republica simplemente busca que los diputados de oposición dejen de hacer su labor, porque todo esto lo que demuestra es un gran miedo a tener 65 diputados de la oposición dentro de la Asamblea Nacional sabiendo lo que está pasando dentro de la administración pública.
CONTROL PARA TODOS
- Ahora, hay una amenaza hacia los diputados opositores, pero también la hay hacia los afectos al chavismo con la llamada “Ley contra los saltos de talanquera”.
- Claro. Esa es una de las leyes más graves.
- ¿Más que la Habilitante?
- Creo que más que la Habilitante, incluso, por una razón: esta ley, de manera directa, va en contra de la libertad de conciencia. Este proyecto de Ley de Partidos Políticos obliga a cualquier diputado a votar en contra de su propio pensamiento. Tú no tienes, incluso dentro de tu bloque parlamentario, capacidad para decir que no estás de acuerdo con algo. Necesariamente vas por un solo carril, como una foca, aplaudiendo todas las líneas que se manden desde la dirección del partido al que tú perteneces, y no te permite ejercer tu conciencia y tu libertad de pensamiento. Además, es más grave que la Habilitante porque atenta contra la libertad personal del ser humano. Esta es una ley de corte estalinista, que sólo se veía en la época de Stalin, en la Rusia comunista. En Venezuela, a pesar de que de unos años para acá hemos tenido leyes de tipo mordaza, ninguna como ésta. Es insólita e inconstitucional por todo el cañón.
MISIÓN (GUBERNAMENTAL) IMPOSIBLE
- Las reformas a la Ley Resorte y a la Ley de Telecomunicaciones, ¿qué indican en relación con el temor presidencial que ha señalado la oposición?
- Sólo buscan que la gente no sepa lo que está pasando, que no se indigne ante la barbaridad que el Gobierno está cometiendo. Entonces, para que eso no pase, sencillo: no les doy la información.
- En pleno siglo XXI, y con todos los avances tecnológicos, ¿será posible consolidar esa intención?
- Yo creo que no. No son aplicables, justamente por los avances tecnológicos actuales. Eso es algo que ya no puede controlar (el Gobierno), porque ya es una avalancha, una ola que va más allá de una regulación del Estado. Si cierran una puerta, te metes por una ventana; si te cierran un portal de Internet, abres otro, y si te cierran este, abres un blog; si te ponen un punto único de Internet, te abren otro por otro lado. Al final creo que hablamos de la política de terror. Se busca que los ciudadanos se asusten y que entreguen el país a este modelo totalitario.
CALIFICANDO
- Como profesor universitario, ¿cuál es su evaluación sobre el comportamiento de los estudiantes en todo este proceso y qué les recomienda?
- Más de 130 profesores de Derecho Público emitimos un comunicado el pasado miércoles, señalando que en Venezuela se está acabando con el estado de Derecho y se están dictando leyes de corte autoritario. Ya hubo, entonces, una acción por parte de los profesores, y eso ha llegado a los estudiantes quienes se sienten afectados, pero motivados a estudiar lo que acontece. ¿Qué les recomiendo yo? Ejercer acciones de protesta sin necesidad de llegar a la confrontación directa porque, entre otras cosas, tenemos un reto muy grande: el demostrar que se pueden hacer cambios sin necesidad de golpes de Estado. Ese no es nuestro estilo: es el estilo de otros, de los que intentan aplicar el modelo totalitario.
DERECHO EN PÚBLICO (Y PRIVADO)
- Manuel Rojas Pérez
- Abogado
- Catedrático de Derecho Administrativo, adscrito a las universidades Monteávila y José María Vargas
- Ha publicado cuatro libros y una treintena de artículos especializados en Derecho Público
- Actualmente dirige la Revista de Derecho Funcionarial
- Subdirector del Anuario de Derecho Público
Entrevista a Manuel Rojas Pérez por el Correo del Caroní, domingo, 19 de diciembre de 2010
Marcos David Valverde
http://www.correodelcaroni.com/content/view/168894/112/
Manuel Rojas Pérez, profesor de Derecho Público de las universidades Monteávila y José María Vargas, no suaviza sus opiniones para agradar a todo público. Algo grave pasa con la democracia venezolana, advierte. Sin embargo, en ocasión de analizar la coyuntura nacional, el docente asegura que la Habilitante tiene un fin específico: “ejercer temor y terror en la sociedad".
“Se busca que los ciudadanos se asusten y que entreguen el país a este modelo totalitario”
Lo peor que piensa Manuel Rojas sobre Hugo Chávez no es, precisamente, ese viso monárquico con el cual lo identifica al compararlo con Luis XIV. Correcto: el “Rey Sol”, el mismo al que muchos historiadores (otros lo ponen en duda) le atribuyen la frase “el Estado soy yo”.
Más allá de eso, lo grave del asunto radica es que ese carácter que pretende atribuirse el Presidente de la República está salpicado con el modelo estalinista. Las acciones de los últimos días, asegura el abogado y profesor de Derecho Público, lo confirman.
- Con la aprobación de la Ley Habilitante, ¿la palabra dictadura pasó de ser metafórica a literal?
- En Roma, las dictaduras significaban que en momentos de crisis se le daba el poder absoluto a una persona, para que en ese lapso hiciera lo que quisiera a efectos de salvaguardar el Estado. El poder legislativo le confería a una persona todas las potestades públicas, y por eso se llamaba dictador: dictaba todas las leyes. Pudiera decirse, entonces, que sí, que en Venezuela estamos a las puertas de un gobierno de ese estilo, pues la Asamblea Nacional dio por completo sus potestades legislativas al Presidente de la República. Definitivamente, estamos en un momento en el que podemos hablar de ese término.
- El pretexto del Presidente para solicitarla fue la emergencia nacional, pero ayer (viernes) dijo: “vamos a ver cómo van a hacer leyes ahora”, en referencia a la oposición. ¿Qué viene entonces?
- Bueno, esta Ley Habilitante demuestra que lo que se ha montado es un gran fraude contra le democracia y contra la Constitución, porque su justificación es el tema de las lluvias y de la emergencia. Sin embargo, cuando uno va a estudiar de fondo cuáles son las normas que suele dictar el Presidente mediante decretos leyes, se le dio potestad para todo, al punto que está hablando de reforma del IVA (Impuesto al Valor Agregado), al débito bancario e, incluso, reformas en materia de legislación militar, cosas que no tienen nada que ver con las lluvias. Simplemente, se está aprovechando el Gobierno (dígase claro: el Presidente de la República) de la calamidad, de la emergencia y de la desgracia de unos venezolanos para él tener un poder absoluto y completo, y cuando hablo de fraude a la democracia y fraude a la Constitución, es porque evidentemente la idea es quitarle competencia a la Asamblea Nacional cuando entren los nuevos diputados de la oposición. Estamos hablando, entonces, de que aquí se está desconociendo por completo la voluntad popular.
LA CONSIGNA: LUCHAR
- ¿Deben temer los diputados opositores a perder sus potestades?
- Los diputados de oposición deben seguir haciendo su trabajo de denuncia, de estar allí para ver lo que pase y un trabajo de control. Esta es una cosa que no podemos olvidar, que todos los diputados tienen una competencia de control frente a la administración pública. Entonces, todos ellos, en primer lugar, pueden seguir ejerciendo su potestad de control, pedir documentaciones, instar a la administración pública a que cumpla su deber y, ya estando dentro de la Asamblea Nacional, tienen las potestades conferidas dentro de la propia Constitución para eso. Los diputados de la oposición no tienen nada que temer. Por el contrario, es mucho lo que hay que hacer, porque aquí hay una cosa muy importante: al Presidente de la República se le han dado las competencias legislativas, pero la Asamblea Nacional, a mi modo de ver, no pierde su competencia porque las potestades públicas son de carácter obligatorio. Lo que queda aquí es una lucha democrática por parte de los factores de oposición, particularmente de sus diputados, para presionar de manera tal que se les devuelvan sus competencias legislativas.
- ¿Esa intención de desconocimiento de la facción opositora no tendrá los efectos temidos?
- Vengo diciendo desde hace tiempo que ese tema de la Ley Habilitante lo que busca es ejercer temor y terror en la sociedad, particularmente en la oposición. ¿Qué es lo que se quiere? Que la oposición venezolana baje los brazos y diga “bueno, vale, aquí ya no se puede hacer nada”. Ante eso creo que se está logrando el efecto contrario, porque la oposición se está haciendo más dura y, de paso, tiene más temas para denunciar a nivel internacional.
- ¿Cuál debe ser la prioridad de esas denuncias antes del 5 de enero?
- Fundamentalmente, que se está haciendo un gran fraude contra la democracia venezolana, contra la voluntad de los ciudadanos y contra la propia Constitución. Que se está intentando un cierre técnico de la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante y por medio de un mensaje que se está mandando a través de ésta. Entonces, lo que debe denunciarse es, fundamentalmente, que el Presidente de la Republica simplemente busca que los diputados de oposición dejen de hacer su labor, porque todo esto lo que demuestra es un gran miedo a tener 65 diputados de la oposición dentro de la Asamblea Nacional sabiendo lo que está pasando dentro de la administración pública.
CONTROL PARA TODOS
- Ahora, hay una amenaza hacia los diputados opositores, pero también la hay hacia los afectos al chavismo con la llamada “Ley contra los saltos de talanquera”.
- Claro. Esa es una de las leyes más graves.
- ¿Más que la Habilitante?
- Creo que más que la Habilitante, incluso, por una razón: esta ley, de manera directa, va en contra de la libertad de conciencia. Este proyecto de Ley de Partidos Políticos obliga a cualquier diputado a votar en contra de su propio pensamiento. Tú no tienes, incluso dentro de tu bloque parlamentario, capacidad para decir que no estás de acuerdo con algo. Necesariamente vas por un solo carril, como una foca, aplaudiendo todas las líneas que se manden desde la dirección del partido al que tú perteneces, y no te permite ejercer tu conciencia y tu libertad de pensamiento. Además, es más grave que la Habilitante porque atenta contra la libertad personal del ser humano. Esta es una ley de corte estalinista, que sólo se veía en la época de Stalin, en la Rusia comunista. En Venezuela, a pesar de que de unos años para acá hemos tenido leyes de tipo mordaza, ninguna como ésta. Es insólita e inconstitucional por todo el cañón.
MISIÓN (GUBERNAMENTAL) IMPOSIBLE
- Las reformas a la Ley Resorte y a la Ley de Telecomunicaciones, ¿qué indican en relación con el temor presidencial que ha señalado la oposición?
- Sólo buscan que la gente no sepa lo que está pasando, que no se indigne ante la barbaridad que el Gobierno está cometiendo. Entonces, para que eso no pase, sencillo: no les doy la información.
- En pleno siglo XXI, y con todos los avances tecnológicos, ¿será posible consolidar esa intención?
- Yo creo que no. No son aplicables, justamente por los avances tecnológicos actuales. Eso es algo que ya no puede controlar (el Gobierno), porque ya es una avalancha, una ola que va más allá de una regulación del Estado. Si cierran una puerta, te metes por una ventana; si te cierran un portal de Internet, abres otro, y si te cierran este, abres un blog; si te ponen un punto único de Internet, te abren otro por otro lado. Al final creo que hablamos de la política de terror. Se busca que los ciudadanos se asusten y que entreguen el país a este modelo totalitario.
CALIFICANDO
- Como profesor universitario, ¿cuál es su evaluación sobre el comportamiento de los estudiantes en todo este proceso y qué les recomienda?
- Más de 130 profesores de Derecho Público emitimos un comunicado el pasado miércoles, señalando que en Venezuela se está acabando con el estado de Derecho y se están dictando leyes de corte autoritario. Ya hubo, entonces, una acción por parte de los profesores, y eso ha llegado a los estudiantes quienes se sienten afectados, pero motivados a estudiar lo que acontece. ¿Qué les recomiendo yo? Ejercer acciones de protesta sin necesidad de llegar a la confrontación directa porque, entre otras cosas, tenemos un reto muy grande: el demostrar que se pueden hacer cambios sin necesidad de golpes de Estado. Ese no es nuestro estilo: es el estilo de otros, de los que intentan aplicar el modelo totalitario.
DERECHO EN PÚBLICO (Y PRIVADO)
- Manuel Rojas Pérez
- Abogado
- Catedrático de Derecho Administrativo, adscrito a las universidades Monteávila y José María Vargas
- Ha publicado cuatro libros y una treintena de artículos especializados en Derecho Público
- Actualmente dirige la Revista de Derecho Funcionarial
- Subdirector del Anuario de Derecho Público
sábado, 11 de diciembre de 2010
El engaño como política de Estado
El engaño como política de Estado
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 13 de diciembre de 2010
Decir que Hugo Chávez engaña al pueblo es llover sobre mojado. Es como decir que el agua moja o que el sol alumbra. Es claro, absolutamente claro, que Hugo Chávez ha sido una farsa completa. Alguien que se viste de socialista pero actúa como un gorila militarista; que ataca al imperialismo pero se entrega sin pensarlo al imperialismo chino, ruso y cubano; que se hace llamar bolivariano pero no acata ni uno solo de los principios del Libertador; alguien que se dice amar a loe venezolanos pero en verdad lo detesta, lo cual se demuestra con cada una de sus acciones.
Es la tercera semana en que se trata el tema de la emergencia de las lluvias en Venezuela. Y se hace porque esta contingencia ha dejado al descubierto la calaña embustera del mal llamado socialismo del siglo XXI.
Hugo Chávez fue el día viernes a un refugio en la populosa zona caraqueña del 23 de enero. Después de diez años sin volver los ojos a Venezuela, el comandante presidente se dignó a ver cual era la situación en los sectores populares venezolanos. Pues resulta que se consiguió a un pueblo molesto, a una gente desesperada. Una señora le dijo que tenía más de tres años durmiendo en el piso de un ambulatorio que había sido acondicionado en el 2007 como refugio. Otras personas denunciaban que el gobierno no había ido a los sectores.
Ahí comenzó el cuenta cuentos: Hugo Chávez inició, una vez más su serie de engaños. Dijo que los refugiados serían llevados a Miraflores. Que él se mudaría a una carpa para que los damnificados se pudieran alojar en su oficina, que los ministros también se mudarían a carpas… Jugando con el dolor y la desesperación, el irresponsable quiso verle la cara de pendejos a la gente.
¿Alguien puede creer que este tipo en verdad se va a mudar a una carpa para beneficiar a los refugiados? Imposible creerle eso a alguien que se ha acostumbrado a vivir de la manera más lujosa y sibarita posible. Un soberano embuste.
Y el engaño sigue, ya que, mientras este señor mentía en el 23 de enero, supuestamente resolviendo problemas, daba la orden a las focas de la Asamblea Nacional para que fueran avanzando hacia el Estado Comunal que fue rechazado en elecciones en el 2007. Y es que la Asamblea Nacional, aprovechando la contingencia nacional, ha ido aprobando por debajo de la mesa leyes de corte comunal que minimizan la acción de los poderes públicos constitucionalmente constituidos, así como leyes que restringen la libertad de expresión y la iniciativa privada.
La Ley del Poder Público Comunal, la de la Economía Comunal, la Ley Resorte, la Ley de Ciencia y Tecnología… Todas estas han sido aprobadas en esta semana por el grupo de borregos que conforman la Asamblea Nacional, con la firme intención de dar a Hugo Chávez un piso político supra constitucional, es decir, por encima de la propia Constitución.
Para más colmo, el presidente públicamente solicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante para dictar Decretos Leyes. Además de todo, se prepara para nuevamente desconocer la voluntad de los venezolanos, ya que con esto se pretende restar las funciones de la legislatura que tomará posesión el 5 de enero de 2011, donde la oposición, con sus sesenta y cinco diputados, representa al cincuenta y dos por ciento de la población nacional.
Mientras Chávez se burla de los afectados por las lluvias, el chavismo aprovecha la desgraciada situación para posicionarse y atornillarse en el poder. Lo que ha pasado en estos días termina de quitar la careta a un gobierno que nunca fue democrático ni lo será, que tuvo como único fin el poder por el poder, sin importar la opinión de los venezolanos, y a costa de la desgracia de estos.
Muchas veces lo hemos dicho aquí: a Chávez no le importan los venezolanos. Nos detesta. Solo nos usa como plataforma para quedarse en el poder hasta que se muera, como Juan Vicente Gómez. Es ese su único fin. Por ello, el engaño se ha convertido en política de Estado. La orden no es solucionar problemas, sino engañar para seguir en el poder.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 13 de diciembre de 2010
Decir que Hugo Chávez engaña al pueblo es llover sobre mojado. Es como decir que el agua moja o que el sol alumbra. Es claro, absolutamente claro, que Hugo Chávez ha sido una farsa completa. Alguien que se viste de socialista pero actúa como un gorila militarista; que ataca al imperialismo pero se entrega sin pensarlo al imperialismo chino, ruso y cubano; que se hace llamar bolivariano pero no acata ni uno solo de los principios del Libertador; alguien que se dice amar a loe venezolanos pero en verdad lo detesta, lo cual se demuestra con cada una de sus acciones.
Es la tercera semana en que se trata el tema de la emergencia de las lluvias en Venezuela. Y se hace porque esta contingencia ha dejado al descubierto la calaña embustera del mal llamado socialismo del siglo XXI.
Hugo Chávez fue el día viernes a un refugio en la populosa zona caraqueña del 23 de enero. Después de diez años sin volver los ojos a Venezuela, el comandante presidente se dignó a ver cual era la situación en los sectores populares venezolanos. Pues resulta que se consiguió a un pueblo molesto, a una gente desesperada. Una señora le dijo que tenía más de tres años durmiendo en el piso de un ambulatorio que había sido acondicionado en el 2007 como refugio. Otras personas denunciaban que el gobierno no había ido a los sectores.
Ahí comenzó el cuenta cuentos: Hugo Chávez inició, una vez más su serie de engaños. Dijo que los refugiados serían llevados a Miraflores. Que él se mudaría a una carpa para que los damnificados se pudieran alojar en su oficina, que los ministros también se mudarían a carpas… Jugando con el dolor y la desesperación, el irresponsable quiso verle la cara de pendejos a la gente.
¿Alguien puede creer que este tipo en verdad se va a mudar a una carpa para beneficiar a los refugiados? Imposible creerle eso a alguien que se ha acostumbrado a vivir de la manera más lujosa y sibarita posible. Un soberano embuste.
Y el engaño sigue, ya que, mientras este señor mentía en el 23 de enero, supuestamente resolviendo problemas, daba la orden a las focas de la Asamblea Nacional para que fueran avanzando hacia el Estado Comunal que fue rechazado en elecciones en el 2007. Y es que la Asamblea Nacional, aprovechando la contingencia nacional, ha ido aprobando por debajo de la mesa leyes de corte comunal que minimizan la acción de los poderes públicos constitucionalmente constituidos, así como leyes que restringen la libertad de expresión y la iniciativa privada.
La Ley del Poder Público Comunal, la de la Economía Comunal, la Ley Resorte, la Ley de Ciencia y Tecnología… Todas estas han sido aprobadas en esta semana por el grupo de borregos que conforman la Asamblea Nacional, con la firme intención de dar a Hugo Chávez un piso político supra constitucional, es decir, por encima de la propia Constitución.
Para más colmo, el presidente públicamente solicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante para dictar Decretos Leyes. Además de todo, se prepara para nuevamente desconocer la voluntad de los venezolanos, ya que con esto se pretende restar las funciones de la legislatura que tomará posesión el 5 de enero de 2011, donde la oposición, con sus sesenta y cinco diputados, representa al cincuenta y dos por ciento de la población nacional.
Mientras Chávez se burla de los afectados por las lluvias, el chavismo aprovecha la desgraciada situación para posicionarse y atornillarse en el poder. Lo que ha pasado en estos días termina de quitar la careta a un gobierno que nunca fue democrático ni lo será, que tuvo como único fin el poder por el poder, sin importar la opinión de los venezolanos, y a costa de la desgracia de estos.
Muchas veces lo hemos dicho aquí: a Chávez no le importan los venezolanos. Nos detesta. Solo nos usa como plataforma para quedarse en el poder hasta que se muera, como Juan Vicente Gómez. Es ese su único fin. Por ello, el engaño se ha convertido en política de Estado. La orden no es solucionar problemas, sino engañar para seguir en el poder.
Twitter: @rojasperezm
El hombre de las promesas
El hombre de las promesas
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 6 de diciembre de 2010
Se denunció la semana pasada la irresponsabilidad criminal del gobierno en la emergencia creada por las lluvias que está azotando a casi toda Venezuela, ya que no es solo la zona costera la afectada, sino que la crisis natural se está viviendo también en las zonas de Los Andes.
Se habló de la grotesca inacción del chavismo. En Caracas, particularmente, ha sido evidente la falta de un alcalde. Jorge Rodríguez, a más de una semana de la emergencia, apenas se ha dejado ver en uno que otro lugar y los funcionarios de la alcaldía de Caracas brillan por su ausencia. Que decir de la impuesta usurpadora Jacqueline Farías, quien solo se ha dedicado a salir en Venezolana de Televisión para decir cosas como que la emergencia en verdad no es tal, que es una exageración que se lee solo en Twitter; o que ella no es mesonera para atender a los damnificados. En el estado Vargas, sin embargo, el gobernador García Carneiro, quien dijo antes que no había emergencia, pareciera estar haciendo un esfuerzo por ayudar a los afectados, pero el alcalde Alexis Toledo como que no sabe siquiera que está lloviendo en el Litoral Central.
Ante esa ineficiencia de los mandatarios locales chavistas, tuvo que salir al paso el cacique mayor. Hugo Chávez tuvo que hacerse cargo de la situación y de que manera. Salió un día, en que había sol, manejando su camioneta Tiuna y llegando seco a algunos pocos refugios. Otro día se disfrazó de Raúl Castro y decidió visitar a los damnificados que fueron alojados en el Palacio Blanco, anexo a Miraflores y ahí se dedicó, bajo techo, a abrazar viejitas y besar niñitos.
En todos estos sitios los llamados eran los mismos: Chávez ayúdanos, Chávez nos dejaron solos, Chávez nadie nos dio respuesta durante años. Ante ello, el presidente ordenó expropiar algún terreno en el centro de Caracas y leer la carta de apoyo que mandó Evo Morales diciendo que la culpa de las lluvias era del capitalismo.
Ya en estos sitios se sentía la incomodidad con el otrora mayoritario presidente. El que no estuviese ni una sola vez en algún sitio donde realmente se vivió la tragedia, que no se “ensuciara las botas” y que apenas se dedicara a tomarse fotos y salir en televisión, molestó a muchísimos de los damnificados.
Pero el comandante presidente tuvo la mala idea de ir a visitar el estado Falcón a ver la situación. Lo que allí se vivió no fue normal para un Hugo Chávez acostumbrado a los aplausos.
El presidente fue largamente abucheado. El que antes era aclamado por donde pasaba, recibió una pita descomunal, que ni siquiera la pantalla genuflexa de Venezolana de Televisión pudo ocultar.
Tuvo que sentirse desesperado. Cualquiera ante un acto de reclamo y desprecio de parte del pueblo tiene que sentirse mal. Y eso llevó a Hugo Chávez a seguir cometiendo errores políticos graves.
El hombre comenzó a hacer promesas, que para él, son imposibles de cumplir. Esa noche, para callar las pitas y mentadas de madre, Hugo Chávez prometió que resolvería la situación de todos y cada uno de los damnificados. Que se construirían casas en dos meses como máximo. Que el gobierno revolucionario se comprometía y se le iba la vida en ello.
Aquí, es imposible no preguntarse ¿Cómo este tipo pretende hacer unas casas en dos meses cuando no ha podido construirlas en más de once años? ¿Con que cabillas y que cemento pretende construir si su gobierno expropió las empresas cabilleras y cementeras con lo que ahora no hay existencia de esos productos básicos para la construcción? ¿Pretende traer las casas ya construidas de Rusia? ¿Cómo alguien que no pudo con la crisis eléctrica, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la crisis de la inseguridad, quiere ahora solventar una crisis mayor?
Hugo Chávez se convirtió esta semana, nuevamente, en el hombre de las promesas. El que se queda en eso, en prometer y prometer de manera populista para tratar de no perder el poco cariño que puede generar en algunos. Lo grave es que con prometer no se logra nada, y quienes sufren son los afectados.
La crisis se resuelve haciendo, pero el hombre de las promesas solo promete. Ya ha demostrado ser incapaz para la acción.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 6 de diciembre de 2010
Se denunció la semana pasada la irresponsabilidad criminal del gobierno en la emergencia creada por las lluvias que está azotando a casi toda Venezuela, ya que no es solo la zona costera la afectada, sino que la crisis natural se está viviendo también en las zonas de Los Andes.
Se habló de la grotesca inacción del chavismo. En Caracas, particularmente, ha sido evidente la falta de un alcalde. Jorge Rodríguez, a más de una semana de la emergencia, apenas se ha dejado ver en uno que otro lugar y los funcionarios de la alcaldía de Caracas brillan por su ausencia. Que decir de la impuesta usurpadora Jacqueline Farías, quien solo se ha dedicado a salir en Venezolana de Televisión para decir cosas como que la emergencia en verdad no es tal, que es una exageración que se lee solo en Twitter; o que ella no es mesonera para atender a los damnificados. En el estado Vargas, sin embargo, el gobernador García Carneiro, quien dijo antes que no había emergencia, pareciera estar haciendo un esfuerzo por ayudar a los afectados, pero el alcalde Alexis Toledo como que no sabe siquiera que está lloviendo en el Litoral Central.
Ante esa ineficiencia de los mandatarios locales chavistas, tuvo que salir al paso el cacique mayor. Hugo Chávez tuvo que hacerse cargo de la situación y de que manera. Salió un día, en que había sol, manejando su camioneta Tiuna y llegando seco a algunos pocos refugios. Otro día se disfrazó de Raúl Castro y decidió visitar a los damnificados que fueron alojados en el Palacio Blanco, anexo a Miraflores y ahí se dedicó, bajo techo, a abrazar viejitas y besar niñitos.
En todos estos sitios los llamados eran los mismos: Chávez ayúdanos, Chávez nos dejaron solos, Chávez nadie nos dio respuesta durante años. Ante ello, el presidente ordenó expropiar algún terreno en el centro de Caracas y leer la carta de apoyo que mandó Evo Morales diciendo que la culpa de las lluvias era del capitalismo.
