De nuevo sobre del derecho de opinión: el caso Pancho Pérez

DE NUEVO SOBRE EL DERECHO DE OPINIÓN: EL CASO PANCHO PÉREZ

Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, 15 de junio de 2010

Ya en estas páginas hemos tratado el tema del derecho y el delito de opinión. El derecho de opinión, que forma parte del derecho a la libertad de expresión, implica la posibilidad de que las personas puedan, de manera abierta y libre, poder fijar posición sobre una situación determinada, sin que exista riesgo de ser perseguido por ello. Así, el derecho a opinar implica no solo el poder expresarse libremente, sino que el Estado debe asegurarle al opinante que no sufrirá retaliaciones por haberse expresado.

Ello se trae a colación a raíz de la aberrante sentencia que condenó al periodista Francisco “Pancho” Pérez a a prisión por tres años y nueve meses, por haber publicado en el diario El Carabobeño del estado Carabobo una serie de denuncias contra el alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Pérez, en su columna, había señalado irregularidades en la gestión del alcalde Parra, y este ejerció querella penal contra el periodista. Así, el Juzgado Quinto de Juicio del circuito penal del estado Carabobo, a cargo del juez Alfredo Rojas Toredit, declaró la existencia de injuria en contra del alcalde, y condenó al periodista.

Esta sentencia rompe con la libertad de expresión, además que limita al extremo el ejercicio de la profesión del periodismo. Esta implica fundamentalmente el ejercicio de la expresión libre y sin censura. El periodista trabaja y vive de la opinión. Son funciones propias del mismo, la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias, para lo cual, el periodista debe investigar, y hacer público los resultados de su investigación.

Decíamos que la libertad de opinión implica garantizar la no persecución, es decir, no convertir la opinión en un delito. Eso es justamente lo contrario a lo que ha pasado en el caso de Pancho Pérez en Valencia. Un alcalde lo denunció, y un tribunal dictó una sentencia política, solo para congraciarse con el poder chavista de esa localidad.

Tres años y nueve meses le costó a Pancho Pérez hacer su trabajo: informar a los ciudadanos. En vez de meterlo preso, el Estado debió iniciar una investigación urgente sobre los hechos denunciados.

Este juez penal quita la libertad por más de tres años a un profesional solo por hacer su trabajo. En un país democrático serio, a quien ejerce bien su profesión se le premia. Pero en la Venezuela chavista se les apresa.

Nuestro Poder Judicial avergüenza. Las estadísticas indican que prácticamente no hay sentencias en contra de las pretensiones del chavismo, es decir, todo lo que pide el chavismo ante un tribunal es concedido. No solo en materia penal, sino a todo nivel jurisdiccional. En este caso, se hace aun mayor la gravedad del asunto, ya que se juega con la libertad de un ciudadano. Definitivamente, los principios republicanos de respecto a los derechos civiles, por lo menos en Venezuela, han sido olvidados impunemente por el gobierno nacional y sus partidarios locales.

Este caso nos vuelve a llamar a botón. El gobierno nacional está dispuesto a llegar hasta lo último con tal de infundir temor en los ciudadanos, en hacer que nos callemos, que no queramos decir absolutamente nada. El chavismo juega a paralizarnos por el miedo.

Pero ante este imperio del terror que pretende establecer el chavismo, es obligación de todos los venezolanos opinar más y más. Elevar nuestras múltiples voces de protestas. Mientras más gente se queje, más difícil se le hará al chavismo perseguirnos a todos.

P.S: Escribo estas notas sumido en la tristeza, a pocos minutos de enterarme de la muerte del inolvidable Graterolacho. A su memoria dedico este artículo. Si alguien supo ejercer y defender el derecho a opinión, fue él. A su familia, mi mayor abrazo de apoyo. Que falta vas a hacer por aquí Manuel Graterol.

Twitter: @rojasperezm