La Trampa del Poder Popular

La trampa del Poder Popular

Manuel Rojas Pérez

Publicado el viernes 30 denoviembre en el Correo del Caroní

Ha señalado el presidente Chávez que la base esencial de la nueva constitución –que no es reforma constitucional- es la creación del Poder Popular como nuevo órgano del Poder Público.
En efecto, la propuesta de nueva Constitución establece en su artículo 136 que el Poder Público se distribuye territorialmente en Poder Popular, Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional.
Se ha dicho desde las altas esferas gubernativas que tal situación otorga más poder al pueblo. Nada más falso y engañoso.
La consagración del poder Popular como un nuevo órgano del Poder Público tiene unas implicaciones jurídicas que no solo le restan poder a los ciudadanos, sino que hinchan más de poder al Estado.
En primer lugar, el artículo 138 de la Constitución de 1999, que quedará intacto en la nueva Constitución de 2007 si permitimos su aprobación, consagra la figura de la usurpación de autoridad. Este artículo señala que toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos, lo cual significa que ninguno de los órganos del Poder Público puede inmiscuirse bajo ningún supuesto en la actividad de otro órgano. Así, si un alcalde pretende realizar una actividad para la cual es competente el Poder Público Nacional, tal actuación del alcalde es inconstitucional, y por tanto nula. Así mismo, ese alcalde no tiene ni injerencia ni posibilidades de controlar la actuación del Poder Público Nacional o Estadal.
Pues, al convertirse el Poder Popular en un nuevo órgano del Poder Público, aquel pierde toda posibilidad de injerencia y control sobre la actividad desplegada por cualquiera de los otros órganos del Poder Público.
Entiéndase bien esto: elevando el Poder Popular a rango de órgano del Poder Público, tendremos los ciudadanos prohibido expresamente por la letra constitucional el controlar e interferir en las actividades de cualquier otro órgano del Poder Público. Como a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los ciudadanos formaremos parte de un Poder Público, ya no podremos ejercer control ciudadano, o contraloría social como prefiere llamarlo el Gobierno. No podríamos tampoco ejercer nuestro derecho a revocar a un funcionario electo popularmente, ya que estaríamos usurpando e interfiriendo con la actividad de otro poder.
Un segundo punto, igual de grave y contundente, es que siendo ahora el Poder Popular un órgano del Poder Público, debe someterse al principio de la legalidad. Los órganos del Estado sólo pueden hacer lo que tengan expresamente permitido, como lo señala el artículo 137 constitucional, que también quedará intacto, mientras que los ciudadanos se rigen por el principio de la libertad, es decir, tenemos permitido hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Pero, ahora los ciudadanos al formar parte del Poder Público, se deben someter al principio de la legalidad, por lo que la libertad queda cortada de plano.
Otra trampa que contiene la consagración del Poder Popular, es que no estaría al servicio del propio pueblo. La vigente Constitución señala que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos. Pero, tal artículo es modificado sustancialmente por la nueva Constitución, ya que ahora, las Administraciones Pública estarán “…destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos para el ejercicio de sus funciones…”. Así, los ciudadanos que ahora formaremos parte todos del Poder Público no trabajaremos en función de nosotros mismos, sino a favor de los poderes públicos. Quiere decir esto que la función del Poder Popular no es darle mayor poder al pueblo. Al contrario, con esto se busca que el pueblo trabaje para el Estado.
Además, con esta consagración del Poder Popular se nos elimina la posibilidad de reclamar a los órganos del Estado por la mala gestión en sus funciones públicas, ya que nosotros pasaremos a formar parte del Estado.
En la Rusia comunista, los trabajadores eran los dueños de las empresas. Luego, estos perdieron su derecho a huelga y a manifestar contra el patrono, porque era ilógico reclamar sindicalmente contra ellos mismos.
En definitiva, es un gravísimo error el colocar al Poder Popular a la par de los otros Poderes del Estado. El pueblo, los miembros de ese Poder Popular, están siempre por encima del Poder Público, y estos se deben al pueblo. Nunca igual o al revés. El Estado no tiene porque reconocer al pueblo, ya que este es el que lo crea.
Con esta nueva Constitución, y la trampa que constituye el Poder Popular, el pueblo pierde poder, y el Estado se nutre de ese poder perdido por todos y cada uno de nosotros.