Ya en estos sitios se sentía la incomodidad con el otrora mayoritario presidente. El que no estuviese ni una sola vez en algún sitio donde realmente se vivió la tragedia, que no se “ensuciara las botas” y que apenas se dedicara a tomarse fotos y salir en televisión, molestó a muchísimos de los damnificados.
Pero el comandante presidente tuvo la mala idea de ir a visitar el estado Falcón a ver la situación. Lo que allí se vivió no fue normal para un Hugo Chávez acostumbrado a los aplausos.
El presidente fue largamente abucheado. El que antes era aclamado por donde pasaba, recibió una pita descomunal, que ni siquiera la pantalla genuflexa de Venezolana de Televisión pudo ocultar.
Tuvo que sentirse desesperado. Cualquiera ante un acto de reclamo y desprecio de parte del pueblo tiene que sentirse mal. Y eso llevó a Hugo Chávez a seguir cometiendo errores políticos graves.
El hombre comenzó a hacer promesas, que para él, son imposibles de cumplir. Esa noche, para callar las pitas y mentadas de madre, Hugo Chávez prometió que resolvería la situación de todos y cada uno de los damnificados. Que se construirían casas en dos meses como máximo. Que el gobierno revolucionario se comprometía y se le iba la vida en ello.
Aquí, es imposible no preguntarse ¿Cómo este tipo pretende hacer unas casas en dos meses cuando no ha podido construirlas en más de once años? ¿Con que cabillas y que cemento pretende construir si su gobierno expropió las empresas cabilleras y cementeras con lo que ahora no hay existencia de esos productos básicos para la construcción? ¿Pretende traer las casas ya construidas de Rusia? ¿Cómo alguien que no pudo con la crisis eléctrica, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la crisis de la inseguridad, quiere ahora solventar una crisis mayor?
Hugo Chávez se convirtió esta semana, nuevamente, en el hombre de las promesas. El que se queda en eso, en prometer y prometer de manera populista para tratar de no perder el poco cariño que puede generar en algunos. Lo grave es que con prometer no se logra nada, y quienes sufren son los afectados.
La crisis se resuelve haciendo, pero el hombre de las promesas solo promete. Ya ha demostrado ser incapaz para la acción.
Twitter: @rojasperezm
Irresponsabilidad criminal
Irresponsabilidad criminal
Manuel Rojas Pérez
Publicado el 29 de noviembre de 2010
La situación de las lluvias que han afectado a casi toda la zona costera de Venezuela me obligó a cambiar el tema sobre el cual tenía previsto escribir. Pensaba fustigar nuevamente el ascenso del gorila Rangel Silva, pero el escenario de emergencia vivido este fin de semana, y fundamentalmente la nula actuación gubernamental a favor de los afectados, me llevó a dar un giro en la temática de este artículo.
La zona costera del país está recibiendo los embates de las lluvias desde principios de semana. Ya desde el miércoles 24 de noviembre en la isla de Margarita, los estados Anzoátegui, Miranda, Vargas, Aragua y Falcón, así como en Caracas, ha llovido prácticamente sin cesar. Ya para el jueves 25 había noticia de los primeros derrumbes y deslizamientos.
Lo peor llegó el viernes 26, cuando a consecuencia de estas lluvias, se supo de casas tapiadas en San Agustín y la Cota Mil en Caracas; zonas que se vinieron cerro abajo en Catamare en Vargas; inundaciones que incomunicaron pueblos en Miranda y Falcón. Se podía prever desde esa hora que la situación era de emergencia. Y era de esperar que el gobierno nacional hiciera algo.
A todas estas, Venezolana de Televisión pasaba imágenes del 11 de abril, y hablaba del “golpe de estado al gobierno democrático de Hugo Chávez”. La Mesa de Unidad Democrática suspendió la marcha que tenía convocada para el sábado 27 de noviembre, y la respuesta miserable de los pseudo periodistas de ese canal fue decir que esta suspendía dicho porque asistiría poca gente.
Parecía que en el gobierno no sabían que estaba lloviendo. No fue sino hasta las diez y media de la noche, después de más de seis horas de alarma que el gobernador de Vargas concedió una entrevista, llamando a la calma. Y solo luego de las once de la noche fue cuando apareció por las pantallas oficiales el vicepresidente Jaua, diciendo que había una situación de emergencia, que el gobierno revolucionario garantizaba la seguridad de los venezolanos y que el gobernador Capriles era un fascista. Ni siquiera en ese momento de angustia, el ex encapuchado podía dejar de hacer proselitismo político.
A partir de ese momento es que se pudo conocer que Jorge Rodríguez y Jacqueline Farías existían.
Por supuesto que esa tardanza en la respuesta del gobierno nacional nos hizo recordar a muchos la tragedia del estado Vargas de 1999, cuando el chavismo prefirió dejar morir a miles de personas antes que suspender las elecciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad la actuación fue la misma: desidia, parsimonia… en fin, una irresponsabilidad criminal.
Los pueblos esperan de sus gobernantes que respondan por ellos, que los defiendan, que los ayuden. Mientras en el sector F del 23 de enero, en Caracas, la gente se desesperaba viendo como el cerro se venía abajo, o en Vargas notaban que los ríos crecían y se desbordaban, el gobierno chavista se sumía en el mayor de los silencios. Lo lógico es que los mandatarios se dirijan al pueblo, declaren la emergencia y empiecen de inmediato a tomar medidas para salvaguardar las vidas de los ciudadanos.
Tan irresponsable es el gobierno chavista que, el presidente no se apareció durante la emergencia, pero si se llegó hasta Maracay, echando chistecitos, para ascender a general en jefe del general Rangel Silva. Habiendo un país al que salvar, al chavismo le importa más premiar a un gorila o hacer un curso de capacitación ideológica.
Una vez más se demostró que este gobierno no quiere a los venezolanos. Por el contrario lo detesta. Lo único que le interesa al chavismo es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Al punto que, soy un convencido que el gobierno quisiera que hubiese una nueva tragedia, al estilo del año 1999, para poder culpar de los fracasos gubernamentales al clima, ya que no les resulta culpando a la CIA o a la oposición.
En momentos como estos, recordamos que nos merecemos un gobierno mejor, y no uno que nos odie. Menos mal que el 2012 ya no está tan lejos.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado el 29 de noviembre de 2010
La situación de las lluvias que han afectado a casi toda la zona costera de Venezuela me obligó a cambiar el tema sobre el cual tenía previsto escribir. Pensaba fustigar nuevamente el ascenso del gorila Rangel Silva, pero el escenario de emergencia vivido este fin de semana, y fundamentalmente la nula actuación gubernamental a favor de los afectados, me llevó a dar un giro en la temática de este artículo.
La zona costera del país está recibiendo los embates de las lluvias desde principios de semana. Ya desde el miércoles 24 de noviembre en la isla de Margarita, los estados Anzoátegui, Miranda, Vargas, Aragua y Falcón, así como en Caracas, ha llovido prácticamente sin cesar. Ya para el jueves 25 había noticia de los primeros derrumbes y deslizamientos.
Lo peor llegó el viernes 26, cuando a consecuencia de estas lluvias, se supo de casas tapiadas en San Agustín y la Cota Mil en Caracas; zonas que se vinieron cerro abajo en Catamare en Vargas; inundaciones que incomunicaron pueblos en Miranda y Falcón. Se podía prever desde esa hora que la situación era de emergencia. Y era de esperar que el gobierno nacional hiciera algo.
A todas estas, Venezolana de Televisión pasaba imágenes del 11 de abril, y hablaba del “golpe de estado al gobierno democrático de Hugo Chávez”. La Mesa de Unidad Democrática suspendió la marcha que tenía convocada para el sábado 27 de noviembre, y la respuesta miserable de los pseudo periodistas de ese canal fue decir que esta suspendía dicho porque asistiría poca gente.
Parecía que en el gobierno no sabían que estaba lloviendo. No fue sino hasta las diez y media de la noche, después de más de seis horas de alarma que el gobernador de Vargas concedió una entrevista, llamando a la calma. Y solo luego de las once de la noche fue cuando apareció por las pantallas oficiales el vicepresidente Jaua, diciendo que había una situación de emergencia, que el gobierno revolucionario garantizaba la seguridad de los venezolanos y que el gobernador Capriles era un fascista. Ni siquiera en ese momento de angustia, el ex encapuchado podía dejar de hacer proselitismo político.
A partir de ese momento es que se pudo conocer que Jorge Rodríguez y Jacqueline Farías existían.
Por supuesto que esa tardanza en la respuesta del gobierno nacional nos hizo recordar a muchos la tragedia del estado Vargas de 1999, cuando el chavismo prefirió dejar morir a miles de personas antes que suspender las elecciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad la actuación fue la misma: desidia, parsimonia… en fin, una irresponsabilidad criminal.
Los pueblos esperan de sus gobernantes que respondan por ellos, que los defiendan, que los ayuden. Mientras en el sector F del 23 de enero, en Caracas, la gente se desesperaba viendo como el cerro se venía abajo, o en Vargas notaban que los ríos crecían y se desbordaban, el gobierno chavista se sumía en el mayor de los silencios. Lo lógico es que los mandatarios se dirijan al pueblo, declaren la emergencia y empiecen de inmediato a tomar medidas para salvaguardar las vidas de los ciudadanos.
Tan irresponsable es el gobierno chavista que, el presidente no se apareció durante la emergencia, pero si se llegó hasta Maracay, echando chistecitos, para ascender a general en jefe del general Rangel Silva. Habiendo un país al que salvar, al chavismo le importa más premiar a un gorila o hacer un curso de capacitación ideológica.
Una vez más se demostró que este gobierno no quiere a los venezolanos. Por el contrario lo detesta. Lo único que le interesa al chavismo es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Al punto que, soy un convencido que el gobierno quisiera que hubiese una nueva tragedia, al estilo del año 1999, para poder culpar de los fracasos gubernamentales al clima, ya que no les resulta culpando a la CIA o a la oposición.
En momentos como estos, recordamos que nos merecemos un gobierno mejor, y no uno que nos odie. Menos mal que el 2012 ya no está tan lejos.
Twitter: @rojasperezm
La Generación Bicentenario
La Generación Bicentenario
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 22 de noviembre de 2010
Un importante hecho político ha pasado por debajo de la mesa noticiosa venezolana.
Durante el XI Foro de Biarritz, un grupo de dirigentes políticos latinoamericanos entre ellos, el presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri Antonio Ecarri, crearon el “grupo Generación Bicentenario”. Este bloque nace con el objetivo de capacitar a una nueva generación que se prepara para el ejercicio del poder, impulsar políticas públicas que reflejen estas ideas e influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación para la construcción de gobiernos que afronten en estos términos los nuevos desafíos.
Son muchas las cosas atrayentes que del documento constitutivo de este grupo se revelan. Lo principal, es la intención política de jóvenes dirigentes sociales de asumir y reconocer de manera sincera su vocación de poder. Pero esta intención –se verifica del documento que crea al grupo- no se da por el solo hecho de manejar el poder, sino de utilizarlo al servicio de la gente.
Este grupo se define como una organización política pero que pasa por encima de la diferenciación de izquierdas y derechas. Ya ese modelo de perspectivas políticas quedó en el pasado, desde la caída del muro de Berlín. Entiende el grupo Generación Bicentenario que en la actualidad el reto es lograr justicia social, eficacia gubernamental y acercamiento del poder a los ciudadanos. En fin, alcanzar gobiernos responsables.
Sugestivo planteamiento el que hizo Antonio Ecarri como parte del grupo Generación Bicentenario: “Se ha repetido hasta la saciedad la importancia de la educación en la superación de la pobreza y un elemento fundamental para generar un cambio social, la realidad es que millones de niños no comprenden lo que leen, ni sus familias cuentan con el acceso a infraestructura social básica, tras describir la crisis y la situación actual del sistema educativo venezolano”. Y es que, ciertamente, la deuda social que existe en Latinoamérica es inmensa, por lo que el compromiso es que la búsqueda del poder sea para satisfacer de lleno las necesidades de los colectivos.
La visión política de este grupo es perfectamente delineada: “planteamos un conjunto de criterios innovadores que trascienden las viejas etiquetas de izquierda y derecha, agrupados en un modelo de gobierno responsable, que representa la antítesis del autoritarismo y del populismo, independientemente de los estereotipos ideológicos que se le asignen a éstos. Mientras los autoritarismos coartan libertades y derechos, los populismos encarnan acciones encaminadas exclusivamente a generar popularidad a un régimen sin importar las consecuencias negativas para la sociedad”.
Así, la clave de este grupo es el ser respuesta a los problemas sociales: erradicar la miseria y combatir la pobreza, entendida no sólo como una situación de insuficiencia de ingresos sino como una carencia de libertades, derechos y capacidades, superando el axioma de que sólo el crecimiento económico o el asistencialismo estatal lo puede.
La visión política de este grupo es realmente interesante, al asumir el compromiso de consolidar un Estado eficaz, permanentemente democrático, descentralizado, con verdadera participación ciudadana, respetada de la diversidad, alejado de los nacionalismos.
Cree el grupo en el fortalecimiento de las instituciones estableciendo un moderno sistema de pesos y contrapesos frente al hiper presidencialismo, en la redistribución de la riqueza, siendo el mercado una herramienta para crearla, con una sociedad civil con derechos y obligaciones garantizados.
En fin, consideramos que el grupo Generación Bicentenario es una iniciativa política con visión social progresista, tomando lo mejor de todos los sistemas y modelos políticos. Lo importante de esto es que se entiende a la política como la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la gente.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 22 de noviembre de 2010
Un importante hecho político ha pasado por debajo de la mesa noticiosa venezolana.
Durante el XI Foro de Biarritz, un grupo de dirigentes políticos latinoamericanos entre ellos, el presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri Antonio Ecarri, crearon el “grupo Generación Bicentenario”. Este bloque nace con el objetivo de capacitar a una nueva generación que se prepara para el ejercicio del poder, impulsar políticas públicas que reflejen estas ideas e influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación para la construcción de gobiernos que afronten en estos términos los nuevos desafíos.
Son muchas las cosas atrayentes que del documento constitutivo de este grupo se revelan. Lo principal, es la intención política de jóvenes dirigentes sociales de asumir y reconocer de manera sincera su vocación de poder. Pero esta intención –se verifica del documento que crea al grupo- no se da por el solo hecho de manejar el poder, sino de utilizarlo al servicio de la gente.
Este grupo se define como una organización política pero que pasa por encima de la diferenciación de izquierdas y derechas. Ya ese modelo de perspectivas políticas quedó en el pasado, desde la caída del muro de Berlín. Entiende el grupo Generación Bicentenario que en la actualidad el reto es lograr justicia social, eficacia gubernamental y acercamiento del poder a los ciudadanos. En fin, alcanzar gobiernos responsables.
Sugestivo planteamiento el que hizo Antonio Ecarri como parte del grupo Generación Bicentenario: “Se ha repetido hasta la saciedad la importancia de la educación en la superación de la pobreza y un elemento fundamental para generar un cambio social, la realidad es que millones de niños no comprenden lo que leen, ni sus familias cuentan con el acceso a infraestructura social básica, tras describir la crisis y la situación actual del sistema educativo venezolano”. Y es que, ciertamente, la deuda social que existe en Latinoamérica es inmensa, por lo que el compromiso es que la búsqueda del poder sea para satisfacer de lleno las necesidades de los colectivos.
La visión política de este grupo es perfectamente delineada: “planteamos un conjunto de criterios innovadores que trascienden las viejas etiquetas de izquierda y derecha, agrupados en un modelo de gobierno responsable, que representa la antítesis del autoritarismo y del populismo, independientemente de los estereotipos ideológicos que se le asignen a éstos. Mientras los autoritarismos coartan libertades y derechos, los populismos encarnan acciones encaminadas exclusivamente a generar popularidad a un régimen sin importar las consecuencias negativas para la sociedad”.
Así, la clave de este grupo es el ser respuesta a los problemas sociales: erradicar la miseria y combatir la pobreza, entendida no sólo como una situación de insuficiencia de ingresos sino como una carencia de libertades, derechos y capacidades, superando el axioma de que sólo el crecimiento económico o el asistencialismo estatal lo puede.
La visión política de este grupo es realmente interesante, al asumir el compromiso de consolidar un Estado eficaz, permanentemente democrático, descentralizado, con verdadera participación ciudadana, respetada de la diversidad, alejado de los nacionalismos.
Cree el grupo en el fortalecimiento de las instituciones estableciendo un moderno sistema de pesos y contrapesos frente al hiper presidencialismo, en la redistribución de la riqueza, siendo el mercado una herramienta para crearla, con una sociedad civil con derechos y obligaciones garantizados.
En fin, consideramos que el grupo Generación Bicentenario es una iniciativa política con visión social progresista, tomando lo mejor de todos los sistemas y modelos políticos. Lo importante de esto es que se entiende a la política como la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la gente.
Twitter: @rojasperezm
viernes, 19 de noviembre de 2010
Las palabras del gorila y el desespero del chavismo
LAS PALABRAS DEL GORILA Y EL DESESPERO DEL CHAVISMO
Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 15 de noviembre de 2010
En los últimos días hemos visto varias acciones del gobierno que lucen desproporcionadas. Situaciones que han dejado asombrado a muchos y aterrorizado a otros. Hechos que pretenden causar temor en la población.
En primer lugar, vemos a un general que anuncia con bombos y platillos, sin el menor recato, y frente a los medios de comunicación, que él dará un golpe de Estado si no se cumplen sus deseos. Porqué eso exactamente fue lo que hizo el señor Henry Rangel Silva.
Este señor –no merece que sea llamado general porqué es una deshonra y una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional y para cualquier institución oficial venezolana- anunció que de ganar la oposición las próximas elecciones presidenciales de 2012, él se encargaría de acabar con ese nuevo gobierno y restituiría a Hugo Chávez en el poder.
Por supuesto que las palabras de este gorila fueron recibidas con beneplácito en el chavismo. Llegaron al punto de ascenderlo de cargo, cuando en un país serio habría sido enjuiciado por instigación a delinquir y a la rebelión.
Hugo Chávez fue más allá aún y, ridículamente, dijo que las palabras de Henry Rangel Silva son las de “un soldado que ama lo que hace”. Somera payasada solo puede ser recibida por la oposición democrática con una pita. Lo que dijo el señor Rangel Silva no es otra cosa que las palabras de un hombre que necesita urgentemente no dejar nunca su posición de poder, porque su destino siguiente sería la cárcel. Y es que no hay que olvidar que esta vergüenza que se llama Henry Rangel Silva está siendo investigado en los Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Esto evidencia que el chavismo no cree en la democracia y por tanto la desprecia. Un gobierno que fuese de talante democrático hubiese sido el primero en salir a rechazar estas palabras. Pero por el contrario, vimos a los mismos alcahuetes de siempre por Venezolana de Televisión aplaudiendo cual focas esas palabras.
Pero, lo que hay que tener claro es que esas palabras no fueron producción original del ascendido gorila. Lo que ese señor dijo, fue mandado a decir directamente de Miraflores con un motivo específico: aterrorizar a los venezolanos.
Hugo Chávez sabe contar. Como el bien político que es, conoce bien que la Venezuela de hoy no es la misma que el tomo y se dejó pisotear por su bota militar. Desde que perdió las elecciones del 26 de septiembre pasado, el chavismo se ha puesto en alerta. Ya el venezolano no acepta humillaciones y desplantes de este gobierno traicionero, y por ello le protesta en la cara, como lo hicieron los valientes del Metro de Caracas o el punzante margariteño que, con toda razón, colocó en una franela lo que es esta revolución.
Por ello, la orden dada desde Miraflores es aplicar terrorismo psicológico a los ciudadanos. Poner a un gorila que diga que él se encargará personalmente de no aceptar resultados electorales si son adversos al chavismo y se aplaude y condecora tal canallada; ante cada forma de protesta se dan encarcelamientos masivos y brutales. Esto refleja el verdadero desespero del gobierno. Se saben perdidos, acorralados, cerca del fin. Y como el fin para la mayoría del chavismo implica ajuste de cuentas con la justicia nacional e internacional, buscará aferrarse, como sea, del poder.
Pero este desespero solo hace fuerte a la oposición. Mientras el chavismo pierda más el poco talante institucional que le queda, más venezolanos dejarán de apoyarlo. A mayor cantidad de actos brutales, más será el rechazo al movimiento de Chávez. A mayor represión, menos tiempo de vida útil le queda al chavismo como gobierno.
En fin, el desespero del chavismo favorece a la democracia venezolana que está por renacer. Aquí cabe aquella frase que dice: cuando más oscura está la noche, el amanecer llegará más temprano.
Conservemos la esperanza. Se están haciendo las cosas bien. Las bravuconadas del gobierno solo nos benefician a nosotros los demócratas.
Y al gorila Rangel Silva le digo: no crea usted que sus palabras hicieron mella en nosotros. Por el contrario, nos fortalecen.
Twitter: @rojasperez
Manuel Rojas Pérez
Correo del Caroní, 15 de noviembre de 2010
En los últimos días hemos visto varias acciones del gobierno que lucen desproporcionadas. Situaciones que han dejado asombrado a muchos y aterrorizado a otros. Hechos que pretenden causar temor en la población.
En primer lugar, vemos a un general que anuncia con bombos y platillos, sin el menor recato, y frente a los medios de comunicación, que él dará un golpe de Estado si no se cumplen sus deseos. Porqué eso exactamente fue lo que hizo el señor Henry Rangel Silva.
Este señor –no merece que sea llamado general porqué es una deshonra y una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional y para cualquier institución oficial venezolana- anunció que de ganar la oposición las próximas elecciones presidenciales de 2012, él se encargaría de acabar con ese nuevo gobierno y restituiría a Hugo Chávez en el poder.
Por supuesto que las palabras de este gorila fueron recibidas con beneplácito en el chavismo. Llegaron al punto de ascenderlo de cargo, cuando en un país serio habría sido enjuiciado por instigación a delinquir y a la rebelión.
Hugo Chávez fue más allá aún y, ridículamente, dijo que las palabras de Henry Rangel Silva son las de “un soldado que ama lo que hace”. Somera payasada solo puede ser recibida por la oposición democrática con una pita. Lo que dijo el señor Rangel Silva no es otra cosa que las palabras de un hombre que necesita urgentemente no dejar nunca su posición de poder, porque su destino siguiente sería la cárcel. Y es que no hay que olvidar que esta vergüenza que se llama Henry Rangel Silva está siendo investigado en los Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Esto evidencia que el chavismo no cree en la democracia y por tanto la desprecia. Un gobierno que fuese de talante democrático hubiese sido el primero en salir a rechazar estas palabras. Pero por el contrario, vimos a los mismos alcahuetes de siempre por Venezolana de Televisión aplaudiendo cual focas esas palabras.
Pero, lo que hay que tener claro es que esas palabras no fueron producción original del ascendido gorila. Lo que ese señor dijo, fue mandado a decir directamente de Miraflores con un motivo específico: aterrorizar a los venezolanos.
Hugo Chávez sabe contar. Como el bien político que es, conoce bien que la Venezuela de hoy no es la misma que el tomo y se dejó pisotear por su bota militar. Desde que perdió las elecciones del 26 de septiembre pasado, el chavismo se ha puesto en alerta. Ya el venezolano no acepta humillaciones y desplantes de este gobierno traicionero, y por ello le protesta en la cara, como lo hicieron los valientes del Metro de Caracas o el punzante margariteño que, con toda razón, colocó en una franela lo que es esta revolución.
Por ello, la orden dada desde Miraflores es aplicar terrorismo psicológico a los ciudadanos. Poner a un gorila que diga que él se encargará personalmente de no aceptar resultados electorales si son adversos al chavismo y se aplaude y condecora tal canallada; ante cada forma de protesta se dan encarcelamientos masivos y brutales. Esto refleja el verdadero desespero del gobierno. Se saben perdidos, acorralados, cerca del fin. Y como el fin para la mayoría del chavismo implica ajuste de cuentas con la justicia nacional e internacional, buscará aferrarse, como sea, del poder.
Pero este desespero solo hace fuerte a la oposición. Mientras el chavismo pierda más el poco talante institucional que le queda, más venezolanos dejarán de apoyarlo. A mayor cantidad de actos brutales, más será el rechazo al movimiento de Chávez. A mayor represión, menos tiempo de vida útil le queda al chavismo como gobierno.
En fin, el desespero del chavismo favorece a la democracia venezolana que está por renacer. Aquí cabe aquella frase que dice: cuando más oscura está la noche, el amanecer llegará más temprano.
Conservemos la esperanza. Se están haciendo las cosas bien. Las bravuconadas del gobierno solo nos benefician a nosotros los demócratas.
Y al gorila Rangel Silva le digo: no crea usted que sus palabras hicieron mella en nosotros. Por el contrario, nos fortalecen.
Twitter: @rojasperez
lunes, 8 de noviembre de 2010
LA EXPROPIACIÓN COMO RIESGO EMPRESARIAL EN VENEZUELA
La Expropiación como riesgo empresarial en Venezuela
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes, 8 de noviembre de 2010
La expropiación es una figura del derecho público, consagrada en el artículo 115 constitucional. La Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización. Así, el Estado tiene la potestad de ordenar a un particular la transferencia forzosa de un bien mueble o inmueble de su propiedad, sin acuerdo de voluntades.
Ahora bien, vale destacar que la expropiación se aplica, solo cuando existe efectivamente una causa de utilidad pública.
El artículo 115 de la Constitución contempla la expropiación como un instrumento para que el Estado adquiera la propiedad de un particular, aún en contra de su voluntad, pero sólo de manera excepcional, mediante sentencia firme, previo pago de justa indemnización y únicamente para la construcción de obras o el desarrollo de actividades que hayan sido declaradas previamente como de utilidad pública.
Quiere decir esto que la expropiación no puede ser utilizada de manera laxa, sino con base en esa función social. El Estado, está en la obligación de demostrar que existen causas de interés general que hacen absolutamente obligatoria la expropiación. La potestad expropiatoria no es una figura a la cual la Administración puede echar mano en todo momento, sino que tiene unos límites muy claros, que están en la utilidad pública que obliga a la expropiación.
