Desafíos de la Administración Pública en Latinoamérica (III): Reforma del Estado desde lo económico

Desafíos de la Administración Pública en Latinoamérica (III):
Reforma del Estado desde lo económico

Manuel Rojas Pérez

La reforma del Estado en Latinoamérica tiene como causas las recurrentes crisis fiscales, la globalización de los mercados y los procesos democráticos. La reforma del Estado se determina bajo una orientación de liberalización económico-financiera del mercado, bajo un modelo de Estado mínimo que restringe su papel y limita sus funciones en dichas áreas.

Se realiza sin que se tenga una visión clara del papel que debe desempeñar el Estado y de las actividades que deben realizar las entidades públicas de tal forma que determinen su lugar en la reorientación del sector público.

La reforma del Estado en Latinoamérica abarca tres períodos: el de ajustes de la balanza de pagos y macroeconómico, la reestructuración de los incentivos y los precios relativos.; el segundo período involucra la privatización y la contratación de un gran número de actividades del Estado que se consideran particularmente comerciables en un mercado y, el tercer período que comprende los ajuste institucionales a largo plazo necesario para consolidar y mantener las reformas anteriores.

Esta última reforma implica dos acercamientos. En primer lugar hay un consenso de que el gobierno debería involucrarse solamente en aquéllas áreas donde el sector privado no tiene una ventaja comparativa y en segundo término, que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades gubernamentales se requiere para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos.

Como respuesta inmediata a la crisis económica de los ochenta por la que atravesaron los países latinoamericanos se establecen una serie de medidas económicas tendientes a lograr el equilibrio macroeconómico, tales como ajustes en la balanza de pagos, reducción de la escala de la administración, desregulación, reestructuración de incentivos y de precios relativos, descentralización y privatización. Las políticas de ajuste estructural y estabilización económica pretenden garantizar la renegociación y pago de la deuda externa. Estas políticas buscan promover la inversión extranjera, e incentivar empresarios. Se acompañaron de políticas sociales compensatorias. Los países más endeudados, México y Brasil, aceptan las condiciones como intentos para superar sus crisis. Chile fue el primero en lanzar reformas apoyado en un gobierno militar, mientras que México lo hizo con el apoyo de un partido hegemónico.

Pero esas medidas no fueron las mejores ideas. El endeudamiento llegó a ser brutal. Muchas veces se llegó a pensar en Venezuela en plantear un sistema de privatización para honrar buena parte de la deuda externa. El gran viraje de 1989 del gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo mucha justificación en ello.

Hoy día parece claro que la solución va tomando fórmulas intermedias: capitalización con sentido social. Pero esto pasa por evitar un dualismo social en el que se muestra los altos niveles de desigualdad debido a una mala distribución de los beneficios de la riqueza, mientras que una minoría cuenta con todos los recursos, la mayoría vive en niveles inferiores a la línea de pobreza

El Estado debe convertirse no en el gran empleador sino en el gran generador de condiciones para que el sector privado pueda generar puestos de empleo. Ni el Estado puede solo, ni el sector privado tiene músculo para soportar el peso de un país.

Es decir, esa tercera vía de la que alguna vez habló Tony Blair, esa economía mixta, el rechazo tanto a la filosofías del dejar hacer dejar pasar como la del mercado totalmente controlado del marxismo, es lo que debe plantearse en nuestros países. Venezuela debe meterse por ese camino. Es decir, promover la profundización de la democracia, enfatizar el desarrollo tecnológico, la educación y los mecanismos de competencia regulada, a fin de obtener progreso, desarrollo económico y social.

Twitter: @rojasperezm