Debe entenderse este punto. La expropiación solo puede utilizarse cuando es absolutamente necesario para salvaguardar al interés general. Aclaramos: jurídicamente no se podría expropiar un inmueble para hacer en ese sitio un hospital si existe otro sitio donde se puede hacer y que cumpla con las mismas condiciones del otro sitio. La Administración tendría que demostrar que sólo en ese sitio se puede hacer el hospital, alegando causas de accesibilidad, cercanía con la población, entre otras. Tampoco se podría expropiar un inmueble para hacer una línea de tren, si esta puede pasar por otro sitio.
Todo ello en razón de que es necesario conciliar dos aspectos fundamentales del orden social: por una parte, el interés público que requiere de un determinado bien y por el otro el legítimo derecho de propiedad de los particulares. Integrarlos armónicamente constituye el desiderátum de toda la normativa expropiatoria y la medida de su eficacia.
De este modo se garantiza a las personas que la Administración Pública no pretende imponer la potestad expropiatoria como fórmula de hacerse con la propiedad de un particular para fines personales, sino que efectivamente existen elementos que obligan a la expropiación. Se obliga entonces, desde el punto de vista legal, que la expropiación sea por causa de utilidad pública.
Sin embargo, en Venezuela tal argumentación jurídica no ha seguido este lineamiento. Desde hace algunos años, la expropiación ha tomado un carácter represivo, y no de búsqueda del interés general.
Véase como el Estado venezolano ha venido expropiando una serie importante de bienes inmuebles propiedad de diversas empresas nacionales e internacionales radicadas en Venezuela, anunciándose que la misma se hace por razones sancionatorias.
Actualmente no se cumplen los procedimientos administrativos y judiciales necesarios en las expropiaciones. Mucho menos se motivan las causas de las mismas. Se apela al simplismo de las razones de utilidad pública, sin entrar a detallar cuales son estas en el caso y momento concreto.
El riesgo empresarial en Venezuela en materia de propiedad es grande, ya que el Estado entiende a la expropiación como una figura sencilla, de fácil y corriente uso. Y es el caso que, como ya se ha resaltado aquí, tal instrumento jurídico debe ser utilizado por el Estado de manera racional y excepcional. Es decir, sólo para muy determinados casos, cuando se demuestre fehacientemente que existen razones de interés general para ello, y cumpliéndose los procedimientos de rigor.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes, 8 de noviembre de 2010
La expropiación es una figura del derecho público, consagrada en el artículo 115 constitucional. La Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización. Así, el Estado tiene la potestad de ordenar a un particular la transferencia forzosa de un bien mueble o inmueble de su propiedad, sin acuerdo de voluntades.
Ahora bien, vale destacar que la expropiación se aplica, solo cuando existe efectivamente una causa de utilidad pública.
El artículo 115 de la Constitución contempla la expropiación como un instrumento para que el Estado adquiera la propiedad de un particular, aún en contra de su voluntad, pero sólo de manera excepcional, mediante sentencia firme, previo pago de justa indemnización y únicamente para la construcción de obras o el desarrollo de actividades que hayan sido declaradas previamente como de utilidad pública.
Quiere decir esto que la expropiación no puede ser utilizada de manera laxa, sino con base en esa función social. El Estado, está en la obligación de demostrar que existen causas de interés general que hacen absolutamente obligatoria la expropiación. La potestad expropiatoria no es una figura a la cual la Administración puede echar mano en todo momento, sino que tiene unos límites muy claros, que están en la utilidad pública que obliga a la expropiación.
Debe entenderse este punto. La expropiación solo puede utilizarse cuando es absolutamente necesario para salvaguardar al interés general. Aclaramos: jurídicamente no se podría expropiar un inmueble para hacer en ese sitio un hospital si existe otro sitio donde se puede hacer y que cumpla con las mismas condiciones del otro sitio. La Administración tendría que demostrar que sólo en ese sitio se puede hacer el hospital, alegando causas de accesibilidad, cercanía con la población, entre otras. Tampoco se podría expropiar un inmueble para hacer una línea de tren, si esta puede pasar por otro sitio.
Todo ello en razón de que es necesario conciliar dos aspectos fundamentales del orden social: por una parte, el interés público que requiere de un determinado bien y por el otro el legítimo derecho de propiedad de los particulares. Integrarlos armónicamente constituye el desiderátum de toda la normativa expropiatoria y la medida de su eficacia.
De este modo se garantiza a las personas que la Administración Pública no pretende imponer la potestad expropiatoria como fórmula de hacerse con la propiedad de un particular para fines personales, sino que efectivamente existen elementos que obligan a la expropiación. Se obliga entonces, desde el punto de vista legal, que la expropiación sea por causa de utilidad pública.
Sin embargo, en Venezuela tal argumentación jurídica no ha seguido este lineamiento. Desde hace algunos años, la expropiación ha tomado un carácter represivo, y no de búsqueda del interés general.
Véase como el Estado venezolano ha venido expropiando una serie importante de bienes inmuebles propiedad de diversas empresas nacionales e internacionales radicadas en Venezuela, anunciándose que la misma se hace por razones sancionatorias.
Actualmente no se cumplen los procedimientos administrativos y judiciales necesarios en las expropiaciones. Mucho menos se motivan las causas de las mismas. Se apela al simplismo de las razones de utilidad pública, sin entrar a detallar cuales son estas en el caso y momento concreto.
El riesgo empresarial en Venezuela en materia de propiedad es grande, ya que el Estado entiende a la expropiación como una figura sencilla, de fácil y corriente uso. Y es el caso que, como ya se ha resaltado aquí, tal instrumento jurídico debe ser utilizado por el Estado de manera racional y excepcional. Es decir, sólo para muy determinados casos, cuando se demuestre fehacientemente que existen razones de interés general para ello, y cumpliéndose los procedimientos de rigor.
Twitter: @rojasperezm
OPINIÓN PÚBLICA, LIBERTAD POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Opinión pública, libertad política y democracia
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes 12 de octubre de 2010
Dedicado a los premios Nobel Liu Xiaobo y Mario Vargas Llosa, así como a nuestros presos y perseguidos políticos de opinión
Giovanni Sartori, de quien soy confeso seguidor, se pregunta. “Si la democracia es el gobierno del pueblo sobre el pueblo será en parte gobernada y en parte gobernante ¿Cuándo será gobernante?”. La respuesta sería: cuando hay elecciones. Y es que resulta que, las elecciones expresan, en su conjunto, la opinión pública.
Las opiniones, como las elecciones, deben ser libres. Si las opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. Luego, un pueblo soberano que no tiene nada que decir, o que su opinión es simplemente castigada, no puede considerarse como un pueblo libre.
Como diría Sartori, ese pueblo sin opinión libre “cuenta menos que el dos de copas”. La democracia se apoya, entonces, en la opinión pública, y en una opinión que nazca de manera libre por parte del pueblo que la exprese. Así, las opiniones en el pueblo deben ser opiniones del pueblo, esto es, opiniones que el pueblo se forma por si mismo.
Traemos esto a colación por el afán que tiene el chavismo de imponer a juro sus ideas a la ciudadanía. Que el socialismo es la única vía de salvación y que quien piense lo contrario es un traidor a la patria que debe ser encarcelado o expulsado del país no es democrático.
La hegemonía comunicacional oficialista, que quiere ser llevada a las aulas de educación por medio de las llamadas guerrillas comunicacionales y los círculos bolivarianos infantiles, solo busca controlar la ideologización de la ciudadanía de una manera total. Y eso implica totalitarismo, criterio contrario a la libertad y por tanto a la democracia.
Es cierto que en política la difusión de la ideología es clave. No en vano, la expresión “opinión pública” deviene de los tiempos previos a la revolución francesa, donde los ilustrados se asignaban la tarea de “iluminar”, de difundir las luces y por tanto de formar las opiniones de un público más amplio.
Por ello mismo, señala Sartori que “El hecho que la opinión pública surja, como expresión y como fuerza activa, en concomitancia con el 14 de julio de 1789 también viene a indicar que la asociación primaria del concepto es una asociación política”.
Es decir, en democracia, la opinión pública va a amarrada con los derechos políticos de los ciudadanos. Esa labor de ideologizar es función natural de los partidos políticos, pero no del Estado, quien debe velar por la convivencia y coexistencia de todas las posiciones ideológicas. No es el Estado quien debe actuar como un partido político difusor de ideologías. En Venezuela, no se respeta la opinión.
El Estado obliga a callar, y quien no lo hace simplemente es castigado. La teoría del terror frente al Estado limita la posibilidad que el ciudadano opine. La democracia, aunque al chavismo no le guste, se basa en la opinión de los ciudadanos. Y no solo en el aspecto meramente electoral. Si la Constitución señala que esta es una República “participativa y protagónica”, lo propio es que todos los ciudadanos podamos participar y ser protagonista de los asuntos públicos del Estado.
La libertad en general, incluida la de opinión, debe tener en cuenta la libertad externa. Porque una cosa es ser libre a lo interno, y otra que se permita ejercer la libertad de manera plena. Thomas Hobbes acertó con la noción de libertad a la que queremos llegar: “Libertad significa propiamente ausencia de impedimentos externos”. Luego, la libertad política sirve para proteger al ciudadano de la opresión.
Nos referimos al ciudadano que es libre dentro del marco de la ley. El Estado es el garante que esta libertad se cumpla. Que la opinión del pueblo sea escuchada, tomada en cuenta y cuando llegue el momento, sea acatada. Y nunca perseguida. La opinión del venezolano dicha el 26 de septiembre no ha sido oída.
El principio democrático de respeto a la opinión pública no se ha cumplido. Por el contrario, se ataca a esta cuando se anuncia la radicalización de la revolución chavista. Luego ¿es este un gobierno verdaderamente democrático? Piénselo.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes 12 de octubre de 2010
Dedicado a los premios Nobel Liu Xiaobo y Mario Vargas Llosa, así como a nuestros presos y perseguidos políticos de opinión
Giovanni Sartori, de quien soy confeso seguidor, se pregunta. “Si la democracia es el gobierno del pueblo sobre el pueblo será en parte gobernada y en parte gobernante ¿Cuándo será gobernante?”. La respuesta sería: cuando hay elecciones. Y es que resulta que, las elecciones expresan, en su conjunto, la opinión pública.
Las opiniones, como las elecciones, deben ser libres. Si las opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. Luego, un pueblo soberano que no tiene nada que decir, o que su opinión es simplemente castigada, no puede considerarse como un pueblo libre.
Como diría Sartori, ese pueblo sin opinión libre “cuenta menos que el dos de copas”. La democracia se apoya, entonces, en la opinión pública, y en una opinión que nazca de manera libre por parte del pueblo que la exprese. Así, las opiniones en el pueblo deben ser opiniones del pueblo, esto es, opiniones que el pueblo se forma por si mismo.
Traemos esto a colación por el afán que tiene el chavismo de imponer a juro sus ideas a la ciudadanía. Que el socialismo es la única vía de salvación y que quien piense lo contrario es un traidor a la patria que debe ser encarcelado o expulsado del país no es democrático.
La hegemonía comunicacional oficialista, que quiere ser llevada a las aulas de educación por medio de las llamadas guerrillas comunicacionales y los círculos bolivarianos infantiles, solo busca controlar la ideologización de la ciudadanía de una manera total. Y eso implica totalitarismo, criterio contrario a la libertad y por tanto a la democracia.
Es cierto que en política la difusión de la ideología es clave. No en vano, la expresión “opinión pública” deviene de los tiempos previos a la revolución francesa, donde los ilustrados se asignaban la tarea de “iluminar”, de difundir las luces y por tanto de formar las opiniones de un público más amplio.
Por ello mismo, señala Sartori que “El hecho que la opinión pública surja, como expresión y como fuerza activa, en concomitancia con el 14 de julio de 1789 también viene a indicar que la asociación primaria del concepto es una asociación política”.
Es decir, en democracia, la opinión pública va a amarrada con los derechos políticos de los ciudadanos. Esa labor de ideologizar es función natural de los partidos políticos, pero no del Estado, quien debe velar por la convivencia y coexistencia de todas las posiciones ideológicas. No es el Estado quien debe actuar como un partido político difusor de ideologías. En Venezuela, no se respeta la opinión.
El Estado obliga a callar, y quien no lo hace simplemente es castigado. La teoría del terror frente al Estado limita la posibilidad que el ciudadano opine. La democracia, aunque al chavismo no le guste, se basa en la opinión de los ciudadanos. Y no solo en el aspecto meramente electoral. Si la Constitución señala que esta es una República “participativa y protagónica”, lo propio es que todos los ciudadanos podamos participar y ser protagonista de los asuntos públicos del Estado.
La libertad en general, incluida la de opinión, debe tener en cuenta la libertad externa. Porque una cosa es ser libre a lo interno, y otra que se permita ejercer la libertad de manera plena. Thomas Hobbes acertó con la noción de libertad a la que queremos llegar: “Libertad significa propiamente ausencia de impedimentos externos”. Luego, la libertad política sirve para proteger al ciudadano de la opresión.
Nos referimos al ciudadano que es libre dentro del marco de la ley. El Estado es el garante que esta libertad se cumpla. Que la opinión del pueblo sea escuchada, tomada en cuenta y cuando llegue el momento, sea acatada. Y nunca perseguida. La opinión del venezolano dicha el 26 de septiembre no ha sido oída.
El principio democrático de respeto a la opinión pública no se ha cumplido. Por el contrario, se ataca a esta cuando se anuncia la radicalización de la revolución chavista. Luego ¿es este un gobierno verdaderamente democrático? Piénselo.
Twitter: @rojasperezm
SABORES Y SIN SABORES DEL 26S
Sabores y sin sabores del 26S
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes, 4 de octubre de 2010
Son muchas las cosas que hay que analizar de la pasada jornada electoral, que permiten hacer una serie de análisis para entender cual es la real posición tanto del chavismo como de la oposición. Lo primero que hay que destacar es la perdida del voto popular por parte del chavismo.
El movimiento liderado por el presidente, venía ufanándose que ellos eran mayoría en el país. Sin embargo ya teníamos la experiencia del referendo de la reforma constitucional de 2007, donde más del cincuenta por ciento de la población le dio la espalda a la propuesta gubernamental. Quedaba entonces, medir fuerzas en estas elecciones, saber en realidad quien era mayoría y quien no. Pues eso se supo.
Con 5.628.489 votos, la oposición logró la mayoría de votos nacionales en total frente a los 5.399.390 votos del bloque oficialista. Un 52% del electorado votó en contra del chavismo, y eso es una realidad tan fuerte que el propio presidente acusó el golpe y el día lunes pagó si rabia y frustración con una reportera de un medio de comunicación internacional.
Podría alegarse que la diferencia es muy corta. Es cierto. Pero hay que hacer el análisis más allá de los fríos números. La campaña del gobierno nacional se basó en regalar neveras y atemorizar a la gente. Muchos de los votantes dieron su voto al chavismo creyendo que con eso les darían una casa, una nevera o una cocina. El chavismo siempre ha tenido como política electoral jugar con el hambre y la pobreza de la gente. ¿Que es una bajeza del oficialismo? Absolutamente. Pero es lo que tenemos y con eso hay que jugar.
Igualmente, a muchos se les dijo que serían botados de sus puestos de trabajo si no botaban por la opción chavista. Lo que quiero decir es que, si bien la diferencia entre la mayoría oposición y la minoría es muy corta, también es cierto que es que el voto opositor es natural –porque no tiene medios para obligar a la gente- mientras que muchos de los votos chavistas no son duros ni espontáneos.
Otro elemento que no podemos dejar de advertir es la tremenda disminución del voto chavista en los sectores populares. Pongamos el caso del circuito del centro de Caracas y el 23 de enero. En esa zona, en el año 2006, el chavismo ganó con una diferencia de casi 100.000 votos. En el 2008, el asunto bajó a más de la mitad. Ya la diferencia era de 45.000 votos.
Pero, en este 2010, el candidato de la MUD por esa zona, Antonio Ecarri perdió por tan solo 2000 votos. En la zona popular más importante y difícil de Caracas, donde se encuentra el propio Palacio de Miraflores, donde vota el presidente de la República, donde están casi todos los Ministerios y demás Poderes Públicos, ahí, el chavismo ganó de casualidad. Solo por 2000 votos.
En un sector donde el propio Chávez hizo campaña casi a diario, donde la desigualdad propagandistica era abrumadora –en cada poste habían cuatro pendones del chavismo y el único que había del candidato de la MUD era arrancado-, en un sector donde hace cuatro años se perdió por 100.000 votos, haberle roncado en la cueva y estar a punto de ganar, con una diferencia de apenas 2000 votos debe considerarse como una tremenda victoria política y como la perdida del chavismo en los sectores populares.
Pero no todo es color rosa. Hubo algo que sucedió el día de la elección que no me agradó. Cuando los rectores del CNE no salían a ofrecer los números, comenzaron a correr toda clase de rumores. Se empezó a decir que habíamos ganado la mayoría de votos a nivel nacional, que era el objetivo de la MUD.
Sin embargo, al poco rato, en el propio CNE –donde me encontraba como testigo nacional- comenzó a decirse que el chavismo había perdido también la mayoría de diputados. Se hablaba de más de cien diputados para la oposición. En fin, caímos en el triunfalismo. Por eso, algunos al día siguiente tenían una sensación de derrota. Porque volvimos a caer en el mismo triunfalismo del 2004 y 2006.
Eso es un error que debemos terminar de erradicar. En fin, son muchas los análisis que del 26S pueden hacerse. He aquí algunos. Por razones de espacio solo pude esbozar estos, pero en próximas oportunidades ofreceré más razonamientos sobre el tema.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní
Lunes, 4 de octubre de 2010
Son muchas las cosas que hay que analizar de la pasada jornada electoral, que permiten hacer una serie de análisis para entender cual es la real posición tanto del chavismo como de la oposición. Lo primero que hay que destacar es la perdida del voto popular por parte del chavismo.
El movimiento liderado por el presidente, venía ufanándose que ellos eran mayoría en el país. Sin embargo ya teníamos la experiencia del referendo de la reforma constitucional de 2007, donde más del cincuenta por ciento de la población le dio la espalda a la propuesta gubernamental. Quedaba entonces, medir fuerzas en estas elecciones, saber en realidad quien era mayoría y quien no. Pues eso se supo.
Con 5.628.489 votos, la oposición logró la mayoría de votos nacionales en total frente a los 5.399.390 votos del bloque oficialista. Un 52% del electorado votó en contra del chavismo, y eso es una realidad tan fuerte que el propio presidente acusó el golpe y el día lunes pagó si rabia y frustración con una reportera de un medio de comunicación internacional.
Podría alegarse que la diferencia es muy corta. Es cierto. Pero hay que hacer el análisis más allá de los fríos números. La campaña del gobierno nacional se basó en regalar neveras y atemorizar a la gente. Muchos de los votantes dieron su voto al chavismo creyendo que con eso les darían una casa, una nevera o una cocina. El chavismo siempre ha tenido como política electoral jugar con el hambre y la pobreza de la gente. ¿Que es una bajeza del oficialismo? Absolutamente. Pero es lo que tenemos y con eso hay que jugar.
Igualmente, a muchos se les dijo que serían botados de sus puestos de trabajo si no botaban por la opción chavista. Lo que quiero decir es que, si bien la diferencia entre la mayoría oposición y la minoría es muy corta, también es cierto que es que el voto opositor es natural –porque no tiene medios para obligar a la gente- mientras que muchos de los votos chavistas no son duros ni espontáneos.
Otro elemento que no podemos dejar de advertir es la tremenda disminución del voto chavista en los sectores populares. Pongamos el caso del circuito del centro de Caracas y el 23 de enero. En esa zona, en el año 2006, el chavismo ganó con una diferencia de casi 100.000 votos. En el 2008, el asunto bajó a más de la mitad. Ya la diferencia era de 45.000 votos.
Pero, en este 2010, el candidato de la MUD por esa zona, Antonio Ecarri perdió por tan solo 2000 votos. En la zona popular más importante y difícil de Caracas, donde se encuentra el propio Palacio de Miraflores, donde vota el presidente de la República, donde están casi todos los Ministerios y demás Poderes Públicos, ahí, el chavismo ganó de casualidad. Solo por 2000 votos.
En un sector donde el propio Chávez hizo campaña casi a diario, donde la desigualdad propagandistica era abrumadora –en cada poste habían cuatro pendones del chavismo y el único que había del candidato de la MUD era arrancado-, en un sector donde hace cuatro años se perdió por 100.000 votos, haberle roncado en la cueva y estar a punto de ganar, con una diferencia de apenas 2000 votos debe considerarse como una tremenda victoria política y como la perdida del chavismo en los sectores populares.
Pero no todo es color rosa. Hubo algo que sucedió el día de la elección que no me agradó. Cuando los rectores del CNE no salían a ofrecer los números, comenzaron a correr toda clase de rumores. Se empezó a decir que habíamos ganado la mayoría de votos a nivel nacional, que era el objetivo de la MUD.
Sin embargo, al poco rato, en el propio CNE –donde me encontraba como testigo nacional- comenzó a decirse que el chavismo había perdido también la mayoría de diputados. Se hablaba de más de cien diputados para la oposición. En fin, caímos en el triunfalismo. Por eso, algunos al día siguiente tenían una sensación de derrota. Porque volvimos a caer en el mismo triunfalismo del 2004 y 2006.
Eso es un error que debemos terminar de erradicar. En fin, son muchas los análisis que del 26S pueden hacerse. He aquí algunos. Por razones de espacio solo pude esbozar estos, pero en próximas oportunidades ofreceré más razonamientos sobre el tema.
Twitter: @rojasperezm
jueves, 30 de septiembre de 2010
HOY INICIA LA CAMPAÑA PARA EL 2012
HOY INICIA LA CAMPAÑA PARA EL 2012
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 27 de septiembre 2010
Pocas veces estoy de acuerdo con Hugo Chávez. Sus ideas autoritarias y tiránicas chocan con mis ideales socialdemócratas y libertarios. Pero tengo que reconocer que concuerdo con que la campaña para el 2012 ha empezado.
El presidente, en medio de la campaña electoral que lideró para llevar a sus candidatos a la Asamblea Nacional, señaló que la campaña presidencial apenas estaba empezando.
Y es que en efecto, lo que se inicia a partir de hoy es eso. La movilización de todo un país por encontrar su sentido político y social.
Independientemente de los resultados electorales de ayer domingo 26 de septiembre, el país ha cambiado. Con cuarenta u ochenta diputados de la oposición democrática en la Asamblea Nacional, la conclusión es la misma: el Poder Ejecutivo será fiscalizado y controlado. Por supuesto, mientras más diputados de oposición hayan sido electos, más efectivo y poderoso será ese control y podrá limitarse en mayor o menos medida los abusos y desmanes tiránicos de Hugo Chávez.
Lo importante en todo caso, es que los parlamentarios que hayan sido electos, sin importar el número, se dediquen a ser garantes de la legalidad, a ser nuestros ojos y oídos en la Asamblea Nacional. Recuerden que en 1993, la Causa R tenía un diputado al Congreso: Andrés Velásquez, quien junto con sus dos suplentes Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz, pusieron contra la espada y la pared con sus denuncias al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso con un número mínimo de diputados.
Todo ello lo decimos porque la elección del día de ayer fue apenas el primero de una serie importante pero necesaria de pasos para lograr la salida democrática del poder de Hugo Chávez. A partir de ayer la configuración de poder cambió.
Nos queda como opción democrática seguir trabajando tan duro como se hizo en el periodo electoral. Diariamente seguir la labor de convencimiento acerca de la verdadera razón de ser de este gobierno, que no es otra que apoderarse del poder de manera eterna para enriquecerse hasta más no poder.
Nuestra labor pasa por mantener a la Mesa de Unidad Democrática como órgano de concertación de los factores políticos que buscan el retorno de la democracia.
Es cierto presidente. A partir de hoy inició la campaña electoral presidencial. Aquí seguimos trabajando.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní el 27 de septiembre 2010
Pocas veces estoy de acuerdo con Hugo Chávez. Sus ideas autoritarias y tiránicas chocan con mis ideales socialdemócratas y libertarios. Pero tengo que reconocer que concuerdo con que la campaña para el 2012 ha empezado.
El presidente, en medio de la campaña electoral que lideró para llevar a sus candidatos a la Asamblea Nacional, señaló que la campaña presidencial apenas estaba empezando.
Y es que en efecto, lo que se inicia a partir de hoy es eso. La movilización de todo un país por encontrar su sentido político y social.
Independientemente de los resultados electorales de ayer domingo 26 de septiembre, el país ha cambiado. Con cuarenta u ochenta diputados de la oposición democrática en la Asamblea Nacional, la conclusión es la misma: el Poder Ejecutivo será fiscalizado y controlado. Por supuesto, mientras más diputados de oposición hayan sido electos, más efectivo y poderoso será ese control y podrá limitarse en mayor o menos medida los abusos y desmanes tiránicos de Hugo Chávez.
Lo importante en todo caso, es que los parlamentarios que hayan sido electos, sin importar el número, se dediquen a ser garantes de la legalidad, a ser nuestros ojos y oídos en la Asamblea Nacional. Recuerden que en 1993, la Causa R tenía un diputado al Congreso: Andrés Velásquez, quien junto con sus dos suplentes Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz, pusieron contra la espada y la pared con sus denuncias al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso con un número mínimo de diputados.
Todo ello lo decimos porque la elección del día de ayer fue apenas el primero de una serie importante pero necesaria de pasos para lograr la salida democrática del poder de Hugo Chávez. A partir de ayer la configuración de poder cambió.
Nos queda como opción democrática seguir trabajando tan duro como se hizo en el periodo electoral. Diariamente seguir la labor de convencimiento acerca de la verdadera razón de ser de este gobierno, que no es otra que apoderarse del poder de manera eterna para enriquecerse hasta más no poder.
Nuestra labor pasa por mantener a la Mesa de Unidad Democrática como órgano de concertación de los factores políticos que buscan el retorno de la democracia.
Es cierto presidente. A partir de hoy inició la campaña electoral presidencial. Aquí seguimos trabajando.
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martes, 14 de septiembre de 2010
Acción Democrática: balances y perspectivas
Acción Democrática: balances y perspectivas
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 13 de septiembre de 2010.
Hoy 13 de septiembre se cumplen sesenta y nueve años desde que Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Luis Augusto Dubuc, Juan Oropeza Riera, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda, Jesús Paz Galarraga, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros, fundaron Acción Democrática. En razón de eso, dedico mis líneas de esta semana al partido del pueblo. Sin embargo, no pretendo hacer en este momento un llamado histórico ni militante. Prefiero hablar sobre las perspectivas presentes y futuras de ese partido político.
Desde la llegada de Hugo Chávez a la palestra política, Acción Democrática se vio amenazada. Los golpes de Estado de 1992 no fueron dirigidos solo contra Carlos Andrés Pérez sino contra el partido blanco.
Llegó Chávez al poder y las amenazas aumentaron. ¿Quién puede olvidar que Hugo Chávez ofreció –y prometió- freír la cabeza de los adecos? Su línea política iba dirigida, casi exclusivamente a atacar a Acción Democrática. Todo indicaba que era el final del movimiento construido por Betancourt.
Pero las cosas no sucedieron como las planeó Chávez. El partido comenzó a reconstruirse. Luego de direcciones erráticas, Isabel Carmona de Serra, Antonio Ecarri Bolívar, Henry Ramos Allup, Bernabé Gutiérrez junto a muchos otros, tomaron las riendas del movimiento y se comprometieron a formar de cero al partido desde las bases.
El primer aspecto a considerar era el de la organización. Se inició la conformación de nuevos burós y secretarías para conformar planes de acción política a seguir para recuperar las bases perdidas y reclutar nuevos militantes. Esto fue un trabajo arduo y de años.
Para que todo ello ocurriese, fue necesario que se aplicara de cara al país una línea política seria y coherente de oposición al chavismo. Una línea dura, sin concesiones, pero sin caer en apasionamientos, radicalismos ni llamados fuera de la Constitución. Eso se logró, ya que hoy día la gente ve en Acción Democrática como el movimiento más lineal y centrado de toda la oposición venezolana.
Ello hizo que cada vez más personas simpatizaran con el partido blanco y se sintieran identificados con su ideología. Ahí comenzó en verdad la reconstrucción. Las bases resurgieron y crecieron, la línea política se mantuvo y el gobierno consiguió en Acción Democrática un movimiento de oposición serio, que denuncia con pruebas y opina con argumentos.
Tan fue así, que en las elecciones de 2008, Acción Democrática logró ser uno de los primero partidos de oposición a nivel nacional, logrando la mayoría de votos opositores en gran parte del interior del país. Eso dio pie a que en la designación de candidatos a la Asamblea Nacional en 2010, el partido blanco obtuviese una cuota muy importante.
Hoy día, Acción Democrática tiene la posibilidad de convertirse en la primera fuerza opositora al chavismo. Puede lograr una fracción política interesante dentro de la Asamblea Nacional. Ello aunado a que organizativamente, el partido ha logrado cohesionar una importante cantidad de caras nuevas que se encuentran en las diversas direcciones políticas, lo cual le da una frescura que no se veía en décadas, sin olvidar que hay personas de experiencia que da una interesante combinación
Las perspectivas a futuro del partido del pueblo son muy buenas. A pesar de los ataques frontales de Hugo Chávez, Acción Democrática se ha mantenido firme en su lucha en la reconquista de la democracia. Como dijo Betancourt hace exactamente sesenta y nueve años: “Acción Democrática se dirige a los hombres y mujeres de los cuatro costados del país, porque uno de sus propósitos fundamentales es el de contribuir a que termine para siempre eso de andinos, orientales y centrales, doctrina del desmigajamiento nacional forjada por politiquillos de aldea, por miopes caciques de caserío”.
Felicito a Acción Democrática en su sesenta y nueve aniversario. El partido del pueblo es ejemplo vivo que, a pesar de las críticas a los partidos políticos, estos son elementos necesarios como vehículos políticos en las democracias.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 13 de septiembre de 2010.
Hoy 13 de septiembre se cumplen sesenta y nueve años desde que Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Luis Augusto Dubuc, Juan Oropeza Riera, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda, Jesús Paz Galarraga, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros, fundaron Acción Democrática. En razón de eso, dedico mis líneas de esta semana al partido del pueblo. Sin embargo, no pretendo hacer en este momento un llamado histórico ni militante. Prefiero hablar sobre las perspectivas presentes y futuras de ese partido político.
Desde la llegada de Hugo Chávez a la palestra política, Acción Democrática se vio amenazada. Los golpes de Estado de 1992 no fueron dirigidos solo contra Carlos Andrés Pérez sino contra el partido blanco.
Llegó Chávez al poder y las amenazas aumentaron. ¿Quién puede olvidar que Hugo Chávez ofreció –y prometió- freír la cabeza de los adecos? Su línea política iba dirigida, casi exclusivamente a atacar a Acción Democrática. Todo indicaba que era el final del movimiento construido por Betancourt.
Pero las cosas no sucedieron como las planeó Chávez. El partido comenzó a reconstruirse. Luego de direcciones erráticas, Isabel Carmona de Serra, Antonio Ecarri Bolívar, Henry Ramos Allup, Bernabé Gutiérrez junto a muchos otros, tomaron las riendas del movimiento y se comprometieron a formar de cero al partido desde las bases.
El primer aspecto a considerar era el de la organización. Se inició la conformación de nuevos burós y secretarías para conformar planes de acción política a seguir para recuperar las bases perdidas y reclutar nuevos militantes. Esto fue un trabajo arduo y de años.
Para que todo ello ocurriese, fue necesario que se aplicara de cara al país una línea política seria y coherente de oposición al chavismo. Una línea dura, sin concesiones, pero sin caer en apasionamientos, radicalismos ni llamados fuera de la Constitución. Eso se logró, ya que hoy día la gente ve en Acción Democrática como el movimiento más lineal y centrado de toda la oposición venezolana.
Ello hizo que cada vez más personas simpatizaran con el partido blanco y se sintieran identificados con su ideología. Ahí comenzó en verdad la reconstrucción. Las bases resurgieron y crecieron, la línea política se mantuvo y el gobierno consiguió en Acción Democrática un movimiento de oposición serio, que denuncia con pruebas y opina con argumentos.
Tan fue así, que en las elecciones de 2008, Acción Democrática logró ser uno de los primero partidos de oposición a nivel nacional, logrando la mayoría de votos opositores en gran parte del interior del país. Eso dio pie a que en la designación de candidatos a la Asamblea Nacional en 2010, el partido blanco obtuviese una cuota muy importante.
Hoy día, Acción Democrática tiene la posibilidad de convertirse en la primera fuerza opositora al chavismo. Puede lograr una fracción política interesante dentro de la Asamblea Nacional. Ello aunado a que organizativamente, el partido ha logrado cohesionar una importante cantidad de caras nuevas que se encuentran en las diversas direcciones políticas, lo cual le da una frescura que no se veía en décadas, sin olvidar que hay personas de experiencia que da una interesante combinación
Las perspectivas a futuro del partido del pueblo son muy buenas. A pesar de los ataques frontales de Hugo Chávez, Acción Democrática se ha mantenido firme en su lucha en la reconquista de la democracia. Como dijo Betancourt hace exactamente sesenta y nueve años: “Acción Democrática se dirige a los hombres y mujeres de los cuatro costados del país, porque uno de sus propósitos fundamentales es el de contribuir a que termine para siempre eso de andinos, orientales y centrales, doctrina del desmigajamiento nacional forjada por politiquillos de aldea, por miopes caciques de caserío”.
Felicito a Acción Democrática en su sesenta y nueve aniversario. El partido del pueblo es ejemplo vivo que, a pesar de las críticas a los partidos políticos, estos son elementos necesarios como vehículos políticos en las democracias.
Twitter: @rojasperezm
¿Votar por la Unidad o por Pudreval?
¿Votar por la Unidad o por Pudreval?
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 6 de septiembre de 2010
Tenemos dos opciones el 26 de septiembre. Están de un lado los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática y del otro los del chavismo. Esas son las dos opciones. Lastimosamente el propio chavismo ha partido el país en dos, y para despolarizarlo, hay que comenzar por derrotar al sector rojo, cosa que solo ocurrirá si se vota por los candidatos de la MUD. Votar por cualquier otro sector que no sea el de la Unidad, es ayudar de manera indirecta al chavismo.
Para ello, amigo lector, deberá usted hacer un análisis sobre las razones para darle su voto a la Unidad o al chavismo. Trataremos de ayudarle a tomar su decisión, si es que no está claro aún.
Si vota por la Unidad, sus diputados serán garantes del Estado de Derecho, de la aplicación correcta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos, de garantizar que los poderes Judicial y Ciudadano cumplan de manera objetiva e imparcial con sus labores. En cambio, si vota por el chavismo, los electos se harán la vista gorda cada vez que el presidente pisotee la Constitución como lo hace diariamente, aplaudirán de pie cuando a una jueza la metan presa por hacer su trabajo o cuando censuren a un periódico por informarle a usted sobre el acontecer diario.
Si vota por la Unidad, sus diputados exigirán a los cuerpos de seguridad que ataquen a la delincuencia, que utilicen los procedimientos reglamentarios contra los delincuentes y no contra los inocentes, que no usen sus armas contra el pueblo. En cambio, si vota por el chavismo, estos callarán que en 2009 se registraron dieciséis mil cuarenta y nueve homicidios y le dirán a usted que eso es falso, que aquí no hay un solo homicidio, que son inventos de Globovisión, de El Nacional o del Correo del Caroní. Le dirán que no se preocupe, que en veinte años no habrá delincuencia. Que se espere. También se reirán a carcajadas en su cara cuando haga una denuncia al respecto y hasta puede que lo apresen por haberse dejado robar.
Si vota por la Unidad, sus diputados lucharán por lograr que los órganos competentes solucionen el problema de la energía eléctrica que azota al país. Igualmente harán las gestiones para que la crisis del agua sea enmendada. En cambio, si vota por el chavismo, estos dirán que el problema eléctrico es culpa de una iguana que se comió unos cables de energía y que ellos no pueden hacer nada.
Si vota por la Unidad, sus diputados investigarán a fondo porqué más de ciento cincuenta millones de kilos de comida se descompusieron, señalando y denunciando a los culpables. Además de eso, plantearán propuestas de ley para evitar que eso siga ocurriendo y que esa comida en vez de echarse a perder llegue a su mesa. En cambio, si vota por el chavismo, estos dirán que usted es un exagerado, un amarillista, que unos cientos de millones de kilos de comida podrida es una cifra insignificativa.
Si vota por la Unidad, sus diputados exigirán rendición de cuentas al gobierno nacional, para que explique a razón de que ha regalado cantidades ya incontables de dinero a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua, a Rusia, a Cuba. También iniciarán un procedimiento de averiguación sobre como salio de Venezuela y llegó a Argentina una maleta con ochocientos mil dólares en efectivo. En cambio, si vota por el chavismo, estos alegarán que esa maleta es un montaje de la CIA, del FBI y hasta de Carlos Andrés. Que eso es un invento del imperio, que lo que usted sabe que pasó no pasó. Y para que no sea metiche, le meterán un carcelazo o el Seniat cerrará su pequeño negocio por un mes.
Estas son algunas de las razones por las que quien suscribe votará por los candidatos de la Mesa de la Unidad y pide a sus lectores que hagan lo mismo. Para que no se burlen de usted y no se rían de sus desgracias, para quitarle poder a quien lo detesta por ser venezolano y no cubano, para que controlen a los órganos de seguridad del Estado, para que investiguen y paren la corrupción, para que respeten su propiedad privada, para que no haya más Pudreval y en fin, para hacer frente a la autocracia, hay que votar por los candidatos de la Unidad. Usted tiene la última palabra.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 6 de septiembre de 2010
Tenemos dos opciones el 26 de septiembre. Están de un lado los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática y del otro los del chavismo. Esas son las dos opciones. Lastimosamente el propio chavismo ha partido el país en dos, y para despolarizarlo, hay que comenzar por derrotar al sector rojo, cosa que solo ocurrirá si se vota por los candidatos de la MUD. Votar por cualquier otro sector que no sea el de la Unidad, es ayudar de manera indirecta al chavismo.
Para ello, amigo lector, deberá usted hacer un análisis sobre las razones para darle su voto a la Unidad o al chavismo. Trataremos de ayudarle a tomar su decisión, si es que no está claro aún.
Si vota por la Unidad, sus diputados serán garantes del Estado de Derecho, de la aplicación correcta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos, de garantizar que los poderes Judicial y Ciudadano cumplan de manera objetiva e imparcial con sus labores. En cambio, si vota por el chavismo, los electos se harán la vista gorda cada vez que el presidente pisotee la Constitución como lo hace diariamente, aplaudirán de pie cuando a una jueza la metan presa por hacer su trabajo o cuando censuren a un periódico por informarle a usted sobre el acontecer diario.
Si vota por la Unidad, sus diputados exigirán a los cuerpos de seguridad que ataquen a la delincuencia, que utilicen los procedimientos reglamentarios contra los delincuentes y no contra los inocentes, que no usen sus armas contra el pueblo. En cambio, si vota por el chavismo, estos callarán que en 2009 se registraron dieciséis mil cuarenta y nueve homicidios y le dirán a usted que eso es falso, que aquí no hay un solo homicidio, que son inventos de Globovisión, de El Nacional o del Correo del Caroní. Le dirán que no se preocupe, que en veinte años no habrá delincuencia. Que se espere. También se reirán a carcajadas en su cara cuando haga una denuncia al respecto y hasta puede que lo apresen por haberse dejado robar.
Si vota por la Unidad, sus diputados lucharán por lograr que los órganos competentes solucionen el problema de la energía eléctrica que azota al país. Igualmente harán las gestiones para que la crisis del agua sea enmendada. En cambio, si vota por el chavismo, estos dirán que el problema eléctrico es culpa de una iguana que se comió unos cables de energía y que ellos no pueden hacer nada.
Si vota por la Unidad, sus diputados investigarán a fondo porqué más de ciento cincuenta millones de kilos de comida se descompusieron, señalando y denunciando a los culpables. Además de eso, plantearán propuestas de ley para evitar que eso siga ocurriendo y que esa comida en vez de echarse a perder llegue a su mesa. En cambio, si vota por el chavismo, estos dirán que usted es un exagerado, un amarillista, que unos cientos de millones de kilos de comida podrida es una cifra insignificativa.
Si vota por la Unidad, sus diputados exigirán rendición de cuentas al gobierno nacional, para que explique a razón de que ha regalado cantidades ya incontables de dinero a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua, a Rusia, a Cuba. También iniciarán un procedimiento de averiguación sobre como salio de Venezuela y llegó a Argentina una maleta con ochocientos mil dólares en efectivo. En cambio, si vota por el chavismo, estos alegarán que esa maleta es un montaje de la CIA, del FBI y hasta de Carlos Andrés. Que eso es un invento del imperio, que lo que usted sabe que pasó no pasó. Y para que no sea metiche, le meterán un carcelazo o el Seniat cerrará su pequeño negocio por un mes.
Estas son algunas de las razones por las que quien suscribe votará por los candidatos de la Mesa de la Unidad y pide a sus lectores que hagan lo mismo. Para que no se burlen de usted y no se rían de sus desgracias, para quitarle poder a quien lo detesta por ser venezolano y no cubano, para que controlen a los órganos de seguridad del Estado, para que investiguen y paren la corrupción, para que respeten su propiedad privada, para que no haya más Pudreval y en fin, para hacer frente a la autocracia, hay que votar por los candidatos de la Unidad. Usted tiene la última palabra.
Twitter: @rojasperezm
La importancia del Parlatino
La importancia del Parlatino
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroni, lunes 31 de agosto de 2010
Arrancó la campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Ya las cartas están echadas y cada uno de los candidatos debe convencer a los electores de que son la mejor opción para el bienestar nacional.
Este 26 de septiembre se elegirán los miembros a la Asamblea Nacional. Candidatos por lista y de manera uninominal serán electos por el pueblo, quien se dará un nuevo Poder Legislativo.
Pero en esa misma fecha, se hará otra elección, tan importante como la de los miembros a la Asamblea Nacional. Nos referimos a la votación al Parlamento Latinoamericano, conocido como el Parlatino.
El Parlatino es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de América Latina, elegidos mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre de 1987, en Lima, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al mismo o lo hicieren en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en ese Estatuto.
Ese ente de integración regional tiene como sus potestades, entre otras, la defensa de la democracia en los países latinoamericanos defendiendo la plena vigencia de la libertad, justicia social e independencia económica; fomentar el desarrollo económico y social; velar por el respeto a los derechos humanos; luchar por la supresión de toda forma de colonialismo (venga del imperio o de Cuba) y contra la discriminación; formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana; contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales; denunciar y combatir el armamentismo y la agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, a lo interno y a lo externo; canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina en el ámbito internacional respecto al justo reconocimiento de sus derechos y garantizar la vida constitucional y democrática de los Estados.
Así, el Parlatino se convierte en un escenario internacional de denuncia. Los diputados que sean electos por el pueblo para formar parte del grupo parlamentario venezolano, tendrán la oportunidad de informar a nivel internacional, de manera formal y oficial, sobre todos los abusos y desmanes del gobierno chavista en contra del pueblo. Y aquí radica su fundamental importancia.
Los últimos acontecimientos hacen ver que el gobierno del teniente coronel se encuentra en un estado de importante aislamiento político internacional. En su disputa con Álvaro Uribe no tuvo el respaldo de antaño por parte de los gobiernos de Rafael Correa o Lula Da Silva. Solo Evo Morales y Nestor Kirchner fueron solidarios con el presidente venezolano. Tampoco fue invitado al aniversario de la revolución cubana. Al final, el jaleo con Colombia terminó siendo ganado por Juan Manuel Santos, quien logró que Chávez restableciera las relaciones diplomáticas, viajara a Colombia, lo llamase señor presidente y, además de todo, lo hizo reconocer que no se puede meter en el tema de las bases militares ya que eso es política interna del vecino país.
Todo ello se logró gracias a las diversas denuncias que se han hecho del mal llamado gobierno socialista. Ello aun cuando no tenemos en estos momentos un Parlatino serio que vele por los venezolanos sino solo por Chávez.
Siendo entonces que estamos en época de campaña electoral, lo propio es hacer nuestro llamado desde este escenario a los venezolanos a ejercer su voto, y en el caso que venimos señalando, a votar por los candidatos de la unidad al Parlatino.
Un Parlatino con personas como Timoteo Zambrano, Henry Ramos Allup, Delsa Solorzano, José Luis Farías, Luis Aquiles Moreno, entre otros, son necesarios en esos escenarios internacionales para hacer valer nuestros derechos y denunciar al gobierno cuando cometan sus abusos diarios. Por ellos llamamos a votar por los candidatos de la unidad al Parlatino. Es muy importante.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroni, lunes 31 de agosto de 2010
Arrancó la campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Ya las cartas están echadas y cada uno de los candidatos debe convencer a los electores de que son la mejor opción para el bienestar nacional.
Este 26 de septiembre se elegirán los miembros a la Asamblea Nacional. Candidatos por lista y de manera uninominal serán electos por el pueblo, quien se dará un nuevo Poder Legislativo.
Pero en esa misma fecha, se hará otra elección, tan importante como la de los miembros a la Asamblea Nacional. Nos referimos a la votación al Parlamento Latinoamericano, conocido como el Parlatino.
El Parlatino es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de América Latina, elegidos mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre de 1987, en Lima, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al mismo o lo hicieren en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en ese Estatuto.
Ese ente de integración regional tiene como sus potestades, entre otras, la defensa de la democracia en los países latinoamericanos defendiendo la plena vigencia de la libertad, justicia social e independencia económica; fomentar el desarrollo económico y social; velar por el respeto a los derechos humanos; luchar por la supresión de toda forma de colonialismo (venga del imperio o de Cuba) y contra la discriminación; formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana; contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales; denunciar y combatir el armamentismo y la agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, a lo interno y a lo externo; canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina en el ámbito internacional respecto al justo reconocimiento de sus derechos y garantizar la vida constitucional y democrática de los Estados.
Así, el Parlatino se convierte en un escenario internacional de denuncia. Los diputados que sean electos por el pueblo para formar parte del grupo parlamentario venezolano, tendrán la oportunidad de informar a nivel internacional, de manera formal y oficial, sobre todos los abusos y desmanes del gobierno chavista en contra del pueblo. Y aquí radica su fundamental importancia.
Los últimos acontecimientos hacen ver que el gobierno del teniente coronel se encuentra en un estado de importante aislamiento político internacional. En su disputa con Álvaro Uribe no tuvo el respaldo de antaño por parte de los gobiernos de Rafael Correa o Lula Da Silva. Solo Evo Morales y Nestor Kirchner fueron solidarios con el presidente venezolano. Tampoco fue invitado al aniversario de la revolución cubana. Al final, el jaleo con Colombia terminó siendo ganado por Juan Manuel Santos, quien logró que Chávez restableciera las relaciones diplomáticas, viajara a Colombia, lo llamase señor presidente y, además de todo, lo hizo reconocer que no se puede meter en el tema de las bases militares ya que eso es política interna del vecino país.
Todo ello se logró gracias a las diversas denuncias que se han hecho del mal llamado gobierno socialista. Ello aun cuando no tenemos en estos momentos un Parlatino serio que vele por los venezolanos sino solo por Chávez.
Siendo entonces que estamos en época de campaña electoral, lo propio es hacer nuestro llamado desde este escenario a los venezolanos a ejercer su voto, y en el caso que venimos señalando, a votar por los candidatos de la unidad al Parlatino.
Un Parlatino con personas como Timoteo Zambrano, Henry Ramos Allup, Delsa Solorzano, José Luis Farías, Luis Aquiles Moreno, entre otros, son necesarios en esos escenarios internacionales para hacer valer nuestros derechos y denunciar al gobierno cuando cometan sus abusos diarios. Por ellos llamamos a votar por los candidatos de la unidad al Parlatino. Es muy importante.
Twitter: @rojasperezm
Breviario sobre la justicia revolucionaria
Breviario sobre la justicia revolucionaria
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, luner 26 de agosto de 2010
El chavismo acaba de demostrar su cara más miserable. Demuestra con sus hechos diarios que no le importa la gente, que desprecia al pueblo. Lastimosamente estamos gobernados por un grupo de personas que gozan con el sufrimiento de los venezolanos.
Como se sabe, en una entrevista en CNN, el presidente de Telesur, Andrés Izarra, rió a carcajadas de las cifras de la inseguridad en el país. Vimos incrédulos como un ex ministro, uno de los hombres duros del presidente, reía a mandíbula batiente ante un hecho tan serio. Y aunque luego trató de arreglar la torta que puso, fue imposible porque ya nadie les cree. Es claro que Andrés Izarra se burló de las cifras de inseguridad y de todos nosotros.
En respuesta a esa imperdonable actitud, el diario El Nacional publicó una foto en primera página de la denigrante situación en las morgues venezolanas. En esa imagen se hacía una denuncia importante sobre la forma en que apilan a los fallecidos a manos del hampa, producto de la inmanejable cantidad de cadáveres que ingresan diariamente a esos sitios producto de la violencia en la cual vivimos. Por cierto, diarios como Tal Cual, El Carabobeño o el Correo del Caroní la publicaron inmediatamente, en síntoma de valiente y admirable solidaridad.
Ante esa foto, el gobierno replicó inmediatamente, pero atacando el retrato y no lo que en él se mostraba. Se dijo que esta violaba el derecho de los niños, que era amarillista, que era pornografía comunicacional. Pero en ningún momento se planteó el establecer algún tipo de plan contra la inseguridad que es la verdadera violación contra esos niños.
Lo peor vino luego: ante una denuncia de la Fiscalía, los tribunales prohibieron a El Nacional y a Tal Cual emitir imágenes e informar sobre situaciones que puedan ser consideradas violentas. En dos platos, el Poder Judicial fomentó la censura. Léase bien, el Poder Judicial, el encargado de hacer valer el derecho constitucional al acceso a la información veraz y oportuna, es la gran ejecutora de la censura que el Gobierno Nacional solicitó.
Salen varias conclusiones de estos hechos. La primera, es que la Fiscal General y los miembros del Poder Judicial actúan como verdaderos agentes del gobierno. Como la foto afecta la popularidad del chavismo, la Fiscalía inmediatamente denunció a El Nacional. Pero no atacó el apilamiento de cadáveres ni la falta de planes contra la delincuencia por parte del gobierno nacional.
La segunda, es que el Poder Judicial venezolano es el más rápido del mundo cuando va a tomar una decisión que ayude al chavismo. Si es un ciudadano común quien pide una medida cautelar contra el gobierno, el expediente puede durar guardado años antes que lo declaren inadmisible e inhabiliten al solicitante.
Pero lo peor es la tercera conclusión. Al chavismo no le interesa el bienestar de los ciudadanos. Lo importante para ellos no está en la cantidad de fallecidos por armas de fuego que ingresan a las morgues y las colapsan. Poco les importa que en Venezuela haya más muertos que en una guerra. Lo relevante para el gobierno no está en defender a la ciudadanía indefensa de los criminales que están desatados.
No. Para el chavismo lo único que cuenta es que la foto les genera una perdida de popularidad. Que esa foto habla mal de la revolución y forma parte de una campaña internacional de descrédito contra el Gobierno Bolivariano. Lo fundamental es matar al mensajero pero no leer el mensaje.
Como dijo el genial Zapata, al chavismo no le preocupa que los adolescentes maten gente sino que lean la prensa.
Esta censura, nadie lo dude, forma parte de una campaña de ventajismo electoral a favor del chavismo. El Poder Judicial y la Fiscalía, actuando como agentes del chavismo, usan sus potestades en beneficio propio, desviando el poder que le da la ley.
Pero, frente a esa abusadora censura, seguiremos denunciando los abusos y tropelías del gobierno. Por esta vía, por twitter, por señales de humo si es necesario. No crea el gobierno que nos quedaremos callados. Seguiremos informando.
Twitter @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, luner 26 de agosto de 2010
El chavismo acaba de demostrar su cara más miserable. Demuestra con sus hechos diarios que no le importa la gente, que desprecia al pueblo. Lastimosamente estamos gobernados por un grupo de personas que gozan con el sufrimiento de los venezolanos.
Como se sabe, en una entrevista en CNN, el presidente de Telesur, Andrés Izarra, rió a carcajadas de las cifras de la inseguridad en el país. Vimos incrédulos como un ex ministro, uno de los hombres duros del presidente, reía a mandíbula batiente ante un hecho tan serio. Y aunque luego trató de arreglar la torta que puso, fue imposible porque ya nadie les cree. Es claro que Andrés Izarra se burló de las cifras de inseguridad y de todos nosotros.
En respuesta a esa imperdonable actitud, el diario El Nacional publicó una foto en primera página de la denigrante situación en las morgues venezolanas. En esa imagen se hacía una denuncia importante sobre la forma en que apilan a los fallecidos a manos del hampa, producto de la inmanejable cantidad de cadáveres que ingresan diariamente a esos sitios producto de la violencia en la cual vivimos. Por cierto, diarios como Tal Cual, El Carabobeño o el Correo del Caroní la publicaron inmediatamente, en síntoma de valiente y admirable solidaridad.
Ante esa foto, el gobierno replicó inmediatamente, pero atacando el retrato y no lo que en él se mostraba. Se dijo que esta violaba el derecho de los niños, que era amarillista, que era pornografía comunicacional. Pero en ningún momento se planteó el establecer algún tipo de plan contra la inseguridad que es la verdadera violación contra esos niños.
Lo peor vino luego: ante una denuncia de la Fiscalía, los tribunales prohibieron a El Nacional y a Tal Cual emitir imágenes e informar sobre situaciones que puedan ser consideradas violentas. En dos platos, el Poder Judicial fomentó la censura. Léase bien, el Poder Judicial, el encargado de hacer valer el derecho constitucional al acceso a la información veraz y oportuna, es la gran ejecutora de la censura que el Gobierno Nacional solicitó.
Salen varias conclusiones de estos hechos. La primera, es que la Fiscal General y los miembros del Poder Judicial actúan como verdaderos agentes del gobierno. Como la foto afecta la popularidad del chavismo, la Fiscalía inmediatamente denunció a El Nacional. Pero no atacó el apilamiento de cadáveres ni la falta de planes contra la delincuencia por parte del gobierno nacional.
La segunda, es que el Poder Judicial venezolano es el más rápido del mundo cuando va a tomar una decisión que ayude al chavismo. Si es un ciudadano común quien pide una medida cautelar contra el gobierno, el expediente puede durar guardado años antes que lo declaren inadmisible e inhabiliten al solicitante.
Pero lo peor es la tercera conclusión. Al chavismo no le interesa el bienestar de los ciudadanos. Lo importante para ellos no está en la cantidad de fallecidos por armas de fuego que ingresan a las morgues y las colapsan. Poco les importa que en Venezuela haya más muertos que en una guerra. Lo relevante para el gobierno no está en defender a la ciudadanía indefensa de los criminales que están desatados.
No. Para el chavismo lo único que cuenta es que la foto les genera una perdida de popularidad. Que esa foto habla mal de la revolución y forma parte de una campaña internacional de descrédito contra el Gobierno Bolivariano. Lo fundamental es matar al mensajero pero no leer el mensaje.
Como dijo el genial Zapata, al chavismo no le preocupa que los adolescentes maten gente sino que lean la prensa.
Esta censura, nadie lo dude, forma parte de una campaña de ventajismo electoral a favor del chavismo. El Poder Judicial y la Fiscalía, actuando como agentes del chavismo, usan sus potestades en beneficio propio, desviando el poder que le da la ley.
Pero, frente a esa abusadora censura, seguiremos denunciando los abusos y tropelías del gobierno. Por esta vía, por twitter, por señales de humo si es necesario. No crea el gobierno que nos quedaremos callados. Seguiremos informando.
Twitter @rojasperezm
lunes, 16 de agosto de 2010
Todo le sale mal a ese equipo
Todo le sale mal a ese equipo
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, 16 de agosto de 2010
En béisbol hay una frase que pretendo traer a la política venezolana. Hay oportunidades en que a un equipo de pelota nada le sale bien: tocan la bola pero igual hacen out al corredor en segunda, los jugadores comenten errores impensables al campo, el manager se equivoca en el relevo de los lanzadores, le batean bien a un lanzamiento pero la pelota sale de frente y no logra pasar de hit… Cuando a los equipos les sucede eso, casi en la totalidad de los casos pierden ese juego, y por lo general quedan eliminados.
Pues bien, al equipo del chavismo le está pasando exactamente eso. En las últimas semanas todo lo que han hecho ha sido para peor. El tiro siempre les termina saliendo por la culata.
Un ejemplo es el del gran líder de la revolución Fidel Castro. La semana pasada, el canal del chavismo, Venezolana de Televisión anunció con bombos y platillos que sus periodistas (y algunos que no lo son como Mario Silva) entrevistarían al caudillo cubano.
Es el caso que se inicia la conversación y cuando Vanessa Davies, jurando que se la estaba comiendo, le pregunta sobre cual es su opinión sobre el socialismo que intentan aplicar en Venezuela, Fidel la interrumpe y le dice con su voz queda y ronca: “No, no, socialismo no. Comunismo”. Ante la cara de consternación de la periodista chavista, Fidel reitera: “Comunismo. Porque el socialismo es el comunismo de Marx”.
Esto no tendría nada de interesante si el gobierno no hubiese armado todo un berrinche y un espectáculo porque el cardenal Jorge Urosa Sabino dijo lo mismo que Fidel. Recordemos que el cardenal dijo que Venezuela iba hacia un comunismo, lo cual indignó al chavismo al punto que hasta las relaciones con el Vaticano pretendieron romper. Notar también que por esas palabras el cardenal fue llamado por la Asamblea Nacional para hacerle una especie de interpelación en secreto.
Así, pocas semanas después, Fidel pone la torta al afirmar que el cardenal, a quien calificaron de opositor, de golpista, de miembro de la derecha, de agente del imperio, tenía razón. Seguramente Chávez pensó: “que vaina me estás echando Fidel”.
Escuché a Cilia Flores decir que era una ofensa lo que señaló el cardenal, que eso era meterle miedo a la gente ya que el socialismo se distanciaba del comunismo. Debería interpelar a Fidel.
Al equipo también le fue mal en Colombia. Después que el manager rompió relaciones, que despotricó, que dijo que estaba preparando todo para una posible guerra, incluso, después que había dicho antes que Juan Manuel Santos era un mafioso con quien no había diálogo posible, lo vimos en Santa Marta sudoroso y con el rabo entre las piernas.
Y es que, entre otras cosas, se vio obligado a decir que todos los países son soberanos y que nadie puede meterse en la política interna de estos. Tamaña frase en alguien que se ha inmiscuido en los asuntos de casi todos los Estados de Centro y Sudamérica tiene un peso tremendo. Con ello debe reconocer la legitimidad de Colombia para poner sus bases militares con agentes norteamericanos. Y ante ello, ya Chávez no puede hacer nada.
Le siguen saliendo mal las cosas a nivel interno. Mientras más niegan la crisis alimentaria, más alimentos descompuestos aparecen y con ello, más corrupción sale a flote. Mientras más quieren hacer olvidar la desgracia de los apagones, más cortes de luz se ven. En Margarita, por ejemplo, se está yendo la luz hasta tres veces al día diariamente. Lo mismo pasa en todo el país. Mientras aseguran, en medio de fuertes carcajadas, que la inseguridad no existe en Venezuela, una jugadora de Hong Kong resulta herida por un disparo en pleno juego del mundial de béisbol femenino, en un estadio en Fuerte Tiuna.
En definitiva, al chavismo todo le está saliendo mal. Como decíamos, cuando eso pasa, el equipo casi con toda seguridad queda eliminado del campeonato. Solo falta que bateemos bastante con nuestros votos el 26 de septiembre. De esa manera ganaremos ese juego y aseguraremos una importante posición para culminar victoriosos la temporada que termina en el 2012.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, 16 de agosto de 2010
En béisbol hay una frase que pretendo traer a la política venezolana. Hay oportunidades en que a un equipo de pelota nada le sale bien: tocan la bola pero igual hacen out al corredor en segunda, los jugadores comenten errores impensables al campo, el manager se equivoca en el relevo de los lanzadores, le batean bien a un lanzamiento pero la pelota sale de frente y no logra pasar de hit… Cuando a los equipos les sucede eso, casi en la totalidad de los casos pierden ese juego, y por lo general quedan eliminados.
Pues bien, al equipo del chavismo le está pasando exactamente eso. En las últimas semanas todo lo que han hecho ha sido para peor. El tiro siempre les termina saliendo por la culata.
Un ejemplo es el del gran líder de la revolución Fidel Castro. La semana pasada, el canal del chavismo, Venezolana de Televisión anunció con bombos y platillos que sus periodistas (y algunos que no lo son como Mario Silva) entrevistarían al caudillo cubano.
Es el caso que se inicia la conversación y cuando Vanessa Davies, jurando que se la estaba comiendo, le pregunta sobre cual es su opinión sobre el socialismo que intentan aplicar en Venezuela, Fidel la interrumpe y le dice con su voz queda y ronca: “No, no, socialismo no. Comunismo”. Ante la cara de consternación de la periodista chavista, Fidel reitera: “Comunismo. Porque el socialismo es el comunismo de Marx”.
Esto no tendría nada de interesante si el gobierno no hubiese armado todo un berrinche y un espectáculo porque el cardenal Jorge Urosa Sabino dijo lo mismo que Fidel. Recordemos que el cardenal dijo que Venezuela iba hacia un comunismo, lo cual indignó al chavismo al punto que hasta las relaciones con el Vaticano pretendieron romper. Notar también que por esas palabras el cardenal fue llamado por la Asamblea Nacional para hacerle una especie de interpelación en secreto.
Así, pocas semanas después, Fidel pone la torta al afirmar que el cardenal, a quien calificaron de opositor, de golpista, de miembro de la derecha, de agente del imperio, tenía razón. Seguramente Chávez pensó: “que vaina me estás echando Fidel”.
Escuché a Cilia Flores decir que era una ofensa lo que señaló el cardenal, que eso era meterle miedo a la gente ya que el socialismo se distanciaba del comunismo. Debería interpelar a Fidel.
Al equipo también le fue mal en Colombia. Después que el manager rompió relaciones, que despotricó, que dijo que estaba preparando todo para una posible guerra, incluso, después que había dicho antes que Juan Manuel Santos era un mafioso con quien no había diálogo posible, lo vimos en Santa Marta sudoroso y con el rabo entre las piernas.
Y es que, entre otras cosas, se vio obligado a decir que todos los países son soberanos y que nadie puede meterse en la política interna de estos. Tamaña frase en alguien que se ha inmiscuido en los asuntos de casi todos los Estados de Centro y Sudamérica tiene un peso tremendo. Con ello debe reconocer la legitimidad de Colombia para poner sus bases militares con agentes norteamericanos. Y ante ello, ya Chávez no puede hacer nada.
Le siguen saliendo mal las cosas a nivel interno. Mientras más niegan la crisis alimentaria, más alimentos descompuestos aparecen y con ello, más corrupción sale a flote. Mientras más quieren hacer olvidar la desgracia de los apagones, más cortes de luz se ven. En Margarita, por ejemplo, se está yendo la luz hasta tres veces al día diariamente. Lo mismo pasa en todo el país. Mientras aseguran, en medio de fuertes carcajadas, que la inseguridad no existe en Venezuela, una jugadora de Hong Kong resulta herida por un disparo en pleno juego del mundial de béisbol femenino, en un estadio en Fuerte Tiuna.
En definitiva, al chavismo todo le está saliendo mal. Como decíamos, cuando eso pasa, el equipo casi con toda seguridad queda eliminado del campeonato. Solo falta que bateemos bastante con nuestros votos el 26 de septiembre. De esa manera ganaremos ese juego y aseguraremos una importante posición para culminar victoriosos la temporada que termina en el 2012.
Twitter: @rojasperezm
El problema no es la FARC
El problema no es la FARC
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, 9 de agosto de 2010
Minutos antes de iniciar estas líneas, fue anunciado por los medios de comunicación que el Gobierno de Colombia, aún dirigido por Álvaro Uribe Vélez, demandó formalmente a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC y el ELN en territorio venezolano.
Es de recordar que hace semanas el Gobierno colombiano denunció ante la OEA la misma situación y presentó unos elementos que, a decir del Gobierno neogranadino, probarían que en Venezuela se encuentran miembros de la guerrilla colombiana. Por ello, era de esperar que esta denuncia se hiciera ante los tribunales internacionales.
No dudamos de las razones que pueda tener el gobierno de Uribe Vélez en realizar tal denuncia. Quizás desde el punto de vista colombiano eso sea un elemento fundamental de la política interna de ese país. Pero como venezolano, sólo puedo ver el problema desde el punto de vista nacional, y llego a la conclusión que, para nosotros, los que vivimos en Venezuela, el problema fundamental no es las FARC.
Digo esto porque muchos venezolanos podrían ver esta denuncia colombiana como una solución a los graves problemas que vivimos. Que con ello el gobierno chavista culminaría en un santiamén. Nada más alejado de la realidad.
Hablar de un proceso penal internacional es hablar de años. Entre las citaciones, notificaciones, sustanciación del proceso, promoción y evacuación de pruebas junto con su control procesal por cada una de las partes, decisión, se puede ir cualquier cantidad de tiempo.
Así que, estimado lector, nuestra salida no va por las acciones internacionales, sino por los medios nacionales. Y eso sólo se ejerce votando y defendiendo el voto en las próximas elecciones. Esa es la vía.
Mientras Colombia, con razón o no, intenta sus acciones judiciales, los venezolanos seguimos padeciendo las crisis eléctrica, de falta de seguridad, de funcionamiento del Metro de Caracas, de la comida que el gobierno dejó podrir, la hiperinflación que nos come. Puede incluso que se demuestre que las FARC está en Venezuela y hasta que se encuentra amparada por el Gobierno venezolano. Pero eso no hace que desaparezcan los problemas que el Ejecutivo ha creado gracias a su ineficiencia.
Debo confesar que soy de los que pienso que el presidente Chávez debe estar contento con la acción del Gobierno de Colombia, ya que le da excusas para desviar la atención. Sin embargo, esta acción del Gobierno colombiano no hace que usted pueda adquirir los productos de la cesta básica, no sufra los cortes de luz y agua o sea objeto de la delincuencia, no sea engañado si es trabajador de Sidor o la CVG. Nada de eso se resuelve con esa acción judicial internacional.
Por esas cosas es que el chavismo ha perdido la popularidad que tenía, al punto que todas las encuestadoras serias del país hablan de una derrota del oficialismo en septiembre y una reconquista de la Asamblea Nacional por parte de los sectores democráticos. Porque si usted no lo sabía, o nadie se lo había dicho, la oposición está ganando las encuestas y si todo sigue como va, saldrá victoriosa prontamente.
Pero ello pasa por mantener el foco, por seguir basando la estrategia en dos elementos básicos: denunciar los aspectos negativos del gobierno, que son casi infinitos, y sobre esos problemas establecer propuestas. Es eso lo que han venido haciendo los candidatos de la Unidad: evaluando situaciones y planteando soluciones, todo ello cara a cara con la gente.
Así, debemos insistir en no perder nuestro norte y objetivo. La salida está en las elecciones parlamentarias, primer paso para salir de esta pesadilla. Debemos ganar en septiembre para pensar en el 2012. Y para eso, nuestro foco debe estar incólume.
Nuestro problema no es las FARC, es la ineficiencia y corrupción chavista. No podemos olvidar eso, ni dejar que nos desvíen la atención.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, 9 de agosto de 2010
Minutos antes de iniciar estas líneas, fue anunciado por los medios de comunicación que el Gobierno de Colombia, aún dirigido por Álvaro Uribe Vélez, demandó formalmente a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC y el ELN en territorio venezolano.
Es de recordar que hace semanas el Gobierno colombiano denunció ante la OEA la misma situación y presentó unos elementos que, a decir del Gobierno neogranadino, probarían que en Venezuela se encuentran miembros de la guerrilla colombiana. Por ello, era de esperar que esta denuncia se hiciera ante los tribunales internacionales.
No dudamos de las razones que pueda tener el gobierno de Uribe Vélez en realizar tal denuncia. Quizás desde el punto de vista colombiano eso sea un elemento fundamental de la política interna de ese país. Pero como venezolano, sólo puedo ver el problema desde el punto de vista nacional, y llego a la conclusión que, para nosotros, los que vivimos en Venezuela, el problema fundamental no es las FARC.
Digo esto porque muchos venezolanos podrían ver esta denuncia colombiana como una solución a los graves problemas que vivimos. Que con ello el gobierno chavista culminaría en un santiamén. Nada más alejado de la realidad.
Hablar de un proceso penal internacional es hablar de años. Entre las citaciones, notificaciones, sustanciación del proceso, promoción y evacuación de pruebas junto con su control procesal por cada una de las partes, decisión, se puede ir cualquier cantidad de tiempo.
Así que, estimado lector, nuestra salida no va por las acciones internacionales, sino por los medios nacionales. Y eso sólo se ejerce votando y defendiendo el voto en las próximas elecciones. Esa es la vía.
Mientras Colombia, con razón o no, intenta sus acciones judiciales, los venezolanos seguimos padeciendo las crisis eléctrica, de falta de seguridad, de funcionamiento del Metro de Caracas, de la comida que el gobierno dejó podrir, la hiperinflación que nos come. Puede incluso que se demuestre que las FARC está en Venezuela y hasta que se encuentra amparada por el Gobierno venezolano. Pero eso no hace que desaparezcan los problemas que el Ejecutivo ha creado gracias a su ineficiencia.
Debo confesar que soy de los que pienso que el presidente Chávez debe estar contento con la acción del Gobierno de Colombia, ya que le da excusas para desviar la atención. Sin embargo, esta acción del Gobierno colombiano no hace que usted pueda adquirir los productos de la cesta básica, no sufra los cortes de luz y agua o sea objeto de la delincuencia, no sea engañado si es trabajador de Sidor o la CVG. Nada de eso se resuelve con esa acción judicial internacional.
Por esas cosas es que el chavismo ha perdido la popularidad que tenía, al punto que todas las encuestadoras serias del país hablan de una derrota del oficialismo en septiembre y una reconquista de la Asamblea Nacional por parte de los sectores democráticos. Porque si usted no lo sabía, o nadie se lo había dicho, la oposición está ganando las encuestas y si todo sigue como va, saldrá victoriosa prontamente.
Pero ello pasa por mantener el foco, por seguir basando la estrategia en dos elementos básicos: denunciar los aspectos negativos del gobierno, que son casi infinitos, y sobre esos problemas establecer propuestas. Es eso lo que han venido haciendo los candidatos de la Unidad: evaluando situaciones y planteando soluciones, todo ello cara a cara con la gente.
Así, debemos insistir en no perder nuestro norte y objetivo. La salida está en las elecciones parlamentarias, primer paso para salir de esta pesadilla. Debemos ganar en septiembre para pensar en el 2012. Y para eso, nuestro foco debe estar incólume.
Nuestro problema no es las FARC, es la ineficiencia y corrupción chavista. No podemos olvidar eso, ni dejar que nos desvíen la atención.
Twitter: @rojasperezm
lunes, 2 de agosto de 2010
Corrupción podrida
Corrupción podrida
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 2 de agosto de 2010
Son demasiados los problemas por ineficiencia del gobierno: los más de ciento treinta millones de kilos de comida que ha dejado podrirse; la inocultable crisis en el Metro de Caracas, servicio que en alguna época fue nuestro gran orgullo por ser uno de los mejores sistemas de transporte público sub terrestre del mundo; la crisis eléctrica causada por la falta de la necesaria inversión pública, y que el por más que culpen a una iguana o que el presidente la declare concluida, no pueden ocultar; o que decir de la inseguridad, que se ha desbordado a niveles de tragedia, convirtiéndose Venezuela en uno de los países más violentos de América Latina.
Todo eso hace que el gobierno rompa cualquier record de ineficiencia y mala gestión administrativa. Definitivamente, estos funcionarios pseudo socialistas no están capacitados para ejercer sus labores.
Ahora bien, detrás de todos estos casos de ineficiencia en la prestación de los servicios públicos hay elementos de corrupción incluidos, que agravan más aun la situación.
Téngase como ejemplo el caso de PDVAL. La comida descompuesta ha sido descubierta en múltiples contenedores. Pues bien, cada uno de los miles de contenedores que han sido descubiertos son alquilados por el Estado. Así, el gobierno sigue pagando unos contenedores de los que no se sabían donde estaban ni que uso se les estaba dando. Para ser más claros, se estaba pagando algo con fondos públicos –es decir con dinero obtenido de nuestros impuestos- sin saber porque se cancelaba.
Ya la prensa nacional ha venido reseñando una verdadera red de corrupción en torno a los contenedores de PDVAL. Miguel Salazar en su diario, publicó una serie de documentos que comprometen a personeros del chavismo y ha llamado al caso: “La mafia de los contenedores”.
Además de eso, también han salido pruebas que podrían demostrar que la comida descompuesta fue pagada por el Ejecutivo Nacional con sobreprecio, por adelantado y sin garantía alguna.
Con el tema de la crisis eléctrica, el asunto no varía. Cuado se iniciaron los múltiples apagones y se diagnosticó un posible colapso en el Guri por la falta de inversión pública, la gran pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué el chavismoregaló tanto dinero a Bolivia, Nicaragua o Cuba en vez de invertirlo en infraestructura que evitara este colapso? Ese desvío de dinero necesariamente debe ser considerado como acto de corrupción.
Lo peor vino luego. La solución que consiguió el gobierno para la crisis eléctrica fue el dictar un estado de emergencia. Y en el decreto de emergencia se señaló expresamente que el Ejecutivo Nacional tenía la competencia para hacer las adquisiciones y contrataciones técnicas que fuesen necesarias ¡sin licitación! Es decir, para solucionar los apagones se le dio carta blanca al Estado para comprar lo que quisiera sin pasar por los procedimientos regulares de control.
De otra parte, el jueves pasado el candidato de la Unidad Antonio Ecarri solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación inmediata y profunda sobre el mal funcionamiento en el Metro de Caracas. Particularmente denunció que vagones del Metro circulaban sin frenos y son puestos en el medio del tren para que puedan frenar. Asimismo advirtió que la infraestructura de este servicio (rieles, plantas eléctricas, ruedas, vagones enteros) debe ser sustituida por otra nueva de inmediato si se quiere evitar un desastre. ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Esa plata que se regala a cada momento a otros países no debería ser utilizada en este servicio de transporte? Eso es corrupción, porque es dinero público que no es utilizado en lo realmente necesario.
Vemos entonces que detrás de la ineficiencia del gobierno hay toda una estructura de corrupción. El presidente llegó al poder hablando de las cúpulas podridas y jurando que acabaría con la corrupción. Pero la realidad es que esta no solo se mantiene sino que se ha incrementado astronómicamente.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 2 de agosto de 2010
Son demasiados los problemas por ineficiencia del gobierno: los más de ciento treinta millones de kilos de comida que ha dejado podrirse; la inocultable crisis en el Metro de Caracas, servicio que en alguna época fue nuestro gran orgullo por ser uno de los mejores sistemas de transporte público sub terrestre del mundo; la crisis eléctrica causada por la falta de la necesaria inversión pública, y que el por más que culpen a una iguana o que el presidente la declare concluida, no pueden ocultar; o que decir de la inseguridad, que se ha desbordado a niveles de tragedia, convirtiéndose Venezuela en uno de los países más violentos de América Latina.
Todo eso hace que el gobierno rompa cualquier record de ineficiencia y mala gestión administrativa. Definitivamente, estos funcionarios pseudo socialistas no están capacitados para ejercer sus labores.
Ahora bien, detrás de todos estos casos de ineficiencia en la prestación de los servicios públicos hay elementos de corrupción incluidos, que agravan más aun la situación.
Téngase como ejemplo el caso de PDVAL. La comida descompuesta ha sido descubierta en múltiples contenedores. Pues bien, cada uno de los miles de contenedores que han sido descubiertos son alquilados por el Estado. Así, el gobierno sigue pagando unos contenedores de los que no se sabían donde estaban ni que uso se les estaba dando. Para ser más claros, se estaba pagando algo con fondos públicos –es decir con dinero obtenido de nuestros impuestos- sin saber porque se cancelaba.
Ya la prensa nacional ha venido reseñando una verdadera red de corrupción en torno a los contenedores de PDVAL. Miguel Salazar en su diario, publicó una serie de documentos que comprometen a personeros del chavismo y ha llamado al caso: “La mafia de los contenedores”.
Además de eso, también han salido pruebas que podrían demostrar que la comida descompuesta fue pagada por el Ejecutivo Nacional con sobreprecio, por adelantado y sin garantía alguna.
Con el tema de la crisis eléctrica, el asunto no varía. Cuado se iniciaron los múltiples apagones y se diagnosticó un posible colapso en el Guri por la falta de inversión pública, la gran pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué el chavismoregaló tanto dinero a Bolivia, Nicaragua o Cuba en vez de invertirlo en infraestructura que evitara este colapso? Ese desvío de dinero necesariamente debe ser considerado como acto de corrupción.
Lo peor vino luego. La solución que consiguió el gobierno para la crisis eléctrica fue el dictar un estado de emergencia. Y en el decreto de emergencia se señaló expresamente que el Ejecutivo Nacional tenía la competencia para hacer las adquisiciones y contrataciones técnicas que fuesen necesarias ¡sin licitación! Es decir, para solucionar los apagones se le dio carta blanca al Estado para comprar lo que quisiera sin pasar por los procedimientos regulares de control.
De otra parte, el jueves pasado el candidato de la Unidad Antonio Ecarri solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación inmediata y profunda sobre el mal funcionamiento en el Metro de Caracas. Particularmente denunció que vagones del Metro circulaban sin frenos y son puestos en el medio del tren para que puedan frenar. Asimismo advirtió que la infraestructura de este servicio (rieles, plantas eléctricas, ruedas, vagones enteros) debe ser sustituida por otra nueva de inmediato si se quiere evitar un desastre. ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Esa plata que se regala a cada momento a otros países no debería ser utilizada en este servicio de transporte? Eso es corrupción, porque es dinero público que no es utilizado en lo realmente necesario.
Vemos entonces que detrás de la ineficiencia del gobierno hay toda una estructura de corrupción. El presidente llegó al poder hablando de las cúpulas podridas y jurando que acabaría con la corrupción. Pero la realidad es que esta no solo se mantiene sino que se ha incrementado astronómicamente.
Twitter: @rojasperezm
Se Voltean los Colegios Profesionales
Se Voltean los Colegios Profesionales
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 26 de julio de 2010
El 21 de julio fueron las elecciones del Colegio Nacional de Enfermeros de Venezuela. Ese colegio profesional que estaba hasta hace poco en manos del chavismo, ha sido recuperado por sectores afectos a la oposición democrática del país.
La plancha número 1 para las elecciones del Colegio de Enfermeros obtuvo una contundente victoria. Aproximadamente un ochenta y dos por ciento de los afiliados dieron su voto a la plancha número 1, a la plancha de la Unidad democrática. En cada estado del país se realizaron estas elecciones. En cada uno de los treinta y cinco colegios regionales se votó y en veintisiete de estos se eligió a la oposición para regir los destinos de ese gremio. Solo no se logró la victoria en los estados Anzoátegui, Delta Amacuro, Apure y Falcón.
Esto ocurrió por varias razones. La primera de ellas, es el desprecio que ha demostrado tener el chavismo contra los profesionales y técnicos de este país. No hay profesión que no haya sido agredida por el gobierno nacional. Podemos citar el ejemplo de los abogados. Quien les escribe, vive a diario las penurias propias del ejercicio de la profesión. Cada vez que toca ir a un tribunal, a una notaría, a u registro, se vive en carne propia lo que es el más absoluto maltrato contra la condición de quien simplemente ejerce su profesión. Basta con ver las condiciones de infraestructura de los tribunales de la República para darse cuenta a que me refiero.
Que decir de otros gremios humillados como son los médicos y docentes, a quienes el Estado les paga un salario miserable, que no sirve para nada. Basta con citar las palabras de la coordinadora de la plancha de la unidad democrática al Colegio de Enfermeros, Olivia Surita: “Este es un gremio que ha sido bastante agredido en los últimos años y por eso vuelvo a trabajar en este proceso para recuperar nuestro colegio. Esto fue prácticamente un voto protesta”. Las mismas enfermeras: hace apenas semanas algunas de ellas fueron apresadas por protestar por sus derechos en la maternidad Concepción Palacios de Caracas. Esto solo por citar algunos ejemplos.
Por ello, los gremios profesionales se han revelado contra el ultraje a los que el gobierno chavista los ha sometido. Hoy fueron los enfermeros. Mañana serán los otros gremios.
Y es que los profesionales y técnicos en un país son los llamados a constituir el capital humano esencial para la consolidación económica. Un profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Estos estudian y se preparan para ser un elemento fundamental y básico de la sociedad. Lo propio es que el gobierno nacional los apoye, no que los ataque y maltrate.
Esta victoria en el Colegio de Enfermeros se logró fundamentalmente gracias a la voluntad y visión unitaria que ha logrado la oposición democrática. Si no era fácil lograr una unidad perfecta en cuanto a los candidatos a la Asamblea Nacional, imagine usted lo complicado que fue lograr unidad en las planchas gremiales. Sin embrago se logró, con mucho trabajo y mucho ahínco.
Queremos hacer énfasis en esto. Ya hemos analizado en estas líneas algunas posiciones que solo se dedican a criticar a la Mesa de la Unidad y a su labor por hacer una oposición férrea, pero seria y eficaz al gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, lo logrado en el Colegio de Enfermeros demuestra que si se puede lograr una unidad capaz de brindar victorias electorales frente al chavismo. Más aun, se demuestra que en Estados donde el oficialismo dice ser fuerte, no lo es tanto.
En definitiva, lo que pasó el 21 de julio en las elecciones del Colegio de Enfermeros, es lo que seguramente pasará el 26 de septiembre en las elecciones a la Asamblea Nacional. Con esmero, con trabajo, con dedicación, con mucho sudor, se logrará una victoria a nivel nacional. Se demostrará que el chavismo es derrotable. Hoy, en septiembre y en el 2012.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 26 de julio de 2010
El 21 de julio fueron las elecciones del Colegio Nacional de Enfermeros de Venezuela. Ese colegio profesional que estaba hasta hace poco en manos del chavismo, ha sido recuperado por sectores afectos a la oposición democrática del país.
La plancha número 1 para las elecciones del Colegio de Enfermeros obtuvo una contundente victoria. Aproximadamente un ochenta y dos por ciento de los afiliados dieron su voto a la plancha número 1, a la plancha de la Unidad democrática. En cada estado del país se realizaron estas elecciones. En cada uno de los treinta y cinco colegios regionales se votó y en veintisiete de estos se eligió a la oposición para regir los destinos de ese gremio. Solo no se logró la victoria en los estados Anzoátegui, Delta Amacuro, Apure y Falcón.
Esto ocurrió por varias razones. La primera de ellas, es el desprecio que ha demostrado tener el chavismo contra los profesionales y técnicos de este país. No hay profesión que no haya sido agredida por el gobierno nacional. Podemos citar el ejemplo de los abogados. Quien les escribe, vive a diario las penurias propias del ejercicio de la profesión. Cada vez que toca ir a un tribunal, a una notaría, a u registro, se vive en carne propia lo que es el más absoluto maltrato contra la condición de quien simplemente ejerce su profesión. Basta con ver las condiciones de infraestructura de los tribunales de la República para darse cuenta a que me refiero.
Que decir de otros gremios humillados como son los médicos y docentes, a quienes el Estado les paga un salario miserable, que no sirve para nada. Basta con citar las palabras de la coordinadora de la plancha de la unidad democrática al Colegio de Enfermeros, Olivia Surita: “Este es un gremio que ha sido bastante agredido en los últimos años y por eso vuelvo a trabajar en este proceso para recuperar nuestro colegio. Esto fue prácticamente un voto protesta”. Las mismas enfermeras: hace apenas semanas algunas de ellas fueron apresadas por protestar por sus derechos en la maternidad Concepción Palacios de Caracas. Esto solo por citar algunos ejemplos.
Por ello, los gremios profesionales se han revelado contra el ultraje a los que el gobierno chavista los ha sometido. Hoy fueron los enfermeros. Mañana serán los otros gremios.
Y es que los profesionales y técnicos en un país son los llamados a constituir el capital humano esencial para la consolidación económica. Un profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Estos estudian y se preparan para ser un elemento fundamental y básico de la sociedad. Lo propio es que el gobierno nacional los apoye, no que los ataque y maltrate.
Esta victoria en el Colegio de Enfermeros se logró fundamentalmente gracias a la voluntad y visión unitaria que ha logrado la oposición democrática. Si no era fácil lograr una unidad perfecta en cuanto a los candidatos a la Asamblea Nacional, imagine usted lo complicado que fue lograr unidad en las planchas gremiales. Sin embrago se logró, con mucho trabajo y mucho ahínco.
Queremos hacer énfasis en esto. Ya hemos analizado en estas líneas algunas posiciones que solo se dedican a criticar a la Mesa de la Unidad y a su labor por hacer una oposición férrea, pero seria y eficaz al gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, lo logrado en el Colegio de Enfermeros demuestra que si se puede lograr una unidad capaz de brindar victorias electorales frente al chavismo. Más aun, se demuestra que en Estados donde el oficialismo dice ser fuerte, no lo es tanto.
En definitiva, lo que pasó el 21 de julio en las elecciones del Colegio de Enfermeros, es lo que seguramente pasará el 26 de septiembre en las elecciones a la Asamblea Nacional. Con esmero, con trabajo, con dedicación, con mucho sudor, se logrará una victoria a nivel nacional. Se demostrará que el chavismo es derrotable. Hoy, en septiembre y en el 2012.
Twitter: @rojasperezm
jueves, 22 de julio de 2010
Ni guerra ni huesos
NI GUERRA NI HUESOS
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, el 19 de julio de 2010
Los trapos rojos se acrecientan. El chavismo, al ver que el caso de la comida podrida gracias a su ineficiencia se les ha escapado de las manos, así como los otros problemas cotidianos de la gente, empezó a inventar los cuentos más estrafalarios que puedan imaginarse. La intención es tapar los problemas, que hablemos de sus trapos rojos y no de lo que es realmente importante.
El chavismo empezó la campaña de desvío de atención, metiéndose con el cardenal Urosa Sabino, quien había advertido que el gobierno iba hacia el comunismo. El presidente inició la ofensiva llamando “troglodita” e “ignorante”. Inmediatamente, casi sin pensarlo, sus fieles seguidores de la Asamblea Nacional continuaron la lanzadera de piedras: Carlos Escarrá, cual macho vernáculo, retó al cardenal a quitarse la sotana. Otro diputado llamó al cardenal bestia. Un tercero insinuó que como a éste no se le había elegido en elecciones populares, podría solicitarse un referendo al pueblo para preguntarle si estaban de acuerdo con el nombramiento de Urosa Sabino. Todo ese show terminó en un acuerdo donde se dejaba abierta la posibilidad de romper relaciones con el Vaticano.
Luego, el gobierno de Colombia denunció que en Venezuela existían campamentos paramilitares de la FARC. Eso, por supuesto, dio pie a que el presidente se enganchara en ese tema. Cadenas fueron y cadenas vinieron, explicando porque el presidente Uribe sería un mafioso. Tal asunto llevó a Chávez a decir que en Colombia lo quieren matar.
Visto que el pueblo no agarraba los anzuelos que el gobierno lanzaba, y seguía reclamando una buena Administración Pública, el chavismo se inventó el trapo rojo más repugnante de todos: la exhumación de los restos del Libertador. Simón Bolívar, que tan tranquilo (o quizás no tanto) estaba en su sepulcro, fue utilizado por el chavismo como un triste, patético y macabro show televisivo. No menos de cinco cadenas se hicieron el viernes pasado para contar como, entre gallos y medianoche, sin justificación alguna, sacaron al general Bolívar de su sitio, como consiguieron sus huesos, como lloraron, como se sintió la llamarada del alma del Libertador.
Este hecho dio un golpe de efecto importante, ya que la gente ha estado indignada, y con toda razón. No es posible que los restos de nuestro máximo representante histórico hayan sido tan desgraciadamente profanados. Como me recordaba un amigo, Bolívar no quería que vieran su aspecto enfermo y demacrado en los últimos días de su vida. No podría estar contento que ahora el mundo entero vea sus huesos.
Como decíamos, este hecho logró, ahora si, desviar la atención de lo ciudadanos. Mientras todos contemplábamos estupefactos y molestos uno de los actos más bochornosos y lúgubres de la historia venezolana, dejamos de contar los contenedores de comida podrida o cuantas familias dejaron de comer gracias a que el gobierno nacional dejó descomponerse tanta cantidad de alimentos.
Por ello, este cronista se da a la tarea de recordar a sus pocos lectores, que el problema no está en el Vaticano, no está en Colombia, no está en el sarcófago del Libertador ni en los restos simbólicos de Manuela Saenz. No. El problema está aquí mismo, al lado de nosotros. Cada vez que salimos a la calle, lo hacemos con miedo porque el hampa está desbordada y nos pueden matar en cualquier esquina. Cuando vamos a hacer una compra se hace con temor, ya que no sabemos si nos va a alcanzar para hacerlo. Ahora, no sabemos si la comida va a llegar, toda vez que el gobierno la dejó podrirse en unos containers que dejaron botados en cualquier sitio.
El chavismo va a seguir inventando trapos rojos, tratando de desviar la atención de los problemas reales de los venezolanos. Eso no debemos permitirlo. Por primera vez en mucho tiempo, la oposición tiene una agenda propia. Hoy no es Chávez quien determina de que va a hablar la oposición y eso lo tiene realmente desconcertado, contra las cuerdas. La iniciativa la perdió el chavismo y hoy la tiene la oposición. Ese capital que hemos ganado no podemos perderlo bajo ningún aspecto.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, el 19 de julio de 2010
Los trapos rojos se acrecientan. El chavismo, al ver que el caso de la comida podrida gracias a su ineficiencia se les ha escapado de las manos, así como los otros problemas cotidianos de la gente, empezó a inventar los cuentos más estrafalarios que puedan imaginarse. La intención es tapar los problemas, que hablemos de sus trapos rojos y no de lo que es realmente importante.
El chavismo empezó la campaña de desvío de atención, metiéndose con el cardenal Urosa Sabino, quien había advertido que el gobierno iba hacia el comunismo. El presidente inició la ofensiva llamando “troglodita” e “ignorante”. Inmediatamente, casi sin pensarlo, sus fieles seguidores de la Asamblea Nacional continuaron la lanzadera de piedras: Carlos Escarrá, cual macho vernáculo, retó al cardenal a quitarse la sotana. Otro diputado llamó al cardenal bestia. Un tercero insinuó que como a éste no se le había elegido en elecciones populares, podría solicitarse un referendo al pueblo para preguntarle si estaban de acuerdo con el nombramiento de Urosa Sabino. Todo ese show terminó en un acuerdo donde se dejaba abierta la posibilidad de romper relaciones con el Vaticano.
Luego, el gobierno de Colombia denunció que en Venezuela existían campamentos paramilitares de la FARC. Eso, por supuesto, dio pie a que el presidente se enganchara en ese tema. Cadenas fueron y cadenas vinieron, explicando porque el presidente Uribe sería un mafioso. Tal asunto llevó a Chávez a decir que en Colombia lo quieren matar.
Visto que el pueblo no agarraba los anzuelos que el gobierno lanzaba, y seguía reclamando una buena Administración Pública, el chavismo se inventó el trapo rojo más repugnante de todos: la exhumación de los restos del Libertador. Simón Bolívar, que tan tranquilo (o quizás no tanto) estaba en su sepulcro, fue utilizado por el chavismo como un triste, patético y macabro show televisivo. No menos de cinco cadenas se hicieron el viernes pasado para contar como, entre gallos y medianoche, sin justificación alguna, sacaron al general Bolívar de su sitio, como consiguieron sus huesos, como lloraron, como se sintió la llamarada del alma del Libertador.
Este hecho dio un golpe de efecto importante, ya que la gente ha estado indignada, y con toda razón. No es posible que los restos de nuestro máximo representante histórico hayan sido tan desgraciadamente profanados. Como me recordaba un amigo, Bolívar no quería que vieran su aspecto enfermo y demacrado en los últimos días de su vida. No podría estar contento que ahora el mundo entero vea sus huesos.
Como decíamos, este hecho logró, ahora si, desviar la atención de lo ciudadanos. Mientras todos contemplábamos estupefactos y molestos uno de los actos más bochornosos y lúgubres de la historia venezolana, dejamos de contar los contenedores de comida podrida o cuantas familias dejaron de comer gracias a que el gobierno nacional dejó descomponerse tanta cantidad de alimentos.
Por ello, este cronista se da a la tarea de recordar a sus pocos lectores, que el problema no está en el Vaticano, no está en Colombia, no está en el sarcófago del Libertador ni en los restos simbólicos de Manuela Saenz. No. El problema está aquí mismo, al lado de nosotros. Cada vez que salimos a la calle, lo hacemos con miedo porque el hampa está desbordada y nos pueden matar en cualquier esquina. Cuando vamos a hacer una compra se hace con temor, ya que no sabemos si nos va a alcanzar para hacerlo. Ahora, no sabemos si la comida va a llegar, toda vez que el gobierno la dejó podrirse en unos containers que dejaron botados en cualquier sitio.
El chavismo va a seguir inventando trapos rojos, tratando de desviar la atención de los problemas reales de los venezolanos. Eso no debemos permitirlo. Por primera vez en mucho tiempo, la oposición tiene una agenda propia. Hoy no es Chávez quien determina de que va a hablar la oposición y eso lo tiene realmente desconcertado, contra las cuerdas. La iniciativa la perdió el chavismo y hoy la tiene la oposición. Ese capital que hemos ganado no podemos perderlo bajo ningún aspecto.
Twitter: @rojasperezm
miércoles, 14 de julio de 2010
ESTADO SOCIAL Y LIBERTAD DE EMPRESA EN VENEZUELA
ESTADO SOCIAL Y LIBERTAD DE EMPRESA EN VENEZUELA:
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE UN DEBATE TEÓRICO
José Ignacio Hernández G.
1.- El artículo 2 de la Constitución de 1999, al declarar que Venezuela
es un Estado social y Democrático de Derecho y de Justicia, ha
fomentado –tardíamente- un debate sobre cuál es el alcance práctico
que dicha cláusula debe tener. Debate tardío, sostenemos, pues en realidad,
desde la promulgación de la Constitución hasta la sentencia de
la Sala Constitucional de 24 de enero de 2002, caso Asodeviprilara, muy
poca fue la atención que doctrina y jurisprudencia prestaron a esa
norma, más allá de sostener –certeramente- que ella no era más que
una copia de la Constitución de España de 1978 (Planchart).
Pero incluso, luego de esa sentencia, y hasta 2005 –cuando el modelo
económico venezolano comenzó un giro explícito hacia la transición
al socialismo- la atención prestada al citado artículo 2 fue ciertamente
muy poca.
2.- Desde 2005, sin embargo, la referida cláusula del Estado social
(como la referiremos aquí, solamente para abreviar) ha sido objeto de
gran interés, pero contaminado por la discusión en torno al modelo económico
en ejecución. Es decir, que doctrina y jurisprudencia han comenzado
a prestar atención a esa cláusula, con ocasión del modelo económico de
transición al socialismo. Debemos reconocer que las posiciones que se
han mantenido son, ciertamente, poco novedosas, si nos atenemos al
tratamiento –más pausado y elaborado- que la figura ha tenido en Derecho
Comparado.
3.- En efecto, en teoría, la cláusula del Estado social puede decirse
que es tratada, actualmente, desde dos posiciones antagónicas. Ninguna
de ellas, queremos enfatizar, coincide con la posición que, desde
1999, hemos venido sosteniendo sobre el punto. Estas dos visiones tienen
un antecedente relevante, propio del Derecho alemán, y referido a
cuáles son las consecuencias jurídicas que caben extraer de la cláusula
del Estado social. Debate muy conocido, en especial, por los trabajos de
Luciano Parejo Alfonso, y respecto a los cuales no parece ser necesario
2
volver. Baste con señalar que la conclusión que se ha aceptado es que
esa cláusula es una norma jurídica constitucional vinculante. Asunto
distinto será determinar en qué sentido, con qué alcance, esa cláusula
es jurídicamente vinculante.
4.- Por un lado, una visión pretende interpretar a la cláusula del Estado
social como una norma que habilita al Estado para dirigir el proceso
económico en función de objetivos sociales, referidos principalmente
a la erradicación de los abusos derivados del ejercicio de la libertad
económica, que es una libertad burguesa, de una clase reducida y
dominante. Para esta visión, condensada en la sentencia de la Sala
Constitucional ya citada, de 24 de enero de 2002, el Estado social es
producto de una lucha de clases, y por ende, debe promover la desprotección
jurídica de los poderosos.
Esta clave de interpretación teórica, debe reconocerse, no es constante
en la doctrina de la Sala Constitucional: son varios los fallos que
abordan el estudio de la cláusula del Estad social desde la Constitución
económica con un matiz más ponderado, como por ejemplo, el fallo de
1 de diciembre de 2009, caso SUDEBAN. Pero no es un pronunciamiento
inédito. La sentencia de la Sala Constitucional de 29 de julio de 2009,
caso Ley de Protección al Consumidor y al Usuario sostiene que la libertad
económica sufre un proceso de “humanización, de socialización (en el
sentido de tomar en cuenta el carácter social del hombre)”, lo que pasa
por “despojar” a este derecho de “su impronta meramente lucrativa,
de su obsesión por la eficacia, de su individualismo excluyente”. Con
lo cual, para la Sala, la” relatividad es guía rector existencial” para
ponderar las limitaciones a la libertad económica, que es concebida
más como un principio socializado, en manos de un Estado social, concebido
como un Estado total.
En suma, esta interpretación teórica del Estado social, postula la
funcionalización social de la empresa privada, negando que ella pueda
desarrollarse autónomamente conforme al principio de libertad, pues
únicamente podrá atender las áreas que el Estado considere como anejas
al interés social. Cabría citar como exponente de esta visión a F.
Galgano. En la base de esta concepción teórica, la libertad económica
aparece como un derecho de una minoría, moldeable a favor de la ma3
yoría. Una interpretación que, como advirtió Sebastián Martín-
Retortillo Baquer, se funda en concepciones políticas, no jurídicas.
5.- Frente a esta posición, hay otra, de signo opuesto. La cláusula del
Estado social es un concepto difuso, carente de contenido jurídico preciso,
fuera de principios programáticos que podrán ser llevados a cabo
por los Poderes Públicos. Cláusula del Estado social considerada
además como un elemento nocivo, peligroso incluso frente a la libertad
económica, que tendría así un valor prioritario o preferente, como por
ejemplo ha sostenido, en España, Gaspar Ariño Ortiz. Bajo el Estado
social la Administración podrá intervenir en el orden económico, sólo
de manera excepcional, ante circunstancias tasadas que no perturben el
funcionamiento del sistema de economía de mercado, preponderantemente
liberal.
Un aspecto paradójico, poco explorado, es la conexión que la Sala
Constitucional ha realizando entre la cláusula del Estado social y la tesis
de Forsthoff acerca de la procura existencial. Se trata de una explicación
muy gráfica y elocuente sobre las consecuencias que el Estado
social produce sobre la Administración, que asume así lo que Wolff
llamó una actividad de prestación, inédita bajo los moldes del Estado
liberal. La tesis de Forsthoff llega, en todo caso, hasta allí. No es válido
invocar al autor –como hace la Sala Constitucional- para sostener la
vinculación extrema del Estado social al punto de funcionalizar a la
economía. De hecho, Forsthoff llega a negar el carácter vinculante de
esa cláusula, asignándole más bien un rol programático. Una conclusión
contraria a la interpretación que, de ese autor, hace al Sala Constitucional.
6.- Entremos ahora, sumariamente, a considerar cuál ha sido la
situación en Venezuela. Lo primero que habría que señalar es que la
cláusula del Estado social no es novedad dentro del constitucionalismo
venezolano. Bajo las Constituciones de 1947 y 1961, el Estado venezolano
asumió la forma implícita de Estado social, basado en el principio
de la justicia social. Un principio que se recoge en la Constitución de
1947, pero aparece en el pensamiento político venezolano en una época
tan remota como 1909, en el partido radical que, entre otros, intentaron
fundar Rufino Blanco-Fombona, Pedro M. Arcaya y César Zumeta.
4
Esta idea de la justicia social se concretará en dos líneas de acción
paralelas, que se cruzan en 1945. La primera línea es conducida por el
propio Estado. Los regímenes autocráticos del siglo XIX –la equívoca
hegemonía andina- fueron gobiernos liberales, que promulgaron la defensa
de los valores del liberalismo: libertad, propiedad, igualdad formal
y seguridad. Podría citarse aquí el particular ejemplo del discurso
presidencial de J.V. Gómez de 1910, junto a las medidas de promoción
a la empresa privada, que convierte a Gómez, en palabras de Manuel
Caballero, en un tirano liberal. Estos principios no fueron abandonados,
siquiera, cuando en 1939 López Contreras se ve forzado a dictar un
régimen de excepción de la libertad económica que mantendrá vigencia
incluso, durante la casi totalidad del Estado democrático formado
al amparo de la Constitución de 1961. Ya entonces, la acción social del
Estado estaba muy presente, en la adopción de medidas sobre las cuales
se había pronunciado Arturo Uslar Pietri: control de precio, control
de cambio. Junto a ellos, también, la figura del estado empresario, nacionalizaciones
y la promoción de una legislación laboral. Acción social
tímida en el marco de la República liberal autocrática. Pues el liberalismo,
entre nosotros, ha sido defendido como dogma de regímenes
autocráticos, lo que pervierte, muy hondamente, el lenguaje republicano,
tal y como expone Luis Castro Leiva.
Junto a esta corriente formal, encontramos también los orígenes de
los debates socialistas en la oposición al régimen de Juan Vicente
Gómez. Una oposición que, bajo distintos matices –comunismo, socialdemocracia,
democracia cristina- reconoció que el Estado debía
atender a un cometido social. Influencia determinante, también, de
Marx: desde el Plan de Barranquilla de 1931, hasta las improvisadas lecciones
de La Rotunda, Marx ha influenciado de manera determinante a
ese discurso. La Junta Revolucionaria de Gobierno que toma abruptamente
el poder en 1945, desarrollará un Gobierno revolucionario y democrático,
sin abandonar los postulados liberales de la República, pero
ampliados con amplios cometidos sociales. Ello, de la mano de un partido
leninista y aprista. Nace entonces lo que Germán Carrera Damas
ha llamado la República liberal democrática.
5
7.- Desde entonces, el Estado venezolano ha sido un Estado de
amplia intervención económica, en un modelo que no sufrió variantes
significativas, pese a los cambios de gobiernos sucedidos bajo la alternancia
de la Constitución de 1961. No lo hizo, siquiera, en el régimen
de excepción –y por ello de corte autocrático- a la libertad económica,
que se mantendrá hasta 1991. Junto a razones ideológicas, primaron
también razones pragmáticas: el petróleo, principal fuente de riqueza,
base del capitalismo rentístico, forzó al Estado a intervenir en la economía,
no como un actor más, sino como el principal actor. La vorágine
de ese modelo fue la década de los setenta del pasado siglo. La jurisprudencia
llegó a admitir que la intervención del Estado en la economía
era ilimitada respecto del Texto de 1961. Así lo avaló también la jurisprudencia
(sentencia de la Sala Político-Administrativa de 5 de octubre
de 1970, caso CANTV), y la doctrina, que de forma bastante
homogénea, sostuvo que la libertad económica podía ser moldeada por
el Estado (Brewer-Carías, Carrillo, Mayobre), llegándose incluso a denunciar
la inadecuación del Estado de Derecho liberal burgués a las
exigencias sociales del momento.
8.- Esto nos da una idea de la tensión histórica que ha existido
entre el Estado y la libertad económica. Tensión resuelta a favor del
primero, en detrimento de la segunda, y siempre, bajo cauces autocráticos.
En efecto, desde 1830 hasta 1939, impero un modelo liberal, no
por ello abstencionista, sino propenso a transformar ciertas condiciones
contrarias a la libertad, seguridad y propiedad privada. Es el liberalismo
al cual se refirió Ramón J. Velázquez, y que fomentó a la empresa
privada y muy en especial, a la inversión extranjera, asumiendo como
auténtico principio la ineficiencia de la gestión económica directa del
Estado. Aquí, la libertad económica se desarrolló sin democracia. A
partir de 1939 comienza a desarrollarse una constante intervención
pública, que décadas después formará un Estado capitalista, paternalista,
providencial. La democracia inicia en 1958 convivió sin libertad
económica, con lo cual, era una democracia precaria.
9.- Es por ello que, formalmente, los últimos años no han sido
ciertamente novedosos. La libertad económica ha convivido con un Estado
democrático. Lo ha hecho, sin embargo, en un plano teórico6
formal. En la práctica, como lo fue antes, el saldo es desfavorable a la
libertad económica.
El modelo económico en curso, en especial desde 2005, reedita
viejas técnicas de intervención, sin mayor aporte. Control de precio,
control de cambio, planificación, empresas públicas, nacionalizaciones,
todas son técnicas que el Estado ha desarrollado desde 1939. La novedad
no reside allí, sin embargo. Lo novedoso del modelo económico en
curso, es su expresa y deliberada fundamentación en un modelo de
transición al socialismo, que como se sostiene en el Plan de la Nación
2007-2013, pretende destruir las estructuras del Estado capitalista para
la creación del hombre nuevo y de una sociedad socialista, igualitaria.
Modelo de transición al socialismo que, con independencia del rechazo
al proyecto de reforma constitucional de 2007, cuenta con un importante
marco jurídico. La Ley Orgánica que crea la Comisión Central de
Planificación, la Ley de Economía Popular, la Ley Orgánica de Seguridad
y Soberanía Agroalimentaria, establecen un diseño que margina a
la empresa privada tradicional, y preferencia a la empresa pública y a
las asociaciones colectivas para el trabajo. Modelo de transición al socialismo
que se apoya en la promoción de la participación ciudadana
directa, pero que no es una participación autónoma y libre, sino una
participación organizada, dirigida y financiada desde el propio Estado.
Participación ciudadana que, además, de manera forzosa, debe orientarse
a la construcción de la sociedad socialista, tal y como se ha dispuesto
en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Con lo cual la
participación ciudadana no legitima al socialismo, pues es, en realidad,
producto de ese socialismo, impuesto por el Estado.
Todo ello, fundado expresamente en el Estado social, que viene a
ser, de esa manera, una cláusula general que condiciona socialmente a
toda la economía, funcionaliza socialmente a la empresa privada y
otorga al Estado el poder inminente de dirigir, controlar y planificar el
proceso económico hacia los objetivos que el propio Estado define, junto
con organizaciones promovidas por él.
Sin embargo, el Estado social, como lo concibe el artículo 2 de la
Constitución de 1999, nada tiene que ver con ello.
7
10.- Para poder extraer, objetivamente, cuáles son las consecuencias
prácticas del Estado social, debemos comenzar por recordar una
premisa bastante elemental. No es el caso discutir abstractamente sobre
las bondades o defectos del Estado social. Ese debate es sin duda relevante,
y cabría preguntar, incluso, si la redacción del artículo 2 del Texto
199 generó algún cruce de ideas, de contrastes, en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente o de la opinión pública. Pero, en todo
caso, debemos comenzar nuestro análisis con un dato concreto de
nuestro ordenamiento jurídico: el artículo 2 de la Constitución califica a
Venezuela como Estado social y Democrático de Derecho. El calificativo
social del Estado viene acompañado además de normas sustantivas,
especialmente en el orden económico, como es el caso relevante del
artículo 299. Dentro de esas normas, el artículo 21.2 resulta relevante: la
Ley debe asegurar la igualdad real, no sólo la igualdad formal. Esto
otorga contenido al principio de justicia social, entendido en el preámbulo
de la Constitución como aquel que asegura la participación equitativa
de todos en el disfrute de la riqueza, es decir, que el Estado debe
promover la justa distribución de riqueza (artículo 299), para lo cual
puede dictar medidas para planificar, racionalizar, racionalizar y regular
la economía (artículo 112).
Tal es el dato objetivo primero del cual debe partir nuestro análisis.
El conjunto de normas citadas forman parte de la Constitución y
por ello, tienen carácter normativo con la supremacía que el artículo 7
del Texto de 1999 estipula. La cláusula del Estado social es, por ello,
antes que nada, una norma jurídica vinculante, que produce, debe
producir concretas consecuencias sobre el ordenamiento jurídico.
11.- El carácter vinculante del Estado social debe valorarse dentro
del contexto de toda la Constitución, y a partir de los valores supraconstitucionales
del artículo 2. Por lo tanto, y ya no es posible seguir
abreviando al expresión, debemos apuntar que, para ser precisos, la
fórmula que acoge el artículo 2 de la Constitución no es la del Estado
social, sino la del Estado social y democrático de Derecho. Con lo cual,
la acción social que el Estado debe acometer, en los términos de los
artículos 21, 112 y 299, tiene que adecuarse a las exigencias del Estado
democrático y del Estado de Derecho. Antes de entrar a abordar las
8
consecuencias prácticas de ello, sin embargo, debemos ubicar al artículo
2 en el contexto del sistema de economía social de mercado.
12.- El Texto de 1999 tiene una Constitución económica que pivota
sobre dos bloques, paritarios. Un bloque postula la participación del
Estado regulando la economía para promover la justa distribución de
riqueza, lo cual le permite desde reservarse áreas del quehacer económico
hasta fundar empresas públicas. Junto a ello, la Constitución de
1999 reconoce a la empresa privada a partir de la libertad económica y
propiedad privada, que son tanto derechos fundamentales como instituciones
constitucionalmente garantizadas (artículos 112 y 115).
Además, se reconoce el derecho de acceso y selección de los consumidores
a los bienes y servicios de su preferencia (artículo 117). Con lo
cual, y citando a García-Pelayo, la Constitución de 1999 se decanta por
el modelo de soberanía del consumidor.
Tal es el sistema económico que recoge la Constitución de 1999, y
que emulando a la doctrina alemana, ha sido catalogado –con aciertocomo
economía social de mercado (sentencia de la Sala Constitucional
de 1 de octubre de 2003, caso Parkimundo). Algunas interpretaciones
han pretendido torcer la balanza hacia uno de los dos extremos. Así, se
ha sostenido que el sistema económico es liberal-capitalista (J.M. Alvarado),
o se ha recalcado que se trata de un sistema social de libre mercado
(Herrera Orellana). Frente a esta posición, y con mucha mayor
beligerancia, se ha entendido que el sistema económico es preponderantemente
social, basado en la conducción del Estado del proceso
económico (C. Escarrá).
Ni liberal capitalista ni orientado a la funcionalización social. De
acuerdo con el valor del pluralismo, la Constitución económica en el
Texto de 1999 debe ser interpretada de manera abierta y flexible. Dentro
de su ámbito podrán tener cabida modelos diferentes, incluso de
corte político contrario, siempre y cuando se adecúe a los límites
máximos y mínimos que la Constitución dispone. Por ello, bajo la
Constitución de 1999 el socialismo no es un modelo económico impuesto.
Pero tampoco cabe excluirlo a priori. Por democrática, se insiste,
el Texto de 1999 da cobertura a distintos modelos económicos, que
deben respetar en todo caso los límites que ella impone.
9
13.- El artículo 2 de la Constitución de 1999 debe producir sus
efectos en el marco del sistema de economía social de mercado, pluralmente
interpretado. Lo que permite ya acusar un grave defecto del
modelo económico en curso: su persistencia en conducir la economía,
de manera forzosa, exclusiva y excluyente, a un único modelo económico,
cual es el socialista. Ya ello, de por sí, es ajeno al valor supraconstitucional
del pluralismo político.
14.- Comencemos por la relación entre el Estado social y el Estado
de Derecho. La jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencia
de 14 de agosto de 2005, caso régimen cambiario, entre otras), retoma
una vieja posición para sostener que el Estado social es incompatible
con el Estado de Derecho liberal burgués. La Administración, se afirma,
no puede quedar atada de manos en su objetivo de promover la
justa distribución de riqueza. La reserva legal, por ello, debe ser una
reserva mínima, dando preponderancia a la acción directa de la Administración
sobre la del Poder Legislativo, pues, en adición, la separación
de poderes rígida entre esos Poderes es ajena a las nuevas exigencias
del orden social. La consecuencia práctica de ello es apreciable: la
empresa privada queda sujeta a un régimen preponderantemente sublegal,
cuya base legal suele ser, cuando mucho, exigua. El régimen
cambiario, por ejemplo, está contenido en un imbricado complejo de
normas sub-legales de muy incierta ilegalidad.
Esta conclusión parte de algunas premisas que estimamos válidas,
pero las conclusiones prácticas a las que llega son erradas. Ciertamente,
la reserva legal no tiene carácter absoluto, pues el Reglamento
tiene cabida en la ordenación de la economía. Tampoco el principio de
separación de poderes se opone a la colaboración reglamentaria de la
Administración, tanto más cuando la materia a abordar es técnica y
compleja. La reserva legal debe ser relativa, por ello, pero suficiente.
Nuestra posición al respecto ha sido rechazada por L.A. Herrera,
quien considera que, influenciados por “el ideario político y económico
socialista”, hemos defendido la reducción del Estado de Derecho a su
mínima expresión. Todo lo contrario, hemos advertido de los riesgos
de tergiversar la relación entre el Estado social y el Estado de Derecho,
recordando que toda limitación a la empresa privada debe estar estable10
cida en la Ley mediante una cobertura legal suficiente, lo que sucederá
cuando la Ley desarrolle los principios básicos que informan a la ordenación
y limitación del ejercicio de la libertad de empresa. A ello se
opone la relajada concepción del principio de legalidad y la prolija sanción
de restricciones contenidas, originariamente, en normas sublegales.
15.- La relación entre el Estado de Derecho y el Estado social, en
la práctica, se vincula con la garantía del contenido esencial de la libertad
económica y propiedad privada, admitida, entre otras, en la sentencia
de la Sala Constitucional de 24 de febrero de 2006, caso Municipio
Baruta del Estado Miranda contra la sentencia Nº 2005-834 dictada por la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 26 de julio de 2005. Estos
derechos han sido reconocidos con un núcleo duro que queda inmune
a la acción de inmisión del Estado, es decir, el área de libre autonomía
exenta de cualquier intervención pública. Este contenido social, como
núcleo duro, es absolutamente incompatible con la funcionalización
social de la empresa privada y con un sistema de planificación vinculante,
pues en él, queda proscrita toda autonomía privada. Es contrario
al Estado social, por ello, la funcionalización social de la empresa privada.
16.- Un último aspecto debemos abordar sobre este aspecto. Los
cauces de intervención pública que la Constitución de 1999 sanciona, se
traducen en la práctica en un régimen administrativo, de intervención
administrativa traducida en controles, permisos, autorizaciones y otras
técnicas más. Intervención administrativa en la economía que, por su
propia eficiencia, y como recuerda C. Ciriano Vela, ha de preservar un
ámbito de discrecionalidad –administrativa y técnica- a favor de la
Administración. El Estado social, por ello, exige la intervención de la
Administración en la economía.
Intervención que, por una errada herencia histórica, se ha traducido
a través del régimen administrativo francés, es decir, el reconocimiento
de prerrogativas en cabeza de la Administración ante las cuales
deben ceder, de acuerdo con la teoría al uso, los derechos individuales
(Hauriou), en especial, por lo que respecta a la solidaridad social plasmada
en el servicio público (Duguit). Régimen administrativo que, con
11
toda justificación, Dicey tachó de arbitrario y Hayek cuestionó también,
por la excesiva discrecionalidad que él otorga. El Estado de Derecho,
para Hayek, debe reducir al extremo la discreción concedida a los
funcionarios público. Algo muy ajeno a la amplitud con la cual las prerrogativas
se reconocen bajo el régimen administrativo, en especial, el
marco del odioso concepto de contrato administrativo, de feliz desaparición
en el ordenamiento jurídico venezolano.
Es por ello que se ha propuesto, y con acierto, una redefinición
del Derecho administrativo, centrado en la persona –y sus derechos
fundamentales- y no en la prerrogativa, que no pasa de ser un fin instrumental.
El Estado social exige que la acción social del Estado se instrumente
mediante cauces formales del Estado de Derecho, y postulando
en la práctica la subordinación plena de la Administración a la
Ley y al Derecho. Las potestades administrativas deben ser títulos limitados,
ciertos, definidos de atribuciones, no poderes abiertos e ilimitados.
El Estado social juega incluso a favor de la mayor concreción de
estas potestades, en beneficio del principio de eficacia.
17.- El Estado social solo lo será en el contexto del Estado democrático,
es decir, promoviendo la libre participación de los ciudadanos
en los procedimientos de toma de decisiones, en respeto a sus derechos
fundamentales, y siempre bajo cauces abiertos, plurales. El concepto
de democracia, conforme a Ferrajoli, debe ser atender a un “modelo
pluridimensional”, que integre su artista formal con la sustancial;
y en ésta, el necesario reconocimiento de límites basados en el respeto
de todos derechos fundamentales. Por ello, como apunta García-
Pelayo, no hay Estado social allí donde la participación en la toma de
decisiones se reduce a organizaciones promovidas y financiadas desde
el propio estado. Esa es otra de las inconsistencias del modelo en curso:
la participación ciudadana se encauza forzosamente en los moldes únicos
que el propio Estado tolera, obligando a conducir esa participación
a la construcción del socialismo. No hay allí, en absoluto, Estado democrático.
Tampoco, por ende, Estado social.
18.- La cláusula del Estado social, en la práctica, impone mandatos
tanto a los Poderes Públicos como a los particulares, a fin de transformar
el orden socioeconómico en función de promover condiciones
12
reales de igualdad, mediante la justa distribución de la riqueza. Tal es,
en resumen, la conclusión práctica primera que se desprende el sistema
que, guste o no, cabe extraer del Texto de 1999. De inmediato algunas
precisiones se requieren:
.- En primer lugar, hemos aludido a la transformación del orden
socioeconómico, no de la sociedad. La separación entre sociedad y Estado
es fundamental, pues en el respeto de esa separación está la esencia
de la libertad general del ciudadano, que es otro de los valores supraconstitucionales
de nuestro ordenamiento. El Estado no moldea a la
sociedad: ésta, por el contrario, configura democráticamente a aquél.
La conformación social de la sociedad, bajo las directrices del Estado,
es por ello incompatible con el Estado de Derecho y el Estado democrático.
.- En segundo lugar, la función de conformación social encuentra,
entre otros límites, el necesario respeto al contenido esencial de la empresa
privada. Por ello, un sistema de planificación central vinculante,
como el derivado de la Comisión Central de Planificación, es inconstitucional.
Primero, pues desnaturaliza a la empresa privada, que pasa a
ser expropiada, de hecho, por el Estado. Luego, por destruir la soberanía
del consumidor, suplantada por la soberanía del planificador.
Como sostiene L. Von Mises, el sistema de economía planificada, dirigida,
es antidemocrática. Y por ello, es opuesta al Estado social.
.- En tercer y último lugar, la cláusula del Estado social da contendido
a la Administración prestacional, orientada a promover condiciones
reales de igualdad, limitando el ejercicio de la empresa privada
o participando directamente en la oferta de bienes y servicios, de
acuerdo con el principio de co-iniciativa que recoge el artículo 299
constitucional. La empresa pública es, por ende, una herramienta legítima
del Estado social. No quiere decir, en absoluto, que la intervención
directa del Estado a través de la empresa pública sea ilimitada.
Toda actividad de la Administración es, en esencia, limitada, subordinada
a la Ley y al Derecho, e inspirada por el principio de menor intervención,
como lo exige el principio de eficacia.
13
Casi sobra decirlo, esta Administración prestacional no promueve
la reducción de control judicial, sino por el contrario, la ampliación
del control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Junto al tradicional
control del acto administrativo, como recuerda Daniela Urosa,
la jurisdicción contencioso-administrativa pasa a ocuparse también de
la actividad material y de la inactividad de la Administración.
19.- La acción de transformación social que el Estado asume, para
remover los obstáculos que impiden la existencia de condiciones reales
de igualdad, sólo puede tener cabida dentro de los cauces formales del
Estado de Derecho y a través de mecanismos democráticos, tanto en la
forma como en el fondo. A tal punto llega esta cohesión que sólo puede
afirmarse la existencia del Estado social, en el marco del estado de Derecho
y Democrático. Fuera de ese marco, como recuerda Manuel García-
Pelayo, lo que se desarrollar el Estado policía, o sea, el “regreso al
despotismo más o menos ilustrado acomodado a las exigencias del
tiempo presente”.
Por ello, cuando la concepción del Estado social se confunde con
la socialización de la libertad económica, sujeta al control director del
Estado, en realidad, se está desconociendo al artículo 2 de la Constitución.
El modelo económico en curso ha propendido decididamente a
esta socialización, en especial, al amparar un modelo de planificación
central vinculante, que de manera incluso coactiva obliga a sancionar
un modelo de “sociedad socialista”, que también de manera forzosa
debe imbricar los cauces de participación ciudadana, cauces que quedan
sujetos a intensos controles directivos de la Administración.
Este modelo, esta concepción, debemos señalarlo, no son reflejo
del artículo 2 de la Constitución. No está de más recodar, como incluso
lo aceptó la sentencia de la Sala Constitucional de 24 de enero de 2002,
tantas veces citada, que el Estado social no obliga a la creación del modelo
socialista, sin perjuicio que las políticas públicas (como señalaron
García-Pelayo y S. Martín-Retortillo Baquer) puedan llegar a conducir
al socialismo democrático. Es decir, un modelo económico que admita
cierto grado de intervención y control del Estado sobre factores de
producción (empresa pública, control de precio, nacionalizaciones) pero
preservando las bases de la economía de mercado.
14
20.- Estado social no es tampoco el Estado paternalista que
hemos tenido, en especial, como herencia del Siglo XX. Basta recordar
como esta manifestación del Estado social entró en crisis, tanto por ser
inviable económicamente como por obstruir el desarrollo y crecimiento
socioeconómico. Crisis que no supone la desaparición del Estado social.
El Estado, como apunto S. Martín-Retortillo Baquer, el “Estado
fuerte, es necesario (…) para la defensa de la libertad y de la propia sociedad”,
así como para la satisfacción de necesidades de interés social.
Tal y como sostuvo Juan Pablo II la Carta Encíclica Centesimus Annus,
hay muchas necesidades que no son “vendibles” no son “vendibles”,
esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Por ello, “es un estricto
deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer
las necesidades humanas”. Ello requiere y justifica la intervención del
Estado en la economía, pero sin admitirse limitaciones arbitrarias a la
libertad.
El Estado social, en resumen, con el sentido que éste tiene en el
artículo 2 de la Constitución, debe ser, en palabras de Jaime Rodríguez-
Arana, un “Estado social dinámico”, basado en “los postulados del
pensamiento abierto, plural”. En pocas palabras, el Estado social basado
en el protagonismo del ciudadano, lo que supone, para el autor,
“colocar el acento en su libertad, en su participación en los asuntos
públicos, y en la solidaridad”. Visto desde esta perspectiva, no hay
contradicción entre Estado social y libertad económica. La presencia
del sector privado es, pues, consustancial al cometido último que cabe
desprender del artículo 2 de la Constitución, cual es la redistribución
de la riqueza conforme a la justicia social. No se trata de darle, al
término, un sentido reivindicatorio de los oprimidos excluyendo y
“desprotegiendo” a los poderosos u opresores. La justicia social debe
aludir, muy por el contrario, a la constante rectificación que debe efectuar
el Estado al mercado, procurando la equitativa satisfacción de necesidades
que no son “vendibles”. Recientemente, en la encíclica Caritas
in veritate, de junio de 2009, se ha vuelto sobre este aspecto, al recordarse
que “(…) la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca
de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia so15
cial para la economía de mercado, no sólo porque está dentro de un
contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones
en que se desenvuelve”.
21.- El Estado social, como es concebido en el artículo 2 de la
Constitución, requiere entonces la “capacidad de iniciativa empresarial”, y
esta capacidad presupone un sistema sustancial y formalmente democrático.
No se trata, pues, de replicar la fórmula muy conocida entre
nosotros del Estado paternalista que reparte dádivas, ni tampoco, postular
una utópica realidad económica y social absoluta. Como ha señalado
nuestro rector, Revendo Padre Doctor Luis Ugalde, “sólo una
conciencia compartida de las limitaciones y de la perfectibilidad, permanece
abierta al cambio, a la crítica, a los derechos personales de cada
uno y a la pluralidad democrática”.
Es necesario, por tanto, reivindicar al Estado social, en el sentido
en que éste es concebido en el artículo 2 de la Constitución, recordando
que ese Estado social tiene bases liberales. Ello es así pues la evolución
del Estado liberal al Estado social se realizó por acumulación y no por
superación: las bases del Estado liberal se mantienen en el Estado social,
que amplía sus cometidos, ahora, a la promoción de condiciones
reales de igualdad. Por ello, al reivindicar ese Estado social, por ello,
debe también reivindicarse al Estado de Derecho y democrático y por
ello, a la libertad económica sin la cual, no puede haber la igualdad
ansiada por el artículo 21 constitucional. Esto implica dejar atrás los
prejuicios históricos que han rodeado a la libertad económica, para reconocer
que ella es un derecho fundamental y parte relevante de la libertad,
que es uno de los valores supraconstitucionales de nuestro ordenamiento,
conforme al artículo 2 del Texto de 1999. Sin libertad
económica, no hay Estado social.
La Unión, julio de 2010
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE UN DEBATE TEÓRICO
José Ignacio Hernández G.
1.- El artículo 2 de la Constitución de 1999, al declarar que Venezuela
es un Estado social y Democrático de Derecho y de Justicia, ha
fomentado –tardíamente- un debate sobre cuál es el alcance práctico
que dicha cláusula debe tener. Debate tardío, sostenemos, pues en realidad,
desde la promulgación de la Constitución hasta la sentencia de
la Sala Constitucional de 24 de enero de 2002, caso Asodeviprilara, muy
poca fue la atención que doctrina y jurisprudencia prestaron a esa
norma, más allá de sostener –certeramente- que ella no era más que
una copia de la Constitución de España de 1978 (Planchart).
Pero incluso, luego de esa sentencia, y hasta 2005 –cuando el modelo
económico venezolano comenzó un giro explícito hacia la transición
al socialismo- la atención prestada al citado artículo 2 fue ciertamente
muy poca.
2.- Desde 2005, sin embargo, la referida cláusula del Estado social
(como la referiremos aquí, solamente para abreviar) ha sido objeto de
gran interés, pero contaminado por la discusión en torno al modelo económico
en ejecución. Es decir, que doctrina y jurisprudencia han comenzado
a prestar atención a esa cláusula, con ocasión del modelo económico de
transición al socialismo. Debemos reconocer que las posiciones que se
han mantenido son, ciertamente, poco novedosas, si nos atenemos al
tratamiento –más pausado y elaborado- que la figura ha tenido en Derecho
Comparado.
3.- En efecto, en teoría, la cláusula del Estado social puede decirse
que es tratada, actualmente, desde dos posiciones antagónicas. Ninguna
de ellas, queremos enfatizar, coincide con la posición que, desde
1999, hemos venido sosteniendo sobre el punto. Estas dos visiones tienen
un antecedente relevante, propio del Derecho alemán, y referido a
cuáles son las consecuencias jurídicas que caben extraer de la cláusula
del Estado social. Debate muy conocido, en especial, por los trabajos de
Luciano Parejo Alfonso, y respecto a los cuales no parece ser necesario
2
volver. Baste con señalar que la conclusión que se ha aceptado es que
esa cláusula es una norma jurídica constitucional vinculante. Asunto
distinto será determinar en qué sentido, con qué alcance, esa cláusula
es jurídicamente vinculante.
4.- Por un lado, una visión pretende interpretar a la cláusula del Estado
social como una norma que habilita al Estado para dirigir el proceso
económico en función de objetivos sociales, referidos principalmente
a la erradicación de los abusos derivados del ejercicio de la libertad
económica, que es una libertad burguesa, de una clase reducida y
dominante. Para esta visión, condensada en la sentencia de la Sala
Constitucional ya citada, de 24 de enero de 2002, el Estado social es
producto de una lucha de clases, y por ende, debe promover la desprotección
jurídica de los poderosos.
Esta clave de interpretación teórica, debe reconocerse, no es constante
en la doctrina de la Sala Constitucional: son varios los fallos que
abordan el estudio de la cláusula del Estad social desde la Constitución
económica con un matiz más ponderado, como por ejemplo, el fallo de
1 de diciembre de 2009, caso SUDEBAN. Pero no es un pronunciamiento
inédito. La sentencia de la Sala Constitucional de 29 de julio de 2009,
caso Ley de Protección al Consumidor y al Usuario sostiene que la libertad
económica sufre un proceso de “humanización, de socialización (en el
sentido de tomar en cuenta el carácter social del hombre)”, lo que pasa
por “despojar” a este derecho de “su impronta meramente lucrativa,
de su obsesión por la eficacia, de su individualismo excluyente”. Con
lo cual, para la Sala, la” relatividad es guía rector existencial” para
ponderar las limitaciones a la libertad económica, que es concebida
más como un principio socializado, en manos de un Estado social, concebido
como un Estado total.
En suma, esta interpretación teórica del Estado social, postula la
funcionalización social de la empresa privada, negando que ella pueda
desarrollarse autónomamente conforme al principio de libertad, pues
únicamente podrá atender las áreas que el Estado considere como anejas
al interés social. Cabría citar como exponente de esta visión a F.
Galgano. En la base de esta concepción teórica, la libertad económica
aparece como un derecho de una minoría, moldeable a favor de la ma3
yoría. Una interpretación que, como advirtió Sebastián Martín-
Retortillo Baquer, se funda en concepciones políticas, no jurídicas.
5.- Frente a esta posición, hay otra, de signo opuesto. La cláusula del
Estado social es un concepto difuso, carente de contenido jurídico preciso,
fuera de principios programáticos que podrán ser llevados a cabo
por los Poderes Públicos. Cláusula del Estado social considerada
además como un elemento nocivo, peligroso incluso frente a la libertad
económica, que tendría así un valor prioritario o preferente, como por
ejemplo ha sostenido, en España, Gaspar Ariño Ortiz. Bajo el Estado
social la Administración podrá intervenir en el orden económico, sólo
de manera excepcional, ante circunstancias tasadas que no perturben el
funcionamiento del sistema de economía de mercado, preponderantemente
liberal.
Un aspecto paradójico, poco explorado, es la conexión que la Sala
Constitucional ha realizando entre la cláusula del Estado social y la tesis
de Forsthoff acerca de la procura existencial. Se trata de una explicación
muy gráfica y elocuente sobre las consecuencias que el Estado
social produce sobre la Administración, que asume así lo que Wolff
llamó una actividad de prestación, inédita bajo los moldes del Estado
liberal. La tesis de Forsthoff llega, en todo caso, hasta allí. No es válido
invocar al autor –como hace la Sala Constitucional- para sostener la
vinculación extrema del Estado social al punto de funcionalizar a la
economía. De hecho, Forsthoff llega a negar el carácter vinculante de
esa cláusula, asignándole más bien un rol programático. Una conclusión
contraria a la interpretación que, de ese autor, hace al Sala Constitucional.
6.- Entremos ahora, sumariamente, a considerar cuál ha sido la
situación en Venezuela. Lo primero que habría que señalar es que la
cláusula del Estado social no es novedad dentro del constitucionalismo
venezolano. Bajo las Constituciones de 1947 y 1961, el Estado venezolano
asumió la forma implícita de Estado social, basado en el principio
de la justicia social. Un principio que se recoge en la Constitución de
1947, pero aparece en el pensamiento político venezolano en una época
tan remota como 1909, en el partido radical que, entre otros, intentaron
fundar Rufino Blanco-Fombona, Pedro M. Arcaya y César Zumeta.
4
Esta idea de la justicia social se concretará en dos líneas de acción
paralelas, que se cruzan en 1945. La primera línea es conducida por el
propio Estado. Los regímenes autocráticos del siglo XIX –la equívoca
hegemonía andina- fueron gobiernos liberales, que promulgaron la defensa
de los valores del liberalismo: libertad, propiedad, igualdad formal
y seguridad. Podría citarse aquí el particular ejemplo del discurso
presidencial de J.V. Gómez de 1910, junto a las medidas de promoción
a la empresa privada, que convierte a Gómez, en palabras de Manuel
Caballero, en un tirano liberal. Estos principios no fueron abandonados,
siquiera, cuando en 1939 López Contreras se ve forzado a dictar un
régimen de excepción de la libertad económica que mantendrá vigencia
incluso, durante la casi totalidad del Estado democrático formado
al amparo de la Constitución de 1961. Ya entonces, la acción social del
Estado estaba muy presente, en la adopción de medidas sobre las cuales
se había pronunciado Arturo Uslar Pietri: control de precio, control
de cambio. Junto a ellos, también, la figura del estado empresario, nacionalizaciones
y la promoción de una legislación laboral. Acción social
tímida en el marco de la República liberal autocrática. Pues el liberalismo,
entre nosotros, ha sido defendido como dogma de regímenes
autocráticos, lo que pervierte, muy hondamente, el lenguaje republicano,
tal y como expone Luis Castro Leiva.
Junto a esta corriente formal, encontramos también los orígenes de
los debates socialistas en la oposición al régimen de Juan Vicente
Gómez. Una oposición que, bajo distintos matices –comunismo, socialdemocracia,
democracia cristina- reconoció que el Estado debía
atender a un cometido social. Influencia determinante, también, de
Marx: desde el Plan de Barranquilla de 1931, hasta las improvisadas lecciones
de La Rotunda, Marx ha influenciado de manera determinante a
ese discurso. La Junta Revolucionaria de Gobierno que toma abruptamente
el poder en 1945, desarrollará un Gobierno revolucionario y democrático,
sin abandonar los postulados liberales de la República, pero
ampliados con amplios cometidos sociales. Ello, de la mano de un partido
leninista y aprista. Nace entonces lo que Germán Carrera Damas
ha llamado la República liberal democrática.
5
7.- Desde entonces, el Estado venezolano ha sido un Estado de
amplia intervención económica, en un modelo que no sufrió variantes
significativas, pese a los cambios de gobiernos sucedidos bajo la alternancia
de la Constitución de 1961. No lo hizo, siquiera, en el régimen
de excepción –y por ello de corte autocrático- a la libertad económica,
que se mantendrá hasta 1991. Junto a razones ideológicas, primaron
también razones pragmáticas: el petróleo, principal fuente de riqueza,
base del capitalismo rentístico, forzó al Estado a intervenir en la economía,
no como un actor más, sino como el principal actor. La vorágine
de ese modelo fue la década de los setenta del pasado siglo. La jurisprudencia
llegó a admitir que la intervención del Estado en la economía
era ilimitada respecto del Texto de 1961. Así lo avaló también la jurisprudencia
(sentencia de la Sala Político-Administrativa de 5 de octubre
de 1970, caso CANTV), y la doctrina, que de forma bastante
homogénea, sostuvo que la libertad económica podía ser moldeada por
el Estado (Brewer-Carías, Carrillo, Mayobre), llegándose incluso a denunciar
la inadecuación del Estado de Derecho liberal burgués a las
exigencias sociales del momento.
8.- Esto nos da una idea de la tensión histórica que ha existido
entre el Estado y la libertad económica. Tensión resuelta a favor del
primero, en detrimento de la segunda, y siempre, bajo cauces autocráticos.
En efecto, desde 1830 hasta 1939, impero un modelo liberal, no
por ello abstencionista, sino propenso a transformar ciertas condiciones
contrarias a la libertad, seguridad y propiedad privada. Es el liberalismo
al cual se refirió Ramón J. Velázquez, y que fomentó a la empresa
privada y muy en especial, a la inversión extranjera, asumiendo como
auténtico principio la ineficiencia de la gestión económica directa del
Estado. Aquí, la libertad económica se desarrolló sin democracia. A
partir de 1939 comienza a desarrollarse una constante intervención
pública, que décadas después formará un Estado capitalista, paternalista,
providencial. La democracia inicia en 1958 convivió sin libertad
económica, con lo cual, era una democracia precaria.
9.- Es por ello que, formalmente, los últimos años no han sido
ciertamente novedosos. La libertad económica ha convivido con un Estado
democrático. Lo ha hecho, sin embargo, en un plano teórico6
formal. En la práctica, como lo fue antes, el saldo es desfavorable a la
libertad económica.
El modelo económico en curso, en especial desde 2005, reedita
viejas técnicas de intervención, sin mayor aporte. Control de precio,
control de cambio, planificación, empresas públicas, nacionalizaciones,
todas son técnicas que el Estado ha desarrollado desde 1939. La novedad
no reside allí, sin embargo. Lo novedoso del modelo económico en
curso, es su expresa y deliberada fundamentación en un modelo de
transición al socialismo, que como se sostiene en el Plan de la Nación
2007-2013, pretende destruir las estructuras del Estado capitalista para
la creación del hombre nuevo y de una sociedad socialista, igualitaria.
Modelo de transición al socialismo que, con independencia del rechazo
al proyecto de reforma constitucional de 2007, cuenta con un importante
marco jurídico. La Ley Orgánica que crea la Comisión Central de
Planificación, la Ley de Economía Popular, la Ley Orgánica de Seguridad
y Soberanía Agroalimentaria, establecen un diseño que margina a
la empresa privada tradicional, y preferencia a la empresa pública y a
las asociaciones colectivas para el trabajo. Modelo de transición al socialismo
que se apoya en la promoción de la participación ciudadana
directa, pero que no es una participación autónoma y libre, sino una
participación organizada, dirigida y financiada desde el propio Estado.
Participación ciudadana que, además, de manera forzosa, debe orientarse
a la construcción de la sociedad socialista, tal y como se ha dispuesto
en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Con lo cual la
participación ciudadana no legitima al socialismo, pues es, en realidad,
producto de ese socialismo, impuesto por el Estado.
Todo ello, fundado expresamente en el Estado social, que viene a
ser, de esa manera, una cláusula general que condiciona socialmente a
toda la economía, funcionaliza socialmente a la empresa privada y
otorga al Estado el poder inminente de dirigir, controlar y planificar el
proceso económico hacia los objetivos que el propio Estado define, junto
con organizaciones promovidas por él.
Sin embargo, el Estado social, como lo concibe el artículo 2 de la
Constitución de 1999, nada tiene que ver con ello.
7
10.- Para poder extraer, objetivamente, cuáles son las consecuencias
prácticas del Estado social, debemos comenzar por recordar una
premisa bastante elemental. No es el caso discutir abstractamente sobre
las bondades o defectos del Estado social. Ese debate es sin duda relevante,
y cabría preguntar, incluso, si la redacción del artículo 2 del Texto
199 generó algún cruce de ideas, de contrastes, en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente o de la opinión pública. Pero, en todo
caso, debemos comenzar nuestro análisis con un dato concreto de
nuestro ordenamiento jurídico: el artículo 2 de la Constitución califica a
Venezuela como Estado social y Democrático de Derecho. El calificativo
social del Estado viene acompañado además de normas sustantivas,
especialmente en el orden económico, como es el caso relevante del
artículo 299. Dentro de esas normas, el artículo 21.2 resulta relevante: la
Ley debe asegurar la igualdad real, no sólo la igualdad formal. Esto
otorga contenido al principio de justicia social, entendido en el preámbulo
de la Constitución como aquel que asegura la participación equitativa
de todos en el disfrute de la riqueza, es decir, que el Estado debe
promover la justa distribución de riqueza (artículo 299), para lo cual
puede dictar medidas para planificar, racionalizar, racionalizar y regular
la economía (artículo 112).
Tal es el dato objetivo primero del cual debe partir nuestro análisis.
El conjunto de normas citadas forman parte de la Constitución y
por ello, tienen carácter normativo con la supremacía que el artículo 7
del Texto de 1999 estipula. La cláusula del Estado social es, por ello,
antes que nada, una norma jurídica vinculante, que produce, debe
producir concretas consecuencias sobre el ordenamiento jurídico.
11.- El carácter vinculante del Estado social debe valorarse dentro
del contexto de toda la Constitución, y a partir de los valores supraconstitucionales
del artículo 2. Por lo tanto, y ya no es posible seguir
abreviando al expresión, debemos apuntar que, para ser precisos, la
fórmula que acoge el artículo 2 de la Constitución no es la del Estado
social, sino la del Estado social y democrático de Derecho. Con lo cual,
la acción social que el Estado debe acometer, en los términos de los
artículos 21, 112 y 299, tiene que adecuarse a las exigencias del Estado
democrático y del Estado de Derecho. Antes de entrar a abordar las
8
consecuencias prácticas de ello, sin embargo, debemos ubicar al artículo
2 en el contexto del sistema de economía social de mercado.
12.- El Texto de 1999 tiene una Constitución económica que pivota
sobre dos bloques, paritarios. Un bloque postula la participación del
Estado regulando la economía para promover la justa distribución de
riqueza, lo cual le permite desde reservarse áreas del quehacer económico
hasta fundar empresas públicas. Junto a ello, la Constitución de
1999 reconoce a la empresa privada a partir de la libertad económica y
propiedad privada, que son tanto derechos fundamentales como instituciones
constitucionalmente garantizadas (artículos 112 y 115).
Además, se reconoce el derecho de acceso y selección de los consumidores
a los bienes y servicios de su preferencia (artículo 117). Con lo
cual, y citando a García-Pelayo, la Constitución de 1999 se decanta por
el modelo de soberanía del consumidor.
Tal es el sistema económico que recoge la Constitución de 1999, y
que emulando a la doctrina alemana, ha sido catalogado –con aciertocomo
economía social de mercado (sentencia de la Sala Constitucional
de 1 de octubre de 2003, caso Parkimundo). Algunas interpretaciones
han pretendido torcer la balanza hacia uno de los dos extremos. Así, se
ha sostenido que el sistema económico es liberal-capitalista (J.M. Alvarado),
o se ha recalcado que se trata de un sistema social de libre mercado
(Herrera Orellana). Frente a esta posición, y con mucha mayor
beligerancia, se ha entendido que el sistema económico es preponderantemente
social, basado en la conducción del Estado del proceso
económico (C. Escarrá).
Ni liberal capitalista ni orientado a la funcionalización social. De
acuerdo con el valor del pluralismo, la Constitución económica en el
Texto de 1999 debe ser interpretada de manera abierta y flexible. Dentro
de su ámbito podrán tener cabida modelos diferentes, incluso de
corte político contrario, siempre y cuando se adecúe a los límites
máximos y mínimos que la Constitución dispone. Por ello, bajo la
Constitución de 1999 el socialismo no es un modelo económico impuesto.
Pero tampoco cabe excluirlo a priori. Por democrática, se insiste,
el Texto de 1999 da cobertura a distintos modelos económicos, que
deben respetar en todo caso los límites que ella impone.
9
13.- El artículo 2 de la Constitución de 1999 debe producir sus
efectos en el marco del sistema de economía social de mercado, pluralmente
interpretado. Lo que permite ya acusar un grave defecto del
modelo económico en curso: su persistencia en conducir la economía,
de manera forzosa, exclusiva y excluyente, a un único modelo económico,
cual es el socialista. Ya ello, de por sí, es ajeno al valor supraconstitucional
del pluralismo político.
14.- Comencemos por la relación entre el Estado social y el Estado
de Derecho. La jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencia
de 14 de agosto de 2005, caso régimen cambiario, entre otras), retoma
una vieja posición para sostener que el Estado social es incompatible
con el Estado de Derecho liberal burgués. La Administración, se afirma,
no puede quedar atada de manos en su objetivo de promover la
justa distribución de riqueza. La reserva legal, por ello, debe ser una
reserva mínima, dando preponderancia a la acción directa de la Administración
sobre la del Poder Legislativo, pues, en adición, la separación
de poderes rígida entre esos Poderes es ajena a las nuevas exigencias
del orden social. La consecuencia práctica de ello es apreciable: la
empresa privada queda sujeta a un régimen preponderantemente sublegal,
cuya base legal suele ser, cuando mucho, exigua. El régimen
cambiario, por ejemplo, está contenido en un imbricado complejo de
normas sub-legales de muy incierta ilegalidad.
Esta conclusión parte de algunas premisas que estimamos válidas,
pero las conclusiones prácticas a las que llega son erradas. Ciertamente,
la reserva legal no tiene carácter absoluto, pues el Reglamento
tiene cabida en la ordenación de la economía. Tampoco el principio de
separación de poderes se opone a la colaboración reglamentaria de la
Administración, tanto más cuando la materia a abordar es técnica y
compleja. La reserva legal debe ser relativa, por ello, pero suficiente.
Nuestra posición al respecto ha sido rechazada por L.A. Herrera,
quien considera que, influenciados por “el ideario político y económico
socialista”, hemos defendido la reducción del Estado de Derecho a su
mínima expresión. Todo lo contrario, hemos advertido de los riesgos
de tergiversar la relación entre el Estado social y el Estado de Derecho,
recordando que toda limitación a la empresa privada debe estar estable10
cida en la Ley mediante una cobertura legal suficiente, lo que sucederá
cuando la Ley desarrolle los principios básicos que informan a la ordenación
y limitación del ejercicio de la libertad de empresa. A ello se
opone la relajada concepción del principio de legalidad y la prolija sanción
de restricciones contenidas, originariamente, en normas sublegales.
15.- La relación entre el Estado de Derecho y el Estado social, en
la práctica, se vincula con la garantía del contenido esencial de la libertad
económica y propiedad privada, admitida, entre otras, en la sentencia
de la Sala Constitucional de 24 de febrero de 2006, caso Municipio
Baruta del Estado Miranda contra la sentencia Nº 2005-834 dictada por la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 26 de julio de 2005. Estos
derechos han sido reconocidos con un núcleo duro que queda inmune
a la acción de inmisión del Estado, es decir, el área de libre autonomía
exenta de cualquier intervención pública. Este contenido social, como
núcleo duro, es absolutamente incompatible con la funcionalización
social de la empresa privada y con un sistema de planificación vinculante,
pues en él, queda proscrita toda autonomía privada. Es contrario
al Estado social, por ello, la funcionalización social de la empresa privada.
16.- Un último aspecto debemos abordar sobre este aspecto. Los
cauces de intervención pública que la Constitución de 1999 sanciona, se
traducen en la práctica en un régimen administrativo, de intervención
administrativa traducida en controles, permisos, autorizaciones y otras
técnicas más. Intervención administrativa en la economía que, por su
propia eficiencia, y como recuerda C. Ciriano Vela, ha de preservar un
ámbito de discrecionalidad –administrativa y técnica- a favor de la
Administración. El Estado social, por ello, exige la intervención de la
Administración en la economía.
Intervención que, por una errada herencia histórica, se ha traducido
a través del régimen administrativo francés, es decir, el reconocimiento
de prerrogativas en cabeza de la Administración ante las cuales
deben ceder, de acuerdo con la teoría al uso, los derechos individuales
(Hauriou), en especial, por lo que respecta a la solidaridad social plasmada
en el servicio público (Duguit). Régimen administrativo que, con
11
toda justificación, Dicey tachó de arbitrario y Hayek cuestionó también,
por la excesiva discrecionalidad que él otorga. El Estado de Derecho,
para Hayek, debe reducir al extremo la discreción concedida a los
funcionarios público. Algo muy ajeno a la amplitud con la cual las prerrogativas
se reconocen bajo el régimen administrativo, en especial, el
marco del odioso concepto de contrato administrativo, de feliz desaparición
en el ordenamiento jurídico venezolano.
Es por ello que se ha propuesto, y con acierto, una redefinición
del Derecho administrativo, centrado en la persona –y sus derechos
fundamentales- y no en la prerrogativa, que no pasa de ser un fin instrumental.
El Estado social exige que la acción social del Estado se instrumente
mediante cauces formales del Estado de Derecho, y postulando
en la práctica la subordinación plena de la Administración a la
Ley y al Derecho. Las potestades administrativas deben ser títulos limitados,
ciertos, definidos de atribuciones, no poderes abiertos e ilimitados.
El Estado social juega incluso a favor de la mayor concreción de
estas potestades, en beneficio del principio de eficacia.
17.- El Estado social solo lo será en el contexto del Estado democrático,
es decir, promoviendo la libre participación de los ciudadanos
en los procedimientos de toma de decisiones, en respeto a sus derechos
fundamentales, y siempre bajo cauces abiertos, plurales. El concepto
de democracia, conforme a Ferrajoli, debe ser atender a un “modelo
pluridimensional”, que integre su artista formal con la sustancial;
y en ésta, el necesario reconocimiento de límites basados en el respeto
de todos derechos fundamentales. Por ello, como apunta García-
Pelayo, no hay Estado social allí donde la participación en la toma de
decisiones se reduce a organizaciones promovidas y financiadas desde
el propio estado. Esa es otra de las inconsistencias del modelo en curso:
la participación ciudadana se encauza forzosamente en los moldes únicos
que el propio Estado tolera, obligando a conducir esa participación
a la construcción del socialismo. No hay allí, en absoluto, Estado democrático.
Tampoco, por ende, Estado social.
18.- La cláusula del Estado social, en la práctica, impone mandatos
tanto a los Poderes Públicos como a los particulares, a fin de transformar
el orden socioeconómico en función de promover condiciones
12
reales de igualdad, mediante la justa distribución de la riqueza. Tal es,
en resumen, la conclusión práctica primera que se desprende el sistema
que, guste o no, cabe extraer del Texto de 1999. De inmediato algunas
precisiones se requieren:
.- En primer lugar, hemos aludido a la transformación del orden
socioeconómico, no de la sociedad. La separación entre sociedad y Estado
es fundamental, pues en el respeto de esa separación está la esencia
de la libertad general del ciudadano, que es otro de los valores supraconstitucionales
de nuestro ordenamiento. El Estado no moldea a la
sociedad: ésta, por el contrario, configura democráticamente a aquél.
La conformación social de la sociedad, bajo las directrices del Estado,
es por ello incompatible con el Estado de Derecho y el Estado democrático.
.- En segundo lugar, la función de conformación social encuentra,
entre otros límites, el necesario respeto al contenido esencial de la empresa
privada. Por ello, un sistema de planificación central vinculante,
como el derivado de la Comisión Central de Planificación, es inconstitucional.
Primero, pues desnaturaliza a la empresa privada, que pasa a
ser expropiada, de hecho, por el Estado. Luego, por destruir la soberanía
del consumidor, suplantada por la soberanía del planificador.
Como sostiene L. Von Mises, el sistema de economía planificada, dirigida,
es antidemocrática. Y por ello, es opuesta al Estado social.
.- En tercer y último lugar, la cláusula del Estado social da contendido
a la Administración prestacional, orientada a promover condiciones
reales de igualdad, limitando el ejercicio de la empresa privada
o participando directamente en la oferta de bienes y servicios, de
acuerdo con el principio de co-iniciativa que recoge el artículo 299
constitucional. La empresa pública es, por ende, una herramienta legítima
del Estado social. No quiere decir, en absoluto, que la intervención
directa del Estado a través de la empresa pública sea ilimitada.
Toda actividad de la Administración es, en esencia, limitada, subordinada
a la Ley y al Derecho, e inspirada por el principio de menor intervención,
como lo exige el principio de eficacia.
13
Casi sobra decirlo, esta Administración prestacional no promueve
la reducción de control judicial, sino por el contrario, la ampliación
del control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Junto al tradicional
control del acto administrativo, como recuerda Daniela Urosa,
la jurisdicción contencioso-administrativa pasa a ocuparse también de
la actividad material y de la inactividad de la Administración.
19.- La acción de transformación social que el Estado asume, para
remover los obstáculos que impiden la existencia de condiciones reales
de igualdad, sólo puede tener cabida dentro de los cauces formales del
Estado de Derecho y a través de mecanismos democráticos, tanto en la
forma como en el fondo. A tal punto llega esta cohesión que sólo puede
afirmarse la existencia del Estado social, en el marco del estado de Derecho
y Democrático. Fuera de ese marco, como recuerda Manuel García-
Pelayo, lo que se desarrollar el Estado policía, o sea, el “regreso al
despotismo más o menos ilustrado acomodado a las exigencias del
tiempo presente”.
Por ello, cuando la concepción del Estado social se confunde con
la socialización de la libertad económica, sujeta al control director del
Estado, en realidad, se está desconociendo al artículo 2 de la Constitución.
El modelo económico en curso ha propendido decididamente a
esta socialización, en especial, al amparar un modelo de planificación
central vinculante, que de manera incluso coactiva obliga a sancionar
un modelo de “sociedad socialista”, que también de manera forzosa
debe imbricar los cauces de participación ciudadana, cauces que quedan
sujetos a intensos controles directivos de la Administración.
Este modelo, esta concepción, debemos señalarlo, no son reflejo
del artículo 2 de la Constitución. No está de más recodar, como incluso
lo aceptó la sentencia de la Sala Constitucional de 24 de enero de 2002,
tantas veces citada, que el Estado social no obliga a la creación del modelo
socialista, sin perjuicio que las políticas públicas (como señalaron
García-Pelayo y S. Martín-Retortillo Baquer) puedan llegar a conducir
al socialismo democrático. Es decir, un modelo económico que admita
cierto grado de intervención y control del Estado sobre factores de
producción (empresa pública, control de precio, nacionalizaciones) pero
preservando las bases de la economía de mercado.
14
20.- Estado social no es tampoco el Estado paternalista que
hemos tenido, en especial, como herencia del Siglo XX. Basta recordar
como esta manifestación del Estado social entró en crisis, tanto por ser
inviable económicamente como por obstruir el desarrollo y crecimiento
socioeconómico. Crisis que no supone la desaparición del Estado social.
El Estado, como apunto S. Martín-Retortillo Baquer, el “Estado
fuerte, es necesario (…) para la defensa de la libertad y de la propia sociedad”,
así como para la satisfacción de necesidades de interés social.
Tal y como sostuvo Juan Pablo II la Carta Encíclica Centesimus Annus,
hay muchas necesidades que no son “vendibles” no son “vendibles”,
esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Por ello, “es un estricto
deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer
las necesidades humanas”. Ello requiere y justifica la intervención del
Estado en la economía, pero sin admitirse limitaciones arbitrarias a la
libertad.
El Estado social, en resumen, con el sentido que éste tiene en el
artículo 2 de la Constitución, debe ser, en palabras de Jaime Rodríguez-
Arana, un “Estado social dinámico”, basado en “los postulados del
pensamiento abierto, plural”. En pocas palabras, el Estado social basado
en el protagonismo del ciudadano, lo que supone, para el autor,
“colocar el acento en su libertad, en su participación en los asuntos
públicos, y en la solidaridad”. Visto desde esta perspectiva, no hay
contradicción entre Estado social y libertad económica. La presencia
del sector privado es, pues, consustancial al cometido último que cabe
desprender del artículo 2 de la Constitución, cual es la redistribución
de la riqueza conforme a la justicia social. No se trata de darle, al
término, un sentido reivindicatorio de los oprimidos excluyendo y
“desprotegiendo” a los poderosos u opresores. La justicia social debe
aludir, muy por el contrario, a la constante rectificación que debe efectuar
el Estado al mercado, procurando la equitativa satisfacción de necesidades
que no son “vendibles”. Recientemente, en la encíclica Caritas
in veritate, de junio de 2009, se ha vuelto sobre este aspecto, al recordarse
que “(…) la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca
de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia so15
cial para la economía de mercado, no sólo porque está dentro de un
contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones
en que se desenvuelve”.
21.- El Estado social, como es concebido en el artículo 2 de la
Constitución, requiere entonces la “capacidad de iniciativa empresarial”, y
esta capacidad presupone un sistema sustancial y formalmente democrático.
No se trata, pues, de replicar la fórmula muy conocida entre
nosotros del Estado paternalista que reparte dádivas, ni tampoco, postular
una utópica realidad económica y social absoluta. Como ha señalado
nuestro rector, Revendo Padre Doctor Luis Ugalde, “sólo una
conciencia compartida de las limitaciones y de la perfectibilidad, permanece
abierta al cambio, a la crítica, a los derechos personales de cada
uno y a la pluralidad democrática”.
Es necesario, por tanto, reivindicar al Estado social, en el sentido
en que éste es concebido en el artículo 2 de la Constitución, recordando
que ese Estado social tiene bases liberales. Ello es así pues la evolución
del Estado liberal al Estado social se realizó por acumulación y no por
superación: las bases del Estado liberal se mantienen en el Estado social,
que amplía sus cometidos, ahora, a la promoción de condiciones
reales de igualdad. Por ello, al reivindicar ese Estado social, por ello,
debe también reivindicarse al Estado de Derecho y democrático y por
ello, a la libertad económica sin la cual, no puede haber la igualdad
ansiada por el artículo 21 constitucional. Esto implica dejar atrás los
prejuicios históricos que han rodeado a la libertad económica, para reconocer
que ella es un derecho fundamental y parte relevante de la libertad,
que es uno de los valores supraconstitucionales de nuestro ordenamiento,
conforme al artículo 2 del Texto de 1999. Sin libertad
económica, no hay Estado social.
La Unión, julio de 2010
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